Trump sin un “as en la manga” en el encuentro con China

Por; Lic. Alejandro Marcó del Pont

Trump, Xi y la diplomacia del daño mutuo (El Tábano Economista)

Donald Trump llegará a su encuentro con Xi Jinping en Beijing con una certeza incómoda, todavía puede hacer daño, pero ya no puede dictar las reglas del juego. Su repertorio es conocido, ruidoso y políticamente poco eficaz ante su electorado: aranceles, amenazas, controles tecnológicos, presión sobre bancos, sanciones secundarias, restricciones financieras, advertencias sobre chips, software y semiconductores. Es una caja de herramientas poderosa, pero no es un as en la manga. Casi todas esas herramientas tienen un defecto estructural, dañan también a quien las usa. En la relación entre Estados Unidos y China, la coerción económica dejó de ser una calle de una sola mano. Se convirtió en una avenida de doble circulación, cargada de obstáculos, desvíos y costos colaterales.

La reunión prevista para el 14 y 15 de mayo no llega en un vacío diplomático. Lo hace después de años de guerra comercial, de controles tecnológicos, de sanciones cruzadas y de una competencia cada vez menos disimulada por el control de los insumos estratégicos del siglo XXI. Reuters Breakingviews describió el próximo encuentro como una cumbre con más riesgos que promesas, donde el déficit comercial, Irán, los semiconductores y las tierras raras aparecen como parte de un mismo tablero. El dato central no es que Trump quiera mostrarse fuerte. Eso ya se sabe. El dato relevante es que, esta vez, la fortaleza estadounidense parece menos unilateral que antes. Washington descubrió que no puede vivir cómodamente sin ciertos insumos chinos; Beijing, a su vez, sabe que sigue necesitando tecnología estadounidense, pero también entiende que la dependencia es recíproca y que esa reciprocidad puede convertirse en arma.

Durante años, la sanción estadounidense funcionó como una forma de jurisdicción imperial informal. No hacía falta ocupar territorios ni desplegar tropas. Bastaba con controlar el acceso al dólar, al sistema financiero, a los bancos corresponsales, a las aseguradoras, a las navieras, a los mercados de capitales y a las tecnologías críticas. Una empresa podía estar en Europa, Asia o América Latina, pero si tocaba el sistema estadounidense, quedaba bajo la sombra de Washington. Esa fue una de las grandes ventajas estratégicas de Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría: convertir su centralidad financiera en poder político global. El problema para Trump es que China ya no se limita a quejarse de esa extraterritorialidad. Está construyendo instrumentos para volverla más costosa.

El caso de las refinerías chinas acusadas de comprar petróleo iraní lo muestra con claridad. En abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Hengli Petrochemical (Dalian) Chemical Co., una refinería independiente china, a la que acusó de haber comprado miles de millones de dólares en petróleo iraní. Para Washington, el objetivo era evidente: cortar ingresos a Teherán, presionar a quienes sostienen su comercio petrolero y advertir a terceros que el petróleo iraní no es una mercancía neutral sino una exposición jurídica y financiera. La medida formaba parte de una ofensiva más amplia contra la llamada flota fantasma iraní y contra las redes que permiten a Irán seguir exportando crudo pese a las sanciones.

Pero la respuesta china no fue una represalia clásica. No se limitó a sancionar a una empresa estadounidense equivalente, ni a imponer un arancel espejo, ni a emitir una condena diplomática rutinaria. El Ministerio de Comercio de China anunció una orden para bloquear el cumplimiento de las sanciones estadounidenses contra cinco refinerías: Hengli Petrochemical, Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical y Shandong Shengxing Chemical. Según Reuters, Beijing sostuvo que las sanciones estadounidenses violaban el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales, y ordenó que esas medidas no fueran reconocidas, implementadas ni cumplidas dentro del marco jurídico chino.

Ese movimiento marca un cambio cualitativo. China no está respondiendo solo con daño económico; está respondiendo con arquitectura jurídica. Está diciendo a bancos, traders, aseguradoras, navieras y socios comerciales: si obedecen automáticamente a Washington, pueden quedar expuestos en China. La sanción estadounidense funciona mejor cuando el resto del mundo la acata preventivamente, incluso sin estar obligado directamente. China intenta quebrar esa obediencia anticipada. No necesita destruir el poder financiero estadounidense. Le alcanza con hacerlo más ambiguo, más caro y más riesgoso.

La base de esta estrategia no apareció de un día para el otro. En 2021, China aprobó las “Reglas para contrarrestar la aplicación extraterritorial injustificada de legislación extranjera y otras medidas”. Esa normativa permite al Ministerio de Comercio emitir órdenes de prohibición cuando una ley extranjera, aplicada extraterritorialmente, restringe de manera injustificada las actividades comerciales normales de ciudadanos o empresas chinas. Más importante aún, si una persona o empresa cumple con una medida extranjera incluida dentro de una orden de prohibición y con eso perjudica a una empresa china, esta puede iniciar acciones ante un tribunal chino y reclamar compensación.

En términos menos jurídicos y más políticos: China está creando una pinza. Si una empresa extranjera cumple con las sanciones de Estados Unidos, puede exponerse a demandas o sanciones en China. Si no cumple con las sanciones de Estados Unidos, puede quedar bajo el castigo financiero de Washington. La empresa deja de ser simplemente un actor económico y se convierte en rehén de dos soberanías enfrentadas. Esa es la novedad. La disputa ya no ocurre solo entre Estados. Se traslada al contrato privado, al pago pendiente, al seguro marítimo, al crédito bancario, al proveedor de componentes, al distribuidor europeo, al importador asiático, al socio latinoamericano.

Imaginemos un caso hipotético. Una empresa china, TechWorld, fabrica componentes electrónicos de alta precisión. Una distribuidora europea, EuroDist, firma con ella un contrato por diez millones de euros. TechWorld produce y entrega. Antes del pago final, Estados Unidos incluye a TechWorld en una lista de sanciones por supuestas ventas a un tercer país sancionado, como podría ser Irán. EuroDist, temiendo perder acceso al sistema financiero estadounidense, decide no pagar. Desde su punto de vista, está actuando con prudencia. Desde el punto de vista chino, está acatando una medida extranjera considerada ilegítima y extraterritorial.

Si el Ministerio de Comercio chino emite una orden de bloqueo sobre esa sanción, TechWorld podría demandar a EuroDist ante tribunales chinos. Podría reclamar el pago adeudado, intereses, daños derivados de la interrupción comercial y eventualmente solicitar medidas sobre activos de EuroDist en China. EuroDist quedaría atrapada. Si paga, teme a Beijing. Si no paga, teme a Washington. La sanción deja de ser una línea recta entre Estados Unidos y la empresa sancionada; se transforma en una red de riesgos extendida sobre toda la cadena comercial.

Ahí está el corazón de la nueva estrategia china. Beijing entendió que la extraterritorialidad estadounidense opera porque terceros actores privados sobreactúan el cumplimiento. Los bancos cancelan cuentas, los proveedores suspenden operaciones, las aseguradoras se retiran, las navieras modifican rutas, los compradores se cubren, los abogados recomiendan prudencia extrema. China ahora busca introducir un costo contrario: cumplir demasiado con Washington también pueda ser jurídicamente peligroso. Es una forma de lawfare económico, pero no en el sentido superficial del término. Es la juridificación de la rivalidad geopolítica.

Trump, frente a eso, conserva herramientas importantes, pero todas tienen límites. La primera son los aranceles. Puede volver a amenazar con tarifas elevadas sobre productos chinos y presentarlas como prueba de dureza. El problema es que China ya aprendió a convivir con la presión arancelaria, a redirigir flujos comerciales y a absorber parte del daño. El Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés) señala que, después de la escalada de 2025, Estados Unidos y China redujeron parcialmente sus tarifas hacia fines de noviembre; aun así, el comercio bilateral cayó con fuerza y China alcanzó un superávit comercial muy elevado pese a los aranceles.

La segunda carta son los controles tecnológicos. Estados Unidos sigue controlando nodos decisivos: chips avanzados, software de diseño, equipos de fabricación, propiedad intelectual, sistemas operativos, herramientas de inteligencia artificial y maquinaria crítica para semiconductores. Esta es una ventaja real. Pero también aquí aparece una debilidad. Washington ha usado cada vez más los controles de exportación como fichas de negociación, no solo como instrumentos estrictos de seguridad nacional. El Center for Strategic and International Studies (CSIS) advierte que esa expansión erosiona la credibilidad del sistema, incentiva a China a acelerar su sustitución tecnológica y empuja a ambos países hacia una carrera de controles cada vez más amplia.

Cuando Washington dice que una tecnología no puede venderse por razones de seguridad nacional, pero luego negocia excepciones a cambio de compromisos comerciales, compras agrícolas o concesiones coyunturales, el mensaje se debilita. China interpreta que no se trata de una línea roja estratégica, sino de una moneda de cambio. Y cuando una herramienta de seguridad se convierte en moneda de cambio, pierde autoridad. También pierde capacidad para ordenar coaliciones, porque los aliados empiezan a preguntarse si están defendiendo una arquitectura común o acompañando una táctica transaccional de corto plazo.

La tercera carta es la más poderosa y la más peligrosa: el sistema financiero. Trump podría aumentar la presión sobre bancos chinos vinculados a pagos de petróleo iraní. Esa amenaza sí tiene densidad estratégica. Sancionar bancos, restringir acceso al dólar o castigar entidades que procesan pagos sensibles puede generar un impacto mucho mayor que sancionar refinerías independientes. El problema es que esa carta se parece menos a un as y más a una granada. Puede obligar a China a moverse, pero también puede llevar la disputa a un nivel sistémico. Si Washington toca bancos chinos relevantes, Beijing puede responder con restricciones regulatorias contra empresas estadounidenses, controles de exportación, investigaciones administrativas, presión sobre activos o nuevas medidas sobre cadenas de suministro.

La cuarta carta sería la coordinación con aliados. En términos estratégicos, esta es probablemente la más racional. Si Estados Unidos quiere reducir la dependencia de China en minerales críticos, semiconductores, baterías, insumos farmacéuticos y manufactura avanzada, no puede hacerlo solo. Necesita a Japón, Corea del Sur, la Unión Europea, Australia, Canadá, India, México y otras economías integradas en cadenas globales. Francia, por ejemplo, convocó a países del G7 para discutir cómo reducir la dependencia de China en materiales críticos, en un contexto donde las tierras raras y los imanes permanentes se volvieron una vulnerabilidad industrial y militar.

El problema es que la política exterior de Trump suele operar contra la lógica de esa coordinación. Su estilo es bilateral, personalista, transaccional y muchas veces hostil incluso con aliados. Para enfrentar a China de manera eficaz, Estados Unidos necesitaría paciencia institucional, previsibilidad, acuerdos de largo plazo y una narrativa compartida con sus socios. Trump, en cambio, privilegia el gesto inmediato: el arancel, la amenaza, la foto, el anuncio, la supuesta victoria. Esa teatralidad puede funcionar en campaña, pero no resuelve la dependencia estructural.

Y ahí aparece la mejor carta china: los cuellos de botella materiales. Estados Unidos controla nodos tecnológicos; China controla nodos físicos. Las tierras raras y los imanes permanentes son el ejemplo más evidente. El CFR sostiene que China domina la mayor parte del procesamiento global de tierras raras pesadas y de la fabricación de imanes permanentes, dejando a Estados Unidos en una dependencia casi total para ciertos elementos necesarios en tecnologías avanzadas. No se trata de un recurso exótico de laboratorio. Se trata de insumos para defensa, autos eléctricos, turbinas, electrónica avanzada, semiconductores, robótica y sistemas aeroespaciales.

La cuestión iraní agrega otra capa. China es un comprador central del petróleo iraní y ve el conflicto con Teherán no solo como un problema diplomático, sino como un asunto de seguridad energética. Reuters informó que el canciller iraní se reunió con Wang Yi en Beijing una semana antes del viaje de Trump, y que el estrecho de Ormuz y las negociaciones con Irán estarán en la agenda del encuentro Trump-Xi. Esto reduce aún más el margen estadounidense. Trump puede pedir a China que presione a Irán, pero China sabe que su relación con Teherán también le da una carta frente a Washington. Irán deja de ser solo un expediente de Medio Oriente y se convierte en una pieza dentro de la negociación sino-estadounidense.

Trump puede vender la cumbre como una pulseada de voluntades. Puede presentarse como el negociador duro que obliga a Xi a sentarse a la mesa. Puede prometer que los aranceles, las sanciones y la amenaza financiera devolverán a Estados Unidos una superioridad perdida. Pero la realidad es más desabrida. La negociación no se juega entre un acreedor y un deudor, ni entre un centro imperial y una periferia disciplinada. Se juega entre dos potencias interdependientes que conocen las vulnerabilidades de la otra y están dispuestas a explotarlas.

La alternativa más racional para Trump no sería buscar una victoria, sino negociar por capas: estabilizar el frente iraní, preservar flujos mínimos de tierras raras, limitar los controles tecnológicos a criterios de seguridad nacional verdaderamente defendibles, reducir el uso performativo de aranceles y reconstruir una coordinación seria con aliados. Pero eso exige disciplina estratégica. Exige aceptar que no todo anuncio ruidoso es una victoria. Exige entender que una economía interdependiente no se gobierna solo con amenazas. Y exige algo que Trump rara vez practica: distinguir entre presión y estrategia.

China, en cambio, parece estar jugando una partida más institucional. No responde únicamente con castigos puntuales, sino con marcos legales que condicionan el comportamiento de empresas, gobiernos y cadenas de suministro. No se limita a contestar golpe por golpe. Rediseña el terreno donde se produce el golpe. Ahí reside la diferencia fundamental. Washington usa la sanción como látigo. Beijing está construyendo un sistema para que obedecer ese látigo también tenga costo.

Por eso, si Trump llega a Beijing creyendo que todavía puede intimidar a China con el repertorio habitual, corre el riesgo de confundir ruido con poder. Su problema no es la falta absoluta de cartas. Su problema es que todas sus cartas tienen reverso. Cada arancel puede encarecer su propia economía. Cada control tecnológico puede acelerar la autonomía china. Cada sanción puede activar una orden de bloqueo. Cada amenaza financiera puede abrir un frente sistémico. Cada gesto unilateral puede empujar a los aliados a la cautela. China ya no espera pasivamente el próximo golpe. Lo anticipa, lo encuadra jurídicamente y lo convierte en un costo para terceros.

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Alemania, del escudo social al escudo militar

Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

 La regla es: déficit para las armas, austeridad para las personas (El Tábano Economista)

Nunca en la historia de la posguerra alemana se había visto una operación de ingeniería fiscal y social tan descaradamente hipócrita. Mientras Friedrich Merz, anuncia un drástico tijeretazo de casi 40.000 millones de euros al Estado del Bienestar, el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges no cotizantes y pensiones reducidas a una mera «cobertura básica», su gobierno ha aprobado simultáneamente una reforma constitucional que permite endeudarse sin límites para financiar el rearme, eliminando de un plumazo cualquier restricción al déficit público cuando se trata de armamento.

La máxima es sencilla y brutal: austeridad para las mayorías, deuda ilimitada para las minorías armamentísticas. Y en el centro de esta operación, un mismo nombre —BlackRock— aparece tanto en el pasado laboral del canciller como en la lista de accionistas institucionales de prácticamente todas las empresas del DAX (índice bursátil alemán) y, de manera especialmente significativa, de los principales contratistas de defensa alemanes, con una participación del 7,19 % en Rheinmetall AG.

El presupuesto alemán para 2026, aprobado por el Bundestag el pasado noviembre, asciende a unos 524.000 millones de euros en gasto ordinario, a los que hay que sumar los fondos especiales extrapresupuestarios. El resultado es un endeudamiento total que roza los 180.000 millones de euros, la segunda cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Alemania ha logrado eliminar el límite de gasto en defensa mediante una modificación constitucional de marzo de 2025. El artículo 109 de la Ley Fundamental incorporó una excepción. Todo gasto en defensa y seguridad que supere el 1% del PIB queda automáticamente exento del freno de deuda. En términos prácticos, eso significa que, a partir de un umbral de unos 45.000 millones de euros anuales (el 1% del PIB alemán), el Estado puede endeudarse sin límite para financiar rearme, protección civil, inteligencia, ciberseguridad y ayuda a países atacados como Ucrania, diluyendo la llamada disciplina fiscal que a otros países se les ha exigido durante décadas, con deuda no presupuestada.

Complementariamente, el gobierno creó un fondo especial para infraestructuras de 500.000 millones de euros. Este patrimonio extrapresupuestario no está sujeto al freno de deuda y se financia íntegramente con crédito, con la condición de que el dinero se gaste en 12 años. Al mismo tiempo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE activaron para Alemania la cláusula nacional de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que permite superar el límite de déficit del 3% durante cuatro años siempre que el exceso se deba al aumento del gasto en defensa.

El Tratado de Maastricht de 1992 estableció dos criterios básicos para la pertenencia al euro: déficit público menor al 3% del PIB y deuda pública menor al 60% del PIB. Alemania fue durante años el «alumno ejemplar», pero la realidad actual es muy distinta. Según Euractiv, 11 de los 27 Estados miembros superan actualmente el límite del 3% de déficit y 13 sobrepasan el 60% de deuda. La propia Alemania, una vez contabilizados los fondos fuera de balance, alcanzó un déficit real del 3,2% del PIB en 2025, superando el umbral de Maastrich.

BlackRock será uno de los que capture los fondos de la política fiscal y de endeudamiento alemán. El fondo también ha lanzado recientemente el ETF iShares Europe Defence UCITS, un producto financiero que capitaliza directamente el incremento del gasto militar europeo. De esta manera, la misma entidad, BlackRock, que asesora y dirige las políticas de deuda pública (a través de su expresidente, ahora canciller) se beneficia doblemente. Por un lado, de los contratos de rearme que el propio gobierno impulsa; por otro, de la deuda pública emitida para financiarlos, en la que BlackRock también es un actor destacado en los mercados de bonos.

La ironía es doblemente cruel. Durante años, Alemania aleccionó a los países del sur de Europa, Grecia en especial, sobre los peligros del déficit y la necesidad de la ortodoxia fiscal. Ahora que le toca a Berlín, no solo suspende sus propias reglas, sino que lo hace para un fin —el rearme— que en el pasado ha terminado siempre en catástrofe.

La narrativa oficial para justificar este giro copernicano es la «amenaza rusa». Según los propagandistas del gobierno, Alemania necesita gastar hasta el 3,5 % de su PIB en defensa porque Estados Unidos ya no garantiza su protección. Pero hay dos problemas fundamentales con este relato.

El primero es que la principal amenaza para la economía alemana en los últimos años no ha sido Rusia, sino la destrucción del gasoducto Nord Stream el 26 de septiembre de 2022. Tres años después del sabotaje, las consecuencias siguen siendo devastadoras. Pérdidas económicas estimadas en más de 160.000 millones de euros, precios del gas un 84 % más altos que antes de la guerra, dos años consecutivos de contracción del PIB (‑0,3 % en 2023 y ‑0,2 % en 2024) y un crecimiento de apenas el 0,2 % para 2025. El fin del gas ruso barato ha hundido la competitividad de los sectores de uso intensivo de energía y ha provocado una deslocalización industrial silenciosa pero masiva.

El segundo problema es que mientras el gobierno alemán predica la necesidad de «contención del déficit» para justificar recortes sociales, la propia Unión Europea ha activado para Alemania la «cláusula nacional de escape», que permite superar el límite del 3 % de déficit del Tratado de Maastricht durante cuatro años si el exceso se debe a gasto en defensa. Es decir: Alemania no necesita recortar el Estado del Bienestar para cumplir las reglas europeas; elige hacerlo. Porque el verdadero objetivo no es la sostenibilidad fiscal, sino la transferencia masiva de recursos públicos hacia la industria armamentística, de la que BlackRock es uno de los principales accionistas.

Mientras Merz recorta prestaciones sociales y multiplica la deuda para financiar el rearme, las grandes corporaciones alemanas que sustentan el índice DAX están abandonando el país de manera acelerada. La hipocresía de las élites empresariales alemanas alcanza cotas insospechadas: piden más gasto público en defensa (donde están invertidas) y simultáneamente deslocalizan su producción a China y Estados Unidos, donde los costes energéticos y laborales son más competitivos.

En China, Volkswagen opera más de 30 plantas y construye su mayor centro de I+D fuera de Alemania en Hefei; la química BASF ha invertido 87.000 millones de euros en su mega-complejo de Zhanjiang (18 plantas integradas), su tercera mayor base de producción global; BMW y Mercedes cuentan con dos plantas cada una, y el número de empresas alemanas en China supera ya las 8.200. China se ha convertido de nuevo, en 2025, en el mayor socio comercial de Alemania. En Estados Unidos Rheinmetall, el principal beneficiario del rearme alemán, opera 6 plantas en territorio estadounidense, mientras recibe miles de millones en contratos públicos alemanes. BMW, Mercedes, Volkswagen y BASF han realizado expansiones multimillonarias en EE.UU., atraídas por los bajos precios energéticos (gracias al fracking) y los incentivos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación de Biden.

El mensaje es inequívoco, las élites empresariales apoyan el rearme alemán siempre que éste no afecte a su cuenta de resultados. Mientras el gobierno alemán inyecta centenares de miles de millones en defensa e infraestructuras, las empresas del DAX invierten esos mismos recursos en otros países. El patriotismo de las élites es, como siempre, simple cuando hablamos de armamento (donde los beneficios son seguros), inexistente cuando hablamos de mantener empleos y tejido industrial en Alemania.

BlackRock y Merz tienen una relación incómodamente estrecha. El canciller fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Alemania entre 2016 y 2020. No era un gestor de activos cualquiera, era la cabeza visible en Alemania del mayor fondo de inversión del mundo, con más de 10 billones de dólares bajo gestión directa y presencia en prácticamente todas las grandes empresas del planeta.

El conflicto de intereses es flagrante. BlackRock es accionista institucional de todas las principales empresas de defensa europeas y estadounidenses: en Rheinmetall (7,19 %), Airbus (alrededor del 5 %), Leonardo (3 %), Thales (más del 1 %), BAE Systems, y también de sus competidoras estadounidenses Lockheed Martin (4,9 %), Boeing (3,9 %), Raytheon (4,8 %) y Northrop Grumman (4,2 %). La misma entidad que financió el ascenso político de Merz y de la que él fue su máximo representante en Alemania es ahora la principal beneficiaria del rearme que él mismo impulsa desde la Cancillería.

No se trata de una conspiración, sino de la constatación de un hecho: Alemania está transfiriendo decenas de miles de millones de euros de deuda pública a manos de los accionistas de la industria armamentística, encabezados por BlackRock. Los recortes sociales no son un accidente; son la otra cara de la misma moneda. El déficit público no se reduce; simplemente se reorienta, hacia el armamento en lugar de hacia la sanidad, las pensiones o la educación.

Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, es obligado recordar la reunión secreta del 20 de febrero de 1933 en la residencia oficial del presidente del Reichstag, Hermann Göring. Allí, Adolf Hitler, recién nombrado canciller, se reunió con entre 20 y 25 de los principales industriales y banqueros alemanes: Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (Krupp), Fritz von Opel (Opel), Günther Quandt (que luego sería nombrado líder de la economía de armamento), representantes de Siemens, IG Farben, Allianz, BASF, Telefunken, Agfa, Bayer y Deutsche Bank.

El orden del día era sencillo, recaudar tres millones de Reichsmarks para financiar la campaña electoral nazi de marzo de 1933, cuyo objetivo era alcanzar la mayoría de dos tercios para aprobar la Ley de Habilitación que concedería a Hitler poderes dictatoriales. Según las actas, se recaudaron 2.071.000 Reichsmarks en la propia reunión, y Goebbels afirmó haber obtenido los tres millones completos.

El historiador y escritor francés Éric Vuillard, en su libro El orden del día, narra con extraordinaria precisión el desarrollo de aquella reunión. Los industriales escucharon a Hitler y Göring explicarles que el comunismo era la amenaza inminente, que la democracia parlamentaria no podía hacer frente a esa amenaza y que se necesitaba un «golpe de autoridad». A cambio de su financiación, los industriales obtendrían la destrucción de los sindicatos, la prohibición del Partido Comunista, la eliminación de cualquier restricción al rearme y la garantía de que el nuevo régimen serviría fielmente a los intereses del gran capital.

La historia posterior es conocida: el rearme masivo alemán condujo a la Segunda Guerra Mundial y a la muerte de decenas de millones de personas. Los mismos industriales que financiaron a Hitler, tras la guerra, recuperaron su lugar en la élite económica alemana como si nada hubiera ocurrido.

Hoy, el paralelismo es escalofriantemente evidente. Friedrich Merz, expresidente de BlackRock Alemania. Como en 1933, la élite industrial y financiera alemana apoya esta política porque se beneficia directamente de ella. BlackRock, el mayor accionista de Rheinmetall y de casi todas las empresas del DAX, no tiene ningún incentivo para detener un proceso que multiplica el valor de sus inversiones.

La diferencia es que hoy la retórica es distinta. Entonces hablaban de «comunismo», ahora hablan de «amenaza rusa». Pero el mecanismo es idéntico: crear un enemigo externo, movilizar el aparato del Estado en favor de la industria armamentística, financiar todo ello con deuda pública y cargar el coste sobre las espaldas de los ciudadanos mediante recortes en el Estado del Bienestar.

Friedrich Merz no solo fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Alemania; sigue manteniendo estrechos vínculos con la élite financiera que ahora se beneficia de sus decisiones de gobierno. La oposición en el Bundestag ya ha denunciado abiertamente el conflicto de intereses, calificando a Merz de «conflicto de intereses andante» y advirtiendo que «nosotros tenemos que pagar todo esto, y encima soportar que este individuo nos recorte todas las prestaciones estatales».

El problema no es solo ético, sino estructural. La concentración de la propiedad del DAX en manos de unos pocos fondos estadounidenses (BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Capital Group) ha convertido el capitalismo alemán en una plutocracia transnacional, donde las decisiones que afectan a millones de ciudadanos se toman en función de los intereses de unos pocos accionistas institucionales.

Alemania está cometiendo el mismo error en el que incurrió tres veces en el último siglo y medio. Cada rearme alemán —desde la guerra franco-prusiana de 1870, pasando por la carrera armamentística previa a la Primera Guerra Mundial en 1914, hasta el rearme nazi de 1933— ha terminado en catástrofe. La historia debería habernos enseñado que la ecuación «austeridad para la población + deuda ilimitada para armamento = desastre» no admite excepciones.

Pero las élites no aprenden. No aprenden porque no les interesa aprender. A BlackRock y a la industria armamentística alemana les importa muy poco si dentro de diez o veinte años Europa está en guerra. Les importa el beneficio inmediato que obtienen de los miles de millones de euros que el gobierno alemán está inyectando en el sector de la defensa.

Mientras tanto, los ciudadanos alemanes soportan una inflación persistente, unos precios energéticos que no dejan de subir, un sistema sanitario que se desmantela, unas pensiones que se reducen a «cobertura básica» y unos salarios que no crecen al ritmo de los precios. Todo ello para financiar un rearme que, si la historia sirve de algo, acabará mal.

El grito de la oposición de izquierdas en el Bundestag resuena con una claridad que el gobierno de Merz se niega a escuchar: «La factura del nuevo ciclo militar empieza a trasladarse al bolsillo de los hogares». Mientras tanto, BlackRock sonríe y se frota las manos.

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La lógica oculta tras el bloqueo de los estrechos

Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

Quizás mantener cerrado el estrecho de Ormuz fue siempre la estrategia (El Tábano Economista)

Quizás, solo quizás, la historia no sea como nos la han contado. Posiblemente la imagen de un mundo al borde del abismo energético, con los precios del crudo disparados y las bolsas temblando, no sea el reflejo de un error de cálculo estratégico, sino la fotografía precisa del objetivo buscado. Durante semanas, la narrativa dominante ha sido la de un incendio geopolítico fuera de control. Irán, acorralado, cierra el grifo de Ormuz en un acto de desesperación; los hutíes, sus fieles peones, bloquean Bab el-Mandeb; y Estados Unidos, el atribulado bombero global, corre de un lado a otro tratando de apagar las llamas sin quemarse demasiado.

Es una historia muy occidental, cómoda, lineal y, veremos posiblemente, errónea. La hipótesis que debe abrirse paso entre el ruido de los misiles es otra, mucho más incómoda: ¿y si el cierre de los estrechos no es una consecuencia indeseada de la guerra, sino su propósito central? Esta es una variante sofisticada de la tesis del «poder de los puntos de estrangulamiento«, largamente tratado aquí es dos artículos (aquí y aquí). Una doctrina que sostiene que, en un mundo hiperconectado, la capacidad de perturbar los nodos críticos del comercio global otorga un poder más formidable que el de un portaaviones.

Porque controlar no significa necesariamente abrir; a menudo, el verdadero poder reside en la prerrogativa de cerrar, de negar, de asfixiar. Y en esta ecuación, mantener cosidas las arterias de Ormuz y Bab el-Mandeb constituye un desafío estructural no solo para Teherán o Riad, sino, sobre todo, para las principales economías de Asia Oriental y Meridional. El impacto es un terremoto de intensidad variable: una fragilidad existencial en Japón y Corea del Sur, una tormenta perfecta sobre la pujante India y, un golpe quirúrgico a los cimientos del crecimiento chino. No es teoría de la conspiración de salón; es una alternativa fría de los manuales de geopolítica que se escribieron mucho antes de que Donald Trump volviera a poner un pie en la Oficina Oval.

Conviene recordar que, en Washington, ciertas ideas nunca mueren, solo esperan su momento. El manual de Elbridge Colby, «La estrategia de la denegación (The Strategy of Denial), y el meticuloso plan de la Heritage Foundation, el célebre “Project 2025”, no son meros ejercicios académicos para adornar estanterías. Son los planos de una nueva arquitectura de poder. Ambos textos, leídos con la perspectiva que otorga el caos actual, parecen mostrar que asfixiar a China a través de sus líneas de suministro energético no es una opción sobre la mesa, sino la mesa misma sobre la que se está jugando la partida.

La lógica es aplastante y sigue la estela de aquel otro artículo que titulé «Trump no improvisa”. La profesora Helen Thompson, de la Universidad de Cambridge, una de las mentes más lúcidas y respetadas en el análisis de la geopolítica de la energía, ha articulado esta sospecha con la precisión de un cirujano. Thompson argumenta que el hilo conductor constante durante esta segunda administración Trump ha sido la reconfiguración geopolítica del sector energético mundial, y que el cierre efectivo de Ormuz podría no ser un «error» estratégico, sino una característica deliberada del conflicto. En sus propias palabras, «hay que considerar la posibilidad de que parte de lo que está ocurriendo no se trata solo de Irán, sino del intento de la administración Trump de perjudicar a China«.

Si la sabiduría convencional se equivoca, entonces elevar el precio mundial del petróleo y mantenerlo alto podría ser un objetivo bélico fundamental. Es una jugada maestra de doble filo: perjudica a China, que depende de la energía importada, y beneficia a EstadosUnidos, que hoy es un exportador neto. Y aquí viene el giro irónico. Sí este es el caso, el control iraní sobre el flujo de petróleo, ese espectro que aterra a Occidente, sería un resultado no solo tolerable, sino deseable para ciertos despachos en Washington.

¿Les parece descabellado? Como siempre, hagan los cálculos. El dinero, ese detector de falsedades infalible, nunca miente. Según el equipo de datos de Dow Jones Markets, desde que estalló esta guerra el pasado 28 de febrero, el sector energético estadounidense que cotiza en bolsa ha engordado su valor de mercado en 93.000 millones de dólares. Casi cien mil millones de razones para no tener prisa por apagar el fuego. Las estimaciones de ingresos para 2026 de estas empresas se han disparado en más de 200.000 millones de dólares, pasando de 1,9 billones a 2,1 billones. Su beneficio neto total estimado ha aumentado un 22%, unos 33.000 millones de dólares adicionales, hasta alcanzar la friolera de 183.000 millones. ¿Casualidad? Llamémoslo un feliz accidente geopolítico para esas mismas élites energéticas que pavimentaron con generosas donaciones el camino de Trump de vuelta a la Casa Blanca. La coincidencia es demasiado perfecta para ser fortuita.

Pero reducir esta compleja ecuación a los balances contables de Exxon o Chevron sería simplista. La conveniencia de cerrar ambos estrechos es una telaraña de intereses mucho más intrincada, donde otros jugadores con agendas propias bailan al borde del precipicio. ¿Qué sucede con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), esos jeques que veían sus petrodólares fluir como ríos? ¿Qué papel juega Israel en este tablero? ¿Y qué hay de Irán, el supuesto villano de la película? Sobre todo, ¿cómo encajan en esta narrativa las economías de Asia, esos gigantes con los pies de barro energético?

Comencemos por los daños colaterales, porque en esta guerra de desgaste, las víctimas se cuentan por millones de barriles no entregados y puntos de PIB evaporados. Japón es el ejemplo más descarnado de vulnerabilidad extrema. El país del sol naciente es, energéticamente hablando, un rehén de Oriente Medio. Aproximadamente el 95% de sus importaciones de petróleo surcan las aguas que hoy son un cementerio de rutas comerciales, todas pasando por el embudo de Ormuz.

El impacto no se hizo esperar, en el mes siguiente al cierre, el precio del crudo se disparó más de un 80%, y llenar el depósito en Kioto o Kobe se convirtió en un lujo que duplica su coste anterior. La imagen es más elocuente que cualquier gráfico, en la semana posterior al bloqueo, ni un solo petrolero, ni uno, atracó en puerto japonés proveniente de la región. El silencio en los muelles de Yokohama es el sonido de una economía que contiene la respiración.

Corea del Sur, esa otra maravilla industrial asiática, se asoma a un abismo similar. Su economía, un prodigio de exportación y alta tecnología, ha recibido un golpe directo en su corazón productivo. Más del 60% del crudo que alimenta sus fábricas y el 54% de la nafta, un insumo petroquímico tan esencial como el oxígeno para su modelo industrial, transita por el mismo punto de estrangulamiento. La dependencia no es una cuestión de preferencia, es una viga maestra de su arquitectura económica; si cede, el edificio se viene abajo.

Para la India, la tercera economía de Asia, la crisis ha tomado la forma de una tormenta perfecta que azota con furia todos los flancos de su estabilidad macroeconómica y social. El problema de Nueva Delhi no es solo el crudo para mover sus fábricas y sus millones de vehículos. India importa alrededor del 60% de su consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP), ese combustible humilde pero vital que arde en las cocinas de cientos de millones de hogares. Y el 90% de ese volumen llega a través de Ormuz. De repente, la geopolítica de altos vuelos se cuela en la cocina de una familia encareciendo la comida y amenazando la seguridad alimentaria de una nación que depende de fertilizantes que también cruzan, o deberían cruzar, esas aguas. Es un shock multidimensional que erosiona los cimientos mismos de su crecimiento.

Y luego está China, el verdadero elefante en la habitación, o, mejor dicho, el dragón al que se pretende encadenar. Para Pekín, la crisis trasciende lo económico y se convierte en una vulnerabilidad estratégica de primer orden, una línea roja dibujada con crudeza por la «Línea de la Teoría de Colby«. Sostener que el bloqueo de los estrechos es un movimiento deliberado de Washington para asfixiar la «línea de vida» energética china y, con ello, frenar su ascenso geopolítico. Ya no es una tesis marginal en los seminarios universitarios; es una posibilidad que se discute en los centros de poder con la gravedad que merece. Los datos confirman la magnitud de este «Talón de Aquiles». En 2025, el 75% del crudo que devoraba la maquinaria china era importado, un total de 578 millones de toneladas. Arabia Saudita e Irak eran, por este orden, su segundo y tercer proveedor. Estrangular Ormuz es, en la práctica, poner un lazo corredizo alrededor del cuello del crecimiento chino. Y el nudo lo aprieta quien controla el estrecho, o quien se beneficia de que permanezca cerrado.

Mientras el dragón se retuerce, los halcones del Golfo, esos príncipes del petróleo que durante décadas dictaron cátedra sobre la opulencia, están descubriendo que su trono se tambalea. El cierre de facto del paso ha provocado pérdidas económicas que harían temblar al ministro de finanzas más insensible. Se estima que aproximadamente 14,8 millones de barriles de petróleo producidos diariamente por las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) —Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin— quedan varados sin una ruta de exportación viable. Están sentados sobre la mayor reserva de liquidez del mundo que no pueden vender. En conjunto, estos países podrían estar perdiendo hasta 1.200 millones de dólares diarios en ingresos por exportaciones

Hagan la suma: desde que comenzó el conflicto, la hemorragia acumulada supera los 15.000 millones de dólares en ingresos por petróleo y gas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un panorama desolador. De las ocho economías más afectadas por el conflicto, cinco se contraerán en 2026. Catar, otrora el país más rico del mundo per cápita, ha sufrido la revisión a la baja más drástica de su pronóstico de crecimiento, una caída de casi 15 puntos porcentuales que refleja el daño extenso en su infraestructura energética.

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que cuentan con oleoductos de derivación para sortear el infierno de Ormuz, son «perdedores relativos», una distinción que solo consuela en un club de damnificados. Pero la verdadera pérdida para Riad y Abu Dabi no se mide en barriles o dólares, sino en la erosión acelerada de un pilar geopolítico que sostuvo su estabilidad durante décadas, el viejo y entrañable pacto de «petróleo por seguridad». Estados Unidos garantizaba la libertad de navegación y, a cambio, el Golfo inundaba los mercados con su crudo. Ese pacto, hoy, es papel mojado flotando en las aguas del Golfo Pérsico. Esta crisis está acelerando el giro de las petromonarquías hacia un mundo multipolar, empujándolas a diversificar sus alianzas y a reducir su dependencia histórica de un Washington que, por acción u omisión, parece haberlas abandonado a su suerte.

En este tablero de perdedores, ¿dónde queda Israel? A primera vista, el estado judío también sufre un coste estratégico considerable. Con ambos estrechos cerrados, el 99% de su comercio exterior quedaría bloqueado, una asfixia logística de primer orden. Además, perdería su principal fuente de suministro, ya que el 62% de su crudo, proveniente de Azerbaiyán y Kazajistán, llega a sus refinerías tras atravesar esos mismos cuellos de botella. El resultado inmediato sería un incremento de al menos el 15% en los precios de los combustibles. Un disgusto, sin duda.

Pero miren más allá del surtidor de gasolina. Para Israel, esta crisis es, sobre todo, una oportunidad histórica para consolidar su papel como un actor energético y de seguridad indispensable en la región. El principal beneficio estratégico que se abre paso entre los escombros de la guerra es la posibilidad de posicionarse como la ruta terrestre alternativa y segura para el flujo de energía del Golfo hacia una Europa sedienta, sorteando por completo el volátil Estrecho de Ormuz y la amenaza iraní. La infraestructura clave existe y se llama oleoducto Eilat-Ashkelon, una serpiente de acero que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo. Vinculen este conducto con el oleoducto saudí Este-Oeste, el famoso Petroline, y habrán creado un corredor terrestre que evite por completo las aguas controladas por los Guardianes de la Revolución.

Operar este corredor no solo transformaría a Israel en el centro de gravedad del sistema energético mundial, sino que fortalecería de manera irreversible sus lazos estratégicos con los estados del Golfo, creando una enorme palanca económica y geopolítica. La crisis subraya la vulnerabilidad de las monarquías del Golfo ante la sombra alargada de Teherán, lo que refuerza el papel de Israel como un socio de seguridad confiable, el único con la capacidad y la voluntad de plantar cara al enemigo común. Si bien la normalización diplomática abierta puede verse afectada en el corto plazo —las fotos de apretones de manos tendrán que esperar—, la cooperación en seguridad y defensa con países como los Emiratos Árabes Unidos se ha fortalecido significativamente en la oscuridad de las salas de guerra.

Y llegamos al actor principal, Estados Unidos, el director de orquesta de este caos aparente. El bloqueo de Ormuz encaja como un guante en lo que se ha denominado la «Estrategia Abierta» de Washington. Al crear una incertidumbre insoportable en el suministro del Golfo, Estados Unidos busca que los compradores globales —europeos, asiáticos, todos— lo perciban como un proveedor más fiable y seguro. Es la vieja lógica del miedo: compren mi petróleo porque el de los otros puede no llegar.

Aprovechando sus vastas reservas de esquisto y su creciente capacidad de exportación de Gas Natural Licuado (GNL), se posiciona para reemplazar a los países del CCG como la fuente principal de energía para el mundo, especialmente para una Europa desesperada por llenar sus tanques y una Asia que busca desesperadamente rutas seguras. La inestabilidad en la región ha generado una «prima de riesgo de tránsito por Ormuz» que encarece el barril que sale del Golfo y, por contraste, hace que el petróleo estadounidense sea más competitivo. Es una política de «empobrecer al vecino» a escala global.

A diferencia de las economías asiáticas, que se retuercen de dolor, Estados Unidos es menos dependiente del crudo de Ormuz. De hecho, es un beneficiario neto del aumento de los precios globales. Sus ingresos por exportaciones de energía se incrementan, llenando las arcas de sus empresas y permitiéndole, irónicamente, subsidiar el combustible a nivel nacional para mitigar la presión pública y evitar que el votante medio sienta todo el rigor de la crisis en su bolsillo, cosa que todavía no hecho. Es un rompecabezas de poder y dependencia donde la estrategia de Washington busca un delicado y cínico equilibrio, ganar dinero con el sufrimiento ajeno.

En el centro de este rompecabezas está la presión sobre China. La medida busca, como objetivo paralelo y nada secreto, estrangular la línea de suministro energético del gigante asiático para forzarlo a mediar con Irán, atrapando a Pekín en el «atolladero de Ormuz». Es una maniobra para que China se queme las manos apagando un fuego que le quema su propia casa. A pesar de la doctrina oficial que habla de estabilidad, muchos analistas advierten que la crisis está debilitando la influencia estadounidense a largo plazo en el Golfo.

La narrativa de Washington como proveedor último de seguridad se ha visto dañada, quizás irreparablemente. Los líderes del Golfo, que han visto cómo la Quinta Flota se mantiene al margen mientras sus petroleros arden, están sacando conclusiones. Y esto los está empujando a buscar un papel más independiente y desconfiado en el escenario global. Paradójicamente, la crisis ha creado un vacío de seguridad que las monarquías del Golfo no pueden llenar por sí solas. Desconfían de Estados Unidos, pero ¿a quién más pueden recurrir?

No existe una potencia alternativa con la capacidad y la voluntad de reemplazar el paraguas militar estadounidense. Ni China ni Rusia quieren o pueden ser los nuevos gendarmes del estrecho. Esta es la gran paradoja que define el nuevo Oriente Medio: el Golfo es hoy más vulnerable que nunca, pero se siente más solo que nunca. Esa soledad los obliga a una diplomacia frenética y ambigua, diversificando sus alianzas con Pekín, Moscú y Ankara, no por amor, sino por puro instinto de supervivencia. Se aferran a cualquier clavo ardiendo para no caer al vacío.

Y mientras el mundo contiene la respiración, la amenaza definitiva planea sobre los mercados como un buitre. Con aproximadamente 15 millones de barriles diarios de exportaciones de crudo del CCG varados, la tentación de usar el arma definitiva es grande. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo, viendo cómo su riqueza se evapora y su relevancia se desvanece, podrían recurrir a lo que equivale a una «opción nuclear» energética: declarar fuerza mayor en sus contratos de exportación y retirar deliberadamente otro 20% del suministro mundial del mercado.

Sería el golpe de gracia a una economía global ya tambaleante, un acto de autodestrucción para recordarle al mundo que, aunque heridos, ellos aún sostienen las llaves del grifo. En este ajedrez de sombras y petróleo, la única certeza es que el manual de la guerra fría ha sido reescrito con tinta de crudo y fuego. Y en la primera página, una frase resuena con fuerza. Quizás, solo quizás, mantenerlo cerrado no fue un error; fue el plan desde el principio.

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Detienen a ladrón en Indios Verdes y recuperan celular robado

El detenido cuenta con cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y tres presentaciones al Ministerio Público

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que realizaban acciones de revisión y prevención, en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, como parte de las acciones del operativo “Pasajero Seguro”; detuvieron a una persona que, al parecer, sustrajo de una mochila el equipo de telefonía móvil de una usuaria.

El hecho sucedió cuando los policías realizaban sus funciones de vigilancia y seguridad en el paradero que se localiza en la avenida de los Insurgentes Norte y la calzada Ticomán, en la colonia Residencial Zacatenco, de la alcaldía Gustavo A. Madero, y fueron solicitados por una ciudadana de 35 años de edad.

La mujer denunció que, momentos antes, al encontrarse en la fila para abordar una unidad de transporte público, un sujeto se colocó muy cerca de su espalda, abrió su mochila, sustrajo su equipo de telefonía y después comenzó a correr.

Al observar a los oficiales de la PBI pidió su apoyo y, con las características físicas y de vestimenta del posible responsable, se abocaron a su búsqueda, por lo que realizaron recorridos por la zona, y en uno de los andenes lo ubicaron, e iniciaron una breve persecución que culminó con su detención.

De acuerdo con el protocolo de actuación policial, al hombre de 37 años de edad, se le efectuó una revisión preventiva, tras la cual se le hallaron entre sus ropas, el teléfono celular que fue reconocido por la denunciante que acreditó su propiedad. –sn–

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Brasil: “Lo más seguro es que quién sabe”

Por; Alejandro Marcó del Pont

Con esta frase no se ganan batallas, pero se esquivan compromisos con absoluta elegancia (El Tábano Economista)

El gobierno de Lula adoptó una línea de condena a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, calificó la justificación del programa nuclear iraní como “mentira”, la comparó con las armas de destrucción masiva de Irak. La tradición de no intervención y autonomía estratégica frente a Occidente es venerable, pero hoy se parece más una consigna que una estrategia. La ambigüedad no es accidental, es un principio deliberado, el “no alineamiento activo” o la equidistancia entre grandes potencias. El problema es que la equidistancia, cuando se practica desde la debilidad, no es equilibrio, es irrelevancia.

Pero no nos quedemos en Irán, porque el verdadero terremoto ocurrió más cerca, en el Atlántico Sur, y tiene fecha, 26 de marzo de 2026. Ese día, los cancilleres Mauro Vieira e Yvette Cooper firmaron la Asociación Estratégica Brasil-Reino Unido 2026-2030, una semana antes de la conmemoración de la toma de Malvinas. El timing no es un error de agenda, es una declaración de principios. Mientras Argentina se preparaba para recordar la humillación de 1982, Brasil abrazaba militarmente a la potencia ocupante.

El acuerdo se estructura en cinco pilares, pero el único que importa para esta historia es el de Seguridad y Defensa. Porque lo que viene no es un tratado de libre comercio de bolsillo. Hablamos de ejercicios militares conjuntos, desarrollo de doctrina de defensa compartida, cooperación en ciberseguridad, espacio y tecnología militar avanzada. Y, como cereza del pastel, el apoyo explícito de Londres al sueño brasileño de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. El Reino Unido, que desde 1982 le niega a Argentina cualquier componente para aviación o sistemas de defensa, ahora le abre las puertas de su tecnología a Brasil. Y no es cualquier tecnología: estamos hablando del programa de submarinos de propulsión nuclear (SN-BR), ese viejo anhelo de la marina brasileña que convertirá a Brasilia en la única potencia con capacidad atómica sumergible en la región. ¿El equilibrio de poder en el Atlántico Sur? Hecho trizas.

Para los militares, una asociación con el Reino Unido no es vista como un ataque a Argentina, sino como un movimiento estratégico. Sirve como un útil contrapeso tanto a la influencia de Estados Unidos en la región como a la de China, el mayor socio comercial de Brasil. Lula no opera en el vacío. Enfrenta una fuerte presión política interna que influye en sus decisiones internacionales.

La política exterior brasileña es un campo de batalla entre la izquierda de Lula, que prioriza al Sur Global, y una derecha atlantista que aboga por alinearse con Occidente. Este disenso debilita la capacidad de Brasil para presentar un frente unificado. La propia debilidad del Mercosur empuja a Brasil a buscar acuerdos por separado. El bloque sufre por la falta de voluntad de sus miembros para ceder soberanía, un bajo nivel de institucionalidad y profundas diferencias ideológicas entre sus líderes. La propuesta de Brasil de recortar drásticamente el fondo de convergencia del Mercosur y la decisión de Lula de no asistir a la firma del acuerdo con la UE son solo algunos síntomas de la falta de cohesión.

Tradicionalmente, Brasil y el Mercosur actuaban como escudo diplomático de Argentina frente al Reino Unido. Esa solidaridad, que nunca fue perfecta, pero al menos existía, se ha roto. Al fortalecer lazos militares con la potencia que ocupa las Malvinas, Brasil deja de ser un mediador neutral para convertirse en un socio estratégico del ocupante. Londres aplica la vieja receta del “divide y reinarás” con una maestría digna de mejor causa, aísla el reclamo argentino como una disputa bilateral menor, mientras integra militarmente al gigante sudamericano. Los patrullajes y ejercicios conjuntos que contempla el acuerdo podrían legitimar, en la práctica, la presencia británica en aguas que Argentina considera propias. El cerco no es solo militar, es político, y se completa con los acercamientos de Uruguay y Chile al Reino Unido. Argentina, sola, mirando cómo se desmorona el único apoyo regional que le quedaba.

Pero no cometamos el error de atribuirle esto a una traición de Lula. El presidente brasileño no es Bolsonaro; no va a regalar la soberanía por un selfie con Trump. Su movimiento es más complejo y, en cierto modo, más peligroso, es el resultado de una ecuación geopolítica impulsada por tres factores. Primero, la aspiración histórica de las élites militares brasileñas, ese verdadero “partido militar” con agenda propia que lleva años impulsando el Programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB), iniciado por el propio Lula en 2008. Para los militares, asociarse con el Reino Unido no es un ataque a Argentina, es un movimiento estratégico para contrapesar a Estados Unidos y, sobre todo, a China. Segundo, la necesidad de equilibrar el poder de las dos grandes potencias que se disputan el continente. Tercero, y aquí entramos en el terreno de lo patético, el colapso de las relaciones personales con el presidente argentino.

Porque si Lula ha tirado por la borda décadas de solidaridad regional, Javier Milei ha hecho todo lo posible para que esa decisión sea fácil. El sociópata de Milei no entiende de geopolítica, entiende de espectáculo. Su hostilidad hacia Lula es visceral, y la ha convertido en política de Estado. El episodio en que Brasil dejó de representar los intereses argentinos en Venezuela, después de que Milei publicara una foto de Lula abrazado a Maduro, es solo la punta del iceberg. Cuando dos presidentes se detestan al punto de boicotear cumbres enteras para no verse las caras, el Mercosur se convierte en una farsa. Y el Reino Unido, que no es tonto, ha sabido aprovechar esta grieta como un ladrón que encuentra una ventana abierta.

La paradoja es exquisita. Lula, el gran defensor del Sur Global, prioriza su proyecto de potencia mundial por encima de su propio patio trasero. Milei, el anarcocapitalista que dice odiar el Estado, abraza a Estados Unidos como si fuera un satélite más de la Casa Blanca. Uno busca un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU; el otro quiere ser el sheriff de Occidente en el Cono Sur. Y en el medio, Sudamérica se desangra como bloque. Los espacios de integración que Brasil ayudó a crear, UNASUR, CELAC, están muertos. El propio Lula ha reconocido que la CELAC está “prácticamente dejando de existir”. El “consenso de Brasilia”, que alguna vez unificó a la región, se ha roto en mil pedazos, y cada país navega por su cuenta, unos mirando a Pekín, otros a Washington, unos pocos a Bruselas. El resultado es un continente que ha perdido la brújula, un mosaico de alianzas bilaterales donde la voz de Brasilia ya no resuena con la fuerza de antaño.

Brasil, es hoy, un líder sin seguidores. Su poderío económico y demográfico es incuestionable, pero no ha sabido traducirlo en influencia real. La intervención de Estados Unidos en Venezuela fue el mayor golpe a sus aspiraciones: Brasil, por cercanía y por peso, debería haber sido el principal actor, pero su reacción se redujo a una condena tibia que lo dejó como un simple espectador. Los analistas ya señalan a Brasil, junto a Cuba, como uno de los grandes perdedores de la reorganización geopolítica orquestada por la Casa Blanca. Y mientras Lula se enreda en su propia retórica de autonomía estratégica —que en la práctica es un distanciamiento de Washington, pero también una tibieza imperdonable con los vecinos—, Milei acelera en dirección contraria, firmando acuerdos bilaterales con Estados Unidos que violan las normas del Mercosur y que debilitan aún más el poder de negociación colectivo.

Lo que está en juego no es un simple desacuerdo comercial. Es la disolución del eje geopolítico que por décadas le otorgó a Sudamérica capacidad de negociación frente a las grandes potencias. El poder sudamericano como proyecto colectivo se está fragmentando en dos visiones antagónicas e irreconciliables: la de Lula, que subordina la región a sus ambiciones globales, y la de Milei, que la subordina a su alineamiento incondicional con Occidente. Ambas, curiosamente, coinciden en un punto: ninguna pone a Sudamérica en el centro. Una la usa como trampolín, la otra la vende como moneda de cambio.

Y mientras tanto, el Reino Unido patrulla el Atlántico Sur, China compra tierras raras, Estados Unidos impone aranceles y la Unión Europea firma acuerdos por separado. Sudamérica, aquella que alguna vez soñó con ser un polo autónomo en un mundo multipolar, se ha convertido en un campo de batalla donde otros deciden y nosotros pagamos los costos. La pregunta no es si el poder sudamericano se está diluyendo —ya lo está haciendo—, sino qué nuevo orden emergerá de sus cenizas. ¿Una Sudamérica reconfigurada bajo liderazgo brasileño? Imposible, porque Brasil ya no tiene seguidores. ¿Un espacio de influencia compartida entre potencias externas? Eso ya está ocurriendo. ¿O simplemente un vacío de poder donde cada país navegue por su cuenta en un mundo de gigantes? Esa es la opción más probable, y también la más triste.

Lo peor de todo es que no había necesidad. Brasil y Argentina, juntos, suman el 60% del PIB sudamericano, controlan los principales recursos estratégicos del continente y comparten una frontera de miles de kilómetros. Si lograran articular una política común, nadie, ni Estados Unidos ni China ni el Reino Unido, podría ignorarlos. Pero prefieren el espectáculo de la discordia. Lula, atrapado entre sus militares y su retórica de izquierda, no se atreve a dar el paso de una verdadera integración. Milei, convencido de que su destino está en Washington, quema los puentes con su principal socio comercial. Y en medio, los pueblos sudamericanos miran cómo se desmorona la única herramienta que tenían para no ser siempre los que pierden.

Al final, el título de este texto resume con cruel precisión la tragedia de estos años: “Lo más seguro es que quién sabe”. Lula no sabe si quiere ser líder regional o potencia global. Milei no sabe si quiere gobernar Argentina o ser el gerente de Estados Unidos en el Cono Sur. Y Sudamérica, entretanto, se queda sin saber qué hacer con su destino. Mientras tanto, el mundo sigue girando.

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La logística bajo fuego y el fin de la inmunidad de la nube

Por; Lic. Alejandro Marcó del Pont

El estrecho que partió al mundo en dos mitades: una de hormigón, otra de silicio (El Tábano Economista)

Hubo un tiempo, no hace tanto, en que los estrategas militares y los analistas de riesgos se ganaban la vida diseñando escenarios de catástrofe con una probabilidad inferior al quince por ciento. La Reserva Federal de Dallas, por ejemplo, tenía sus propios modelos. Un bloqueo sostenido del Estrecho de Ormuz era una rareza estadística, una hipótesis para académicos aburridos y aseguradoras paranoicas. Llegó marzo de 2026 y la rareza se hizo carne, misil y dron. El mundo despertó a una evidencia que debería haber sido obvia desde los años ochenta. El principal pasillo energético del planeta es un cuello de botella ridículamente vulnerable y nadie, ni el Consejo de Cooperación del Golfo, ni la Quinta Flota, ni los megaproyectos de inteligencia artificial estaban realmente preparado para lo que significaba cerrarlo.

La primera semana del bloqueo ya había desmentido casi todas las certezas que los estados del Golfo habían comprado con 500.000 millones de dólares en gasto militar durante la última década. Porque resulta que Irán no leyó los manuales. La primera y más cara de las suposiciones erróneas de EE.UU. fue que la amenaza iraní vendría empaquetada en misiles balísticos, esos artefactos elegantes que justifican sistemas antimisiles de decenas de millones de dólares cada uno. Teherán optó por la humildad tecnológica, el setenta y cinco por ciento de sus ataques se ejecutaron con drones.

No hay nada más democrático que un dron kamikaze fabricado con piezas comerciales y una paciencia infinita. La segunda suposición —que Irán no podría sostener una campaña prolongada de lanzamientos— se desvaneció cuando los ataques se repitieron día tras día, semana tras semana, como un reloj suizo fabricado en la república islámica. La tercera suposición, esa joya de la arrogancia analítica, sostenía que el estrecho de Ormuz era una vulnerabilidad teórica, no operativa. La cuarta, tal vez la más ingenua de todas, era que Irán respetaría un código de guerra no escrito: dejar fuera a la infraestructura civil, sobre todo a aquella que sostiene la vida digital del enemigo. Esa suposición murió el primero de marzo, cuando los drones iraníes hicieron blanco en tres centros de datos de Amazon Web Services.

Pero antes de llegar a ese funeral tecnológico, conviene detenerse en la quinta y más delirante de las premisas sobre las que se construyó la defensa del Golfo. La idea de que los seis estados del Consejo de Cooperación lucharían como una coalición integrada. Estados Unidos dedicó más de una década a vender ese espejismo. La visión era hermosa, una única imagen de radar compartida, soluciones de fuego coordinadas, transferencia de información fluida entre los sectores nacionales de defensa aérea. Para 2024, las sesiones informativas del Pentágono describían la postura del Golfo como “integrada e interoperable”.

Una mentira tan cómoda que nadie quiso comprobarla hasta que los drones empezaron a silbar sobre las refinerías. Cuando la guerra comenzó, cada Estado del Consejo de Cooperación (CCG) libraba su propia batalla, con sus propios sistemas, su propia imagen de radar y sus propias reglas de enfrentamiento. Las baterías Patriot de Arabia Saudita no compartían datos en tiempo real con el sistema THAAD de los Emiratos Árabes Unidos. El sector de defensa aérea de Catar operaba independientemente del de Baréin, aunque ambos países están separados por una carretera de veinticinco kilómetros. Las antiguas baterías Patriot PAC-2 de Kuwait no eran compatibles con los sistemas PAC-3 operados por sus vecinos. Quinientos mil millones de dólares en armamento para terminar descubriendo que lo que fallaba no era el calibre de los cañones, sino la voluntad de compartir el mando.

El bloqueo, mientras tanto, dejó al descubierto otra fragilidad menos cinematográfica pero igualmente devastadora, la logística. Los Estados del Golfo habían construido rascacielos, aeropuertos de ensueño, islas artificiales con forma de palmeras, pero descuidaron lo aburrido, lo verdaderamente importante, los corredores terrestres de bypass, la conectividad ferroviaria, las aduanas integradas. Kuwait, Catar y Baréin quedaron prácticamente privados de su capacidad para exportar petróleo, gas, fertilizantes y todo aquello que no fuera resentimiento. Los Emiratos Árabes Unidos intentaron salvarse con el puerto de Fujaira y su oleoducto de bypass, pero esas instalaciones también fueron alcanzadas.

Arabia Saudita y Omán, por su geografía más afortunada, se convirtieron en los pilares de una respuesta logística improvisada que ha terminado por parecerse, contra todo pronóstico, a una revolución. Porque la adversidad, cuando aprieta lo suficiente, logra lo que la política nunca pudo. El Corredor Verde entre Omán y los Emiratos, el Puente Comercial Sharjah-Dammam, así como las nuevas líneas marítimas con Compagnie Maritime d’Affrètement (CMA) Compagnie Générale Maritime (CGM) y Maersk (empresa danesa de contenedores), todo esto se ha puesto en marcha en cuestión de semanas, no de años. La lección es incómoda, pero clara. El Golfo siempre pudo tener una logística seria; simplemente no le interesó hasta que el petróleo dejó de salir.

Mientras los Estados árabes redibujaban sus mapas de transporte, al otro lado del mundo, en Asia Oriental, el bloqueo golpeaba con una violencia silenciosa pero quirúrgica. Allí reside la verdadera dependencia. Aproximadamente el 83% del petróleo y el gas natural licuado que cruza Ormuz tiene como destino final las economías de China, Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático. La región importa en conjunto cerca del 60% de su petróleo de Oriente Medio, una dependencia que se distribuye de manera cruelmente asimétrica.

Japón importa casi el 95% de su crudo de la región; Corea del Sur, cerca del 70%. En cuanto al gas, Catar y los Emiratos proporcionan el 14% del suministro surcoreano y el 6% del japonés. China, el gran pulpo energético, importa un porcentaje menor —entre el cuarenta y el cincuenta por ciento— pero es el mayor importador absoluto del mundo, y aproximadamente un tercio de ese crudo pasa por el mismo cuello de botella. No hace falta ser economista para entender el problema. Cuando un solo pasillo marítimo alimenta a las tres fábricas más grandes del planeta, cualquier interrupción se convierte en un terremoto global.

Las consecuencias inmediatas han sido predecibles y brutales. Japón y Corea del Sur han comenzado a drenar sus reservas estratégicas de petróleo a un ritmo que los manuales consideraban de emergencia nuclear. La agencia de calificación Fitch ha advertido que un conflicto prolongado de tres meses podría elevar el precio del crudo a una media de cien dólares por barril en 2026, ejerciendo una presión a la baja sobre las calificaciones soberanas de toda la región. Pero más allá de los números, lo que está ocurriendo en Asia Oriental es una reconfiguración silenciosa de las alianzas y las estrategias económicas.

Los gobiernos de Tokio, Seúl y Pekín han entendido que la confianza en el Golfo es un lujo que ya no pueden permitirse. Por eso están diversificando proveedores con una urgencia que roza el pánico. Rusia, ese paria energético al que nadie quería mirar, ha vuelto a la mesa como proveedor de emergencia para llenarse los bolsillos por simple utilidad. También se está acelerando el retorno al carbón, ese combustible sucio que habían prometido enterrar, y al mismo tiempo multiplicando las inversiones en renovables con una lógica que la crisis climática no había logrado imponer. La seguridad, no la ecología, es ahora el motor de la transición energética. La consultora Oxford Economics lo ha resumido con una frase que debería helar la sangre en los palacios de Riad y Abu Dabi. “La expansión de las renovables ofrece una vía hacia una fuente de energía segura, sostenible y menos expuesta a shocks geopolíticos”. Traducción: Asia Oriental está aprendiendo a vivir sin el Golfo.

Y en medio de todo este caos logístico y energético, ocurrió algo que los estrategas de los think tanks no habían incluido en ningún escenario. El primero de marzo de 2026, Irán atacó con drones tres centros de datos de Amazon Web Services, dos en los Emiratos Árabes Unidos y uno en Baréin. Fue la primera vez en la historia que la infraestructura de un gran proveedor de servicios en la nube sufrió un ataque militar directo. Las consecuencias fueron inmediatas y grotescas. Las interrupciones generalizadas en iCloud, aplicaciones bancarias que dejaron de funcionar, plataformas de comercio electrónico que se vinieron abajo como castillos de naipes. La nube, ese espacio etéreo que la publicidad tecnológica nos había vendido como inmune a las miserias del mundo físico, resultó estar hecha de hormigón, fibra óptica y servidores perfectamente localizables y vulnerables.

La justificación de Irán para estos ataques es, en el fondo, la más honesta que ha dado un actor estatal en mucho tiempo. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica sostiene que las grandes tecnológicas son parte integral de la maquinaria de guerra estadounidense e israelí. No están mintiendo. Han incluido explícitamente a Google, Microsoft, Apple, Intel, NVIDIA, Palantir y otras en su lista de objetivos, acusándolas de proporcionar servicios en la nube, análisis de datos con inteligencia artificial y software para las operaciones militares de sus adversarios.

Y tienen razón, al menos en un sentido técnico, porque los sistemas de recomendación de objetivos que utilizan las fuerzas israelíes y estadounidenses, esos algoritmos que procesan señales de celulares, redes sociales y movimientos detectados por drones para generar listas de objetivos humanos con mínima intervención manual, no corren en computadoras locales. Requieren la potencia de cálculo de grandes centros de datos. Y esos centros de datos, como se ha demostrado, son tan civiles y tan neutrales como un portaviones.

La novedad aquí no es la inteligencia artificial en la guerra; eso ya existía. La novedad es que la infraestructura que la hace posible ha dejado de ser territorio neutral. Durante años, las grandes tecnológicas operaron bajo un pacto tácito. Sus servidores eran como las aguas internacionales, un espacio aparte donde los conflictos no entraban. Ese pacto se rompió el primero de marzo, y no hay manera de volver a soldarlo. La analista Jessie Moritz, de la Universidad Nacional Australiana, lo ha expresado con claridad: “Ningún país quiere poner sus centros de datos en un entorno inestable”. Y los ataques han demostrado que la región del Golfo ya no es un entorno estable.

No lo era antes, por supuesto, pero la ficción de estabilidad era lo suficientemente cómoda para que empresas como Amazon, Google y Microsoft invirtieran miles de millones en megaproyectos como el centro de datos ‘Stargate’ de Abu Dabi, respaldado por OpenAI, NVIDIA y Oracle. Ahora esos proyectos están bajo revisión, y las aseguradoras están añadiendo cláusulas de riesgo de guerra que duplican las primas.

Los países del Golfo, por su parte, han entendido el mensaje más rápido de lo que sus burocracias suelen permitir. Su estrategia de “nubes soberanas” —centros de datos propiedad estatal, operados bajo jurisdicción nacional, con redundancias físicas y criptográficas diseñadas para resistir tanto ataques cinéticos como cibernéticos— ha pasado de ser una ocurrencia de mercadotecnia a una prioridad estratégica. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están acelerando la construcción de sus propias infraestructuras de nube, no tanto por soberanía digital como por simple supervivencia física. Porque han comprendido que los datos son el nuevo petróleo, pero también que el petróleo, cuando arde, quema todo lo que encuentra a su alrededor.

El bloqueo de Ormuz, en definitiva, ha sido un catalizador de un cambio de época que ya estaba gestándose pero que necesitaba una chispa. Los Estados del Golfo están construyendo a toda prisa la arquitectura logística que siempre debieron tener, demostrando que la adversidad puede forzar una integración y una modernización que la política y la desconfianza mutua habían hecho imposibles. Pero su incapacidad para defender esos centros logísticos por sí solos subraya una verdad incómoda: siguen dependiendo de un paraguas de seguridad externo que se está viendo superado y cuestionado desde todos los frentes.

Para Asia Oriental, la crisis es un crudo recordatorio de que la globalización basada en pasillos marítimos vulnerables tiene fecha de caducidad. Su respuesta —diversificación, carbón, renovables, reconfiguración de alianzas— no es una reacción de pánico, sino el esbozo de un nuevo orden energético que dejará al Golfo más pobre y más solo.

Y para el resto del mundo, el ataque a los centros de datos de AWS es el verdadero parteaguas. La guerra de la inteligencia artificial ha comenzado, y sus efectos ya son tangibles no en laboratorios ni en simulaciones, sino en apagones de iCloud y colapsos bancarios. La infraestructura digital, ese bien civil que creíamos separado de los conflictos, es ahora un objetivo de primer orden. Las grandes tecnológicas se enfrentan a una nueva realidad geopolítica en la que su neutralidad ha quedado en entredicho, sus activos físicos están en el punto de mira y su modelo de negocio —basado en la ubicuidad y la confianza— se tambalea. El siglo XXI prometía ser el siglo de la información. Ha resultado ser, también, el siglo de los pasillos estrechos, los drones suicidas y los centros de datos en llamas. Bienvenidos.

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Detienen a presunto ladrón dentro de vivienda en Álvaro Obregón tras denuncia ciudadana

El hombre de 25 años de edad fue detenido, y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Durante sus labores de vigilancia y prevención, oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, atendieron el reporte de un robo al interior de una casa habitación ubicada en calles de la colonia La Presa, en la alcaldía Álvaro Obregón y detuvieron al posible responsable.

Los uniformados en campo fueron solicitados por una mujer de 47 años de edad, en las calles Orureños y andador Artiguenses quien refirió que, momentos antes, se percató que un sujeto ingresó a su vivienda y hurgaba entre sus pertenencias para buscar objetos de valor.

En una rápida respuesta a la denuncia, con autorización de la afectada, los oficiales entraron al inmueble y ubicaron al posible responsable, por lo que con los comandos verbales le marcaron el alto y en apego al protocolo de actuación policial, le efectuaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron diversa herramienta, una plancha de vapor y una bolsa de mano. –sn–

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Según el Indec, el PBI creció 4,4% en 2025 impulsado por exportaciones e inversiones

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