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Apertura IntelectualNiñez: derecho o discurso
Por: Luis Roberto Peralta Hernández
El 20 de marzo de 2026 fue publicado un boletín por parte del Poder Judicial del Estado de Baja California en el que se estipulaba el requisito por parte de quienes acudieran en representación de los derechos en litigio de niñas, niños y adolescentes, el contar con una especialidad, Maestría o Doctorado en materia familiar. Plazo en el que, si bien de momento podría bastar con una simple “Protesta de decir verdad que se cuenta con la experiencia en la materia”, si se establece un plazo de tres años para acreditar las especialidades o grados académicos descritos.
En un país donde se ha preponderado “la popularidad” o el llamado “voto popular” en lugar de la experiencia jurídica o el respeto a la carrera judicial, y que hemos sido testigos de las pifias jurídicas de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y más aún de jueces y magistrados, parece contradictorio e irrisorio que se pretenda que los postulantes deban cumplir con requisitos que, en la mayoría de los casos, los juzgadores no poseen.
Para nada es motivo de la presente colaboración el analizar una vez más la elección judicial ni mucho menos restar la vital importancia que requiere la preparación de los postulantes para el litigio de cualquier materia y máxime aquellas relacionadas con el derechos familiar en que se encuentren inmersos los derechos sobre todo porque siempre se debe velar por el interés superior de los niñas, niños y adolescentes, sin embargo estimado lector, como regularmente ocurre dentro de la columna de su servidor, sabemos ¿en que consiste este concepto?
En sus orígenes, la infancia o los infantes no eran considerados como susceptibles de ser titulares de derechos propios. Conceptos como la patria potestad en sentido estricto, entendían que bajo la perspectiva de los padres o tutores se velaría por sus intereses, sin que se le reconociera como tal participación o una autonomía en su reconocimiento.
Dentro de las primeras legislaciones en “reconocer” derechos de los niños encontramos a los franceses quienes en 1841 impulsaron una ley que regulaba los trabajos infantiles en las fábricas de acuerdo con grupos etarios y jornadas limitadas, siendo un primer esbozo de una protección jurídica diferenciada.
En la Declaración de Ginebra de 1924 en la Sociedad de Naciones, se reconoce por primera vez a nivel internacional que la infancia debe tener una protección especial así como ciertos correlativos deberes de la sociedad hacia los niños no concibiéndolos como derechos per se sino más bien como deberes morales.
Fue hasta 1989 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 adopta la Convención sobre los Derechos del Niño cuyo artículo 3 establece que:
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
Este concepto al formar parte del marco jurídico mexicano implica que se debe analizar bajo tres dimensiones:
• Es un derecho sustantivo en atención a que obliga a todas las instituciones tanto de carácter público como privado a reconocer que los derechos de los niños, niñas y adolescente es un derecho por sí mismo siendo ellos titulares, con lo que lo pueden exigir ante cualquier situación de riesgo por lo que se debe priorizar su bienestar integral de manera efectiva.
• Como principio interpretativo, ya que obliga a todas las autoridades que ante la interpretación de la ley o para el caso en que existieran varias interpretaciones de una misma norma, las autoridades están obligadas a optar por aquella que favorezca u otorgue una mayor protección a las niñas, niños o adolescentes.
• Como norma de procedimiento, consiste en la obligación impuesta a todas las autoridades para que al momento de estar frente a la necesidad de la aplicación de alguna ley invocándose este principio, no basta únicamente en citarlo, sino que además deberá de quedar de manifiesto el cómo se valoró y fundamentar el sentido de la mayor amplitud en la protección en la esfera jurídica de ellos.
De manera concreta, dentro de la legislación mexicana, este concepto del interés superior de niñas, niños y adolescentes se fundamenta, además de la fuente internacional anteriormente citada, a partir de lo consagrado en el artículo 4 Constitucional que a la letra dice:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Y de manera específica, hay una ley denominada Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en 2014 en cuyo artículo 2 sostiene:
- El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.
Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.
En conclusión, estimado lector, la exigencia de estudios especializados para quienes intervienen en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescente en nuestro país, debe analizarse de una manera integral y con una visión con la mayor amplitud posible; no podemos pensar que un simple requisito de carácter formal logre el verdadero alcance para garantizar este trascendental interés superior, puesto que no implica únicamente una cuestión que pueda constreñirse a un entorno académico desde el punto de vista técnico. La propia naturaleza de los derechos en riesgo requiere un estudio ético y situacional que impactará no solo en la esfera jurídica de estos sujetos sino también en su desarrollo en la edad adulta.
Es por ello, que en la actualidad, existe la tendencia no únicamente jurídica de dejar de utilizar la palabra “menores” para las niñas, niños y adolescente, más allá de una nota lingüística o de corrección política, ya que éstos deben considerarse como sujetos de derechos plenos. Anteriormente, sostienen quienes impulsan esta teoría, hacía referencia a señalarlos como menores pues no reunían ciertas características o criterios que les dotaba de “capacidad” colocándolos en una posición de inferioridad o subordinación frente a los adultos, invisibilizando su individualidad y desarrollo.
La trascendencia de este concepto que he compartido con ustedes estimados lectores, porque incluso en la Constitución y la ley secundaria, de manera deliberada el legislador dejó de utilizar el término de menores para transformarlo en niñas, niños y adolescentes, buscando reconocer su integridad, dignidad e identidad al ser titulares de derechos, reconociéndolas como personas en desarrollo, que pueden y deben ser escuchadas dejando a un lado la visión tutelar y de incapacidad para el ejercicio de determinados derechos que constituyen parte de su individualidad.
“No hay niños, hay personas”.
Janusz Korczak
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El tábano economistaAlemania, del escudo social al escudo militar
Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont
La regla es: déficit para las armas, austeridad para las personas (El Tábano Economista)
Nunca en la historia de la posguerra alemana se había visto una operación de ingeniería fiscal y social tan descaradamente hipócrita. Mientras Friedrich Merz, anuncia un drástico tijeretazo de casi 40.000 millones de euros al Estado del Bienestar, el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges no cotizantes y pensiones reducidas a una mera «cobertura básica», su gobierno ha aprobado simultáneamente una reforma constitucional que permite endeudarse sin límites para financiar el rearme, eliminando de un plumazo cualquier restricción al déficit público cuando se trata de armamento.
La máxima es sencilla y brutal: austeridad para las mayorías, deuda ilimitada para las minorías armamentísticas. Y en el centro de esta operación, un mismo nombre —BlackRock— aparece tanto en el pasado laboral del canciller como en la lista de accionistas institucionales de prácticamente todas las empresas del DAX (índice bursátil alemán) y, de manera especialmente significativa, de los principales contratistas de defensa alemanes, con una participación del 7,19 % en Rheinmetall AG.
El presupuesto alemán para 2026, aprobado por el Bundestag el pasado noviembre, asciende a unos 524.000 millones de euros en gasto ordinario, a los que hay que sumar los fondos especiales extrapresupuestarios. El resultado es un endeudamiento total que roza los 180.000 millones de euros, la segunda cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Alemania ha logrado eliminar el límite de gasto en defensa mediante una modificación constitucional de marzo de 2025. El artículo 109 de la Ley Fundamental incorporó una excepción. Todo gasto en defensa y seguridad que supere el 1% del PIB queda automáticamente exento del freno de deuda. En términos prácticos, eso significa que, a partir de un umbral de unos 45.000 millones de euros anuales (el 1% del PIB alemán), el Estado puede endeudarse sin límite para financiar rearme, protección civil, inteligencia, ciberseguridad y ayuda a países atacados como Ucrania, diluyendo la llamada disciplina fiscal que a otros países se les ha exigido durante décadas, con deuda no presupuestada.
Complementariamente, el gobierno creó un fondo especial para infraestructuras de 500.000 millones de euros. Este patrimonio extrapresupuestario no está sujeto al freno de deuda y se financia íntegramente con crédito, con la condición de que el dinero se gaste en 12 años. Al mismo tiempo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE activaron para Alemania la cláusula nacional de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que permite superar el límite de déficit del 3% durante cuatro años siempre que el exceso se deba al aumento del gasto en defensa.
El Tratado de Maastricht de 1992 estableció dos criterios básicos para la pertenencia al euro: déficit público menor al 3% del PIB y deuda pública menor al 60% del PIB. Alemania fue durante años el «alumno ejemplar», pero la realidad actual es muy distinta. Según Euractiv, 11 de los 27 Estados miembros superan actualmente el límite del 3% de déficit y 13 sobrepasan el 60% de deuda. La propia Alemania, una vez contabilizados los fondos fuera de balance, alcanzó un déficit real del 3,2% del PIB en 2025, superando el umbral de Maastrich.
BlackRock será uno de los que capture los fondos de la política fiscal y de endeudamiento alemán. El fondo también ha lanzado recientemente el ETF iShares Europe Defence UCITS, un producto financiero que capitaliza directamente el incremento del gasto militar europeo. De esta manera, la misma entidad, BlackRock, que asesora y dirige las políticas de deuda pública (a través de su expresidente, ahora canciller) se beneficia doblemente. Por un lado, de los contratos de rearme que el propio gobierno impulsa; por otro, de la deuda pública emitida para financiarlos, en la que BlackRock también es un actor destacado en los mercados de bonos.
La ironía es doblemente cruel. Durante años, Alemania aleccionó a los países del sur de Europa, Grecia en especial, sobre los peligros del déficit y la necesidad de la ortodoxia fiscal. Ahora que le toca a Berlín, no solo suspende sus propias reglas, sino que lo hace para un fin —el rearme— que en el pasado ha terminado siempre en catástrofe.
La narrativa oficial para justificar este giro copernicano es la «amenaza rusa». Según los propagandistas del gobierno, Alemania necesita gastar hasta el 3,5 % de su PIB en defensa porque Estados Unidos ya no garantiza su protección. Pero hay dos problemas fundamentales con este relato.
El primero es que la principal amenaza para la economía alemana en los últimos años no ha sido Rusia, sino la destrucción del gasoducto Nord Stream el 26 de septiembre de 2022. Tres años después del sabotaje, las consecuencias siguen siendo devastadoras. Pérdidas económicas estimadas en más de 160.000 millones de euros, precios del gas un 84 % más altos que antes de la guerra, dos años consecutivos de contracción del PIB (‑0,3 % en 2023 y ‑0,2 % en 2024) y un crecimiento de apenas el 0,2 % para 2025. El fin del gas ruso barato ha hundido la competitividad de los sectores de uso intensivo de energía y ha provocado una deslocalización industrial silenciosa pero masiva.
El segundo problema es que mientras el gobierno alemán predica la necesidad de «contención del déficit» para justificar recortes sociales, la propia Unión Europea ha activado para Alemania la «cláusula nacional de escape», que permite superar el límite del 3 % de déficit del Tratado de Maastricht durante cuatro años si el exceso se debe a gasto en defensa. Es decir: Alemania no necesita recortar el Estado del Bienestar para cumplir las reglas europeas; elige hacerlo. Porque el verdadero objetivo no es la sostenibilidad fiscal, sino la transferencia masiva de recursos públicos hacia la industria armamentística, de la que BlackRock es uno de los principales accionistas.
Mientras Merz recorta prestaciones sociales y multiplica la deuda para financiar el rearme, las grandes corporaciones alemanas que sustentan el índice DAX están abandonando el país de manera acelerada. La hipocresía de las élites empresariales alemanas alcanza cotas insospechadas: piden más gasto público en defensa (donde están invertidas) y simultáneamente deslocalizan su producción a China y Estados Unidos, donde los costes energéticos y laborales son más competitivos.
En China, Volkswagen opera más de 30 plantas y construye su mayor centro de I+D fuera de Alemania en Hefei; la química BASF ha invertido 87.000 millones de euros en su mega-complejo de Zhanjiang (18 plantas integradas), su tercera mayor base de producción global; BMW y Mercedes cuentan con dos plantas cada una, y el número de empresas alemanas en China supera ya las 8.200. China se ha convertido de nuevo, en 2025, en el mayor socio comercial de Alemania. En Estados Unidos Rheinmetall, el principal beneficiario del rearme alemán, opera 6 plantas en territorio estadounidense, mientras recibe miles de millones en contratos públicos alemanes. BMW, Mercedes, Volkswagen y BASF han realizado expansiones multimillonarias en EE.UU., atraídas por los bajos precios energéticos (gracias al fracking) y los incentivos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación de Biden.
El mensaje es inequívoco, las élites empresariales apoyan el rearme alemán siempre que éste no afecte a su cuenta de resultados. Mientras el gobierno alemán inyecta centenares de miles de millones en defensa e infraestructuras, las empresas del DAX invierten esos mismos recursos en otros países. El patriotismo de las élites es, como siempre, simple cuando hablamos de armamento (donde los beneficios son seguros), inexistente cuando hablamos de mantener empleos y tejido industrial en Alemania.
BlackRock y Merz tienen una relación incómodamente estrecha. El canciller fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Alemania entre 2016 y 2020. No era un gestor de activos cualquiera, era la cabeza visible en Alemania del mayor fondo de inversión del mundo, con más de 10 billones de dólares bajo gestión directa y presencia en prácticamente todas las grandes empresas del planeta.
El conflicto de intereses es flagrante. BlackRock es accionista institucional de todas las principales empresas de defensa europeas y estadounidenses: en Rheinmetall (7,19 %), Airbus (alrededor del 5 %), Leonardo (3 %), Thales (más del 1 %), BAE Systems, y también de sus competidoras estadounidenses Lockheed Martin (4,9 %), Boeing (3,9 %), Raytheon (4,8 %) y Northrop Grumman (4,2 %). La misma entidad que financió el ascenso político de Merz y de la que él fue su máximo representante en Alemania es ahora la principal beneficiaria del rearme que él mismo impulsa desde la Cancillería.
No se trata de una conspiración, sino de la constatación de un hecho: Alemania está transfiriendo decenas de miles de millones de euros de deuda pública a manos de los accionistas de la industria armamentística, encabezados por BlackRock. Los recortes sociales no son un accidente; son la otra cara de la misma moneda. El déficit público no se reduce; simplemente se reorienta, hacia el armamento en lugar de hacia la sanidad, las pensiones o la educación.
Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, es obligado recordar la reunión secreta del 20 de febrero de 1933 en la residencia oficial del presidente del Reichstag, Hermann Göring. Allí, Adolf Hitler, recién nombrado canciller, se reunió con entre 20 y 25 de los principales industriales y banqueros alemanes: Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (Krupp), Fritz von Opel (Opel), Günther Quandt (que luego sería nombrado líder de la economía de armamento), representantes de Siemens, IG Farben, Allianz, BASF, Telefunken, Agfa, Bayer y Deutsche Bank.
El orden del día era sencillo, recaudar tres millones de Reichsmarks para financiar la campaña electoral nazi de marzo de 1933, cuyo objetivo era alcanzar la mayoría de dos tercios para aprobar la Ley de Habilitación que concedería a Hitler poderes dictatoriales. Según las actas, se recaudaron 2.071.000 Reichsmarks en la propia reunión, y Goebbels afirmó haber obtenido los tres millones completos.
El historiador y escritor francés Éric Vuillard, en su libro El orden del día, narra con extraordinaria precisión el desarrollo de aquella reunión. Los industriales escucharon a Hitler y Göring explicarles que el comunismo era la amenaza inminente, que la democracia parlamentaria no podía hacer frente a esa amenaza y que se necesitaba un «golpe de autoridad». A cambio de su financiación, los industriales obtendrían la destrucción de los sindicatos, la prohibición del Partido Comunista, la eliminación de cualquier restricción al rearme y la garantía de que el nuevo régimen serviría fielmente a los intereses del gran capital.
La historia posterior es conocida: el rearme masivo alemán condujo a la Segunda Guerra Mundial y a la muerte de decenas de millones de personas. Los mismos industriales que financiaron a Hitler, tras la guerra, recuperaron su lugar en la élite económica alemana como si nada hubiera ocurrido.
Hoy, el paralelismo es escalofriantemente evidente. Friedrich Merz, expresidente de BlackRock Alemania. Como en 1933, la élite industrial y financiera alemana apoya esta política porque se beneficia directamente de ella. BlackRock, el mayor accionista de Rheinmetall y de casi todas las empresas del DAX, no tiene ningún incentivo para detener un proceso que multiplica el valor de sus inversiones.
La diferencia es que hoy la retórica es distinta. Entonces hablaban de «comunismo», ahora hablan de «amenaza rusa». Pero el mecanismo es idéntico: crear un enemigo externo, movilizar el aparato del Estado en favor de la industria armamentística, financiar todo ello con deuda pública y cargar el coste sobre las espaldas de los ciudadanos mediante recortes en el Estado del Bienestar.
Friedrich Merz no solo fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Alemania; sigue manteniendo estrechos vínculos con la élite financiera que ahora se beneficia de sus decisiones de gobierno. La oposición en el Bundestag ya ha denunciado abiertamente el conflicto de intereses, calificando a Merz de «conflicto de intereses andante» y advirtiendo que «nosotros tenemos que pagar todo esto, y encima soportar que este individuo nos recorte todas las prestaciones estatales».
El problema no es solo ético, sino estructural. La concentración de la propiedad del DAX en manos de unos pocos fondos estadounidenses (BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Capital Group) ha convertido el capitalismo alemán en una plutocracia transnacional, donde las decisiones que afectan a millones de ciudadanos se toman en función de los intereses de unos pocos accionistas institucionales.
Alemania está cometiendo el mismo error en el que incurrió tres veces en el último siglo y medio. Cada rearme alemán —desde la guerra franco-prusiana de 1870, pasando por la carrera armamentística previa a la Primera Guerra Mundial en 1914, hasta el rearme nazi de 1933— ha terminado en catástrofe. La historia debería habernos enseñado que la ecuación «austeridad para la población + deuda ilimitada para armamento = desastre» no admite excepciones.
Pero las élites no aprenden. No aprenden porque no les interesa aprender. A BlackRock y a la industria armamentística alemana les importa muy poco si dentro de diez o veinte años Europa está en guerra. Les importa el beneficio inmediato que obtienen de los miles de millones de euros que el gobierno alemán está inyectando en el sector de la defensa.
Mientras tanto, los ciudadanos alemanes soportan una inflación persistente, unos precios energéticos que no dejan de subir, un sistema sanitario que se desmantela, unas pensiones que se reducen a «cobertura básica» y unos salarios que no crecen al ritmo de los precios. Todo ello para financiar un rearme que, si la historia sirve de algo, acabará mal.
El grito de la oposición de izquierdas en el Bundestag resuena con una claridad que el gobierno de Merz se niega a escuchar: «La factura del nuevo ciclo militar empieza a trasladarse al bolsillo de los hogares». Mientras tanto, BlackRock sonríe y se frota las manos.
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