Missile production push runs into solid rocket motor bottleneck
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La Gran División del siglo XXI: la estructura de las élites y el colapso de la interdependencia chino-estadounidense
Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont
Los pasajeros de primera clase están saqueando el barco mientras se hunde (El Tábano Economista)
El orden internacional contemporáneo atraviesa una fase de reconfiguración estructural que desafía las lecturas lineales de la transición hegemónica. No asistimos simplemente a un choque clásico entre una potencia establecida y una emergente, concebido bajo el prisma tradicional del neorrealismo. Lo que define la presente coyuntura es la desarticulación deliberada de la simbiosis económica más profunda de la historia moderna impulsada por transformaciones de fondo en la composición, los intereses y la percepción de riesgo de las élites de poder dentro de los Estados Unidos y la República Popular China.
Para comprender la velocidad y la naturaleza de este rompimiento, la ciencia política clásica resulta insuficiente. Es imperativo cruzar la geopolítica de las grandes potencias con la macroeconomía global y, fundamentalmente, con una sociología crítica de las élites. Como argumentó Richard Lachmann en su obra póstuma “Pasajeros de primera clase en un barco que se hunde (2020)”, la parálisis estratégica y el declive de las potencias imperiales a menudo no provienen de amenazas externas insolubles, sino de la incapacidad de sus élites fragmentadas para sacrificar privilegios de corto plazo en pos de la preservación del sistema en su conjunto.
Es decir, expone que el declive imperial ocurre cuando las élites se vuelven tan corporativas y autorreferenciales que priorizan defender sus privilegios e ingresos sectoriales específicos antes que invertir en la preservación del sistema que las sostiene. En el caso de EE.UU., la élite de poder estadounidense (el complejo de seguridad nacional, Wall Street y el capital tecnológico de defensa) prefiere balcanizar la economía global para mantener su primacía antes que permitir una gobernanza multipolar compartida.
En el contexto estadounidense, la «élite de poder» descrita originalmente por C. Wright Mills —esa amalgama entrelazada de mandos militares, líderes políticos y magnates corporativos— ha visto fracturado su consenso de la era de la globalización. El ala financiera de Wall Street y el bloque tecnológico de Silicon Valley, que durante décadas operaron como los arquitectos de la interdependencia con Pekín, hoy se ven subordinados a un nuevo consenso bipartidista en Washington dominado por el aparato de seguridad nacional.
Si disfrutáramos de una mirada de Arrighi y Wallerstein, habría una bifurcación sistémica, es decir, la economía-mundo capitalista estaría agotando la fase de expansión financiera de la hegemonía estadounidense. Siguiendo a Arrighi (Caos y gobernabilidad en el sistema-mundo), cuando la potencia hegemónica recurre a la militarización de las finanzas (sanciones, exclusión del SWIFT), acelera la creación de estructuras alternativas por parte de las élites no occidentales, precipitando la fragmentación del mercado mundial unificado.
Por el contrario, en Pekín, el Politburó del Partido Comunista de China (PCCh) ha consolidado un modelo de primacía de la seguridad estatal sobre la maximización del crecimiento económico abstracto. Bajo la premisa de la «seguridad total», las élites estatales y las empresas públicas (SOE, por sus siglas en inglés) han disciplinado a los barones tecnológicos del sector privado, reorientando el capital nacional desde el arbitraje financiero y las plataformas de consumo digital hacia la manufactura avanzada, la soberanía de la cadena de suministro y lo que Giovanni Arrighi identificó como la transición hacia un modelo de desarrollo no desposeedor.
Este primer artículo examinará cómo la colisión entre estas dos arquitecturas de élite está fragmentando la economía internacional. A través de la lógica del de-risking (reducción de riesgos), el nacionalismo tecnológico, la militarización de las finanzas y la disputa por los cuellos de botella de la infraestructura global, las dinámicas internas de las élites están arrastrando al sistema de economía-mundo —en el sentido acuñado por Immanuel Wallerstein— hacia una multipolaridad fragmentada e intrínsecamente inestable.
La arquitectura global de las últimas cuatro décadas se cimentó sobre un pacto implícito entre las élites occidentales y el funcionariado reformista de Pekín tras la apertura económica iniciada por Deng Xiaoping. Como analizó Giovanni Arrighi en Adam Smith en Pekín (2007) este proceso no supuso una mera capitulación de China ante el capitalismo neoliberal, sino una convergencia de conveniencias. Para la élite corporativa y financiera de los Estados Unidos, la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 representó una bonanza sin precedentes. Una masiva deflación de los costes laborales, la optimización de los retornos de capital mediante la deslocalización (offshoring) y el acceso a un mercado doméstico en expansión exponencial. Wall Street actuó como el principal valedor de Pekín en Washington, asegurando que las tensiones políticas sobre Taiwán quedaran subordinadas al flujo libre de mercancías y capitales.
Por su parte, la élite del Partido Comunista de China (PCCh) utilizó este flujo masivo de inversión extranjera directa para industrializar el país, absorber transferencias tecnológicas y sacar a centenares de millones de personas de la pobreza, legitimando su monopolio del poder político a través de un desempeño económico sin parangón. Durante este periodo, las reservas de divisas chinas se reciclaron masivamente en la compra de bonos del Tesoro de los EE.UU., creando un ciclo macroeconómico cerrado: China producía, Estados Unidos consumía a crédito, mientras Pekín financiaba la deuda estadounidense.
La llegada de Xi Jinping al poder en 2012 marcó un punto de inflexión decisivo en la autopercepción de la élite china. La crisis financiera global de 2008 ya había sido interpretada en Pekín como el síntoma inequívoco del declive terminal de la hegemonía financiera occidental, una lectura alineada con las tesis de Ray Dalio sobre el ciclo de grandes deudas y el cambio de orden mundial. La élite china determinó que la dependencia del consumo estadounidense y de las tecnologías occidentales clave (como los semiconductores y el software de infraestructura) exponía al país a un estrangulamiento estratégico. En consecuencia, se lanzaron iniciativas estructurales como el Made in China 2025 y, posteriormente, la estrategia de «Doble Circulación» o Xiconomics, diseñada para blindar el mercado interno y lograr la autosuficiencia tecnológica, al tiempo que se proyectaba el poder infraestructural a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI).
El consenso de las élites que sostenía el orden globalizado se quebró. En Washington, el giro hacia la confrontación que comenzó bajo la administración Trump no fue una aberración transitoria, sino la manifestación de un cambio tectónico en la elite de poder. Como reportó un análisis exhaustivo de Foreign Affairs en 2024, el establishment demócrata y el republicano convergieron en una doctrina común, el compromiso económico con China no había transformado su sistema político hacia el liberalismo; al contrario, había financiado el surgimiento de un competidor comunista de alta tecnología capaz de disputar la hegemonía estadounidense en el Indo-Pacífico y el control de los estándares globales.
En el escenario contemporáneo (2024-2026), la competencia estratégica ya no se dirime primordialmente en el terreno del libre comercio, sino en el control de las tecnologías de uso dual (civil y militar) y la resiliencia de las cadenas de valor. La economía internacional se ha convertido en un vector de la geopolítica, un fenómeno que el Peterson Institute for International Economics (PIIE) ha catalogado como la era de la «seguridad económica omnipresente».
El campo de batalla central de esta disputa es el ecosistema de los semiconductores avanzados, la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica. Las restricciones a la exportación impuestas por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE.UU., iniciadas de forma sistémica en octubre de 2022 y endurecidas sucesivamente de manera drástica, representan un intento explícito de estrangulamiento tecnológico. La doctrina del «patio pequeño y valla alta» (small yard, high fence), formulada por el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, busca asfixiar la capacidad de China para desarrollar chips de vanguardia por debajo de los 14 nanómetros, limitando su acceso a los sistemas de litografía ultravioleta extrema (EUV) producidos por la firma holandesa ASML y a las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de empresas estadounidenses.
Un informe del Center for Strategic and International Studies (CSIS) detalla cómo esta política ha obligado a una reestructuración forzosa de las cadenas globales. La respuesta de Pekín no ha sido la capitulación, sino una movilización masiva de recursos estatales a través de los «Grandes Fondos» de circuitos integrados, forzando a las élites corporativas locales a sustituir todos los componentes extranjeros. Firmas como Huawei y Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) han logrado avances significativos en la producción de chips a base de arquitecturas alternativas y procesos de litografía madura optimizados, lo que demuestra los límites de las sanciones unilaterales frente a un Estado con una base de ingenieros de escala continental.
Paralelamente, la disputa se ha trasladado al sector de la transición energética, donde China ostenta un cuasi-monopolio de facto. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) analizados por el Financial Times, Pekín controla más del 70% de la capacidad de refinamiento de minerales críticos como el litio, el cobalto y las tierras raras, y produce más del 80% de los módulos solares y baterías para vehículos eléctricos a nivel mundial. La élite automotriz y tecnológica europea y estadounidense se encuentra atrapada en una contradicción insoluble. Cumplir con las metas de descarbonización exige la integración de la tecnología china, pero la directriz geopolítica ordena la reducción de riesgos —de-risking—.
Esta paradoja económica genera una intensa fricción en el ámbito geofinanciero. La exclusión de Rusia del sistema SWIFT tras la invasión de Ucrania aceleró un proceso que se ha descrito como la diversificación del riesgo sistémico del dólar. La élite financiera china, en coordinación con sus homólogos del bloque BRICS+, ha expandido el uso del CIPS (Sistema de Pago Interbancario de China) y la internacionalización del yuan a través de contratos de materias primas denominados en la moneda china (el «petroyuan»).
Hoy en día, el nexo del poder se ubica en el aparato burocrático de seguridad nacional (Pentágono, agencias de inteligencia, Consejo de Seguridad Nacional) en estrecha alianza con facciones del Congreso. Esta coalición ha redefinido el interés nacional en términos de primacía militar y tecnológica. Silicon Valley, que inicialmente mantenía una postura ambivalente y globalista, se ha alineado progresivamente con Washington a medida que la computación de frontera y la IA se han convertido en prioridades de defensa. El auge de fondos de capital riesgo enfocados en «tecnología de defensa» (defense tech) y el protagonismo de figuras que conectan el desarrollo tecnológico con la seguridad estatal demuestran esta fusión.
En la República Popular China, la estructura de élite está estrictamente jerarquizada bajo el control de la dirección central del PCCh. El giro político de la última década ha consolidado el poder de los tecnócratas de la seguridad por encima de los cuadros puramente orientados al crecimiento del PIB que dominaron las eras de Jiang Zemin y Hu Jintao.
Esta mutación interna se manifestó con claridad en la campaña de regulación y disciplina de los grandes barones del sector tecnológico privado (Alibaba, Tencent, Ant Group, Didi) que comenzó en 2020. La dirección del Partido consideró que la acumulación descontrolada de capital, el control monopolístico de datos sociales por parte de entidades privadas y las veleidades financieras de sus fundadores amenazaban la estabilidad del régimen y desviaban recursos de los sectores verdaderamente estratégicos. El PCCh impuso multas billonarias, forzó reestructuraciones corporativas e integró comités del Partido directamente en la gobernanza de estas empresas.
La élite económica legítima en la China actual es aquella alineada con los objetivos del Estado. Las empresas de propiedad estatal (SOE) que controlan la infraestructura pesada, la energía y la banca, junto con una nueva generación de empresarios privados dedicados a las «tecnologías de cuello de botella» (hard tech): semiconductores, robótica industrial, biotecnología avanzada y nuevos materiales. La riqueza personal ya no garantiza la impunidad ni la influencia política; el capital debe subordinarse al imperativo histórico de la resiliencia nacional frente a lo que Pekín percibe como un cerco estratégico integral por parte de Occidente.
La colisión entre estas estructuras de élite proyecta riesgos sistémicos sobre la estabilidad geopolítica y macroeconómica global, manifestándose con especial gravedad en tres áreas críticas.
La imposición de barreras tecnológicas está creando una bifurcación de la arquitectura digital global, un fenómeno conocido como el «esplinternet». Países de América Latina, África y el Sudeste Asiático se ven sometidos a una presión diplomática y económica creciente para elegir entre la infraestructura tecnológica estadounidense (basada en el software occidental, nubes de datos hiperescalables — como la capacidad de un sistema tecnológico o arquitectura en la nube para crecer de manera masiva y ágil en respuesta a aumentos repentinos de demanda—, así como redes aliadas) o la infraestructura china (redes 5G/6G de Huawei, sistemas de vigilancia urbana, nubes estatales y cables submarinos financiados por Pekín). Esta fragmentación no solo duplica de forma ineficiente los costes de capital para las economías en desarrollo, sino que reduce la interoperabilidad global, ralentizando el ritmo de la innovación científica compartida y creando ecosistemas de información cerrados que exacerban la polarización geopolítica.
La concentración geográfica de las cadenas de suministro críticas significa que cualquier alteración en los «puntos de estrangulamiento» (chokepoints) puede desencadenar ondas de choque inflacionarias y parálisis industriales a nivel planetario, como el que ha dado lugar a la “guerra de los corredores”. El Estrecho de Taiwán, por donde transita un porcentaje altísimo de la flota de contenedores del mundo y prácticamente la totalidad de los chips de lógica avanzada producidos por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), constituye el epicentro del riesgo geopolítico.
Un informe de la RAND Corporation advierte que incluso un bloqueo de baja intensidad o una cuarentena aduanera impuesta por Pekín sobre la isla costaría billones de dólares a la economía mundial en cuestión de semanas. Asimismo, la proyección del poder naval chino en el Mar de la China Meridional y el Estrecho de Malaca colisiona directamente con la doctrina de libertad de navegación defendida por el Comando del Indo-Pacífico de EE.UU., manteniendo la región en un estado de alerta militar permanente.
El modelo económico de China, impulsado por sus élites estatales, descansa sobre altas tasas de inversión en manufactura avanzada combinadas con un consumo doméstico relativamente deprimido. Al no absorber toda la producción internamente, el excedente industrial se proyecta hacia los mercados globales en forma de exportaciones competitivas de vehículos eléctricos, baterías y paneles solares. Las élites políticas occidentales, temerosas de una segunda «ola de desindustrialización» que arrase con sus industrias autóctonas y desestabilice sus sistemas electorales, han respondido con la imposición de aranceles masivos y cuotas proteccionistas. Esta dinámica amenaza con desmantelar definitivamente el armazón institucional de la OMC, sumiendo al comercio internacional en un régimen de represalias mutuas, reminiscente del de la década de 1930.
El análisis de la competencia entre China y Estados Unidos a través de la confluencia de la geopolítica, la macroeconomía y la sociología de las élites revela un panorama sombrío, pero sumamente clarificador. La globalización, lejos de ser un proceso natural irreversible, fue un proyecto político-económico contingente, diseñado y sostenido por coaliciones de élites específicas que hoy han retirado su respaldo.
El sistema de economía-mundo analizado por Wallerstein está experimentando una transición estructural donde la eficiencia económica pura ha sido desplazada por el imperativo de la supervivencia y la autonomía política. La advertencia de Richard Lachmann adquiere una relevancia profética. Las élites de las grandes potencias, concentradas en la preservación de su control interno y en la neutralización de sus rivales directos, están desgarrando los bienes públicos globales —la estabilidad financiera, la cooperación climática, la gobernanza tecnológica común y la prevención de conflictos a gran escala— que garantizan la viabilidad del propio orden internacional.
No nos dirigimos hacia un colapso automático del sistema, sino hacia una era de multipolaridad armada y fragmentada, caracterizada por lo que los analistas denominan «paz armada disuasoria». En este entorno, la estabilidad global dependerá de la capacidad de las élites de poder en Washington y Pekín para establecer mecanismos mínimos de gestión de crisis. Sin embargo, en la medida en que las dinámicas políticas internas de ambas superpotencias sigan premiando el nacionalismo defensivo y penalizando el compromiso diplomático, los «pasajeros de primera clase» continuarán disputándose el timón de un orden global que amenaza con fracturarse bajo sus pies.
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Por; Lic. Alejandro Marcó del Pont
Trump, Xi y la diplomacia del daño mutuo (El Tábano Economista)
Donald Trump llegará a su encuentro con Xi Jinping en Beijing con una certeza incómoda, todavía puede hacer daño, pero ya no puede dictar las reglas del juego. Su repertorio es conocido, ruidoso y políticamente poco eficaz ante su electorado: aranceles, amenazas, controles tecnológicos, presión sobre bancos, sanciones secundarias, restricciones financieras, advertencias sobre chips, software y semiconductores. Es una caja de herramientas poderosa, pero no es un as en la manga. Casi todas esas herramientas tienen un defecto estructural, dañan también a quien las usa. En la relación entre Estados Unidos y China, la coerción económica dejó de ser una calle de una sola mano. Se convirtió en una avenida de doble circulación, cargada de obstáculos, desvíos y costos colaterales.
La reunión prevista para el 14 y 15 de mayo no llega en un vacío diplomático. Lo hace después de años de guerra comercial, de controles tecnológicos, de sanciones cruzadas y de una competencia cada vez menos disimulada por el control de los insumos estratégicos del siglo XXI. Reuters Breakingviews describió el próximo encuentro como una cumbre con más riesgos que promesas, donde el déficit comercial, Irán, los semiconductores y las tierras raras aparecen como parte de un mismo tablero. El dato central no es que Trump quiera mostrarse fuerte. Eso ya se sabe. El dato relevante es que, esta vez, la fortaleza estadounidense parece menos unilateral que antes. Washington descubrió que no puede vivir cómodamente sin ciertos insumos chinos; Beijing, a su vez, sabe que sigue necesitando tecnología estadounidense, pero también entiende que la dependencia es recíproca y que esa reciprocidad puede convertirse en arma.
Durante años, la sanción estadounidense funcionó como una forma de jurisdicción imperial informal. No hacía falta ocupar territorios ni desplegar tropas. Bastaba con controlar el acceso al dólar, al sistema financiero, a los bancos corresponsales, a las aseguradoras, a las navieras, a los mercados de capitales y a las tecnologías críticas. Una empresa podía estar en Europa, Asia o América Latina, pero si tocaba el sistema estadounidense, quedaba bajo la sombra de Washington. Esa fue una de las grandes ventajas estratégicas de Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría: convertir su centralidad financiera en poder político global. El problema para Trump es que China ya no se limita a quejarse de esa extraterritorialidad. Está construyendo instrumentos para volverla más costosa.
El caso de las refinerías chinas acusadas de comprar petróleo iraní lo muestra con claridad. En abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Hengli Petrochemical (Dalian) Chemical Co., una refinería independiente china, a la que acusó de haber comprado miles de millones de dólares en petróleo iraní. Para Washington, el objetivo era evidente: cortar ingresos a Teherán, presionar a quienes sostienen su comercio petrolero y advertir a terceros que el petróleo iraní no es una mercancía neutral sino una exposición jurídica y financiera. La medida formaba parte de una ofensiva más amplia contra la llamada flota fantasma iraní y contra las redes que permiten a Irán seguir exportando crudo pese a las sanciones.
Pero la respuesta china no fue una represalia clásica. No se limitó a sancionar a una empresa estadounidense equivalente, ni a imponer un arancel espejo, ni a emitir una condena diplomática rutinaria. El Ministerio de Comercio de China anunció una orden para bloquear el cumplimiento de las sanciones estadounidenses contra cinco refinerías: Hengli Petrochemical, Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical y Shandong Shengxing Chemical. Según Reuters, Beijing sostuvo que las sanciones estadounidenses violaban el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales, y ordenó que esas medidas no fueran reconocidas, implementadas ni cumplidas dentro del marco jurídico chino.
Ese movimiento marca un cambio cualitativo. China no está respondiendo solo con daño económico; está respondiendo con arquitectura jurídica. Está diciendo a bancos, traders, aseguradoras, navieras y socios comerciales: si obedecen automáticamente a Washington, pueden quedar expuestos en China. La sanción estadounidense funciona mejor cuando el resto del mundo la acata preventivamente, incluso sin estar obligado directamente. China intenta quebrar esa obediencia anticipada. No necesita destruir el poder financiero estadounidense. Le alcanza con hacerlo más ambiguo, más caro y más riesgoso.
La base de esta estrategia no apareció de un día para el otro. En 2021, China aprobó las “Reglas para contrarrestar la aplicación extraterritorial injustificada de legislación extranjera y otras medidas”. Esa normativa permite al Ministerio de Comercio emitir órdenes de prohibición cuando una ley extranjera, aplicada extraterritorialmente, restringe de manera injustificada las actividades comerciales normales de ciudadanos o empresas chinas. Más importante aún, si una persona o empresa cumple con una medida extranjera incluida dentro de una orden de prohibición y con eso perjudica a una empresa china, esta puede iniciar acciones ante un tribunal chino y reclamar compensación.
En términos menos jurídicos y más políticos: China está creando una pinza. Si una empresa extranjera cumple con las sanciones de Estados Unidos, puede exponerse a demandas o sanciones en China. Si no cumple con las sanciones de Estados Unidos, puede quedar bajo el castigo financiero de Washington. La empresa deja de ser simplemente un actor económico y se convierte en rehén de dos soberanías enfrentadas. Esa es la novedad. La disputa ya no ocurre solo entre Estados. Se traslada al contrato privado, al pago pendiente, al seguro marítimo, al crédito bancario, al proveedor de componentes, al distribuidor europeo, al importador asiático, al socio latinoamericano.
Imaginemos un caso hipotético. Una empresa china, TechWorld, fabrica componentes electrónicos de alta precisión. Una distribuidora europea, EuroDist, firma con ella un contrato por diez millones de euros. TechWorld produce y entrega. Antes del pago final, Estados Unidos incluye a TechWorld en una lista de sanciones por supuestas ventas a un tercer país sancionado, como podría ser Irán. EuroDist, temiendo perder acceso al sistema financiero estadounidense, decide no pagar. Desde su punto de vista, está actuando con prudencia. Desde el punto de vista chino, está acatando una medida extranjera considerada ilegítima y extraterritorial.
Si el Ministerio de Comercio chino emite una orden de bloqueo sobre esa sanción, TechWorld podría demandar a EuroDist ante tribunales chinos. Podría reclamar el pago adeudado, intereses, daños derivados de la interrupción comercial y eventualmente solicitar medidas sobre activos de EuroDist en China. EuroDist quedaría atrapada. Si paga, teme a Beijing. Si no paga, teme a Washington. La sanción deja de ser una línea recta entre Estados Unidos y la empresa sancionada; se transforma en una red de riesgos extendida sobre toda la cadena comercial.
Ahí está el corazón de la nueva estrategia china. Beijing entendió que la extraterritorialidad estadounidense opera porque terceros actores privados sobreactúan el cumplimiento. Los bancos cancelan cuentas, los proveedores suspenden operaciones, las aseguradoras se retiran, las navieras modifican rutas, los compradores se cubren, los abogados recomiendan prudencia extrema. China ahora busca introducir un costo contrario: cumplir demasiado con Washington también pueda ser jurídicamente peligroso. Es una forma de lawfare económico, pero no en el sentido superficial del término. Es la juridificación de la rivalidad geopolítica.
Trump, frente a eso, conserva herramientas importantes, pero todas tienen límites. La primera son los aranceles. Puede volver a amenazar con tarifas elevadas sobre productos chinos y presentarlas como prueba de dureza. El problema es que China ya aprendió a convivir con la presión arancelaria, a redirigir flujos comerciales y a absorber parte del daño. El Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés) señala que, después de la escalada de 2025, Estados Unidos y China redujeron parcialmente sus tarifas hacia fines de noviembre; aun así, el comercio bilateral cayó con fuerza y China alcanzó un superávit comercial muy elevado pese a los aranceles.
La segunda carta son los controles tecnológicos. Estados Unidos sigue controlando nodos decisivos: chips avanzados, software de diseño, equipos de fabricación, propiedad intelectual, sistemas operativos, herramientas de inteligencia artificial y maquinaria crítica para semiconductores. Esta es una ventaja real. Pero también aquí aparece una debilidad. Washington ha usado cada vez más los controles de exportación como fichas de negociación, no solo como instrumentos estrictos de seguridad nacional. El Center for Strategic and International Studies (CSIS) advierte que esa expansión erosiona la credibilidad del sistema, incentiva a China a acelerar su sustitución tecnológica y empuja a ambos países hacia una carrera de controles cada vez más amplia.
Cuando Washington dice que una tecnología no puede venderse por razones de seguridad nacional, pero luego negocia excepciones a cambio de compromisos comerciales, compras agrícolas o concesiones coyunturales, el mensaje se debilita. China interpreta que no se trata de una línea roja estratégica, sino de una moneda de cambio. Y cuando una herramienta de seguridad se convierte en moneda de cambio, pierde autoridad. También pierde capacidad para ordenar coaliciones, porque los aliados empiezan a preguntarse si están defendiendo una arquitectura común o acompañando una táctica transaccional de corto plazo.
La tercera carta es la más poderosa y la más peligrosa: el sistema financiero. Trump podría aumentar la presión sobre bancos chinos vinculados a pagos de petróleo iraní. Esa amenaza sí tiene densidad estratégica. Sancionar bancos, restringir acceso al dólar o castigar entidades que procesan pagos sensibles puede generar un impacto mucho mayor que sancionar refinerías independientes. El problema es que esa carta se parece menos a un as y más a una granada. Puede obligar a China a moverse, pero también puede llevar la disputa a un nivel sistémico. Si Washington toca bancos chinos relevantes, Beijing puede responder con restricciones regulatorias contra empresas estadounidenses, controles de exportación, investigaciones administrativas, presión sobre activos o nuevas medidas sobre cadenas de suministro.
La cuarta carta sería la coordinación con aliados. En términos estratégicos, esta es probablemente la más racional. Si Estados Unidos quiere reducir la dependencia de China en minerales críticos, semiconductores, baterías, insumos farmacéuticos y manufactura avanzada, no puede hacerlo solo. Necesita a Japón, Corea del Sur, la Unión Europea, Australia, Canadá, India, México y otras economías integradas en cadenas globales. Francia, por ejemplo, convocó a países del G7 para discutir cómo reducir la dependencia de China en materiales críticos, en un contexto donde las tierras raras y los imanes permanentes se volvieron una vulnerabilidad industrial y militar.
El problema es que la política exterior de Trump suele operar contra la lógica de esa coordinación. Su estilo es bilateral, personalista, transaccional y muchas veces hostil incluso con aliados. Para enfrentar a China de manera eficaz, Estados Unidos necesitaría paciencia institucional, previsibilidad, acuerdos de largo plazo y una narrativa compartida con sus socios. Trump, en cambio, privilegia el gesto inmediato: el arancel, la amenaza, la foto, el anuncio, la supuesta victoria. Esa teatralidad puede funcionar en campaña, pero no resuelve la dependencia estructural.
Y ahí aparece la mejor carta china: los cuellos de botella materiales. Estados Unidos controla nodos tecnológicos; China controla nodos físicos. Las tierras raras y los imanes permanentes son el ejemplo más evidente. El CFR sostiene que China domina la mayor parte del procesamiento global de tierras raras pesadas y de la fabricación de imanes permanentes, dejando a Estados Unidos en una dependencia casi total para ciertos elementos necesarios en tecnologías avanzadas. No se trata de un recurso exótico de laboratorio. Se trata de insumos para defensa, autos eléctricos, turbinas, electrónica avanzada, semiconductores, robótica y sistemas aeroespaciales.
La cuestión iraní agrega otra capa. China es un comprador central del petróleo iraní y ve el conflicto con Teherán no solo como un problema diplomático, sino como un asunto de seguridad energética. Reuters informó que el canciller iraní se reunió con Wang Yi en Beijing una semana antes del viaje de Trump, y que el estrecho de Ormuz y las negociaciones con Irán estarán en la agenda del encuentro Trump-Xi. Esto reduce aún más el margen estadounidense. Trump puede pedir a China que presione a Irán, pero China sabe que su relación con Teherán también le da una carta frente a Washington. Irán deja de ser solo un expediente de Medio Oriente y se convierte en una pieza dentro de la negociación sino-estadounidense.
Trump puede vender la cumbre como una pulseada de voluntades. Puede presentarse como el negociador duro que obliga a Xi a sentarse a la mesa. Puede prometer que los aranceles, las sanciones y la amenaza financiera devolverán a Estados Unidos una superioridad perdida. Pero la realidad es más desabrida. La negociación no se juega entre un acreedor y un deudor, ni entre un centro imperial y una periferia disciplinada. Se juega entre dos potencias interdependientes que conocen las vulnerabilidades de la otra y están dispuestas a explotarlas.
La alternativa más racional para Trump no sería buscar una victoria, sino negociar por capas: estabilizar el frente iraní, preservar flujos mínimos de tierras raras, limitar los controles tecnológicos a criterios de seguridad nacional verdaderamente defendibles, reducir el uso performativo de aranceles y reconstruir una coordinación seria con aliados. Pero eso exige disciplina estratégica. Exige aceptar que no todo anuncio ruidoso es una victoria. Exige entender que una economía interdependiente no se gobierna solo con amenazas. Y exige algo que Trump rara vez practica: distinguir entre presión y estrategia.
China, en cambio, parece estar jugando una partida más institucional. No responde únicamente con castigos puntuales, sino con marcos legales que condicionan el comportamiento de empresas, gobiernos y cadenas de suministro. No se limita a contestar golpe por golpe. Rediseña el terreno donde se produce el golpe. Ahí reside la diferencia fundamental. Washington usa la sanción como látigo. Beijing está construyendo un sistema para que obedecer ese látigo también tenga costo.
Por eso, si Trump llega a Beijing creyendo que todavía puede intimidar a China con el repertorio habitual, corre el riesgo de confundir ruido con poder. Su problema no es la falta absoluta de cartas. Su problema es que todas sus cartas tienen reverso. Cada arancel puede encarecer su propia economía. Cada control tecnológico puede acelerar la autonomía china. Cada sanción puede activar una orden de bloqueo. Cada amenaza financiera puede abrir un frente sistémico. Cada gesto unilateral puede empujar a los aliados a la cautela. China ya no espera pasivamente el próximo golpe. Lo anticipa, lo encuadra jurídicamente y lo convierte en un costo para terceros.
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