Sociedad NoticiasExigen justicia para Jorge Raúl Tirado Ambriz preso de manera injusta
La familia de Jorge Raúl Tirado Ambriz pide su liberación tras casi cinco años preso injustamente.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
Desde 2021, Jorge Raúl Tirado Ambriz, comerciante desde los 17 años y padre de tres hijos, permaneció recluido en el Penal Neza–Bordo, Estado de México, acusado por un delito fabricado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), que dirige Alejandro Gertz Manero. Fue detenido el 12 de enero de 2021.
La aprehensión ocurrió de forma violenta mientras realizaba la entrega de termómetros digitales que vendía por internet. Policías armados, a bordo de dos camionetas sin distintivos, lo interceptaron y mostraron retratos de personas que él aseguró desconocer. Durante el traslado, recibió burlas y comentarios que evidenciaron la arbitrariedad del operativo.
Uno de los agentes le confesó que lo habían vigilado durante cuatro años sin encontrarle nada ilegal. “Te tocó la de malas”, le dijo el policía, frase que marcó el inicio de una historia de presunta fabricación de pruebas y abuso de autoridad.
Evidencias cuestionadas
De acuerdo con el expediente FED/SEIDO/IUDMS-MEX/0000891/2016, la detención se sustentó únicamente en un registro de llamadas. Su número telefónico apareció en la lista de contactos de un policía municipal de Nezahualcóyotl investigado por secuestro en 2016, a quien Jorge Raúl había llamado para pedir apoyo en un accidente automovilístico.
Ese contacto fue utilizado como vínculo directo para imputarlo como “negociador” del secuestro, solo porque el policía se refirió a él como “jefe”. No existió evidencia material, testigos presenciales, ni pruebas periciales que acreditaran su participación en el delito.
En la misma carpeta, las víctimas y sus familiares rechazaron haberlo visto o escuchado. Tras observar fotografías de Tirado Ambriz, afirmaron desconocerlo por completo y no reconocer su voz en los audios presentados por la autoridad.
Pruebas periciales dudosas
La entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR utilizó grabaciones de enero de 1994 como base para comparar la voz del presunto negociador con la de Jorge Raúl. En ese año, él tenía apenas 16 años, mientras que las conversaciones del expediente correspondían a un adulto.
https://youtu.be/0m5iwZirO_Q?t=8780
A pesar de esa inconsistencia cronológica, la FGR utilizó dichos audios como argumento pericial para sostener la acusación. La defensa presentó recursos para invalidar esa prueba, pero el proceso judicial continuó sin resolución definitiva.
Desde entonces, Jorge Raúl Tirado ha permanecido en prisión preventiva, sin sentencia y sin pruebas directas que lo relacionen con el delito. Su familia denunció irregularidades en el manejo del expediente y omisiones en la valoración de las pruebas de descargo.
Familia exige revisión del caso
Los familiares solicitaron a la FGR y al Poder Judicial de la Federación revisar de inmediato el expediente y valorar las pruebas que evidencian su inocencia. Han enviado escritos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Consejo de la Judicatura Federal para pedir la intervención institucional.
La defensa sostuvo que se trata de un caso de detención arbitraria y fabricación de culpables, práctica que ha afectado a múltiples personas inocentes en procesos relacionados con delincuencia organizada.
El abogado del caso aseguró que los elementos presentados por la fiscalía carecieron de sustento técnico y jurídico, y que el procedimiento violó los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las pruebas.
Cinco años sin justicia
Durante su reclusión, Jorge Raúl Tirado Ambriz ha enfrentado deterioro en su salud y en la economía de su familia. Su esposa y sus tres hijos continúan con campañas en redes sociales y frente a las sedes judiciales para exigir su liberación.
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En cartas enviadas a medios de comunicación y autoridades, la familia insistió en que el proceso judicial ha sido prolongado sin avances sustanciales, lo que agrava la vulneración de sus derechos humanos.
Hasta ahora, ninguna autoridad federal ha emitido una respuesta formal a las peticiones de revisión. La defensa solicitó una audiencia extraordinaria para evaluar las pruebas y obtener su liberación inmediata. –sn–
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