Anche oggi ricordo che la Svizzera, fino ad oggi, non ha né firmato né ratificato il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.
Dal 2008 è in attesa di una nuova casa!
Esso consente a noi persone con disabilità di far valere i diritti sanciti dalla Convenzione.
Senza il Protocollo facoltativo non possiamo ricorrere al Comitato delle Nazioni Unite contro le sentenze negative del Tribunale federale.
El organismo de las Naciones Unidas reportó la muerte y mutilación diaria de menores en territorio libanés. Las agencias humanitarias denunciaron el trauma y la profunda pérdida que padecen las familias afectadas. La comunidad internacional renovó el reclamo urgente de protección para la población civil expuesta.asesoró a Gorbachov, Yeltsin y Putin. El profesor Mearsheimer es el catedrático distinguido R. Wendell Harrison del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chicago.
#Líbano #CrisisHumanitaria #ProtecciónCivil #DerechosHumanos #ONU
Vous avez bien lu: #Bezos dit que le confort humain de base (l’eau potable) doit être sacrifié au profit de ses #datacenters.
Priver une population d’accès à l’eau peut relever du crime contre l’humanité,
l’accès à l’eau potable est un droit de l’homme essentiel à la vie (dixit l’#ONU).
http://theprint.in/feature/jeff-bezos-water-consumption-amazon-ai-potential/2964266/
La Organización de las Naciones Unidas reporta el fallecimiento de un menor de edad cada día en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego vigente. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia exige medidas adicionales para garantizar la seguridad civil. #Gaza #ONU
Más info: https://nbes.blog/israel-mata-promedio-nino-dia-gaza/
ONU alerta riesgos del reconocimiento facial sin regulación
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo advirtió que el uso del reconocimiento facial sin controles legales adecuados puede afectar la privacidad.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
El uso de tecnologías de reconocimiento facial por parte de fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia genera preocupación entre especialistas en derechos humanos. La advertencia más reciente proviene del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, Ben Saul. El experto presentó un documento que analiza los riesgos asociados con estas herramientas de vigilancia.
El informe señala que la tecnología permite identificar o verificar la identidad de una persona mediante imágenes de su rostro. Su utilización se ha expandido en ámbitos policiales y de seguridad nacional. Sin embargo, en numerosos países no existen marcos legales específicos que regulen su aplicación.
La investigación advierte que la ausencia de controles adecuados puede afectar derechos fundamentales. Entre ellos se encuentran la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la protección contra la discriminación. El documento plantea la necesidad de establecer límites claros para evitar abusos.
Tres formas de vigilancia
El informe identifica tres modalidades principales de reconocimiento facial utilizadas actualmente. La primera corresponde a sistemas de verificación con consentimiento, como el desbloqueo de dispositivos móviles o algunos controles fronterizos. En estos casos existe autorización previa de la persona usuaria.
La segunda modalidad consiste en la vigilancia en tiempo real mediante cámaras instaladas en espacios públicos. Estas herramientas comparan rostros con bases de datos policiales de manera automática. El procedimiento suele realizarse sin conocimiento previo de las personas observadas.
La tercera modalidad corresponde al análisis retrospectivo de imágenes. Las autoridades pueden revisar grabaciones de cámaras de seguridad, redes sociales o registros audiovisuales para identificar personas después de un hecho determinado. Según el informe, esta práctica también requiere reglas claras y mecanismos de supervisión.
Errores y discriminación
Uno de los principales riesgos identificados es el sesgo algorítmico presente en diversos sistemas de reconocimiento facial. Estudios citados por el documento muestran mayores tasas de error al identificar mujeres, jóvenes y personas de piel oscura. Estas fallas pueden derivar en consecuencias significativas para los afectados.
Una identificación incorrecta puede generar investigaciones injustificadas o detenciones indebidas. También puede provocar la incorporación errónea de una persona a listas de vigilancia. El informe advierte que un error tecnológico puede traducirse en afectaciones directas a los derechos individuales.
La precisión de estos sistemas también disminuye en condiciones reales de operación. Factores como iluminación deficiente, movimientos rápidos, ángulos complejos o el uso de mascarillas pueden afectar los resultados. El documento añade que no existe consenso científico sobre tecnologías que afirman identificar emociones o creencias mediante expresiones faciales.
Impacto en protestas
Uno de los apartados más sensibles analiza el uso del reconocimiento facial durante manifestaciones públicas. El informe sostiene que la identificación automática de participantes en protestas pacíficas puede generar efectos inhibitorios. Esta situación podría desalentar el ejercicio de derechos democráticos fundamentales.
De acuerdo con el documento, las personas pueden evitar participar en movilizaciones por temor a ser vigiladas o registradas en bases de datos oficiales. El relator especial considera que cualquier tecnología con ese potencial debe estar sometida a estrictos controles legales. En algunos casos, incluso plantea la posibilidad de prohibiciones específicas. –sn–
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🔒🌎 La SSPC participó en el lanzamiento de un programa impulsado por la #ONU e Italia para fortalecer el sistema penitenciario y las políticas de prevención del delito en México.
Fortalecen sistema penitenciario y prevención del delito autoridades ONU e Italia
Se inicia el Programa para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario y las Políticas de Prevención Social en México
Por Martín García | Reportero
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participó en el lanzamiento del Programa para el fortalecimiento del sistema penitenciario y las políticas de prevención social de la criminalidad en México, una iniciativa desarrollada por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (Unicri) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, en colaboración con el gobierno de Italia.
Durante el evento realizado en la sede de la ONU en México, el titular de Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), Jacobo Olaf Rodríguez, reconoció la visión estratégica de impulsar la cooperación internacional como una herramienta fundamental para el intercambio de conocimientos, el desarrollo de capacidades y la consolidación de instituciones más sólidas al servicio de la seguridad y la justicia.
Asimismo, destacó que recientemente una delegación mexicana integrada por representantes del Sistema Penitenciario Federal y del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México realizó una visita de trabajo a Italia, donde tuvieron un intercambio de conocimientos, experiencias, modelos operativos y mecanismos institucionales que han convertido a ese país en un referente internacional en materia penitenciaria.
Añadió que en esta administración se impulsa una visión integral de seguridad que considera el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la custodia penitenciaria, la inteligencia penitenciaria, la prevención del delito y la reinserción social como elementos fundamentales para la construcción de la paz. –sn–
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ONU asiste anualmente a 3 millones de venezolanos en áreas críticas
Periodistas Unidos es un colectivo de periodistas que buscan la libertad de expresión, la defensa de periodistas y la integración de diversas disciplinas culturales para la transformación de la sociedad.
ONU lleva al pleno de la Asamblea General la crisis de desapariciones de México
Amnistía Internacional México destacó que las personas desaparecidas y sus familias requieren respuestas efectivas. También señaló la necesidad de impulsar mecanismos de rendición de cuentas.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, trasladó a la Asamblea General la petición del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) para analizar la crisis de desapariciones y la situación forense en México. La solicitud se sustenta en información relacionada con más de 135 mil personas desaparecidas en el país. También considera la existencia de aproximadamente 72 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de autoridades ministeriales.
De acuerdo con el oficio A80/737 de la Asamblea General, fechado el pasado 12 de mayo, Guterres distribuyó entre los Estados miembros una comunicación relacionada con la situación mexicana. El documento incluye una carta del presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro. La misiva fue presentada conforme a los mecanismos previstos en la normativa internacional y se espera se desahoge en septiembre próximo.
El texto remitido a los países integrantes de la ONU hizo referencia al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Dicho instrumento permite al Comité solicitar la intervención de la Asamblea General en determinados casos. La disposición aplica cuando existen indicios sobre prácticas generalizadas o sistemáticas de desaparición forzada.
Solicitud internacional
En la carta fechada el 2 de abril, el presidente del CED explicó que entre febrero y mayo de 2025 el organismo recibió información de organizaciones civiles y colectivos de víctimas. Los reportes abordaron desapariciones, incluidas desapariciones forzadas. El Comité consideró que la gravedad de la situación justificó la aplicación del artículo 34.
Albán Alencastro señaló que el organismo recibió información complementaria durante sus trabajos de análisis. También indicó que los expertos revisaron documentación relacionada con México desde 2012. El proceso incluyó evaluaciones realizadas durante el vigésimo octavo periodo de sesiones del Comité.
Como parte de las actuaciones, el CED solicitó información adicional al Estado mexicano. El plazo fijado para la entrega de datos concluyó el 18 de septiembre de 2025. La revisión formó parte del procedimiento internacional de seguimiento.
Decisión del Comité
Tras evaluar la información disponible, el Comité decidió en marzo de 2026 comunicar con carácter urgente la situación mexicana a la Asamblea General. La determinación fue adoptada por los especialistas que integran el organismo. El objetivo consistió en colocar el tema dentro de los mecanismos multilaterales de la ONU.
En su comunicación, el presidente del CED solicitó que la Asamblea General considerara medidas de apoyo para México. Las acciones planteadas estarían orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas. También buscarían fortalecer la atención a la crisis forense.
El documento incluyó referencias a información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, incorporó observaciones e informes elaborados por el propio Comité. Todo ello fue remitido para conocimiento de los Estados miembros. –sn–
El Consejo de Seguridad de la ONU | Foto: Manuel Elías¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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