Quién es Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa al que EEUU acusa de colaborar con "Los Chapitos"

https://fed.brid.gy/r/https://lapatilla.com/2026/04/30/quien-es-ruben-rocha-el-gobernador-de-sinaloa-al-que-eeuu-acusa-de-colaborar-con-los-chapitos/

Columna Sociedad | La bomba que cayó en Sinaloa

La acusación que nos sorprendió ayer desde los Estados Unidos sacude el escenario político mexicano, y ha colocado bajo una presión inédita al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su administración y, por extensión, al gobierno federal.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Es una historia que se fue construyendo desde el periodo electoral de 2021, entre versiones periodísticas, filtraciones y señalamientos que hoy encontraron forma en una acusación formal del gobierno de los Estados Unidos.

Lo que se puso sobre la mesa es un presunto acuerdo entre actores de Morena en Sinaloa —incluido el gobernador— y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, particularmente Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán, con el objetivo de incidir en el resultado electoral de aquel 2021. A cambio, según la acusación estadounidense, se habría permitido el acceso y control de áreas estratégicas como la Secretaría de Seguridad, corporaciones policiales y la Fiscalía estatal.

El caso cruzó una línea decisiva al ser validado por un “gran jurado” en los Estados Unidos, lo que implica que el Departamento de Justicia haya presentado “elementos suficientes” para sustentar la persecución penal. A partir de ello, se giró una orden de aprehensión y se activó una solicitud de detención provisional, ya confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Este punto es clave, porque bajo ese mecanismo no se requiere la presentación inmediata de pruebas, sino que se actúa bajo un criterio de urgencia ante posibles riesgos de fuga o peligrosidad.

En este sentido, el procedimiento judicial se rige por el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos. En ese marco, las autoridades estadounidenses cuentan con un plazo de 60 días para enviar las pruebas formales que sustenten la solicitud, mientras que México deberá evaluar si concede o no la extradición. Sin embargo, la dimensión política y legal se entrelaza desde ahora, porque las detenciones podrían ejecutarse de forma inmediata en el caso de quienes no cuentan con fuero constitucional.

Ahí aparece uno de los nudos más complejos del caso; el gobernador Rubén Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, están protegidos por fuero, lo que obliga a iniciar procesos para retirarlos. Estos procedimientos no son automáticos; responden a dinámicas políticas internas que pueden alargar, o incluso frenar, el curso judicial, a menos que los implicados decidan renunciar voluntariamente a su cargo para enfrentar las acusaciones.

En contraste, los otros ocho actores señalados —como autoridades municipales— no cuentan con esa protección, lo que abre la posibilidad de detenciones inmediatas, si el gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), así lo determina.

El caso, además, se desarrolla en medio de una fuerte carga política en ambos lados de la frontera; mientras en México se habla de prudencia y de esperar pruebas, en los Estados Unidos el proceso ya superó un filtro judicial relevante. La acusación incluye presuntos encuentros entre el gobernador y los hijos de “El Chapo” antes y después de la elección, así como evidencia documental como fotografías y registros que han sido descritos como “narconóminas”, según se desprende del expediente judicial.

De esta manera, tenemos el antecedente de procesos como el de Genaro García Luna, donde testimonios y pruebas circunstanciales fueron suficientes para sostener una condena; bajo esa lógica, es un expediente que ya fue validado en términos judiciales.

Por si fuera poco, episodios como el “Culiacanazo”, la liberación de Ovidio Guzmán ordenada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y las reiteradas sospechas sobre vínculos entre autoridades y el crimen organizado, forman parte de una narrativa que hoy encuentra un nuevo capítulo. A ello se suma la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, quien incluso señaló al gobernador en una carta pública, lo que incrementó la presión mediática y política.

Estas acusaciones acumuladas, que durante años parecían dispersas o insuficientes, hoy convergen en el expediente judicial que obliga a replantear el alcance de la relación entre poder político y crimen organizado. En ese trayecto, también se han señalado irregularidades en investigaciones locales, incluyendo versiones oficiales que posteriormente fueron desmentidas por instancias federales, por ejemplo, el entorno donde murió Héctor Melesio Cuén Ojeda, evento donde también se registró el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada.

Así, la postura que adopte el gobierno federal este jueves desde el atril presidencial, impactará la relación bilateral con los Estados Unidos y la percepción interna sobre el combate a la corrupción y la impunidad. El respaldo previo al gobernador, tanto en el pasado como en el presente, se convierte ahora en un factor que condiciona la respuesta institucional.

En el fondo, más allá de nombres y cargos; este caso no solo define el futuro de un gobernador o de un grupo político, sino la capacidad del Estado mexicano para responder ante acusaciones de esta magnitud, bajo la mirada de un sistema judicial internacional que ya ha dado un primer paso. Sin duda, aún no tenemos claridad de los alcances de la bomba que cayó en Sinaloa.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: Soberanía y solidaridad

Texto publicado de manera original en SDP Noticias

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.

EU acusa a gobernador de Sinaloa y funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico

EE.UU. acusa al gobernador de Sinaloa y a otros cargos mexicanos de narcotráfico.

SN Redacción | EFE

Nueva York.- El Departamento de Justicia de EU. acusó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y a otros cargos y exfuncionarios del estado mexicano de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente «conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos», indica un comunicado.

En la imputación figuran otros dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía general del estado mexicano en mención.

Según las autoridades estadounidenses, los acusados conspiraron con el cartel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a EE.UU. y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.

La relación del gobernador de Sinaloa con el narcotráfico, según EE.UU.

En concreto, a los implicados se les acusa de alinearse con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, y recibir a cambio «millones de dólares» de los beneficios del cartel.

La Justicia de EE.UU. alega que Rocha Moya logró la elección como gobernador en noviembre de 2021 después de que los Chapitos lo ayudaran «secuestrando e intimidando a sus rivales», y ha permitido que estos «operen con impunidad» bajo la promesa de protegerlos.

«Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno», publicó Rocha en un mensaje en sus redes sociales tras conocer la acusación.

El mandatario sinaloense afirmó que esta imputación es un «ataque» a su persona, al movimiento de la Cuarta Transformación (encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum), a sus «emblemáticos liderazgos» y a los mexicanos que «representamos esa causa».

Rocha, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se dirigió a los ciudadanos de Sinaloa, a quienes afirmó que «con el valor y la dignidad que nos caracteriza demostraremos la falta de sustento de esta calumnia».

En un comunicado, la embajada estadounidense en México subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga «jurisdicción».

México dice que EE.UU. no ha presentado pruebas

Por su parte, la Cancillería de México afirmó que enviará una queja diplomática a la Embajada de EE.UU. en el país por la forma en que se hizo pública la acusación contra el gobernador de Sinaloa, ya que, aseguró, no se presentaron «pruebas» por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

«La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la Fiscalía General de la República. En los documentos no se anexan pruebas».

La Cancillería informó que este martes recibió solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, pero advirtió que conforme a los tratados vigentes, este tipo de información debe manejarse con carácter confidencial, por lo que la forma en que se hizo pública no se apegaría a esos lineamientos.

«Por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer», sostuvo.

Precisó que la Fiscalía deberá evaluar si existen elementos para proceder con detenciones provisionales con fines de extradición.

¿Quiénes son los exfuncionarios acusados?

Los antiguos cargos del gobierno del Sinaloa acusados son Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.

A la lista se suman dos exjefes de la Policía investigadora de la Oficina de la Fiscalía general de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras; el exvicedirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, y un excomandante de la Policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

Todos están acusados de tres delitos: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con esas armas, que los enfrentan a sentencias mínimas de cuarenta años de prisión y cadena perpetua.

A Valenzuela Millán, de 35 años, se le acusa además de presuntamente participar en los secuestros de un informante de la Agencia Antinarcóticos (DEA) y un familiar de este, que fueron torturados y asesinados por orden de los Chapitos, por lo que afronta una sentencia obligatoria de cadena perpetua. –sn–

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.

EE. UU. acusa al gobernador de Sinaloa y a nueve funcionarios mexicanos de tráfico de drogas en una acusación federal.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve otros funcionarios mexicanos actuales o anteriores de narcotráfico y delitos de armas en una acusación federal presentada en Nueva York. Los c…

#Akerix #CasoRochaMoya #NarcotraficoMexicoEEUU #CártelDeSinaloa
https://akerix.com/article/us-charges-mexican-officials

Operativo militar en Durango deja 10 detenidos ligados a “El Guano”

El despliegue, de acuerdo con lo publicado, involucró a más de 300 agentes por aire y tierra en la zona serrana que conecta Sinaloa con Durango, en el llamado Triángulo Dorado, una región histórica del narcotráfico.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

Una operación militar en La Cebadilla, municipio de Tamazula, Durango, dejó diez personas detenidas identificadas como integrantes de Gente del Guano, el grupo que encabeza Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo .

Entre los capturados están Abel N, identificado como mano derecha y persona de mayor confianza del líder; Eber Israel N, operador financiero y logístico a carga de la compra de armamento, drones y explosivos; y Etzair Lugo N, jefe de seguridad del grupo.

“Cabe hacer mención que, de conformidad con el Entendimiento de Cooperación en Materia de Seguridad entre México y EA, la inteligencia para lograr estas detenciones se logró con información de autoridades nacionales y estadounidenses; los detenidos y lo asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sin., para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica”, detalló la Sedena.

Las Fuerzas Armadas ubicaron a esta célula como parte de una facción del Cártel de Sinaloa y señalaron que mantiene enfrentamientos con grupos de los Beltrán Leyva y con la facción del Ismael “El Mayo” Zambada, lo que perfila esa zona serrana como un punto de disputa criminal.

Durante la acción también se aseguró una ametralladora Minimi calibre 5.56, 10 armas largas, un arma corta, artefactos explosivos, así como cargadores y cartuchos.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que las acciones estaban encaminadas a ese objetivo y que ya había detenidos.

“Se están realizando acciones operativas en Sinaloa, específicamente en Badiraguato y los alrededores, hay acciones del Gabinete de Seguridad, principalmente encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional; ya hay detenidos, todavía no se confirma la detención de este sujeto, las operaciones continúan en este momento”, afirmó. –sn–

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.

La trayectoria de Guadalupe Fernández “La Patrona” dentro del Cártel de Sinaloa

📰 Título original: ¿Quién es Guadalupe Fernández, ‘La Patrona’, mujer que metía 30 kilos de coca a la semana a EU?

🤖 IA: Es clickbait ⚠️
👥 Usuarios: Es clickbait ⚠️

Ver resumen IA completo: https://killbait.com/es/la-trayectoria-de-guadalupe-fernandez-la-patrona-dentro-del-cartel-de-sinaloa/?redirpost=6c904653-b948-44f1-aa9f-d4e50f598bf1

#sucesos #cárteldesinaloa #narcotráfico #lavadodedinero

Liberación de César Gastélum Serrano, operador clave del Cártel de Sinaloa, prevista para agosto

📰 Título original: César Gastélum Serrano, ‘La Señora’, principal operador del ‘Mayo’ Zambada, será liberado en agosto

🤖 IA: No es clickbait ✅
👥 Usuarios: No es clickbait ✅

Ver resumen IA completo: https://killbait.com/es/liberacion-de-cesar-gastelum-serrano-operador-clave-del-cartel-de-sinaloa-prevista-para-agosto/?redirpost=8aa31f07-2256-48b7-a343-0c86484e5cd9

#justicia #cárteldesinaloa #...

Quién es César Gastelum, “La Señora”, operador del Cártel de Sinaloa al que EEUU eliminó sanciones

https://fed.brid.gy/r/https://lapatilla.com/2026/03/26/quien-es-cesar-gastelum-la-senora-operador-del-cartel-de-sinaloa-al-que-eeuu-elimino-sanciones/

Columna Sociedad | Soberanía y solidaridad

El mundo atraviesa una reconfiguración en su dinámica de convivencia. La tensión entre potencias, los conflictos regionales y las decisiones unilaterales han colocado a varias naciones en una encrucijada. México no es ajeno a ese proceso; forma parte activa de un tablero que cambia con rapidez.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Los recientes episodios bélicos entre los Estados Unidos e Irán, así como la persistente confrontación entre Ucrania y Rusia, evidencian un entorno internacional volátil.

La historia en América Latina también se reescribe. La presión sobre Venezuela y el endurecimiento de medidas hacia Cuba reflejan una estrategia que combina interés económico y control político. Por si fuera poco, la amenaza de sanciones genera efectos directos en la población civil.

El caso de la isla resulta muy emblemático. La falta de combustible y los cortes eléctricos trastocan la vida cotidiana. La escasez de estas energías incide en la salud, educación, estabilidad social y desconexión digital.

Paradójicamente, Cuba ha sido referente internacional en materia médica. La formación de especialistas y la exportación de servicios de salud constituyen una de sus principales aportaciones al mundo. Esa vocación se remonta a figuras como Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro Ruz, quienes impulsaron un modelo con fuerte énfasis social.

De esta forma, el llamado del impulsor del humanismo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a la solidaridad internacional, responde a una tradición diplomática que privilegia la cooperación y el respeto entre las naciones. La invitación a realizar donaciones apela a la dimensión humana.

Por su parte, el gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, ha reconocido estos gestos. Sin embargo, la magnitud del problema rebasa los apoyos puntuales. La economía de la isla depende en gran medida del turismo, sector que también resiente los efectos de la crisis.

Para México, este tipo de decisiones implica costos y beneficios. La cercanía con Cuba puede generar tensiones con los Estados Unidos, pero también reafirma una postura soberana en política exterior. En este sentido, la administración de la mandataria Claudia Sheinbaum ha manifestado precisión política al mantener el equilibrio entre cooperación regional y relación estratégica con Washington.

En el ámbito interno, la postura también envía señales. Refuerza la idea de un gobierno que prioriza la justicia social y la solidaridad internacional como ejes de acción. Vale recordar a Compay Segundo: “en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones”.

Punto Cero

Jorge Armando Rocha suena con mucha energía para convertirse en el candidato natural para recuperar Coyoacán por el movimiento de la Cuarta Transformación. El nombre del periodista y director del Canal del Congreso de la Ciudad de México sale a la luz entre varios políticos de izquierda, por ser un personaje joven, con experiencia en el acontecer político, que podría dejar atrás a figuras como Carlos Castillo, Gerardo Villanueva, Hannah de la Madrid, quienes han contenido por esta alcaldía capitalina.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: Terrorismo y soberanía nacional

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.

Columna Sociedad | Terrorismo y soberanía nacional

Los hechos recientes de violencia que se presentaron alrededor de la detención –y posterior muerte– de Nemesio Oseguera Cervantes, sobre si fueron, o no, hechos de terrorismo, coloca al Estado mexicano ante un dilema jurídico y político de alto calibre.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Los hechos recientes de violencia que se presentaron alrededor de la detención –y posterior muerte– de Nemesio Oseguera Cervantes, sobre si fueron, o no, hechos de terrorismo, coloca al Estado mexicano ante un dilema jurídico y político de alto calibre.

Tras la captura y muerte del que fuera líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron incendios de establecimientos, ataques a bancos y bloqueos carreteros en varias entidades federativas. Reportes de investigación preliminar dieron cuenta de más de 200 tiendas de conveniencia afectadas y decenas de vehículos incendiados.

En este contexto, el artículo 139 del Código Penal Federal establece penas de 15 a 40 años de prisión a quien, mediante explosivos, armas de fuego o actos violentos, genere alarma o terror en la población con el fin de presionar a la autoridad; este tipo penal descarta la exigencia de motivación ideológica; por otro lado, los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron en 2003 que, el terrorismo no constituye delito político por su naturaleza jurídica.

Desde esa óptica técnica, los hechos encajan en la descripción del marco legal vigente en nuestro país. Hubo uso de armas, ataques a bienes públicos y privados, y un propósito evidente de intimidación social. Además, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada prevé que cuando tres o más personas se asocian para cometer delitos como terrorismo, la competencia es federal.

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la actual administración de Donald Trump, ha impulsado la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Esa etiqueta activa mecanismos financieros y de seguridad internacional que rebasan la jurisdicción mexicana.

Si el gobierno federal asumiera, hipotéticamente, que existe terrorismo, podría abrir la puerta a revisiones financieras bajo convenios internacionales contra el financiamiento al terrorismo, entre ellas, las actividades “comerciales” ilícitas de éstas empresas criminales. También se podrían realizar análisis de inteligencia dentro de foros multilaterales y eventos de alto perfil, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México será sede junto con los Estados Unidos y Canadá.

Reconocer jurídicamente el terrorismo podría fortalecer procesos penales, pero también expondría al país a presiones externas. Pero la realidad es que la mandataria mexicana ha optado por un trato firme y diplomático con Washington. Ha defendido la soberanía sin romper la cooperación. Esta prudencia busca evitar que la narrativa externa condicione la política interna.

De esta forma, el Ministerio Público, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, tiene la facultad de tipificar conductas, sin embargo, las palabras que emanan del poder Ejecutivo pesan en la orientación institucional, es una fina línea entre la técnica jurídica y la conveniencia social, a pesar de la autonomía de la FGR.

De este evento de gran magnitud, incluso de carácter internacional, se desprende que México enfrenta una disyuntiva muy compleja, aplicar el derecho penal con rigor pleno o contener una categoría que podría alterar su posición internacional.

No cabe duda que, la fortaleza institucional del gobierno mexicano, hoy se mide en la capacidad de nombrar la realidad, sin perder el control de sus consecuencias. Quién lo diría, la figura de “El Mencho” es hoy una estampa de calibre internacional sobre la efectiva estrategia mexicana de combate al narcotráfico, que pasó del terror a la soberanía nacional.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: Un mundo arrodillado al ego

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.