Avanza Dolores González Saravia para presidir derechos humanos capitalino

El Congreso capitalino designó, en comisiones, la designación de la próxima titular de la CDHCM.


Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la designación de María Dolores González Saravia Calderón para presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para el periodo 2025-2029. La decisión será presentada ante el Pleno el próximo 6 de noviembre.

El dictamen fue emitido por la comisión presidida por la diputada Jannete Guerrero Maya, quien informó que el perfil de González Saravia obtuvo la calificación más alta entre las aspirantes evaluadas. Su trayectoria recibió el respaldo de organizaciones civiles, académicos y especialistas en derechos humanos.

Durante la sesión, los legisladores reconocieron que el proceso de selección cumplió los principios de transparencia y participación ciudadana. Los integrantes de la comisión coincidieron en que la trayectoria de la candidata reflejaba una sólida formación técnica y compromiso con la defensa de los derechos fundamentales.

Perfil con trayectoria consolidada

En la evaluación se consideraron criterios como la experiencia en investigación, promoción y defensa de los derechos humanos, así como su conocimiento de los marcos normativos locales, nacionales e internacionales. También se valoró su participación en mecanismos alternativos de solución de conflictos y justicia restaurativa.

El dictamen detalló que la nueva titular de la CDHCM posee una visión centrada en la mediación y la construcción de paz. Su propuesta de trabajo incluye fortalecer la institución mediante políticas de prevención de violaciones a derechos y acciones de acercamiento con la ciudadanía.

La comisión legislativa señaló que González Saravia presentó un proyecto integral con enfoque de derechos y de justicia social, priorizando la atención a víctimas y la reparación integral del daño. Su perfil fue considerado idóneo para dirigir la institución durante los próximos cuatro años.

Vínculos y antecedentes profesionales

En el ámbito familiar, Dolores González Saravia es hermana de Margarita González Saravia, actual gobernadora de Morelos. No obstante, los legisladores subrayaron que su designación se basó exclusivamente en su experiencia profesional y no en vínculos políticos.

Con más de cuarenta años de trabajo en la defensa de los derechos humanos, González Saravia participó en procesos de mediación y acompañamiento a víctimas en casos emblemáticos a nivel nacional. Su labor ha sido reconocida por organismos internacionales y colectivos sociales.

El dictamen puntualizó que su plan de trabajo propuso una Comisión de Derechos Humanos fortalecida institucionalmente, con perspectiva de paz y de justicia restaurativa. También planteó la creación de mecanismos de seguimiento ciudadano y la colaboración interinstitucional con dependencias del gobierno federal. –sn–

María Dolores González Saravia Calderón

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Édgar Maldonado asume Secretaría de Gobierno en Morelos

Margarita González Saravia nombró a Édgar Maldonado nuevo secretario de Gobierno. Cambio en el gabinete estatal.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, designó a Édgar Maldonado Ceballos como nuevo secretario de Gobierno, tras el fallecimiento de Juan Salgado Brito ocurrido el pasado domingo. La mandataria formalizó el nombramiento este jueves, en una ceremonia realizada en la sede del Ejecutivo estatal.

El nuevo funcionario asumió oficialmente el cargo este viernes, dejando la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde permaneció ocho meses al frente. La designación busca garantizar la continuidad de la coordinación institucional entre las dependencias estatales y los distintos niveles de gobierno.

Con esta decisión, el gobierno estatal dio por concluido el encargo temporal del subsecretario Miguel Ángel Peláez, quien había sido designado como responsable interino tras la muerte de Salgado Brito.

Perfil de Édgar Maldonado

Maldonado Ceballos es originario de Morelos y cuenta con formación en Derecho. Es considerado uno de los perfiles más cercanos a la gobernadora González Saravia, con quien colaboró en la Lotería Nacional y durante la campaña por la gubernatura como coordinador jurídico.

El nuevo secretario tiene 36 años de edad y ha desempeñado distintos cargos en el ámbito legal y administrativo. Su trayectoria se ha caracterizado por la conducción de procesos de reestructuración institucional en materia de justicia y transparencia.

Durante su gestión en la Fiscalía General del Estado, promovió la depuración de mandos medios y la modernización de los sistemas internos de investigación, con el objetivo de mejorar la operatividad del organismo.

Transición en la Fiscalía General

El nombramiento de Maldonado deja en pausa las investigaciones administrativas y financieras iniciadas en torno a la gestión del exfiscal Uriel Carmona Gándara, quien enfrenta diversos procesos judiciales. Estas pesquisas deberán continuar bajo la dirección del próximo titular de la Fiscalía.

Fuentes del Ejecutivo estatal informaron que se analizarán distintos perfiles para ocupar la vacante, a fin de garantizar la autonomía institucional y la continuidad de las labores ministeriales en el estado.

El gobierno estatal destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General, para avanzar en materia de seguridad, gobernabilidad y atención ciudadana. –sn–

Margarita González Saravia y Édgar Maldonado

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Morelos lamenta fallecimiento de secretario de Gobierno

Gobernadora confirma muerte de Juan Salgado; causas aún desconocidas. Confirmación oficial de la gobernadora.


Por Julián Nájera | Corresponsal                                                

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, confirmó el fallecimiento de Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno del estado, ocurrido el domingo 26 de octubre, sin que se haya precisado la causa oficial.

La gobernadora publicó en redes sociales su pesar por la muerte del funcionario, resaltando su integridad, compromiso con el desarrollo de Morelos y la atención a causas sociales durante su carrera.

De acuerdo con La Jornada, la semana anterior, Saravia negó que Salgado Brito presentara alguna enfermedad, luego de que su ausencia se notara en las conferencias de prensa semanales.

Reconocimiento público del legado

En su mensaje, la gobernadora subrayó la visión humanista del secretario y su trayectoria orientada por los valores de justicia, dignidad y bienestar para la población morelense.

Asimismo, González Saravia resaltó que Salgado Brito confiaba en el diálogo y la construcción colectiva como ejes de su trabajo gubernamental, promoviendo acuerdos con diversos actores sociales y políticos.

La funcionaria enfatizó que el legado del secretario permanecerá en la historia y en la memoria del pueblo, reforzando la importancia de sus contribuciones al gobierno estatal y la administración pública.

Trayectoria y contribuciones

Durante su gestión, Juan Salgado Brito participó en la coordinación de políticas públicas y en la implementación de programas sociales que fortalecieron el desarrollo regional y la infraestructura institucional de Morelos.

Su papel como secretario de Gobierno implicó la atención directa a conflictos locales, la supervisión de áreas administrativas y la colaboración con dependencias estatales y federales.

Diversos actores políticos y ciudadanos reconocieron la labor de Salgado Brito, señalando su constancia en la ejecución de proyectos estratégicos y su disposición al diálogo con la sociedad civil. –sn–

Juan Salgado Brito

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Morelos refuerza procesos judiciales contra el crimen

Autoridades buscan cerrar la “puerta giratoria” y evitar liberaciones por errores legales.


Por Julián Nájera | Corresponsal                                                

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que los poderes Ejecutivo y Judicial iniciaron un proceso de homologación jurídica. El objetivo fue fortalecer los procedimientos legales y evitar que fallas técnicas impidieran la retención de presuntos criminales.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria expresó que la coordinación entre ambas instancias resultaba indispensable. Argumentó que la falta de sincronía en las detenciones permitió el regreso a las calles de sujetos investigados por delitos graves.

El reforzamiento de los mecanismos judiciales incluyó revisión de protocolos, alineación de criterios y entrenamiento especializado. La intención, explicó, fue asegurar que los operativos de seguridad no fueran neutralizados por tecnicismos legales. “Queremos que los esfuerzos no sean anulados por errores procesales o decisiones judiciales dudosas”, señaló González Saravia.

Crisis por liberación de delincuentes

La decisión surgió tras semanas de confrontación entre autoridades estatales. Las tensiones crecieron cuando ambas partes se acusaron mutuamente de permitir la liberación de al menos 40 presuntos criminales. En medios y redes sociales, se reactivó el debate sobre la existencia de una “puerta giratoria”. Críticos aseguraron que la impunidad persistía debido a deficiencias judiciales y operativas.

Diversas voces acusaron que la justicia estatal permitió que delincuentes regresaran rápidamente a las calles. La situación generó cuestionamientos al actuar de jueces, ministerios públicos y policías.
El caso más reciente ocurrió en Cuernavaca, donde un detenido por secuestro fue liberado tras 72 horas.

Homologación de procedimientos legales

Para evitar hechos similares, González Saravia indicó que comenzaron a unificar los criterios legales entre fiscalías, jueces y cuerpos de seguridad. La revisión incluyó cómo se ejecutaban las detenciones y qué pruebas eran fundamentales.

“Estamos armonizando aspectos relacionados con los arrestos y la forma correcta de realizarlos”, declaró. También dijo que las acciones integraban una estrategia conjunta con la fiscalía del estado.

El plan involucró capacitación a policías y a los agentes del ministerio público, enfocados en judicialización efectiva. La gobernadora mencionó que errores mínimos podrían facilitar la liberación de los imputados. Subrayó que el sistema de justicia penal exigía precisión técnica y coordinación entre niveles del gobierno.

Capacitación y coordinación institucional

Las nuevas acciones se centraron en eliminar los vacíos legales que impedían la correcta judicialización. De igual forma, se reforzaron los criterios de evidencia y resguardo de pruebas para evitar nulidades.

El estado de Morelos pidió también apoyo al poder federal para fortalecer su sistema de justicia. Se buscó acompañamiento en los procesos penales de alto impacto.

Los errores frecuentes que ocasionaban la liberación de sospechosos fueron identificados en el informe jurídico más reciente. Entre ellos, la falta de cadena de custodia y documentación incompleta. La gobernadora aseguró que no permitirían que el crimen organizado utilizara los vacíos legales como escudo.

Llamado a jueces y fiscales

González Saravia hizo un llamado a jueces y fiscales para que actuaran con rigor, ética y apego a la ley. Recalcó que el pueblo exigía resultados, sobre todo en delitos de alto impacto como homicidio y secuestro. El compromiso del Ejecutivo fue garantizar seguridad, pero solicitó reciprocidad en el Poder Judicial. La mandataria dijo que no tolerarían más excusas en decisiones que dejaban sin justicia a las víctimas.

Afirmó que trabajarían bajo el principio de cero impunidad, alineando esfuerzos para combatir la criminalidad. Destacó que, sin coordinación, los avances serían anulados. También advirtió que las irregularidades o actos de corrupción serían investigados y sancionados. –sn–

Margarita González Saravia

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En Morelos, avanza reconstrucción de camino a Xochitlán en Yecapixtla

Pavimentan 5,500 m² en segunda etapa.


Por Julián Nájera | Corresponsal                                                

La segunda etapa del nuevo camino de acceso a Xochitlán, en el municipio de Yecapixtla, presentó un avance del 35 por ciento. Esta fase representó un progreso sustancial en la recuperación de la conectividad, luego del derrumbe provocado por las lluvias de septiembre del año pasado. Así lo informó el secretario de Infraestructura del gobierno de Morelos, Adolfo Barragán Cena.

Esta obra respondió al compromiso del gobierno estatal que encabeza Margarita González Saravia, centrado en garantizar accesos seguros y funcionales. El objetivo principal fue atender a comunidades históricamente rezagadas en infraestructura y fomentar su desarrollo integral. De acuerdo con las autoridades, la pavimentación es parte esencial para restablecer la movilidad de forma permanente.

Obra con enfoque social

Barragán Cena explicó que los trabajos se enfocaron en la pavimentación de cinco mil 500 metros cuadrados. En esta superficie, se contempló el uso de mil 250 metros cúbicos de concreto hidráulico para garantizar durabilidad. La estructura tendrá resistencia a largo plazo, según la planeación técnica de la dependencia. Además, se contempló la mejora de las condiciones de circulación para vehículos particulares y de carga.

Después de concluir esta etapa, se continuará con la construcción de cunetas laterales para desviar el agua pluvial. Estas obras permitirán una mejor conservación del camino durante las lluvias. También se colocará señalización horizontal para reducir accidentes en esta zona.

Medidas contra la erosión

Otra acción prevista fue la instalación de una geomanta en parte del talud que bordea el camino. Esta medida permitirá mitigar procesos de erosión, frecuentes en temporadas húmedas. Según la Secretaría de Infraestructura, este elemento asegurará la estabilidad del camino por años. La obra se desarrolló bajo estándares técnicos aplicables en zonas de pendiente pronunciada.

La dependencia subrayó que todas las etapas del proyecto fueron supervisadas por ingenieros especializados. Se aplicaron protocolos de calidad y seguridad en cada fase. Así se evitó cualquier riesgo que afectara a los habitantes o a los trabajadores.

Con inversión estatal directa

El proyecto recibió una inversión estatal aproximada de 18 millones de pesos. Esta cifra permitió cubrir materiales, maquinaria, mano de obra y procesos técnicos necesarios. El financiamiento fue destinado íntegramente por el gobierno estatal, sin recurrir a deuda pública. Con ello se consolidó el compromiso por impulsar obras prioritarias sin afectar las finanzas.

Con la rehabilitación del acceso, la movilidad y la seguridad vial en Xochitlán y sus alrededores mejorará notablemente. Las autoridades mencionaron que también se beneficiará el comercio local, facilitando el traslado de productos agrícolas. La obra fue considerada estratégica para el desarrollo económico de la región.

Obra continuará su curso

El secretario Barragán Cena confirmó que la obra mantiene su ritmo conforme al calendario establecido. Los trabajos no presentaron retrasos y continuarán con normalidad durante las próximas semanas. La prioridad será entregar una vía completamente funcional antes del próximo temporal.

La pavimentación permitirá un tránsito más eficiente, especialmente en época de lluvias cuando los caminos se vuelven intransitables. Esta intervención solucionará un problema estructural que por años afectó a la comunidad. El acceso a servicios como salud y educación también mejorará. –sn–

Camino

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Gobernadora de Morelos exige revisión judicial

Margarita González Saravia pidió al Poder Judicial revisar fallos que liberaron a objetivos criminales. Cuestiona liberación de criminales detenidos.


Por Julián Nájera | Corresponsal                                                

Margarita González Saravia solicitó al Poder Judicial de Morelos revisar fallos que liberaron a presuntos delincuentes. Durante una sesión de la Mesa de Seguridad en Tlayacapan, la mandataria estatal expuso preocupaciones por resoluciones judiciales que, dijo, contradijeron operativos coordinados contra la delincuencia organizada.

La gobernadora informó que el lunes pidió formalmente al magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa una revisión detallada de los casos. Señaló que algunas resoluciones anularon operativos o liberaron a objetivos criminales considerados prioritarios.

Liberaciones afectan la seguridad

“Cuando se detiene con claridad a una persona y se le libera, eso perjudica a la sociedad”, declaró. Explicó que esas decisiones comprometen la estrategia integral de seguridad y la colaboración con instancias federales.

La mandataria reiteró que los procedimientos se realizaron conforme a la ley, pero las resoluciones judiciales los neutralizaron. Pidió una revisión de cada caso para identificar si existen patrones que obstaculicen el combate a la violencia.

Cita caso de “El Belicón”

González Saravia ejemplificó con la detención de Adrián “N”, alias “El Belicón”, presunto líder delictivo en Cuernavaca. “Fue detenido el 3 de julio con Jesús Antonio “N” durante operativos en las colonias Del Empleado y Lienzo Charro”, afirmó.

Ambos fueron capturados por elementos de seguridad estatal, aunque posteriormente vecinos protestaron por la actuación policial. Durante los bloqueos, se denunciaron presuntas irregularidades en el procedimiento, sin pruebas documentadas.

Protestas y operativos recientes

En la misma conferencia, la gobernadora expuso que se ejecutaron operativos contra robo de vehículos y falsificación de placas. Confirmó que en distintos municipios se logró desmantelar bandas ligadas a homicidios y delitos patrimoniales.

Las acciones formaron parte de un plan de inteligencia que involucró a corporaciones locales y apoyo federal. Sin embargo, señaló que parte de los avances podrían perderse si el Poder Judicial no garantiza justicia efectiva.

Críticas reiteradas al Poder Judicial

La mandataria aseguró que no es la primera vez que su administración denuncia fallos judiciales permisivos. Recordó que el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, ya había advertido situaciones similares.

Según él, jueces y magistrados liberaron a individuos detenidos en flagrancia por razones procesales menores. “Las fallas en los procedimientos no deben justificar que un delincuente regrese a las calles”, aseveró Urrutia.

González Saravia sostuvo que el análisis judicial solicitado busca mejorar la coordinación institucional. “El objetivo no es confrontar, sino asegurar que no haya impunidad dentro del sistema judicial”, indicó. Pidió que el Consejo de la Judicatura Estatal colabore en el diagnóstico y promueva evaluaciones internas. La mandataria enfatizó que su gobierno no interfiere en decisiones judiciales, pero exige transparencia y legalidad. –sn–

Margarita González Saravia

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Una identidad para Saúl

En estos días en que se discute la implementación de la CURP Biométrica —un documento único, obligatorio, con huellas, fotografía y firma digital—, el país parece celebrar un salto hacia la modernidad.

Por Raúl García Araujo                                            

Las autoridades hablan de seguridad, eficiencia, de blindar al Estado contra el fraude. Pero, mientras en los altos círculos del poder se habla de tecnología de punta, en Chimalhuacán, estado de México, hay un niño llamado Saúl que no tiene ni lo más básico: una identidad legal.

Saúl tiene 14 años. Vive con sus abuelos paternos, gente humilde que sobrevive con lo justo. Saúl no es un fantasma: existe, respira, va a la escuela cuando puede, juega en las calles de su colonia, sueña con ser alguien. Pero el sistema no lo reconoce.

No tiene acta de nacimiento mexicana. No tiene CURP. No tiene acceso formal a la educación, ni a la salud, ni a ningún derecho que requiera un papel sellado por el Estado.

Su historia duele. Nació en 2011 en Minnesota, Estados Unidos. Su madre es estadounidense; su padre, mexicano. Cuando era apenas un bebé, la familia se mudó a México. Fue un regreso que prometía raíces, pero acabó en tragedia: meses después, su padre fue asesinado.

La madre, devastada, volvió a su país llevándose a uno de sus hijos. A Saúl lo dejó atrás, al cuidado de sus abuelos. Desde entonces, ellos han sido su familia, su sostén, su refugio.

Pero nunca lo registraron en México. Su único documento es un certificado de nacimiento estadounidense, en inglés, sin validez oficial ante las autoridades mexicanas. Sin ese registro inicial, no puede obtener CURP. Y sin CURP ni acta, en México, no existes.

Y ahora, el país que lo ha criado y lo ha visto crecer le da la espalda de una forma todavía más cruel: se prepara para implementar la CURP Biométrica, un nuevo documento que será obligatorio para todos los trámites. Sin ella, no se podrá estudiar, acceder a salud, abrir una cuenta bancaria ni ejercer derechos fundamentales. Y Saúl ni siquiera tiene la CURP original.

Sus abuelos han tocado puertas. Muchas. En el municipio, en el estado, en dependencias federales. Han explicado su situación una y otra vez. Siempre reciben la misma respuesta: que necesitan más documentos, que vayan a otra oficina, que regresen con tal firma. Pero no tienen dinero para trasladarse, ni abogados que los asesoren, ni acceso a internet para hacer citas. Son pobres. Y en este país, la pobreza también te borra.

Mientras tanto, el discurso oficial habla de “incluir a toda la población”. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que todas las dependencias deben adecuar sus sistemas en 90 días. También se otorga un plazo adicional de 120 días para incorporar a menores de edad.

¿Pero cómo se va a incluir a quienes nunca han sido reconocidos?

¿A quién le va a importar el caso de un niño sin nombre en Chimalhuacán cuando los reflectores están sobre los sistemas biométricos, los códigos QR y las bases de datos digitales?

La historia de Saúl no es una excepción. En México, miles de niños viven en un limbo jurídico. Nacieron en condiciones adversas, fueron abandonados, migraron, quedaron atrapados entre fronteras, entre burocracias, entre el silencio de las instituciones.

Y ahora, la modernización corre el riesgo de profundizar aún más su exclusión.

Hablar de identidad no es solo hablar de papeles. Es hablar de pertenencia, dignidad, futuro. Es decirle a un niño como Saúl: tú también formas parte de este país, tú también cuentas, tú también importas.

La CURP Biométrica puede ser un paso hacia el futuro. Pero si ese futuro deja fuera a los más vulnerables, entonces no es progreso: es abandono.

Ojalá, entre tanta reforma, algún funcionario lea la historia de Saúl. Que escuche a sus abuelos. Que abra esa puerta que lleva años cerrada. Y que, por fin, le dé al niño lo que nunca ha tenido: una identidad propia.

En cortito

Nos cuentan que, por fin, el oriente del estado de México empieza a ser tomado en serio. Tras décadas de rezago, marginación y promesas incumplidas, la Presidencia de la República ha anunciado el arranque del Plan Maestro del Oriente, un ambicioso proyecto que busca saldar una deuda histórica con millones de personas.

Impulsado por la mandataria Claudia Sheinbaum y articulado con recursos federales y una coordinación tripartita entre los tres niveles de gobierno, el plan tiene como objetivo atacar de raíz los problemas que han sido el pan de cada día para las familias mexiquenses: la escasez de agua, las inundaciones recurrentes, el caos en la movilidad y la creciente inseguridad.

En el caso de Nezahualcóyotl, el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo confirmó que ya han iniciado los primeros proyectos del periodo 2025-2026, enfocados en tres ejes fundamentales: salud, educación y bienestar.

Uno de los anuncios más importantes es la creación de un Polo del Bienestar en las 70 hectáreas del Bordo de Xochiaca, un terreno que por décadas fue símbolo de abandono, basura y estigmatización. La transformación de este espacio no solo representa un acto de justicia territorial, sino la oportunidad de convertirlo en el corazón de una nueva realidad para el oriente mexiquense.

Si se cumple lo prometido, este podría ser el comienzo de una historia distinta. Una en la que el oriente ya no sea sinónimo de olvido, sino de dignidad, inversión y futuro.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: C4 de Cuernavaca: reacción inmedita

Raúl García Araujo

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | C4 de Cuernavaca: reacción inmedita

Por primera vez en décadas, Cuernavaca cuenta con un sistema propio de inteligencia y atención a emergencias: el C4 (Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación),..

Por Raúl García Araujo                                            

… una herramienta que no solo atiende delitos y situaciones de riesgo, sino que previene de forma efectiva la comisión de actos delictivos en la capital de Morelos.

La instalación de este centro operativo, que comenzó hace dos años y medio bajo la administración del alcalde José Luis Urióstegui Salgado, marca un parteaguas en la historia reciente de Cuernavaca. Se trata de una apuesta por la tecnología, la coordinación y la vigilancia estratégica como ejes centrales de una política pública enfocada en reconstruir la seguridad desde lo local.

Cuernavaca no es una ciudad cualquiera. Es la capital del estado, y además un centro neurálgico que cada fin de semana recibe a miles de turistas provenientes de la ciudad de México. Su crecimiento urbano y su rol turístico hacen indispensable contar con infraestructura capaz de responder a la creciente demanda en materia de seguridad y protección civil.

militares vigilan monitor

El C4 responde precisamente a ese reto. Actualmente, mil 200 cámaras de videovigilancia están instaladas en puntos clave del municipio —980 en domicilios particulares y 230 en postes públicos— gracias a un esquema de participación ciudadana que ha permitido tejer una red sólida de prevención. A esto se suman seis drones que refuerzan la vigilancia aérea en zonas boscosas, autopistas y áreas de difícil acceso.

Operado por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), el centro coordina los esfuerzos de cuerpos de emergencia y seguridad pública con personal capacitado en áreas como Rescate, Protección Civil, Policía Preventiva, Bomberos y Vialidad, en colaboración con la Guardia Nacional y la 24ª Zona Militar.

De acuerdo con Emmanuel Pedraza Mondragón, director del C4, el tiempo de respuesta ante una emergencia se ha reducido drásticamente, pasando de un promedio de 25 a 30 minutos a solo 5 u 8 minutos, gracias a un sistema de radio y despacho inmediato. Las llamadas de auxilio, que llegan a través del 911 o del número local 777 312 1274, son canalizadas en segundos a la unidad más cercana, de acuerdo con un mapeo estratégico del municipio.

Pero el C4 no solo reacciona: también analiza y anticipa. Cada evento registrado genera una ficha con información valiosa que alimenta una base de datos interna utilizada para crear operativos, detectar patrones delictivos y trazar rutas de prevención. Esta inteligencia operativa es lo que convierte al C4 en un verdadero centro de prevención del delito, más allá de la atención reactiva.

José Luis Urióstegui Salgado

El propio alcalde Urióstegui ha destacado que este modelo de seguridad permite a Cuernavaca actuar con mayor independencia y eficiencia. La visión es clara: trabajar de la mano con los gobiernos estatal y federal, pero con liderazgo municipal fuerte y con capacidad de respuesta inmediata.

Además, el funcionamiento del C4 ha reforzado un elemento esencial: la confianza ciudadana. La comunidad ha hecho suyo el número de emergencia local, ha permitido la instalación de cámaras en hogares y negocios, y se ha integrado activamente en chats de vigilancia vecinal y canales digitales de denuncia.

El C4 no solo vigila: protege, previene y construye comunidad. Es, hoy por hoy, uno de los mayores logros de la gestión de José Luis Urióstegui Salgado, y un modelo a seguir para otros municipios de México que buscan respuestas eficaces frente a la inseguridad.

En cortito

Nos cuentan que en días recientes, el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, recibió un importante respaldo del gobierno federal como parte de la estrategia conjunta para fortalecer la seguridad pública.

En total, fueron 240 patrullas y 37 vehículos adicionales entregados para reforzar las labores de vigilancia en esta zona conurbada al oriente de la ciudad de México.

moto patrullas

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo ha destacado que este tipo de acciones son resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, y representan una herramienta fundamental para mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos policiacos locales ante situaciones de riesgo y violencia.

Nezahualcóyotl es uno de los municipios más densamente poblados del país y, por sus características urbanas y sociales, representa un punto clave en las políticas de seguridad regional.

Por tal motivo, el gobierno municipal ha reiterado su disposición de mantener un esquema de colaboración permanente con el estado de México y la federación, buscando siempre garantizar mejores condiciones de vida y tranquilidad para los más de un millón de habitantes.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?

Raúl García Araujo

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?

El tan viejo y tan obvio modus operandi de muchos asesores del priato consistía en crear ellos mismos las crisis en torno a sus líderes…

Por Raúl García Araujo                                            

… sin importar la magnitud de los problemas que generaban ni el desprestigio que ocasionaban, para luego aparecer como los salvadores del barco que se hundía.

Así actuaron muchos en el viejo régimen, en todos los niveles de poder y gobierno. La receta parecía infalible: crear el conflicto, azuzarlo a través de actores específicos y avivarlo con intensidad, al costo que fuera necesario, para luego, cuando el incendio alcanzaba su punto máximo, vender las soluciones y quedar como los héroes.

Algo similar parece estar ocurriendo en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta y su equipo dan resultados prácticamente todos los días en temas administrativos. Sin embargo, hay una mano —que no puede ser más que interna— que le pone obstáculos y hasta utiliza a sus compadres para crearle escenarios ficticios y falsas crisis.

Aunque esas maniobras no han logrado su cometido, emprenden descaradas campañas para intentar opacar los logros de Armenta, como la entrega de apoyos al campo, donde se aplica un presupuesto histórico de más de 1,634 millones de pesos; el pago anticipado de la deuda por el llamado Museo Barroco —símbolo de la corrupción del panista Rafael Moreno Valle—, con lo que se han ahorrado 10 mil millones de pesos a las arcas estatales; o la extraordinaria trayectoria de éxitos deportivos de jóvenes poblanos, respaldados institucionalmente por el gobierno.

No es casualidad que se haya acusado falsamente al gobernador de haberle “dado un puesto a su hijo” y se le señalara por nepotismo, cuando el joven, que lleva su mismo nombre, no participa, no cobra ni toma decisiones en la administración.

Alejandro Armenta

Menos aún, como apareció recientemente en una publicación que terminó siendo desmentida por el mismo medio que la difundió, participa en una película en la que también, falsamente, se dijo que la protagonista era la cantante Belinda. Ella mantiene una relación —que atañe únicamente a su vida privada y sin nada que esconder— con un funcionario del gobierno de Puebla.

En el colmo de estas campañas negras encabezadas por esa mano oculta —incluso con ayuda de sus compadres— se encuentra el falso debate sobre la llamada Ley de Ciberseguridad.

En realidad, se trata de solo cinco modificaciones al Código Penal del Estado para sancionar delitos digitales, como ya se hace en otros estados y países, ante el aumento de estas conductas delictivas y el vacío jurídico existente.

Basta con observar quién es el principal operador de esta campaña negra contra el gobernador y contra la también llamada Ley de Ciberasedio. Esa persona ha invertido miles y miles de pesos en atacarla (por cierto, ¿quién la financia?), y ha estado siempre ligada a la ultraderecha poblana, a sus voceros, y mantiene evidentes compadrazgos. En este contexto, en Puebla no hay muchos secretos.

En la reciente publicación que fue desmentida por el propio medio, incluso se atacó al coordinador de Comunicación de Armenta, José Tomé Cabrera, por supuesto nepotismo, aunque ningún familiar suyo trabaja en la coordinación que él encabeza.

¿Será que esa mano negra quiere el puesto de Tomé?

¿Y para lograrlo apuesta al desprestigio, incluso de toda la administración, sin importar el costo y sin el menor decoro?

Así funcionan los asesores cuando no tienen lugar dentro de la administración.

Son preguntas, que conste.

En cortito

Nos cuentan que existe un total apoyo de Sheinbaum a Armenta.

Por cierto, hablando de la llamada Ley de Ciberseguridad de Puebla, la presidente Claudia Sheinbaum respaldó al Congreso estatal y consideró que se trata de una norma que, en un sentido amplio, protege contra el ciberacoso, como ya ocurre en estados como Nuevo León o Coahuila.

Durante la «Mañanera del Pueblo«, en Palacio Nacional, afirmó que la ley está orientada a la protección de las y los poblanos frente a la violencia en entornos digitales.

Claudia Sheinbaum Pardo

Sin decirlo explícitamente, también lamentó la campaña negra en contra de estas reformas al Código Penal y envió su respaldo a Alejandro Armenta y al Poder Legislativo poblano por este esfuerzo que busca reducir los casos de acoso en redes sociales.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Lemus busca que no se hable de Teocaltiche

Raúl García Araujo

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Lemus busca que no se hable de Teocaltiche

Doce días después de que se venciera el plazo que el propio gobernador Pablo Lemus se impuso para pacificar Teocaltiche, el gobierno de Jalisco guarda un silencio que resulta tan ofensivo como preocupante.

Por Raúl García Araujo                                            

No hay informes, no hay conferencias, no hay explicaciones. Lo que hay es una comunidad que sigue atrapada en el miedo, cada vez más molesta y frustrada ante la indiferencia institucional.

Con al menos 25 homicidios violentos desde el inicio del conflicto en febrero de este año, lo mínimo que se esperaría de las autoridades es una rendición de cuentas clara.

Pero ni el gobernador Lemus, ni el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, ni el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, han dado la cara. La ausencia de respuestas es absoluta, y el mensaje es claro: Teocaltiche parece haber sido borrado de la agenda pública.

La población no sólo carga con el temor cotidiano, sino también con la rabia de sentirse abandonada por un gobierno que prometió resultados y ahora ni siquiera aparece para dar la cara. De hecho, es importante destacar que durante toda esta crisis, el gobernador no se ha parado por Teocaltiche para conocer de viva voz lo que está pasando.

Pablo Lemus Navarro | @SociedadN_

Y mientras el estado guarda silencio, el periodismo ha hecho lo que las instituciones no: mirar de frente, investigar, cuestionar y exhibir. Gracias al trabajo de Dominio Público Noticias y del periodista Arturo Ortiz Mayén, lo que estaba oculto detrás del discurso oficial ha quedado expuesto: una estrategia que no se basa en inteligencia ni justicia, sino en simulación, represión y fabricación de culpables.

En su reportaje transmitido por Despierta, de Televisa, Ortiz Mayén presentó casos que pintan un retrato demoledor: detenciones arbitrarias, evidencias sembradas, declaraciones manipuladas, y un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.

En días pasados, un juez federal en Puente Grande dejó en libertad a dos hombres —Juan Carlos N. “El Camello” y José Luis N.— que habían sido detenidos y señalados por supuestos vínculos con grupos delictivos. El juez determinó que las detenciones fueron irregulares y que las circunstancias descritas por la policía eran sospechosamente idénticas. Todo apunta a una narrativa construida para justificar acciones que, en el fondo, no resuelven nada.

Los testimonios de los detenidos son reveladores: les sembraron armas, los fotografiaron con evidencia montada, los volvieron a esposar para recrear detenciones falsas. ¿Estrategia de seguridad? No. Más bien, una puesta en escena para aparentar resultados ante una crisis que claramente los rebasó.

Lo que está ocurriendo en Teocaltiche no es solo un fracaso operativo. Es una crisis de derechos humanos envuelta en silencio institucional. Y lo más grave es que nadie en el gobierno estatal se ha parado a dar explicaciones.

Teocaltiche

Lo mínimo que merece la gente de Teocaltiche es ser escuchada, no criminalizada. Y lo mínimo que debe hacer un gobierno ante el cuestionamiento público es responder, no esconderse y así como exhibió a dos detenidos que quedaron en libertad, explicar qué pasó, por qué se cayó su caso, pues no hay que olvidar que según las autoridades, los detenidos formaban parte de una banda a la que se le atribuían varios homicidios.

Jalisco no puede seguir operando bajo la lógica del silencio y la simulación. Las comunidades merecen justicia real, no montajes. Seguridad basada en inteligencia, no en represión. Y sobre todo, merecen un gobierno que no desaparezca cuando las cosas se complican.

Hoy Teocaltiche no necesita más patrullas ni más promesas. Necesita verdad, rendición de cuentas y un compromiso serio por parte de quienes juraron proteger a su gente. Necesitan un gobierno que deje de fabricar culpables para encubrir su fracaso.

Mientras el gobernador Pablo Lemus, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández y el fiscal Salvador González de los Santos eluden su responsabilidad y se refugian en el silencio, es el periodismo —no el poder— quien ha sacado a la luz lo que intentan esconder.

Teocaltiche exige respuestas. Y si el Estado calla, que al menos la sociedad no lo haga.

En cortito

En una época donde la mayoría de los municipios del país apenas logran sobrevivir entre recortes presupuestales, desorden urbano y crisis políticas locales, Cuernavaca está empezando a dar señales de que otro tipo de gobierno sí es posible: uno que planea, coordina y se compromete con una visión de futuro.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha dejado claro que su gestión no está centrada solo en el corto plazo, ni en las obras de relumbrón, sino en sentar las bases de una agenda urbana incluyente, sustentable y regionalmente coordinada.

Durante el Segundo Encuentro de Sistematización del Modelo de Gobernanza Metropolitana Sustentable, el presidente municipal refrendó su compromiso con una forma de gobernar que no se aísla, que no improvisa y que entiende que los grandes retos —como la movilidad, el agua, el crecimiento urbano o la seguridad— no se resuelven municipio por municipio, sino en conjunto.

José Luis Urióstegui Salgado

Apostar por la planeación regional, el orden territorial y el trabajo intergubernamental es asumir que Cuernavaca ya no puede darse el lujo de improvisar. Es también reconocer que el desarrollo urbano tiene que dejar de ser un problema para convertirse en una oportunidad.

La capital de Morelos tiene todo para ser un modelo de ciudad media: conectividad, talento, historia, atractivo turístico y condiciones geográficas privilegiadas. Lo que hacía falta era un liderazgo que entendiera que sin reglas claras, sin sustentabilidad y sin coordinación, ese potencial se pierde. Y hoy, desde el gobierno municipal, empieza a haber señales claras de que esa conciencia ya existe.

Lo que está haciendo el alcalde José Luis Urióstegui no es solamente “gestión urbana”. Es un llamado a que Cuernavaca empiece a pensarse en clave metropolitana, con sentido común, visión compartida y compromiso real con el futuro.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Armenta defiende a migrantes poblanos

Raúl García Araujo

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