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cheeseburger at KillBaitEE.UU. sigue siendo 'clave', pero cada vez más con condiciones. La UE necesita dejar de depender tanto y empezar a tomar decisiones con su propio peso en el escenario global. Ya basta de aceptar las críticas sin cuestionarlas.
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somtamchampions at KillBaitLa relación UE-EEUU sigue siendo crucial, aunque las críticas de Trump sean ciertas en parte.
californiamaki at KillBaitOtra vez la UE arrodillada ante Estados Unidos. Kallas habla de confianza europea, pero sigue reforzando la dependencia. Si de verdad queremos autonomía, toca romper con ese tutelaje disfrazado de alianza.
Sociedad NoticiasMorelos refuerza procesos judiciales contra el crimen
Autoridades buscan cerrar la “puerta giratoria” y evitar liberaciones por errores legales.
Por Julián Nájera | Corresponsal
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que los poderes Ejecutivo y Judicial iniciaron un proceso de homologación jurídica. El objetivo fue fortalecer los procedimientos legales y evitar que fallas técnicas impidieran la retención de presuntos criminales.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria expresó que la coordinación entre ambas instancias resultaba indispensable. Argumentó que la falta de sincronía en las detenciones permitió el regreso a las calles de sujetos investigados por delitos graves.
El reforzamiento de los mecanismos judiciales incluyó revisión de protocolos, alineación de criterios y entrenamiento especializado. La intención, explicó, fue asegurar que los operativos de seguridad no fueran neutralizados por tecnicismos legales. “Queremos que los esfuerzos no sean anulados por errores procesales o decisiones judiciales dudosas”, señaló González Saravia.
Crisis por liberación de delincuentes
La decisión surgió tras semanas de confrontación entre autoridades estatales. Las tensiones crecieron cuando ambas partes se acusaron mutuamente de permitir la liberación de al menos 40 presuntos criminales. En medios y redes sociales, se reactivó el debate sobre la existencia de una “puerta giratoria”. Críticos aseguraron que la impunidad persistía debido a deficiencias judiciales y operativas.
Diversas voces acusaron que la justicia estatal permitió que delincuentes regresaran rápidamente a las calles. La situación generó cuestionamientos al actuar de jueces, ministerios públicos y policías.
El caso más reciente ocurrió en Cuernavaca, donde un detenido por secuestro fue liberado tras 72 horas.
Homologación de procedimientos legales
Para evitar hechos similares, González Saravia indicó que comenzaron a unificar los criterios legales entre fiscalías, jueces y cuerpos de seguridad. La revisión incluyó cómo se ejecutaban las detenciones y qué pruebas eran fundamentales.
“Estamos armonizando aspectos relacionados con los arrestos y la forma correcta de realizarlos”, declaró. También dijo que las acciones integraban una estrategia conjunta con la fiscalía del estado.
El plan involucró capacitación a policías y a los agentes del ministerio público, enfocados en judicialización efectiva. La gobernadora mencionó que errores mínimos podrían facilitar la liberación de los imputados. Subrayó que el sistema de justicia penal exigía precisión técnica y coordinación entre niveles del gobierno.
Capacitación y coordinación institucional
Las nuevas acciones se centraron en eliminar los vacíos legales que impedían la correcta judicialización. De igual forma, se reforzaron los criterios de evidencia y resguardo de pruebas para evitar nulidades.
El estado de Morelos pidió también apoyo al poder federal para fortalecer su sistema de justicia. Se buscó acompañamiento en los procesos penales de alto impacto.
Los errores frecuentes que ocasionaban la liberación de sospechosos fueron identificados en el informe jurídico más reciente. Entre ellos, la falta de cadena de custodia y documentación incompleta. La gobernadora aseguró que no permitirían que el crimen organizado utilizara los vacíos legales como escudo.
Llamado a jueces y fiscales
González Saravia hizo un llamado a jueces y fiscales para que actuaran con rigor, ética y apego a la ley. Recalcó que el pueblo exigía resultados, sobre todo en delitos de alto impacto como homicidio y secuestro. El compromiso del Ejecutivo fue garantizar seguridad, pero solicitó reciprocidad en el Poder Judicial. La mandataria dijo que no tolerarían más excusas en decisiones que dejaban sin justicia a las víctimas.
Afirmó que trabajarían bajo el principio de cero impunidad, alineando esfuerzos para combatir la criminalidad. Destacó que, sin coordinación, los avances serían anulados. También advirtió que las irregularidades o actos de corrupción serían investigados y sancionados. –sn–
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Gastan 17.5 mdp en seguridad en la Álvaro Obregón
Contratan patrullas y radios, pero sube la delincuencia.
Por Fausto Hernández | Reportero
El alcalde Javier López Casarín invirtió 17.5 millones de pesos en equipo de seguridad. Sin embargo, los delitos aumentaron y hubo inconformidades entre policías.
La alcaldía Álvaro Obregón destinó este 2025 más de 17 millones de pesos para renta de patrullas y radios. A pesar de ello, las estadísticas delictivas crecieron en los primeros meses del año.
Equipamiento contratado en 2025
La Dirección General de Seguridad Ciudadana firmó un contrato por 9 millones de pesos con Grupo Turbofin. El acuerdo cubrió del 20 de febrero al 30 de abril y contempló 92 patrullas y dos motopatrullas.
Del total, 46 unidades fueron tipo sedán y otras 46 pick up. Todas debían estar equipadas para operativos de primer contacto en la demarcación.
A este contrato se sumó otro por 8.5 millones de pesos con Servicios Troncalizados S.A. de C.V.. Este convenio cubre todo 2025 y contempla la renta de 620 radios portátiles.
Alcalde prometió seguridad
Durante su campaña, López Casarín acusó a anteriores administraciones de justificar la inseguridad por falta de presupuesto. Aseguró que su gestión sí invertiría en protección.
Pese a ello, elementos de la policía local reportaron fallas de coordinación y respuesta. Algunos señalaron falta de estrategia para atender las emergencias.
Las quejas de los uniformados surgieron durante el primer trimestre, cuando ya operaban las unidades y el nuevo sistema de radiocomunicación.
Aumentan delitos en la zona
Datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) revelaron un alza importante en delitos de alto impacto. En el primer bimestre, la extorsión subió 125 por ciento.
También crecieron el narcomenudeo (53%), las violaciones (64%) y los robos en transporte público (23%). Incluso los robos de vehículos aumentaron 12 por ciento.
Durante el segundo bimestre, las extorsiones crecieron otro 44 por ciento. Asimismo, los robos a casa habitación tuvieron un alza de 55 por ciento.
Preocupa falta de resultados
Pese al gasto ejercido, la percepción ciudadana de inseguridad no cambió, señalaron vecinos en foros vecinales. Además, exigieron resultados visibles.
Los contratos con Grupo Turbofin y Servicios Troncalizados representan un gasto mensual promedio de casi 1.5 millones de pesos para la alcaldía.
Ambas empresas han sido contratistas recurrentes de otras dependencias del sector público, pero en este caso no se logró reducir la incidencia delictiva.
Reclamos a la administración local
Vecinos en colonias como Las Águilas, Olivar del Conde y Santa Fe pidieron que el alcalde revise la estrategia. También cuestionaron el uso del presupuesto.
Aunque López Casarín presumió en enero el arranque del nuevo esquema de seguridad, no se ha hecho público un informe oficial de resultados.
El Comité Ciudadano de Seguridad solicitó reuniones para revisar el cumplimiento de los contratos y los mapas de riesgo de la demarcación.
Gasto sin mejoras tangibles
Al cierre del primer semestre, la alcaldía no ha informado si ampliará los contratos o cambiará de proveedor. Tampoco hay reportes de evaluación técnica.
La inversión hecha hasta ahora equivale al 15 por ciento del presupuesto total en seguridad del año pasado. No obstante, la violencia se ha mantenido.
Especialistas en políticas públicas advirtieron que sin una estrategia integral, los contratos son sólo paliativos. Señalaron que hace falta prevención. –sn–
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Fracasa estrategia de seguridad en Sinaloa
En seis meses asesinaron a 893 personas; PRI critica al gobierno federal.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, cuestionó la estrategia de seguridad aplicada por el gobierno federal en Sinaloa, donde en seis meses asesinaron a 893 personas. Según el priista, las autoridades no han logrado contener la violencia, que en junio registró 207 homicidios.
Esa cifra, indicó, representó un incremento del 266 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado. En su mensaje, publicado en redes sociales, el también senador acusó a las autoridades de engañar a la población. “El gobierno dice que la estrategia funciona, pero eso no solo es falso, también es una burla al dolor de las familias mexicanas”, escribió el dirigente del PRI. Subrayó que los datos oficiales muestran un retroceso alarmante.
Violencia sin control
El líder tricolor apuntó que la violencia en el estado se mantiene desbordada. Dijo que persisten las extorsiones, los delitos aumentaron y el gobierno sigue más preocupado por justificar su discurso. Para Alejandro Moreno, el problema de fondo radica en la falta de voluntad para enfrentar al crimen. “No hay control, no hay rumbo y, lo más grave, no hay voluntad de enfrentar la inseguridad con firmeza”, señaló.
Además, reprobó el uso político de los datos sobre seguridad, al afirmar que se trata de cifras manipuladas. Consideró que las autoridades federales se resguardan en un discurso optimista que contradice la realidad. El senador mencionó que el pueblo de México ya no cree en narrativas oficiales. “La gente quiere vivir en paz, con seguridad real, no con excusas ni cifras alteradas”, agregó.
Críticas desde el PRI
La postura del dirigente nacional del PRI se difundió tras la presentación de un informe oficial sobre la situación de seguridad en Sinaloa. El gobierno federal sostuvo que sus acciones han dado resultados. En contraste, el senador priista afirmó que lo que sucede en el estado es inaceptable. Aseguró que no se puede hablar de éxito cuando la violencia continúa escalando de forma preocupante.
Insistió en que la prioridad del Estado debe centrarse en el combate frontal a la criminalidad. Recriminó que se prefiera ocultar los problemas en lugar de atender las causas reales. Alejandro Moreno expuso que las autoridades tienen la responsabilidad de dar la cara a las víctimas. Consideró necesario que el gobierno federal actúe con firmeza, sin simulaciones.
Sinaloa en crisis
Las cifras reveladas por el propio gobierno muestran que Sinaloa atraviesa uno de los peores momentos en términos de violencia. Los 207 homicidios registrados en junio confirman un repunte preocupante. De mantenerse la tendencia, 2025 podría convertirse en uno de los años más violentos del actual sexenio en esa entidad. La situación ha encendido alertas en sectores sociales y políticos.
Organizaciones civiles exigieron que se replantee la estrategia de seguridad. Denunciaron que los crímenes siguen impunes y la población vive con miedo constante. Desde el ámbito legislativo, varios senadores han pedido convocar a una revisión de las políticas federales. Argumentaron que los resultados no responden a las necesidades de la población.
Rechazo a las cifras oficiales
La declaración de Alejandro Moreno se sumó a otras voces que denuncian inconsistencias en los datos oficiales. El senador afirmó que no se puede construir seguridad a partir de engaños. Dijo que el PRI exigirá rendición de cuentas y evaluaciones reales. Anunció que su partido solicitará un informe detallado al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
También propuso la creación de una comisión legislativa especial para evaluar la política de seguridad en zonas críticas como Sinaloa, Zacatecas y Guerrero. Finalmente, el líder priista afirmó que su partido respaldará a los ciudadanos y a los maestros que luchan por recuperar la tranquilidad de sus comunidades. –sn–
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Niega diálogo con crimen en Michoacán
Con firmeza institucional y sin pactos, Michoacán enfrenta al crimen organizado. Ramírez Bedolla rechaza propuesta del arzobispo.
Por Alfredo Martinez | Corresponsal
Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que su gobierno no aceptó ningún tipo de acercamiento con organizaciones delictivas, tras las declaraciones del arzobispo Carlos Garfias Merlos, quien sugirió dialogar con dichos grupos como vía de pacificación. El gobernador indicó que solo con la ley se restablece el orden público.
En entrevista, el mandatario estatal señaló que en Michoacán no existió posibilidad de pactar con quienes atentaron contra la paz, la seguridad y la gobernabilidad. Afirmó que, en cambio, su gobierno fortaleció las tareas de inteligencia y las operaciones policiales.
Indicó que la seguridad se garantizó a través de la fuerza pública, en apego estricto al estado de derecho, por lo que cualquier iniciativa que buscara diálogo con criminales se consideró inviable e inaceptable.
La propuesta del arzobispo, consideró el gobernador, no correspondió con la realidad que vive la entidad, ya que la violencia solo se enfrentó con determinación institucional.
Contra acuerdos con delincuentes
Ramírez Bedolla explicó que su administración mantuvo apertura y diálogo con la Iglesia católica y otras expresiones religiosas, pero descartó que eso implicara aceptar ideas de concertación con criminales.
“Respetamos todas las visiones”, expresó el gobernador, “pero los criminales deben ser perseguidos por la justicia, no escuchados como interlocutores”. En su opinión, no hay justificación para validar su existencia mediante acuerdos políticos o sociales.
También indicó que el combate al delito se efectuó con base en la ley, deteniendo a los responsables y llevándolos ante tribunales, y que esa es la única ruta viable hacia la pacificación del estado.
“En otros países ya se ha demostrado que esos llamados al diálogo con el crimen no funcionan. Solo fortalecen la impunidad”, expresó.
Solo la ley garantiza la paz
Ramírez Bedolla subrayó que la estrategia de seguridad implementada en Michoacán obtuvo resultados favorables al aplicar operaciones de inteligencia y acciones directas de contención del delito.
“Con voluntad y firmeza, el estado retomó el control de regiones que por años estuvieron dominadas por el crimen”, mencionó.
Añadió que para proteger a los michoacanos, se debe actuar con determinación, sin ceder ante propuestas que, en lugar de resolver, podrían agravar la situación.
Para el gobernador, el camino de la pacificación solo se construyó mediante el respeto a la ley y no desde la complacencia o la complicidad con quienes violentaron la convivencia social.
Iglesia sí, delincuencia no
Indicó que su gobierno mantuvo el respeto a la libertad de culto y sostuvo reuniones periódicas con representantes de las distintas religiones presentes en Michoacán.
Aseguró que esas relaciones permitieron ampliar programas sociales, promover la mediación en comunidades y prevenir el delito desde una perspectiva social, sin involucrar a actores criminales.
Concluyó que la única vía aceptable para restablecer la paz fue el fortalecimiento institucional y la colaboración entre los tres niveles de gobierno, sin permitir retrocesos.
Afirmó que la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional continuaron actuando de forma coordinada con la Policía Michoacán, con el fin de cerrar el paso a las organizaciones delictivas. –sn–
Alfredo Ramírez Bedolla¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Periodistas Unidos¡Se avanza contra la extorsión! 🛡️ La #Opinión de Eduardo Ibarra Aguirre destaca la importancia de la nueva Estrategia Nacional. ¡Conoce los detalles de esta iniciativa! #Delincuencia #EstrategiaDeSeguridad #Columnistas #Noticias
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