Empresario denuncia corrupción en el Poder Judicial de la Cdmx

El empresario Gerardo Tamez Tamez denunció a dos altos funcionarios judiciales por presunta corrupción y alteración de resoluciones.

Por Martín García | Reportero                                      

El empresario transportista Gerardo Tamez Tamez, originario de Monterrey, Nuevo León, presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de la ciudad de México (Cdmx) contra el juez interino del Juzgado 32 Civil, Roberto Landa Arenas, y el magistrado de la Segunda Sala Penal, Eugenio Ramírez Ramírez, por presuntos actos de corrupción en juicios relacionados con el empresario minero José Cerrillo Chowell.

Las denuncias fueron admitidas por la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, instancia dependiente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Cdmx, que mantiene los expedientes en trámite. El empresario acusó a ambos funcionarios de manipular resoluciones y obstaculizar investigaciones, beneficiando a particulares con intereses económicos y judiciales.

Manipulación de expediente

La primera denuncia, presentada el 23 de mayo de 2025, señaló al juez Roberto Landa Arenas y al secretario de acuerdos Enrique Hernández Cruz de eliminar del expediente físico un acuerdo judicial emitido el 26 de febrero de 2025 y sustituirlo por otro en sentido contrario.

El acuerdo original decretaba la caducidad del juicio ejecutivo mercantil 1051/2019, entre Tamez y Cerrillo, lo que impedía su reapertura. Sin embargo, el documento fue sustituido por una resolución que permitió reactivar el proceso. El registro electrónico del acuerdo eliminado permanece visible en el Sistema Integral de Gestión Judicial del PJCDMX, lo que constituye una prueba de su existencia original, según los abogados del empresario.

Esta alteración posibilitó el embargo de bienes de Transportes Peñón Blanco y el congelamiento de cuentas de Gerardo Tamez por un supuesto adeudo de 49 millones 59 mil pesos con José Cerrillo Chowell. El monto derivó de un convenio firmado el 19 de junio de 2019, aunque los abogados de Tamez señalaron que la deuda se extinguió mediante un acuerdo de dación en pago celebrado el 15 de julio de 2019. Sostuvieron que el proceso judicial no solo se encontraba caduco, sino que la obligación económica ya había sido saldada, por lo que el procedimiento carecía de fundamento legal.

Convenio y liquidación de deuda

Los representantes de Tamez advirtieron que la manipulación del expediente tuvo como propósito mantener un litigio cerrado y reabrir embargos sobre bienes ya liberados. Además, solicitaron la intervención del Consejo de la Judicatura de la Cdmx para investigar la posible colusión entre funcionarios judiciales y la parte contraria. La defensa insistió en que el acuerdo original publicado en el Boletín Judicial del PJCDMX prueba la existencia del documento eliminado y constituye evidencia de una acción dolosa.

Segunda denuncia: obstrucción de justicia

La segunda denuncia, presentada el 17 de junio de 2025, fue dirigida contra el magistrado Eugenio Ramírez Ramírez, a quien se acusa de negar la admisión de un recurso de apelación y bloquear investigaciones penales contra Cerrillo Chowell. El magistrado determinó que no existía materia penal en el caso y ordenó a la Fiscalía de la Cdmx no continuar las indagatorias, decisión que la defensa de Tamez calificó de “ilegal y arbitraria”. Según la denuncia, el magistrado habría incurrido en prevaricación al exceder sus facultades y vulnerar el derecho de acceso a la justicia del empresario.

El equipo jurídico de Tamez promovió un amparo ante el Juzgado 16 de Distrito en Materia Penal, que el 14 de julio de 2025 concedió la suspensión definitiva, permitiendo que la Fiscalía continuara la investigación. El abogado penalista Omar Amador Olivares afirmó que estos actos “bloquearon ilegalmente investigaciones” y otorgaron ventajas indebidas a los implicados, afectando la imparcialidad de la justicia. El caso continúa en revisión ante las autoridades anticorrupción, mientras la defensa del empresario exige sanciones ejemplares y la restitución de los procesos judiciales alterados. –sn–

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Opinión | Mario A Medina – Que no le digan… | Heberto Castillo y la Corte del Pueblo

La toma de protesta de Laura Itzel Castillo Juárez a los ministros electos por la población y no por una sola persona, es decir, por quien encabeza el Poder Ejecutivo, tiene un significado que va más allá de un instante estelar en la historia de nuestro país.

Por Mario A. Medina

Fue un momento en el que el anhelo del padre de Laura Itzel, el ingeniero Heberto Castillo Martínez, fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), a través de ella, vio cumplida una más de sus muchas batallas.

Heberto fue un “ejemplo por la lucha, por la libertad y un apasionado por la justicia y la democracia”, refirió hace diez años el padre Miguel Concha Malo, quien era director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Y es que en la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos del PMT que fueron aprobados por su Congreso Nacional Constituyente, primero en 1974 y, después reformados en 1977, 1980, 1983 y 1984, el pemetismo no quitó el dedo del renglón para que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces fueran electos por voto directo y secreto.  

La idea de la reforma al poder judicial mexicano la retomó años después el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo mismo hizo la presidente Claudia Sheinbaum debido a la grave corrupción y desigualdad en el sistema judicial de nuestro país, amén del nepotismo y falta de imparcialidad en la administración de justicia y exceso en las facultades de la Corte; una instancia aliada al poder económico y político, lejana, muy lejana de la población.

Esta misma radiografía del poder judicial la observó Heberto Castillo y fue por eso, por lo que el Programa de Acción del PMT, en su punto tercero demandaba: “luchar porque se reestructure el Poder Judicial para acabar con la corrupción, porque sea realmente independiente, y porque los ministros, que actualmente son designados por el presidente de la República, los magistrados y los jueces sean nombrados por elección popular”.

A decir de algunos pemetistas ya maduros, fue el ingeniero Castillo, junto con un grupo de jóvenes abogados, como Adela Salazar -apresada por el ejército en septiembre de 1968 por defender a trabajadores y ser de izquierda-  quienes se encargaron en ese 1974 de la redacción del Programa Acción, y que la idea de la elección por voto popular, fue a partir de los fallos y resoluciones ilegales de los ministros, magistrados y jueces en contra de personas acusadas injustamente, y de los presos políticos del 68, entre ellos, en contra de Demetrio Vallejo quien también fue fundador del PMT, quien, consideran, “muy probablemente”, revisó también el Programa, coincidiendo en la exigencia.  

Aquellos documentos del PMT en los que se expresaban los sentimientos de la mayoría de la población, planteaba también, “luchar porque el Distrito Federal se convierta en un estado federativo y las delegaciones (políticas) en municipios”. propuesta que ocurrió años después.

Se demandaba la desaparición de reformas anticonstitucionales aprobadas en 1970 y 1982 al código penal por ser “una amenaza para el ejercicio del derecho de huelga y las libertades democráticas”; igual se llamaba a “respetar los preceptos constitucionales que garantizan los derechos de asociación, de reunión, de expresión, de información y de petición”.

El que la población decidiera con su voto una “Corte del Pueblo”, Heberto Castillo tocó el tema en muchas ocasiones cuando fue diputado federal, como senador de la República, o en sus colaboraciones en la revista Proceso y en los diarios La Jornada, El Universal y Excélsior, amén de sus arengas políticas.

Sólo por luchar por un país distinto, por apostar por un proyecto de nación independiente e incluyente y por participar en el movimiento estudiantil de 1968, a Heberto, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz le imputó diez delitos: “incitación a la rebelión, sedición, asociación delictuosa, daños a las vías generales de comunicación, daños en propiedad ajena, robo de uso, despojo, acopio de armas, lesiones a agentes de la autoridad y homicidio”. Lo recluyó en el palacio Negro de Lecumberri casi dos años, de 1969 y a 1971.

Al PMT se le reconoció como un partido de izquierda nacionalista identificado con la Revolución Mexicana; Zapatista, floresmagonista; su emblema, un “ollin” azteca que significa unión y movimiento; tuvo otro: un puño, y detrás un machete y un mazo que, a decir de Heberto, eran entre los mexicanos, “instrumentos que la gente reconocía en el trabajo, más que la hoz y el martillo”.

Heberto nació en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, el 23 de agosto de 1928. Ingeniero civil de profesión, “destacó por sus grandes obras civiles, como fue la construcción del World Trade Center, desarrolló un sistema estructural conocido como “tridilosa”, combinación de acero y concreto que permite construcciones con mucho menor peso.

En 1961 participó en el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), al lado del general Lázaro Cárdenas del Río; en 1988 fue candidato presidencial por el PMS, pero declinó en favor de Cuauhtémoc Cárdenas.

El 5 de abril de 1997, murió de un paro cardiaco, luego de una operación a corazón abierto. El 3 de octubre de ese mismo año, su esposa, María Teresa Juárez, recibió del presidente Ernesto Zedillo la Medalla Belisario Domínguez que le fue otorgada por unanimidad por todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta.  Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. 

Seguramente Laura Itzel se sintió feliz, emocionada; tal vez se imaginó que su papá estaba ahí, cuando le tomó la protesta a las y los nueve ministros electos por elección popular como planteaba aquel artículo 3 del Programa de Acción del Partido Mexicano de los Trabajadores.

Que no le cuenten…

Su silencio fue estruendoso, luego de que vaticinaron, y hasta celebraban el “regaño” de Marco y una expedición punitiva como aquella del ejército de los EU, de marzo de 1916, contra el guerrillero Pancho Villa. Lástima margarito, no se les hizo.

*Periodista: @MarioA_Medina

Columna anterior: Claudia, un año después y los desafíos

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Nueva composición judicial vulnera independencia y derechos humanos: GIDH 

Vulnera independencia y los derechos humanos la nueva composición judicial : GIDH 

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, a través de su presidente Jesús Rey Fierro Hernández, doctor en derecho y Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que la reciente reforma constitucional que reemplazó a la mitad del Poder Judicial Federal con jueces electos por voto popular representa un retroceso histórico en la independencia judicial en México.

“Lo ocurrido en el país constituye una fractura estructural en la división de poderes. No se trata de un avance democrático, sino de un proceso que somete al Poder Judicial a la voluntad política de las mayorías legislativas y del Ejecutivo”, señaló Fierro Hernández.

El presidente del GIDH recordó que este 1 de septiembre asumen sus cargos seis de los nueve ministros de la Suprema Corte, junto con más de 800 magistrados federales y 1,800 jueces locales, electos en comicios caracterizados por una participación ciudadana de apenas 13 por ciento.

“Ese nivel de abstencionismo refleja una sociedad que no confía en el proceso y que percibe, con razón, la captura política de un poder que debería ser imparcial y autónomo”, enfatizó el defensor de los derechos humanos.

El GIDH denunció que el proceso de selección de candidatos careció de reglas claras y de controles independientes. Las comisiones de evaluación no aprobaron estatutos uniformes, trabajaron con plazos insuficientes y se limitaron a revisar cartas de recomendación y escritos de motivación.

“Un juez no puede ser electo con base en simpatías vecinales ni cartas de recomendación. La justicia exige méritos, trayectoria y garantías de imparcialidad. El modelo adoptado en México desnaturaliza la función judicial y abre la puerta a la corrupción y al clientelismo político”, afirmó Fierro Hernández.

El defensor del pueblo recordó que la OEA señaló múltiples irregularidades en las elecciones judiciales, como la falta de transparencia en el financiamiento de campañas, la distribución de listas prefabricadas de candidatos y la intervención desproporcionada del Ejecutivo y del Congreso en las preselecciones.

“México es hoy el único país del mundo donde la totalidad de sus jueces son electos por voto universal. Esta anomalía no responde a estándares internacionales ni a principios de independencia judicial, reconocidos por la ONU y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo.

El abogado litigante alertó que la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, con amplias facultades para sancionar y destituir a jueces si “fallan en contra de la jurisprudencia” o de interpretaciones oficiales, incrementa los riesgos de subordinación política.

“Este tribunal funcionará como un mecanismo de control y castigo, más que como una instancia de rendición de cuentas. En lugar de fortalecer la justicia, institucionaliza la amenaza contra los jueces que no fallen conforme a los intereses en turno”, explicó.

De esta manera, Fierro Hernández exhortó al Estado mexicano a reconsiderar y derogar la reforma, o en su defecto, establecer salvaguardas sólidas para proteger la independencia judicial rumbo al proceso electoral de 2027, cuando se renovará la otra mitad del Poder Judicial Federal.

“El derecho a un juez independiente no es una concesión, es un pilar de todo Estado democrático. Sin independencia judicial, no hay garantías para los derechos humanos, ni posibilidad de que los ciudadanos enfrenten al poder con justicia”, subrayó.

Finalmente, el doctor en derecho reiteró que el GIDH “Lex-magister” continuará documentando las afectaciones a los derechos fundamentales derivadas de esta reforma y elevará el caso ante instancias internacionales.

“Si se consolida este modelo, México corre el riesgo de convertirse en un precedente negativo para la región, debilitando el acceso a la justicia y la confianza en las instituciones”, concluyó el defensor de los derechos humanos. –sn–

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Adiós a la SCJN dorada

Culmina toda una vida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación…

Por Raúl García Araujo                                            

(…) de resoluciones hechas a la medida de los poderosos, de dictámenes por consigna para favorecer al presidente en turno, de burocracia dorada que vivió de espaldas al pueblo. Se apaga una época de privilegios insultantes.

Empieza ahora una nueva era para sus integrantes salientes, once ministros que regresarán a una vida terrenal, donde deberán pagar sus propios gastos, sus comidas, sus viajes, su gasolina, sin el séquito ni la parafernalia que por años los rodeó en su reino de opulencia.

La debacle de la Corte comenzó con la errática conducción de su presidente, Norma Piña Hernández, quien, cerrada a escuchar al pueblo, se atrincheró en la soberbia y terminó entregando el Poder Judicial en bandeja de plata. Creyó que la institución era intocable, que los ministros eran intocables, y lo único que consiguió fue acelerar el derrumbe.

Piña tuvo en sus manos la posibilidad histórica de impulsar la más grande reforma judicial de nuestra vida pública. Prefirió mirar hacia otro lado. Fue Andrés Manuel López Obrador quien tomó la bandera y, con el respaldo popular, la convirtió en una Reforma Judicial que ya es irreversible.

La presidente de la Corte apostó a desafiar al Ejecutivo y perdió. Pensó que con gestos de desdén, como negarse a ponerse de pie en Querétaro en la ceremonia constitucional; con promesas vacías, como el supuesto destino de los fideicomisos para los damnificados de Acapulco; o con el silencio cómplice de sus ministros frente a los llamados de autorregulación, bastaba para contener la marea. Pero en realidad lo único que hacía era cavar la tumba del Poder Judicial.

Y a la par, desde dentro, Arturo Zaldívar se encargó de dinamitar lo que quedaba de su autoridad, mientras desde las mañaneras se exhibían sus contradicciones, excesos y privilegios. Lo que derrumbó a Piña no fue solo la fuerza del Ejecutivo, sino su propia incapacidad política.

Hoy Norma Piña será recordada como la presidente que permitió la demolición de la Suprema Corte. La que, en lugar de defender la institución, la arrastró a la peor crisis de su historia, dejando abandonados a miles de trabajadores honestos y al descubierto la corrupción de quienes convirtieron al Poder Judicial en un negocio familiar.

Su legado no es de independencia ni de dignidad, sino de claudicación. Pasará a la historia no como la mujer que reformó la justicia, sino como la ministra que selló la rendición del Poder Judicial ante el pueblo organizado.

Y ese es el punto central: no fue López Obrador quien derrotó a la Corte. Fue el pueblo de México, cansado de jueces corruptos, ministros de lujo y sentencias al servicio del dinero. La gente decidió que la justicia no puede seguir siendo privilegio de unos cuantos.

Norma Piña podrá decir que será la historia la que la juzgue. Pero el juicio ya está dictado: su nombre quedará marcado como el de la presidente que dejó morir a la Corte, que dejó sin defensa a su propio poder y que abrió paso a una nueva justicia popular que ya no se detendrá.

En Cortito

No hay que perder de vista lo que ocurre dentro de Morena, donde los excesos y extravagancias de sus líderes, diputados y senadores están ahogando el discurso de austeridad que tanto pregonó su máximo líder, Andrés Manuel López Obrador.

Los morenistas dejaron de predicar con el ejemplo. Sin la férrea presencia y control de López Obrador, comenzaron a mostrar su verdadero rostro: intereses personales, privilegios y una ambición desmedida que choca con los principios que alguna vez defendieron. El maquillaje del partido se cae y, con él, la credibilidad ante el electorado.

La prueba de fuego para Morena recaerá sobre Luisa María Alcalde y su capacidad de mantener la cohesión y disciplina dentro del partido. Será un examen ineludible: demostrar que Morena puede sostener su proyecto político más allá de la figura del ex presidente o sucumbir ante los intereses individuales de quienes hoy gobiernan bajo la sombra del poder.

Si no se actúa con firmeza, el mensaje será claro: sin López Obrador, Morena no solo pierde la moral, sino también la conexión con la gente que alguna vez confió en él. Y esa lección, inevitablemente, se reflejará en las urnas.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Teocaltiche, la violencia imparable

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TEPJF analiza caso de juez impugnada por tener nexos con la «Unión Tepito»: Rivero Espinosa

Aspirante denuncia antecedentes penales y vínculos con criminales de candidata electa.

Por Martín García | Reportero                                      

Una impugnación llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La aspirante Luisa Amanda Rivero Espinosa solicitó anular el triunfo de Irlanda Pacheco Torres como juez de Distrito. Argumentó que su contrincante carecía de buena reputación y mantenía antecedentes que comprometían su elegibilidad.

Rivero Espinosa presentó un recurso legal en el que cuestionó la legalidad del nombramiento. Afirmó que Pacheco Torres enfrentó un proceso penal por fraude procesal y uso de documentos falsos. Aunque no fue condenada, reconoció los delitos y firmó un acuerdo reparatorio con la víctima.

En su petición, Rivero advirtió que la candidata electa se desempeñó como Directora General de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas. Durante ese cargo también actuó como abogada particular de Luis Erick Barajas García, supuesto miembro de La Unión Tepito. Alertó que permitir su designación establecería un precedente jurídico negativo en el sistema de justicia federal.

Relación con caso criminal

La decisión de la Sala Superior será votada este miércoles 30 de julio. La resolución se debatirá con base en un proyecto elaborado por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.

Implicaciones para la justicia
La aspirante sostuvo que esta situación vulnera la credibilidad del Poder Judicial. Criticó que se normalicen antecedentes que comprometen la integridad ética de quienes imparten justicia.

Recordó que la reforma al Poder Judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador busca eliminar la corrupción. Insistió en que la buena reputación es un principio fundamental, no un mero requisito formal.

“Sería un grave error permitir que una persona señalada por delitos graves llegue a un juzgado penal federal”, declaró. En entrevista, reiteró que el sistema de justicia debe priorizar la probidad, además del conocimiento técnico de los aspirantes.

Propuesta bajo análisis

Rivero Espinosa subrayó que la decisión que tome el TEPJF marcará la pauta para futuros nombramientos. Dijo que su impugnación busca preservar la legitimidad del sistema judicial y su función ética.

Explicó que permitir la llegada de personas con antecedentes oscuros a cargos clave afectaría la confianza ciudadana. “¿Qué certeza puede tener la sociedad si una persona así juzga delitos federales?”, cuestionó.

Expuso que, incluso si existió reparación del daño, los delitos no deben quedar sin consecuencias reputacionales. Argumentó que el acuerdo reparatorio no puede sustituir una evaluación ética profunda.
También advirtió que los vínculos con redes delictivas como La Unión Tepito requieren investigación, no normalización.

Exhorto a magistrados electorales

Por esa razón, Rivero Espinosa llamó a los magistrados del TEPJF a revisar con rigor el proyecto. Señaló que debe analizarse si la figura de buena reputación puede ignorarse en estos casos.

Explicó que esta no es una disputa personal ni un intento de desacreditar a un contrincante. Se trata, afirmó, de proteger la función constitucional de impartir justicia con integridad.

“Las juezas y jueces deben actuar con transparencia y ética incuestionables”, comentó la aspirante. También pidió revisar los antecedentes legales y administrativos de quienes aspiren al cargo.
Rivero cerró su postura indicando que el tribunal debe actuar con responsabilidad institucional y compromiso legal. –sn–

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Sheinbaum acusa corrupción en el escape de Zhi Dong Zhang de prisión

La mandataria exigió rendición de cuentas al Poder Judicial y Guardia Nacional. Juez otorgó prisión domiciliaria sin justificación.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La conferencia matutina de este lunes abordó la reciente fuga del ciudadano chino Zhi Dong Zhang, presunto operador del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema tras conocerse que el sujeto escapó de la vigilancia de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información oficial, Zhi Dong Zhang huyó el pasado 11 de julio, ocho meses después de su detención. El presunto narcotraficante permanecía en un domicilio ubicado en Cuajimalpa de Morelos, bajo custodia de elementos federales. La mandataria confirmó que el gabinete de seguridad entregará el reporte correspondiente en breve.

“La información la tiene el gabinete de seguridad. Se encuentra en búsqueda”, respondió Sheinbaum. Sin embargo, expresó preocupación por la decisión del juez que autorizó la prisión domiciliaria. “Fue una resolución sin sustento jurídico, lo más grave es la actuación del juez”, indicó. Añadió que su gobierno ha denunciado reiteradamente actos de corrupción en el Poder Judicial.

Zhi Dong operaba para cárteles

El individuo de nacionalidad china fue detenido el 30 de octubre pasado en un domicilio de Lomas de Santa Fe. Las autoridades lo vincularon con el trasiego de grandes cantidades de drogas sintéticas. El informe judicial indica que Zhi Dong Zhang habría exportado más de mil kilogramos de cocaína, mil 800 kilogramos de fentanilo y más de 600 kilogramos de metanfetaminas.

El acusado enfrentaba cargos federales por delitos contra la salud en modalidad de tráfico internacional. Pese a los antecedentes y acusaciones, un juez federal otorgó prisión domiciliaria sin medidas efectivas de vigilancia. Esto facilitó la fuga, lo que ahora ha derivado en una investigación de alto nivel.

Reproche al Poder Judicial

La presidenta señaló que la decisión judicial generó condiciones para la evasión de la justicia. “No debería haberse autorizado ese beneficio. Es una muestra clara de impunidad”, afirmó. Añadió que la Consejería Jurídica evaluará los recursos legales procedentes. También se analizará el papel de los elementos encargados de su vigilancia.

“El problema no solo es el delincuente, sino el sistema que le permite escapar”, puntualizó Sheinbaum. Insistió en que el Poder Judicial debe asumir responsabilidad por resoluciones sin sustento legal. Expresó que su administración continuará denunciando actos que pongan en riesgo la seguridad nacional y la confianza en las instituciones.

Guardia Nacional en revisión

Los elementos asignados a la vigilancia del inmueble en Cuajimalpa ya fueron llamados a comparecer. Se investiga si incurrieron en omisiones o negligencias. La Secretaría de la Defensa Nacional colabora con la Guardia Nacional para esclarecer los hechos. Por ahora, no hay detenidos, pero las pesquisas siguen en curso.

Zhi Dong Zhang es considerado un operador financiero y logístico de alto nivel. Su vínculo con dos de los principales cárteles del país lo convierte en un objetivo prioritario para la justicia mexicana y agencias internacionales. La Interpol ya emitió una ficha roja a solicitud del gobierno mexicano. –sn–

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Vale la pena volver a ver otra vez esta entrevista de Ione Belarra en TVE sobre la impunidad y la guerra sucia contra Podemos.

➡️ https://youtu.be/HRd84X2JyO0

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¿POR QUÉ EL PSOE NO QUIERE RENOVAR EL CGPJ ILEGÍTIMO?

«Aaaaaamigo. Así que si el PSOE hiciera lo que está en su mano para desbloquear el CGPJ “perdería poder dentro del Consejo” y otros sectores políticos de la sociedad española ajenos al bipartidismo podrían estar representados ahí.»

➡️ https://diariored.canalred.tv/canal-red/por-que-el-psoe-no-quiere-renovar-el-cgpj-ilegitimo/

¡Qué larga se me está haciendo la “Transición modélica! 🙄

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