Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Harfuch, eje de la relación bilateral

En seguridad, no hay espacio para figuras decorativas. Hoy, quien está sentado en la mesa donde se toman las decisiones más sensibles entre México y Estados Unidos es Omar García Harfuch.

Por Raúl García Araujo                                            

Desde esa posición no solo coordina operativos: construye acuerdos, intercambia inteligencia y mantiene una relación directa con las agencias más poderosas del vecino del norte.

En los hechos, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se ha convertido en la pieza central del engranaje de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo frente a la administración de Donald Trump.

Su papel va mucho más allá de la coordinación interna. Es el arquitecto de una relación bilateral en seguridad que busca dejar atrás la desconfianza y traducirse en resultados concretos.

Su presencia constante en Washington y su interlocución directa con agencias clave confirman que la estrategia mexicana ha optado por una cooperación pragmática, centrada en objetivos compartidos.

Un ejemplo reciente lo ilustra con claridad: su reunión con Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad. Ahí, ambas partes reafirmaron principios que hoy resultan indispensables: reciprocidad, respeto a la soberanía y responsabilidad compartida. Pero más allá del discurso, lo relevante son los resultados.

Gracias al intercambio de información, México ha logrado detener a objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, además de diversos generadores de violencia que operaban en el país. Es decir, la cooperación bilateral comienza a traducirse en golpes concretos contra estructuras criminales.

La misma lógica se replicó en su encuentro con el director de la DEA, Terrance Christopher Cole. En esa mesa, la prioridad fue consolidar mecanismos de colaboración para enfrentar amenazas comunes, con énfasis en dos frentes críticos: el combate al narcotráfico y el freno al flujo ilegal de armas desde los Estados Unidos hacia México. Este último punto, históricamente relegado, empieza a colocarse en el centro de la agenda.

No es casualidad que el gobierno estadounidense invite de manera constante a Harfuch a reuniones de alto nivel. Su perfil técnico, combinado con capacidad política, lo ha convertido en un interlocutor confiable, pero también en un operador que entiende que la seguridad se construye tanto en el terreno como en la negociación internacional.

A ello se suma un elemento estratégico: la narrativa. Desde sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha consolidado como la voz oficial de las acciones del gobierno federal contra el crimen organizado. Cada operativo relevante encuentra ahí su primera versión pública, en un ejercicio claro de control del mensaje.

Y ese control no se limita al ámbito interno. Harfuch también ha asumido el papel de vocero del Estado mexicano ante medios internacionales. Lo hizo al informar, en entrevistas con medios estadounidenses, sobre el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

No fue sólo la comunicación de un resultado operativo. Fue un mensaje político dirigido a Washington: el Estado mexicano tiene capacidad, voluntad y coordinación para golpear a las estructuras criminales de mayor impacto.

En paralelo, los intercambios de alto nivel —incluida la visita del propio director del FBI a México— han confirmado un incremento en las operaciones coordinadas y en la captura de objetivos prioritarios que afectan a ambas naciones. La cooperación, así, deja de ser discurso y se convierte en acción.

Al final, en un gobierno donde la seguridad define la estabilidad política, Harfuch no solo ejecuta la estrategia: la conduce, la negocia y la comunica. Y en ese cruce de funciones —operación, interlocución y narrativa— es donde hoy concentra un poder que pocos dentro del aparato gubernamental pueden igualar.

En Cortito

Nos cuentan que, lejos del reflector cotidiano, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián, ha comenzado a recorrer el país con una misión clara: poner en marcha una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad y reconstrucción del tejido social, la estrategia Reconecta con la Paz.

No se trata de un programa más. Desde la Consejería Jurídica se está impulsando un enfoque que busca ir al fondo del problema: atender las causas de la violencia desde una lógica distinta a la punitiva.

La propuesta se alinea con principios de justicia restaurativa, reinserción social y prevención, apostando por una ruta que combine legalidad con reconstrucción social.

En cada entidad que visita, Damián Peralta no solo presenta la estrategia, también la posiciona como una política pública sustentada en evidencia internacional y en las mejores prácticas en materia de justicia restaurativa.

Si logra consolidarse, Reconecta con la Paz podría convertirse en uno de los pilares silenciosos del modelo de seguridad de este gobierno.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morelos despertó al tigre

Morelos dejó de ser una advertencia para convertirse en evidencia. La crisis ya no se puede maquillar con discursos ni contener con comunicados.

Por Raúl García Araujo                                            

Tiene nombre, tiene rostro y, sobre todo, tiene víctimas: jóvenes estudiantes asesinadas, desaparecidas y una comunidad universitaria que ha decidido no callar más.

El feminicidio de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos encendió una indignación que no deja de crecer.

Pero lejos de apaciguarse, la realidad se ha vuelto todavía más brutal. En el municipio indígena de Coatetelco, en la carretera hacia Miacatlán, apareció el cuerpo sin vida de una mujer en condiciones que reflejan el nivel de descomposición que vive la entidad.

Se trataba de Karol Toledo Gómez, estudiante de Derecho desaparecida días antes, no solo estremeció a su familia, sino que profundizó el miedo colectivo.

Al mismo tiempo, la confirmación del feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán terminó por detonar una respuesta social que ya venía gestándose.

No se trata de casos aislados. Se trata de un patrón. De una cadena de violencia que el Estado no ha sabido —o no ha querido— frenar.

Las calles hablaron. Más de 10 mil mujeres marcharon en Cuernavaca en el marco del Día Internacional de la Mujer.

No fue una movilización simbólica: fue un grito de hartazgo. Pintas, destrozos, consignas… todo ello es la expresión de una sociedad que se siente abandonada.

Y en paralelo, estudiantes de distintas facultades bloquearon avenidas, denunciaron acoso dentro de las propias instituciones educativas y exigieron algo tan básico como seguridad para poder estudiar.

Aquí es donde la crisis adquiere su dimensión política más grave.

En marzo de 2018, Andrés Manuel López Obrador lanzó una frase que hoy parece una profecía mal entendida: “no es bueno despertar al tigre”.

Lo que no se anticipó —o no se quiso ver— es que ese tigre no solo podía despertar contra un régimen anterior, sino también contra quienes hoy gobiernan. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Morelos.

La gobernadora Margarita González Saravia no solo ha sido rebasada por la realidad; ha sido exhibida por ella.

Su reacción tardía, su falta de sensibilidad y la evidente mediocridad de buena parte de su equipo han convertido una crisis de seguridad en una crisis de gobernabilidad.

Presentar un “Plan Integral de Seguridad Universitaria” en medio del enojo social no se percibe como una solución, sino como un intento desesperado por contener lo incontenible.

Porque el problema no es de anuncios. Es de credibilidad. Y esa, hoy, está rota. Los estudiantes morelenses lo tienen claro. Aunque han regresado parcialmente a clases, no han bajado la guardia. Se organizan, se articulan y planean.

Y lo hacen con un objetivo definido: exhibir a un gobierno que consideran incapaz de garantizar lo más elemental. La indignación ya no es espontánea; se está convirtiendo en movimiento.

Morelos es hoy un polvorín. Cada feminicidio, cada desaparición, cada denuncia ignorada suma presión a una caldera que está a punto de estallar. Y cuando eso ocurra, no será solo una crisis local. Será un golpe político de alcance nacional.

En Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación lo saben. Las alertas están encendidas. No por cálculo, sino por necesidad.

Porque si la situación se desborda, Morelos podría convertirse en el primer estado gobernado por Morena que enfrente un escenario real de ingobernabilidad con consecuencias mayores, incluida la eventual salida de su gobernadora.

La pregunta ya no es si se puede evitar el colapso. Es si alguien está dispuesto a asumir el costo político de actuar antes de que sea demasiado tarde.

Porque mientras el poder duda, en las calles el mensaje es contundente: el tigre no solo despertó… ya empezó a avanzar.

En Cortito

Nos cuentan que en Morelos no hay espacio para fiestas mientras la indignación y el dolor social se desbordan.

Suspender la Feria de la Primavera en Cuernavaca no es un detalle menor: es un gesto de sensibilidad política que muchos otros funcionarios locales parecen desconocer.

El ayuntamiento de Cuernavaca decidió posponer de manera indefinida la Feria de la Primavera —también conocida como Feria de la Flor— en respuesta a la crisis de luto y protesta que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tras los feminicidios de Kimberly Joselin y Karol.

José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de la capital, entendió lo que otros no han podido: no se puede celebrar mientras la sociedad está dolida y las calles están llenas de exigencias de justicia.

“Sería contradictorio”, señaló el alcalde, “tener una celebración de este tipo con los tiempos actuales, con la máxima casa de estudios en paro y en crisis por los feminicidios de sus compañeras”.

Esa claridad política —reconocer la magnitud del dolor antes de cualquier calendario de festividades— es un rasgo que hace falta en la clase política de Morelos, caracterizada por la improvisación, la torpeza y la desconexión de la realidad social.

La decisión de Urióstegui Salgado no solo es atinada; es ejemplar. Demuestra que gobernar no se trata solo de administrar recursos o organizar eventos, sino de leer el momento histórico y actuar en consecuencia.

Suspender la feria tiene costos económicos y políticos, pero transmite un mensaje más poderoso que cualquier comunicado: la prioridad es la gente, no la simulación de normalidad.

La postura del alcalde de Cuernavaca debería ser la norma: gobernar con responsabilidad, empatía y sentido común.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Puebla y el valor de rendir cuentas

En el ejercicio del poder hay decisiones que marcan el tono de un gobierno. Una de ellas es la forma en que se administra y se vigila el dinero público.

Por Raúl García Araujo                                            

En Puebla, la firma de un convenio de coordinación entre el gobierno estatal, la Auditoría Superior del Estado de Puebla y la Auditoría Superior de la Federación envió una señal política clara: la rendición de cuentas no se queda en el discurso, sino que se convierte en una regla de gobierno.

El acuerdo —en el que participaron la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Alejandro Espidio; la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Puebla, encabezada por Germán Reyna— busca algo elemental pero pocas veces logrado en el país: ordenar la coordinación institucional para vigilar mejor el uso de los recursos públicos.

Intercambio de información, alineación de criterios y fortalecimiento de mecanismos de seguimiento forman parte de una estrategia que coloca a la entidad en la ruta de una fiscalización más moderna y efectiva.

No es un detalle menor que Puebla se convierta en el primer estado del país en formalizar un esquema de coordinación de este tipo para la revisión de recursos federales, particularmente de las participaciones que llegan a los municipios.

Ese paso coloca a la entidad como un referente nacional en la búsqueda de mayor transparencia y en la construcción de un modelo de gobierno que se revisa, se corrige y rinde cuentas.

Porque la auditoría no es un trámite de escritorio ni un requisito de cierre administrativo. Es, en esencia, una herramienta de buen gobierno.

Cuando el dinero público se maneja con disciplina, reglas claras y vigilancia institucional, ocurre algo sencillo pero poderoso: alcanza para más. Más obra útil, más servicios públicos, más programas sociales y, sobre todo, más resultados tangibles para la gente.

El convenio también tiene implicaciones concretas hacia adelante. Para la revisión de la Cuenta Pública 2025 se establecerán mesas de trabajo permanentes entre las instancias estatal y federal, acompañadas de intercambio de información y capacitación especializada para auditores.

El objetivo es claro: detectar riesgos con mayor oportunidad, corregir procesos antes de que escalen y elevar los estándares de legalidad en el manejo de los recursos públicos.

Con este acuerdo se busca avanzar en tres ejes fundamentales. El primero es poner orden: alinear metodologías y compartir información entre las instancias de fiscalización permitirá reducir la dispersión institucional y realizar revisiones más claras, consistentes y eficaces.

Segundo, fortalece la prevención: la fiscalización moderna no solo llega cuando el daño ya ocurrió; también permite corregir a tiempo. Y tercero, construye confianza ciudadana, porque la gente no pide discursos, pide certeza de que los recursos públicos se aplican donde deben aplicarse.

Desde la lógica de la administración estatal, la fiscalización forma parte de un sistema completo: prevenir, revisar, corregir y, cuando corresponde, fincar responsabilidades.

Bajo esa visión, la coordinación entre instancias estatales y federales no solo fortalece el seguimiento a observaciones; también mejora la trazabilidad del gasto y eleva la calidad del ejercicio público en dependencias, entidades y municipios.

Pero detrás de este modelo hay también una definición política. El gobernador Alejandro Armenta ha dejado claro que en su administración el recurso público no es botín ni espacio de discrecionalidad.

Cada servidor público tiene la responsabilidad de ejercerlo con legalidad, disciplina y sentido social. Cuando un gobierno fija esa línea desde el inicio, el mensaje hacia dentro de la administración es contundente: aquí se gobierna con orden y responsabilidad.

Puebla empieza así a construir algo más que un esquema administrativo de fiscalización. Está consolidando una cultura de gobierno basada en la transparencia, la prevención y la rendición de cuentas.

Y en ese escenario, el papel del gobernador Alejandro Armenta comienza a perfilarse más allá del ámbito estatal. Mientras otros gobiernos apenas intentan ordenar sus procesos internos, en Puebla se construye un modelo de administración con reglas claras sobre el manejo del dinero público.

Ese tipo de decisiones —que combinan orden administrativo con visión política— empiezan a delinear un liderazgo entre los gobernadores de Morena: uno que entiende que la verdadera fortaleza de un gobierno se mide en resultados, en transparencia y en la confianza que logra construir con la ciudadanía.

En Cortito

Nos cuentan que en el centro político del estado de México, aparecen dos alcaldes que han logrado colocarse de forma constante en la agenda nacional: la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, y el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda.

Ambos han encontrado en la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una aliada clave para empujar proyectos estratégicos que buscan cambiar el rumbo de una de las zonas más pobladas y complejas del país.

No es casual que los dos ediles sean convocados de manera recurrente a reuniones de alto nivel en Palacio Nacional. Más que encuentros protocolarios, se trata de mesas de trabajo donde se discuten decisiones que impactan directamente a millones de habitantes del cinturón urbano que rodea la capital del país.

La constante interlocución entre los gobiernos municipales y la Presidencia de la República envía un mensaje político claro: el oriente del Estado de México está en el radar prioritario del Gobierno Federal.

Y en esa apuesta, alcaldes como Azucena Cisneros y Adolfo Cerqueda se han convertido en actores clave de una nueva etapa de coordinación institucional que podría marcar el futuro inmediato de la región.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Cuernavaca fortalece seguridad preventiva

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Cuernavaca fortalece seguridad preventiva

En Cuernavaca, la prevención del delito se ha consolidado como el instrumento más eficaz para garantizar la seguridad de los ciudadanos, gracias a la visión estratégica del alcalde José Luis Urióstegui Salgado.

Por Raúl García Araujo                                            

Su administración ha demostrado que la seguridad no se logra sólo con presencia policial reactiva, sino mediante una política integral que combina coordinación institucional, tecnología avanzada y participación ciudadana.

Durante diciembre de 2025 y enero de 2026, el gobierno municipal implementó mil 267 acciones operativas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.

Desde operativos “Escuela Segura”, “Transporte Seguro” y “Mercado Seguro”, hasta el uso de drones, puntos de inspección y presencia máxima en zonas estratégicas, cada acción refuerza la estrategia de prevención que ha caracterizado a la administración de Urióstegui.

La planificación y la coordinación son claras señales de que la prevención es prioritaria en Cuernavaca.

Los resultados avalan este enfoque. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, los delitos denunciados disminuyeron 8% y los delitos de alto impacto 20% respecto al año anterior.

Estas cifras confirman que la prevención del delito no es un concepto teórico, sino una estrategia que ya produce resultados tangibles para los ciudadanos.

La inversión en tecnología fortalece aún más esta política. Cuernavaca cuenta con cerca de mil 500 cámaras de videovigilancia, además de arcos carreteros con lectura de placas y la instalación de 250 dispositivos adicionales en vías públicas.

Este despliegue permite monitorear de manera constante y anticiparse a conductas delictivas, demostrando que la prevención no es solo presencia, sino inteligencia aplicada.

Otro componente clave de la estrategia es la transversalidad institucional.

Protección Civil, Instituto de la Mujer y Fiscalía Ambiental trabajan de manera coordinada con SEPRAC para fortalecer la prevención, mientras la implementación de la “Clave Violeta” mejora la atención a la violencia de género.

La seguridad en Cuernavaca no es solo protección física, sino también protección social, con políticas preventivas orientadas al cuidado integral de la ciudadanía.

El alcalde morelense ha vinculado la prevención del delito con desarrollo económico, destacando que la ciudad mantiene una de las tasas de empleo más altas del país según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La generación de oportunidades laborales, combinada con vigilancia tecnológica y presencia institucional, refuerza la prevención y fomenta estabilidad social.

La reciente firma de un convenio de coordinación metropolitana con el gobierno estatal también evidencia la visión de Urióstegui: la seguridad no conoce límites municipales.

La colaboración efectiva entre municipios y Estado asegura que la prevención sea integral, utilizando recursos de manera óptima y generando estrategias conjuntas que protejan a toda la población.

En síntesis, Cuernavaca avanza hacia una seguridad preventiva y efectiva bajo el liderazgo de José Luis Urióstegui Salgado.

La capital de Morelos demuestra que, con planificación, coordinación y participación ciudadana, la prevención del delito es el instrumento más idóneo para garantizar tranquilidad, orden y bienestar, consolidando un modelo de seguridad que otros municipios del país podrían tomar como referencia.

En Cortito

Nos cuentan que el tema de la inseguridad tiene completamente rebasado al gobierno que encabeza Margarita González Saravia.

Este martes, jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tomaron las calles para expresar su indignación por la desaparición y muerte de su compañera Kimberly Joselin Ramos Beltrán, evidenciando un descontento social que va mucho más allá de la simple protesta.

La reacción de la gobernadora fue tan inmediata como cuestionable: huyó de sus oficinas en Palacio de Gobierno al percatarse de la presencia de los estudiantes, sin prever que se encontraría con los medios de comunicación, quienes la confrontaron sobre los alarmantes índices de violencia que persisten en todo el estado.

Su respuesta fue mínima, reducida a un “ahora no”, que refleja más desconexión que capacidad de acción. Horas después, un video institucional fue necesario para fijar su postura, evidencia clara de que el gobierno está reaccionando bajo presión en lugar de anticiparse a los problemas.

El vacío gubernamental en Morelos es evidente. La sociedad morelense percibe que los integrantes del gabinete de seguridad no están a la altura de las circunstancias y que sus acciones –o la falta de ellas– han convertido al estado en un terreno fértil para la impunidad y la operación del crimen organizado.

Cada protesta, cada reporte de violencia, cada desaparición se suma a la percepción de un gobierno que llega tarde y actúa insuficientemente, dejando que los ciudadanos busquen por sí mismos seguridad y justicia.

La movilización estudiantil no es un hecho aislado: es un reflejo de la urgencia de cambios profundos en la administración estatal.

Morelos demanda liderazgo efectivo, estrategias claras y responsables, y funcionarios capaces de dar respuestas concretas a un problema que no puede resolverse con discursos ni con videos tardíos.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Jalisco y Teocaltiche: autoridad perdida

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Jalisco y Teocaltiche: autoridad perdida

Jalisco volvió a exhibirse. No como potencia económica. No como vitrina tecnológica. No como el estado moderno que presume su gobernador.

Por Raúl García Araujo                                            

… Se exhibió como lo que fue en Teocaltiche: un territorio donde la autoridad estatal no apareció cuando más se necesitaba.

Un agente federal muerto y dos heridos dejó el ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación contra la base de la Guardia Nacional. No fue un choque menor. Fue una ofensiva con armas de alto poder, rifles calibre .50 y convoyes blindados que llegaron desde Nochistlán, Zacatecas. Tres camionetas disparando. Tres cubriendo la retirada. Maniobra táctica. Coordinación criminal. Desafío frontal al Estado mexicano.

Mientras los federales resistían el asalto, la pregunta retumba: ¿dónde estaba la policía estatal? No hubo reacción visible. No hubo respaldo inmediato. No hubo liderazgo operativo.

La agresión ocurrió tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, abatido en Tapalpa al resistirse a su captura. El crimen organizado respondió con fuego. Y el gobierno estatal respondió con vacío.

El apoyo que evitó una tragedia mayor llegó desde la federación. Fuerzas de la Defensa repelieron el ataque. El agente caído fue uno de los casos reportados por Omar García Harfuch en la conferencia. El dato político es contundente: quien sostuvo la línea fue el Gobierno federal, no el gobierno de Jalisco.

La imagen de la base perforada por cientos de impactos —documentada por dominiopublico.com.mx— es más que evidencia balística. Es una radiografía política del gobierno de Pablo Lemus: rebasado por la realidad.

Porque mientras en Teocaltiche se combatía, en Guadalajara se presumían Cybertrucks y patrullas Tesla de casi dos millones de pesos cada una. Vehículos de exhibición presentados como símbolo de “inteligencia” y modernidad. Puro espectáculo. Cero estrategia territorial. Cero contención real del crimen.

En el operativo contra “El Mencho” no figuraron ni el secretario de Seguridad estatal ni el fiscal. La ausencia no fue protocolaria, fue política. El mensaje fue claro: el gabinete de seguridad federal no confió en sus contrapartes locales para una operación de alto nivel.

Y mientras tanto, convoyes criminales circulando con camionetas clonadas de la Defensa, uniformes tácticos y despliegue intimidante. La percepción ciudadana se vuelve inevitable: ¿ineficiencia o complicidad del gobierno estatal? ¿incapacidad o abandono de la administración de Pablo Lemus?

La federación terminó asumiendo el control operativo y narrativo. Los números lo reflejan: ocho de cada diez mexicanos se enteraron del operativo; la mayoría lo calificó con notas altas; y más de la mitad mejoró su opinión sobre la presidente, Claudia Sheinbaum Pardo, tras la acción federal. En contraste, el gobernador aparece reprobado.

En Jalisco, ya nadie le cree a Pablo Lemus cuando llama a la calma. La sociedad jalisciense continúa con sus actividades: va a la escuela, al trabajo, se reúne con amigos, ignora los exhortos oficiales, porque la autoridad perdió toda credibilidad.

Teocaltiche no fue sólo una emboscada. Fue un parteaguas. Exhibió descoordinación, fragilidad institucional y una ausencia de mando estatal en uno de los momentos más críticos. Mostró que mientras los federales enfrentaban al crimen organizado, el gobierno estatal quedó al margen de la operación que redefinió la seguridad en Jalisco.

La muerte de “El Mencho” no sólo sacudió al CJNG. También pulverizó la narrativa oficial de que en Jalisco las cosas están bajo control. Porque cuando el crimen ataca una base federal y el estado no encabeza la respuesta, la modernidad deja de importar.

Lo que quedó en Teocaltiche no fueron sólo casquillos y bardas perforadas. Quedó una pregunta política que aún no tiene respuesta: ¿quién gobierna realmente Jalisco?

En Cortito

El operativo que dio con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es un hito en la historia de la seguridad en México.

Un amplio reconocimiento corresponde al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quien encabezó la operación con precisión y determinación, y cuyo trabajo quedará inscrito como ejemplo de liderazgo militar en momentos críticos.

La acción no habría sido posible sin el respaldo político y estratégico de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha demostrado estar a la altura de las circunstancias que enfrenta nuestro país, y de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo esfuerzo por pacificar a México sigue siendo evidente y fundamental.

El saldo fue doloroso: 25 oficiales federales muertos en combate, un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes defienden al país frente al crimen organizado.

Sin embargo, la historia también deja clara la diferencia entre un Estado que actúa y una autoridad local ausente. Mientras la Federación demuestra coordinación y liderazgo, en varios estados, incluido Jalisco, la respuesta estatal continúa siendo insuficiente, poniendo de manifiesto la fragilidad institucional y la desconfianza ciudadana.

Este operativo debe servir como recordatorio: la seguridad en México depende de la acción decidida y coordinada del Estado, y de líderes que no solo prometen, sino que cumplen cuando más se necesita.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Puebla, Territorio Seguro

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https://5wredactor.com/moderniza-jalisco-cosecha-en-verde-canera/

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Teocaltiche clama por justicia

Teocaltiche volvió a demostrar que la brecha entre el discurso oficial y la realidad es abismal.

Por Raúl García Araujo                                            

Mientras el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, utilizó su Primer Informe de Gobierno para presumir disminución de delitos, coordinación con fuerzas federales y recursos “históricos” para atender desaparecidos, el municipio vive un escenario completamente distinto: miedo permanente, desapariciones constantes y autoridades que parecen rebasadas o deliberadamente silenciosas.

La presidente municipal, Margarita Villalobos, no solo evita reconocer el tamaño de la crisis, sino que se ha convertido en observadora pasiva de la violencia, incluso en medio de las fiestas de octubre, cuando el municipio recibe visitantes y debería garantizar seguridad mínima.

El silencio municipal y estatal no es casual: es complicidad por omisión, es cálculo político, es la apuesta por esconder la realidad con estadísticas mientras la gente sigue desapareciendo.

El mismo día del informe, dos hombres —un adulto y un adolescente originarios de Zacatecas— fueron asesinados a balazos mientras instalaban juegos mecánicos en la colonia Juárez. Un tercero resultó herido. El ataque ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche, a un costado del Río Teocaltiche. La violencia no esperó a que terminara el discurso.

Pero la tragedia no se resume en un solo episodio. Teocaltiche enfrenta una ola creciente de desapariciones que el portal Dominio Público Noticias documenta caso por caso, mientras el gobierno intenta minimizar la crisis. Habitantes reportan levantones, sujetos armados en camionetas blindadas y saqueos de viviendas.

La desaparición más reciente fue la de un hombre que viajaba regularmente a Estados Unidos y que fue privado de la libertad por un comando que también vació su casa en la colonia El Barrio.

Y apenas este domingo, en pleno centro del municipio, una adolescente de 16 años, fue obligada a subir a un vehículo por al menos cuatro sujetos armados con chalecos tácticos con las siglas del CJNG, justo frente al área donde se estacionan las patrullas municipales y estatales, mientras cientos de personas acudían a la Feria 2025.

La autoridad municipal no ha exigido reforzar operativos, no ha alzado la voz, ni siquiera ha dado la cara. Es la política del silencio, del “no pasa nada”, de la indiferencia por encima de la gente.

Lemus prometió pacificar Teocaltiche en 45 días. No lo hizo. No hay resultados, no hay estrategia y no hay presencia real del Estado.

Si el gobernador está más preocupado por defender su narrativa que por defender a la ciudadanía, entonces ha renunciado a gobernar uno de los municipios más heridos por el crimen organizado.

Y si la presidente municipal no puede garantizar seguridad ni siquiera durante la feria, con la policía a metros de distancia de un levantón, entonces Teocaltiche está bajo un vacío de poder que nadie quiere reconocer.

La violencia no se tapa con discursos. Las desapariciones no se borran con estadísticas. Teocaltiche exige gobierno. Y cada día sin respuesta política, la realidad termina escribiendo un informe distinto: uno con muertos, desaparecidos y comunidades abandonadas.

En Cortito

Nos cuentan que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, tomó una posición política que pocas autoridades municipales se atreven a asumir: puso a las víctimas al centro del trabajo público.

Su presencia en el 4to. Informe de Actividades de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV) no fue un acto social ni de cortesía, sino una afirmación de que el municipio decidió coordinarse con el Estado para atender a quienes fueron vulnerados en sus derechos.

Urióstegui reconoció el trabajo que encabeza Penélope Picazo Hernández, pero además recordó un dato clave: Cuernavaca se integró al Modelo Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Eso significa que hoy cualquier persona afectada puede ser canalizada a servicios jurídicos, psicológicos, económicos o de prevención sin burocracia ni simulación. El municipio dejó de actuar solo y se incorporó a una red estatal que sí opera y sí entrega resultados.

Acompañado de su esposa, Luz María Zagal Guzmán, quien preside el DIF municipal, así como integrantes del Cabildo y Gabinete, el edil delimitó su postura: su administración no dará pasos atrás en la defensa de los derechos humanos. Las víctimas son prioridad y la justicia será una obligación, no una promesa.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: La ficha guerrerense de Sheinbaum

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