Refugiados chiapanecos buscan seguridad en Guatemala

Un centenar de habitantes huyó de Chiapas y recibió asistencia humanitaria en Guatemala.


Por Mauro López | Corresponsal                                                

Aproximadamente 100 pobladores de Frontera Comalapa, Chiapas, cruzaron a Guatemala para refugiarse. La salida ocurrió tras el repunte de la violencia vinculada al narcotráfico en la región.

El grupo abandonó la comunidad de El Sabinalito debido a enfrentamientos recientes entre cárteles. Autoridades guatemaltecas confirmaron que permanecieron en una escuela adaptada como albergue temporal.

De acuerdo con reportes, el conflicto involucró al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Ambas organizaciones disputaron el control territorial en zonas estratégicas de la frontera.

El gobierno federal de Guatemala informó que los refugiados fueron reubicados en la aldea Guailá. El asentamiento se localizó en el departamento de Huehuetenango, cerca de la franja limítrofe.

Crisis humanitaria en aumento

La vocera del Instituto Guatemalteco de Migración, María Enamorado, informó sobre la situación. Señaló que los refugiados recibieron apoyo inmediato y acceso a servicios básicos.

La funcionaria indicó que la asistencia incluyó alimentos, agua y atención médica. En la zona se desplegaron brigadas de emergencia con personal especializado.

El IGM detalló que los desplazados ingresaron a Guatemala el 10 de agosto pasado. Los habitantes permanecieron bajo resguardo desde esa fecha en instalaciones comunitarias.

Organismos internacionales colaboraron en la respuesta humanitaria con la Cruz Roja y Plan Internacional. Las labores se enfocaron en garantizar la seguridad y protección de los refugiados.

Antecedentes de desplazamiento

Hace un año, al menos 600 mexicanos también cruzaron a Guatemala por violencia. En esa ocasión, los desplazados permanecieron casi siete meses antes de retornar a Chiapas.

El registro de desplazamientos forzados reflejó la persistencia de la inseguridad. Las autoridades locales reconocieron que la violencia continuó generando presión en comunidades rurales.

Los recientes ataques aceleraron la salida de familias enteras hacia el vecino país. Testimonios confirmaron que el temor motivó el éxodo hacia Huehuetenango.

El contexto de violencia en Chiapas tuvo como antecedente los enfrentamientos armados. La disputa entre grupos criminales consolidó escenarios de riesgo prolongado en la zona.

Violencia en El Sabinalito

El 8 de agosto, hombres armados asesinaron al comisario ejidal de El Sabinalito. La víctima fue identificada como Rudy Aguilar Lucas, junto con su hermano Manuel.

Ambos eran familiares de Jorge, exalcalde de Frontera Comalapa, resguardado en Tuxtla Gutiérrez. Después de los asesinatos, la población decidió salir de la comunidad.

El éxodo colectivo ocurrió tras ese ataque perpetrado contra autoridades locales. Las familias buscaron refugio inmediato en territorio guatemalteco.

La salida masiva ocurrió en paralelo a la instalación de la Mesa de Paz. El encuentro se celebró el 15 de agosto en la misma comunidad.

Reacciones oficiales en Chiapas

La secretaria general de Gobierno, Patricia Conde, encabezó la reunión de coordinación. La funcionaria afirmó que el gobernador Eduardo Ramírez acudió a la región.

Según Conde, la población regresaba de manera intermitente a sus hogares. Argumentó que algunas personas se desplazaban por motivos laborales o personales.

Las declaraciones oficiales contrastaron con reportes de desplazamientos constantes. Testimonios en la zona confirmaron que las familias abandonaron la comunidad.

El gobierno estatal aseguró presencia militar y policial en El Sabinalito. Sin embargo, los habitantes mantuvieron el temor por la permanencia del crimen organizado.

Centro de operaciones criminales

La prensa local señaló que El Sabinalito fue un bastión del CJNG. Reportes añadieron que la zona albergó al llamado Cártel Chiapas Guatemala.

A pesar de la vigilancia militar, los desplazamientos continuaron en aumento. Los residentes manifestaron miedo ante la disputa criminal en la región.

El fenómeno confirmó que la inseguridad persiste en Chiapas desde hace años. La violencia del narcotráfico ocasionó la expulsión de miles de habitantes.

Los desplazados chiapanecos en Guatemala se sumaron a una crisis regional. Las autoridades reconocieron que los flujos migratorios forzados se intensificaron. –sn–

MIlitares en Guatemala

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Julio César Jr bajo custodia en México

El hijo de Julio César Chávez fue entregado a la FGR por autoridades de Estados Unidos.


Por Martín García | Reportero                                      

El boxeador mexicano Julio César N, hijo del excampeón Julio César Chávez, ya se encontraba bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) en México. La detención se realizó en la frontera norte después de su entrega por agentes estadounidenses.

https://twitter.com/sdpnoticias/status/1957830493598105910

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el atleta fue entregado el 18 de agosto al mediodía en la Garita Dennis DeConcini. La operación contó con la participación de la Policía Federal Ministerial, que recibió al detenido en territorio mexicano.

El pugilista permaneció bajo custodia de agentes migratorios del ICE desde el 2 de julio. La captura ocurrió en Estados Unidos y derivó en un proceso de deportación hacia México para enfrentar acusaciones pendientes.

Delitos imputados

La FGR informó que al boxeador se le buscaba por delincuencia organizada. Además, se le relacionó con tráfico de armas, presuntos delitos cometidos en coordinación con estructuras del Cártel de Sinaloa.

El organismo federal indicó que existían investigaciones abiertas en su contra desde hace varios meses. Estas pesquisas incluyeron la colaboración de agencias internacionales de seguridad.

Fuentes oficiales revelaron que el arresto en Estados Unidos obedeció a solicitudes presentadas por la autoridad mexicana. La entrega formó parte de mecanismos de cooperación bilateral en materia de justicia.

La detención de Julio César N se sumó a una serie de operaciones recientes contra grupos vinculados al narcotráfico. Las autoridades subrayaron que este procedimiento se realizó bajo estricto apego a la ley.

Traslado a México

El boxeador arribó a territorio nacional en custodia de agentes federales. Su llegada fue registrada formalmente en el sistema del Registro Nacional de Detenciones.

Posteriormente, fue trasladado a instalaciones de la FGR en la Ciudad de México. En ese lugar, personal ministerial inició los trámites correspondientes a la integración del expediente judicial.

Las autoridades mexicanas aseguraron que el procedimiento incluyó medidas de seguridad especiales. Estas acciones buscaban prevenir cualquier intento de rescate o interferencia externa.

El proceso judicial se desarrollará en tribunales federales, donde se determinarán las acusaciones en su contra. Los cargos se relacionaron principalmente con delitos de alto impacto.

Contexto familiar y deportivo

Julio César N es hijo del legendario campeón de boxeo Julio César Chávez. Su carrera deportiva estuvo marcada por altibajos dentro y fuera del ring.

Durante años, mantuvo una trayectoria irregular en distintas categorías de boxeo profesional. Sin embargo, su nombre permaneció ligado a la fama de su padre en el ámbito deportivo.

En los últimos años, enfrentó polémicas legales y personales que afectaron su actividad profesional. Los problemas con la justicia se sumaron a incidentes de indisciplina pública.

Su relación con grupos criminales se convirtió en objeto de investigaciones oficiales. La detención confirmó la vigencia de esas indagatorias en México y Estados Unidos.

Próximos pasos legales

La FGR deberá presentar pruebas suficientes para sostener las acusaciones ante jueces federales. El proceso incluirá audiencias iniciales para definir su situación jurídica.

De confirmarse los delitos imputados, enfrentará penas de prisión previstas en la legislación mexicana. En caso contrario, la defensa buscará su liberación argumentando falta de elementos.

El caso atrajo la atención mediática por tratarse del hijo de una figura pública. La trayectoria del excampeón Julio César Chávez contrastó con los problemas legales de su descendiente.

El procedimiento judicial continuará bajo reserva, de acuerdo con las normas procesales vigentes. Las autoridades no descartaron ampliar las investigaciones hacia posibles cómplices. –sn–

Julio César Chávex Jr | Foto DHS

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El Mayo Zambada se declara culpable en los EU

Ismael Zambada cambia su declaración y evita la pena de muerte.


Por Martín García | Reportero                                      

El histórico narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada anunció que se declararía culpable el 25 de agosto. El fundador del Cártel de Sinaloa cambió su postura tras intensas negociaciones con la Justicia estadounidense. Su declaración inicial de inocencia se modificó al excluirse la pena de muerte.

Este lunes se publicó en estrados federales de Estados Unidos el cambio de estrategia procesal. El anuncio estableció que la audiencia se realizaría al mediodía hora local. Con ello, Zambada enfrentaría los 17 cargos en su contra bajo un nuevo marco judicial.

El 5 de agosto, autoridades estadounidenses informaron que Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes libraron la pena capital. La fiscalía estadounidense remitió a distintas cortes cartas con la orden de no solicitar esa sanción. La medida abrió paso a negociaciones de culpabilidad.

Negociaciones judiciales

La fiscal Pamela Bondi instruyó a sus oficinas no solicitar la pena de muerte en estos casos. La decisión fue comunicada por el fiscal Joseph Nocella Jr. a los jueces Brian Cogan, Frederic Block y Joan M. Azrack. En las misivas se aclaró que la sanción capital quedaba descartada.

El documento entregado a las cortes incluyó la autorización expresa de la fiscal. Se informó que el gobierno federal mantendría el juicio, pero sin la opción de pena máxima. Con ello, los tres capos mexicanos enfrentaron acusaciones bajo otras perspectivas penales.

En el caso de Ismael Zambada García, la acusación incluyó delitos de narcotráfico y crimen organizado. Se le imputaron cargos relacionados con fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana. También se le señaló por lavado de dinero y portación ilegal de armas de fuego.

El proceso judicial contra Zambada se pospuso en junio pasado por interés de la justicia. El 11 de ese mes se solicitó un plazo adicional de 60 días para continuar negociaciones. La corte aceptó la medida, retrasando la audiencia originalmente programada para el 16 de junio.

Detalles del caso Zambada

Zambada fue secuestrado en 2024 por Joaquín Guzmán López, integrante de “Los Chapitos”. Posteriormente apareció en un aeródromo de Texas, donde quedó bajo custodia. Desde entonces, enfrentó una serie de cargos federales en territorio estadounidense.

Durante la etapa previa, ambas partes intercambiaron materiales de descubrimiento. Se discutió la posibilidad de una resolución anticipada del juicio. El gobierno estadounidense evaluó el uso de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA).

El documento judicial especificó que los procedimientos de CIPA eran altamente probables. Aunque el alcance seguía en revisión, se determinó avanzar con la negociación. El acuerdo de culpabilidad surgió como una alternativa viable dentro del proceso.

La fiscalía sostuvo que la decisión respondía a un análisis de probabilidades. El objetivo fue garantizar un proceso justo sin prolongar innecesariamente el juicio. El cambio de postura de Zambada representó un momento histórico para la justicia estadounidense.

Otros capos en proceso

El 28 de febrero, Rafael Caro Quintero compareció por primera vez ante una corte federal en Brooklyn. Conocido como el “narco de narcos”, se declaró no culpable de los cargos iniciales. Su proceso incluyó acusaciones por homicidios, narcotráfico y empresa criminal continua.

En esa ocasión, la fiscal Saritha Komatireddy recordó que Caro Quintero fue responsable del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Señaló que su papel en la historia del narcotráfico mexicano lo convirtió en pionero del crimen organizado. El narcotraficante llegó esposado y bajo fuerte vigilancia.

Por su parte, Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, también negoció con la fiscalía. La defensa solicitó un plazo de 90 días para continuar pláticas sobre la pena capital. La jueza Joan M. Azrack aceptó la medida, lo que dejó en pausa el juicio.

Carrillo Fuentes enfrenta 47 cargos relacionados con narcotráfico, homicidio y manipulación de testigos. Fue líder del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano, Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. Su papel en el trasiego de cocaína desde Colombia fue central en los años noventa.

Relevancia judicial

El caso de Ismael Zambada representa uno de los procesos más relevantes contra líderes del narcotráfico. Su decisión de declararse culpable evitó un juicio prolongado y la posibilidad de una condena capital. Con ello, se abre una nueva etapa en la relación judicial entre México y Estados Unidos.

La audiencia del 25 de agosto será decisiva para definir la sentencia de Zambada. La corte federal de Brooklyn recibirá su declaración formal de culpabilidad. El proceso marcará un precedente en la historia de los grandes capos mexicanos juzgados en territorio estadounidense. –sn–

El Mayo Zambada

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Trump ordena al ejército de EE.UU. a usar la fuerza contra los cárteles en suelo extranjero

Calificados como terroristas, Estados Unidos es más frontal para combatir el tráfico de droga en México, así como en Venezuela, considerando ilegitimo su gobierno y duplicando la recompensa por Maduro

Rolling Stone en Español

Sheinbaum niega pruebas contra Nicolás Maduro relacionado con el Cartel de Sinaloa

Gobierno federal informó ausencia de pruebas contra Maduro por nexos criminales. Declaraciones ante la prensa


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum afirmó que su administración no tuvo evidencias sobre un presunto vínculo entre Nicolás Maduro y el Cártel de Sinaloa. Señaló que no existieron documentos o testimonios que respaldaran las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La declaración ocurrió durante una conferencia de prensa ofrecida este viernes.

La mandataria fue cuestionada sobre la acusación estadounidense que señaló a Maduro como uno de los principales traficantes de drogas hacia Estados Unidos. El señalamiento incluyó que dichas operaciones se habrían realizado a través del grupo criminal fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, el expediente del Departamento de Justicia detalló supuestas rutas de trasiego que involucrarían a organizaciones mexicanas. Sin embargo, el gobierno federal insistió en que no contó con datos oficiales que confirmaran la relación directa.

https://sociedad-noticias.com/2025/08/07/ofrece-eu-50-mdd-por-informacion-que-lleve-a-la-captura-de-nicolas-maduro/

En su intervención, Sheinbaum reiteró que cualquier señalamiento debía estar sustentado por pruebas verificables y presentadas ante instancias correspondientes. Aclaró que hasta el momento no existió solicitud de cooperación específica por parte de autoridades de Estados Unidos para investigar el caso.

Contexto de la acusación

El Departamento de Justicia norteamericano presentó la acusación como parte de un proceso judicial abierto contra varios funcionarios y exfuncionarios de Venezuela. El documento señaló a Maduro de encabezar una red de narcotráfico transnacional con alcance en México. Según esa versión, el Cártel de Sinaloa habría operado como socio estratégico para el traslado de droga a Norteamérica.

Las autoridades estadounidenses indicaron que el supuesto esquema criminal llevaba más de una década en funcionamiento. Afirmaron que este incluía el uso de puertos y aeropuertos en América Latina para el transporte ilícito. Sin embargo, no se especificaron fechas exactas ni evidencia visual en la acusación pública.

En México, la información generó interés entre medios de comunicación y especialistas en seguridad nacional. La mención del Cártel de Sinaloa colocó el tema en la agenda política, debido a las implicaciones diplomáticas y de cooperación internacional que podría tener.

https://sociedad-noticias.com/2025/08/08/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-viernes-08-de-agosto-2025/

El gobierno federal recordó que cualquier solicitud de investigación debía presentarse mediante canales oficiales, como convenios bilaterales o asistencia jurídica internacional. Recalcó que las acusaciones mediáticas no tenían el mismo peso que un requerimiento judicial formal.

Reacción diplomática y política

Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmaron que, hasta el momento, no se recibió nota diplomática relacionada con el caso. Señalaron que las relaciones con Venezuela se mantenían bajo los parámetros de cooperación habituales.

Por su parte, representantes del gobierno venezolano negaron las acusaciones emitidas por Estados Unidos. Afirmaron que se trataba de un intento de desestabilización política y de afectar la imagen internacional de Maduro.

En el ámbito legislativo mexicano, algunos senadores solicitaron al Ejecutivo federal mantenerse vigilante ante cualquier solicitud de colaboración. Argumentaron que la transparencia y la legalidad debían guiar cualquier actuación.

El tema también fue abordado por analistas en política internacional, quienes coincidieron en que la acusación podía escalar a un conflicto diplomático si se presentaban pruebas más sólidas. –sn–

Nicolas Maduro | @SociedadN_ | Foto Prensa Latina

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Crimen organizado recluta jóvenes con falsas ofertas de empleo

Adolescentes jaliscienses fueron engañados y enviados a Sinaloa para integrarse a grupos criminales. Reclutamiento a través de redes sociales.


Por Daniel Reséndiz | Corresponsal                                                

Investigaciones de la Fiscalía de Jalisco revelaron que adolescentes reportados como desaparecidos y encontrados sin vida en Sinaloa fueron engañados con supuestas ofertas laborales. Estas convocatorias se realizaron mediante redes sociales y derivaron en su reclutamiento como sicarios del grupo denominado “Deltas”, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los jóvenes fueron enviados a combatir al Cártel de Sinaloa.

El fiscal general Salvador González de los Santos confirmó que el caso de Paul Alexander y Carlos Alejandro no fue aislado. Explicó que ambos fueron contactados por redes sociales, trasladados a Zacatecas para recibir adiestramiento, después a Nayarit y finalmente a Sinaloa. Detalló que esta ruta es utilizada de forma estratégica para su integración a grupos delictivos.

El funcionario expuso que las organizaciones criminales cambian constantemente sus rutas para evitar la intervención de las autoridades y el posible escape de los jóvenes. Agregó que también se han detectado traslados a Michoacán y Acapulco, Guerrero, con fines similares. Aunque no se precisó un número de reclutas, algunos jóvenes que lograron escapar señalaron que varias de las personas reportadas como desaparecidas continúan activas en células delictivas. La fiscalía ha informado de estos hallazgos a las familias afectadas.

Promesas falsas y viajes a otros estados

Esta táctica, advirtió De los Santos, complica la localización de los adolescentes y su protección. Los puntos de encuentro suelen ser terminales de autobuses, principalmente en Guadalajara, donde llegan jóvenes de distintas ciudades atraídos por supuestos sueldos atractivos. Paul Alexander fue visto por última vez el 10 de mayo en Huerta Vieja, Ixtlahuacán de los Membrillos. Carlos Alejandro fue visto el 20 de mayo en la colonia Constitución, de Zapopan. Ambos fueron encontrados muertos en Sinaloa.

Sus fallecimientos ocurrieron entre el 13 y 14 de julio, durante enfrentamientos entre grupos armados en el poblado El Pozo, en Culiacán. Vestían ropa camuflada, portaban equipo táctico y estaban dentro de una camioneta, junto a un tercer cadáver posiblemente de otro jalisciense. El Pozo, ubicado a 16 kilómetros de Culiacán, alberga campamentos criminales y ha sido escenario de múltiples enfrentamientos armados en meses recientes.

Alerta a padres y tutores

De los Santos precisó que las invitaciones al crimen no provienen solo de desconocidos, sino de personas dentro del círculo social de las víctimas. Hizo un llamado a padres y tutores para vigilar los comportamientos y movimientos de los adolescentes, así como para fomentar la comunicación familiar. El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que se han detectado métodos de captación a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y videojuegos. Ante ello, implementaron campañas de prevención en escuelas y medios digitales.

Las charlas informan sobre nuevas modalidades del crimen organizado para atraer a jóvenes. Se ofrecen falsas vacantes, destacando los pagos altos más que las funciones a realizar, lo que resulta atractivo para adolescentes sin supervisión adecuada. Hernández advirtió que algunos de estos jóvenes aceptan las ofertas con pleno conocimiento del tipo de actividad criminal a la que se integrarán, lo que incrementa el riesgo y la dificultad para rescatarlos.

Otro caso de víctima jalisciense

La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco informó que Axel Aarón, de 24 años, contaba con ficha de desaparición y fue asesinado en Sinaloa. Fue visto por última vez el 13 de octubre de 2024 en la colonia San Juan de Ocotán, de Zapopan.

Su muerte ocurrió el 4 de julio frente a una vivienda al norte de Culiacán, cuando sujetos armados dispararon contra él y otro joven con el que estaba. Aunque Axel Aarón fue trasladado con vida a un hospital, murió durante la atención médica. Su acompañante perdió la vida en el lugar del ataque. –sn–

Niños reclutados por carteles

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El gobierno de los EU desiste de pena de muerte contra «El Mayo» Zambada

El fiscal estadounidense notificó que no buscará la pena de muerte contra Ismael Zambada García. Evita Fiscalía pena capital.


SN Redacción | EFE

El gobierno de Estados Unidos informó al juez federal del caso contra Ismael El Mayo Zambada que no pedirá la pena de muerte. La decisión fue confirmada en un escrito judicial firmado por el fiscal Joseph Nocella Jr. y divulgado por el periodista Keegan Hamilton. En el documento, el funcionario explicó que el Departamento de Justicia optó por retirar dicha solicitud.

La notificación se envió al juez a cargo del proceso, como parte de las actualizaciones del caso en la Corte Federal. Aunque no se detallaron los motivos, el desistimiento implica un giro en la estrategia de la Fiscalía. El juicio de El Mayo Zambada, considerado uno de los líderes históricos del narcotráfico, aún no tiene fecha.

Zambada no pisó prisión

Zambada García, de 76 años, ha sido perseguido por las autoridades estadounidenses durante más de dos décadas. A diferencia de Joaquín El Chapo Guzmán, nunca fue capturado por la justicia de ese país. Su influencia dentro del Cártel de Sinaloa fue reconocida por múltiples agencias federales.

En diversas acusaciones penales, la Fiscalía de Estados Unidos lo ubicó como fundador y dirigente del grupo criminal. La DEA lo mantuvo en su lista de los más buscados durante años. Hasta ahora, no existe registro oficial de su detención en México ni en territorio estadounidense. –sn–

El Mayo Zambada

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Crimen organizado exhibe fallas graves en la seguridad en Chiapas

Presentan helicóptero Black Hawk y ejecutan a empresario el mismo día. Ejecutan a empresario tras operativo.


Por Mauro López | Corresponsal                                                

La delincuencia organizada que opera en Chiapas desafió la política anticrimen del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien intentó restablecer la tranquilidad social en la región con nuevos equipos de seguridad. El mismo jueves en que presentó un helicóptero Black Hawk y embarcaciones marítimas Monster para combatir a los grupos criminales, dos sicarios ejecutaron a Carlos Román, empresario de la industria de la masa y la tortilla.

El crimen ocurrió en el municipio de Frontera Comalapa, justo en el centro de la localidad, donde el ayuntamiento ha sido controlado por bandas delictivas desde 2022. La ejecución se dio pocas horas después del evento encabezado por el gobernador, lo que evidenció el nivel de impunidad en esa zona fronteriza.

Asesinato en pleno centro

De acuerdo con fuentes policiales, Carlos Román fue asesinado por dos hombres armados que le dispararon a corta distancia. Los agresores escaparon del lugar sin ser detenidos, pese a la presencia de elementos de la Policía Estatal y del Ejército.

El empresario, de entre 54 y 55 años, perdió la vida de forma inmediata. Sus familiares intentaron llevarlo al hospital básico comunitario, pero al llegar ya no contaba con signos vitales. El asesinato conmocionó a la comunidad, donde era ampliamente conocido por sus negocios de tortillas.

Llegan fuerzas del orden

Elementos de la Policía Estatal, del Ejército, peritos y agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Distrito se presentaron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo de Carlos Román fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se inició la investigación.

El crimen ocurrió mientras el gobierno estatal promovía una estrategia de contención del crimen, con la adquisición de tecnología y armamento. Sin embargo, la respuesta institucional no logró evitar el atentado.

Prometen seguridad con helicópteros

El jueves, el gobernador Ramírez Aguilar encabezó en Tapachula la ceremonia de presentación de un helicóptero Black Hawk, embarcaciones Monster y nuevo personal de inteligencia. Aseguró que su administración buscaba brindar seguridad a los chiapanecos afectados por la violencia de los cárteles.

Señaló que uno de sus principales objetivos es proteger a la población de los efectos del conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, el cual dejó miles de personas desplazadas, desaparecidas y víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Sin tolerancia a criminales

El mandatario estatal afirmó que no habría tolerancia hacia la delincuencia. Dijo que en Chiapas se aplicaría la ley sin complicidades, y que las autoridades se habían preparado para hacerle frente al crimen organizado.

Aseguró que las nuevas herramientas permitirían operar con mayor capacidad en zonas de difícil acceso y mejorar la respuesta ante actos violentos. Añadió que su compromiso es con las familias que han vivido bajo amenazas constantes.

Invierten en tecnología táctica

El helicóptero Black Hawk, con visión nocturna y blindaje táctico, será utilizado en operativos de reconocimiento y patrullaje aéreo en la región fronteriza. Las embarcaciones marítimas Monster patrullarán los ríos que comunican con Guatemala, utilizados como rutas de contrabando.

Además, el despliegue incluye drones, sistemas de geolocalización, cámaras corporales y centros de monitoreo. Según el gobierno estatal, estas medidas buscan frenar el avance del crimen organizado en puntos estratégicos.

Frontera Comalapa, zona caliente

El municipio de Frontera Comalapa ha sido uno de los más afectados por el crimen en los últimos años. Diversos informes señalan la presencia de grupos armados que han tomado el control del transporte, los caminos y las actividades económicas.

Desde 2022, la región ha vivido bloqueos, enfrentamientos y desplazamientos masivos. Vecinos han denunciado la ausencia de autoridades y la complicidad de algunos mandos con grupos delictivos.

Familias viven bajo amenaza

Los familiares de Carlos Román relataron que el empresario había recibido amenazas por negarse a pagar extorsiones. Era dueño de varios locales de tortillas y sostenía una economía local que resistía las imposiciones del crimen organizado.

Vecinos del lugar exigieron justicia y la intervención del gobierno federal, pues consideraron que la presencia militar no ha logrado frenar los asesinatos y desapariciones.

Comprometen justicia pronta

La Fiscalía de Distrito informó que abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y ya se analizan los videos de seguridad de la zona. Aseguraron que seguirán varias líneas de investigación, incluida la extorsión.

Las autoridades estatales indicaron que reforzarán la vigilancia en Frontera Comalapa y en municipios aledaños, donde los grupos armados continúan operando con violencia. –sn–

Seguridad publica Chiapas

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Exigen garantizar seguridad a periodistas en Sinaloa

Red de comunicadores alerta por omisiones institucionales


Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

A casi un año del inicio de la disputa armada entre facciones del Cártel de Sinaloa, integrantes de la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos exigieron a las autoridades asumir su responsabilidad constitucional para proteger a quienes ejercen el periodismo en contextos de violencia. Además, solicitaron que no se transfiera a la prensa la obligación de cuidar su integridad durante coberturas en zonas de riesgo.

De acuerdo con el pronunciamiento del gremio, se han presentado “situaciones extremas” donde reporteros enfrentaron riesgos graves, incluso antes de que llegaran los cuerpos de seguridad pública. Este escenario, expusieron, ha evidenciado un patrón de omisión institucional que pone en peligro la vida de los comunicadores.

Los hechos documentados ocurrieron en medio de enfrentamientos vinculados con la lucha por el control de territorios entre dos grupos internos del cartel sinaloense. En ese contexto, los periodistas reiteraron que su labor se mantiene independiente de los conflictos armados que afectan a la región.

Afirmaron que no corresponde a los medios ni a sus trabajadores suplir el abandono de las autoridades, ni cargar con la responsabilidad de hacer valer las normas jurídicas. El objetivo del gremio, precisaron, es garantizar el derecho de la sociedad a estar informada.

Coberturas en riesgo

El gremio recordó que su trabajo resulta fundamental para la transparencia y la democracia, por lo que debe contar con garantías efectivas de libertad de expresión y acceso a la información. Además, reiteraron que el ejercicio periodístico cumple una función social insustituible.

Explicaron que la cobertura de los hechos violentos implica altos riesgos, sobre todo cuando las autoridades llegan tarde o se mantienen al margen de las zonas afectadas. En esos momentos, los comunicadores quedan expuestos a daños irreparables.

Frente a esa realidad, hicieron un llamado urgente para establecer mecanismos de protección que involucren a medios de comunicación, instituciones públicas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

También pidieron que las redacciones cuenten con políticas específicas de prevención y protocolos de seguridad para sus equipos, particularmente en los municipios con mayor presencia criminal.

Llamado a las autoridades

Los comunicadores insistieron en que las autoridades deben asumir la crisis de seguridad que vive Sinaloa y atender las demandas del gremio con prontitud y sin evasivas. Exigieron respuestas institucionales claras, no comunicados que sólo simulan atención al problema.

Propusieron que se activen mesas de trabajo entre los tres niveles de gobierno, medios de comunicación, fiscalías, fuerzas armadas y organismos civiles, con el propósito de generar rutas de acción y coordinación real durante operativos o coberturas de hechos violentos.

La red de periodistas lamentó que, en múltiples ocasiones, se haya ignorado su papel como observadores sociales y se les haya tratado como parte del conflicto. Recalcaron que su objetivo es informar, no intervenir en la violencia.

Además, expresaron su preocupación por el ambiente de hostilidad y criminalización que enfrentan quienes ejercen el periodismo en el estado. Denunciaron que esto vulnera derechos y afecta directamente a la ciudadanía que depende de la información.

Compromiso con la sociedad

En su mensaje, refrendaron su convicción de seguir ejerciendo un periodismo libre, responsable y comprometido con los derechos humanos. Subrayaron que la información confiable permite a la población tomar decisiones en contextos de emergencia y violencia.

La red también pidió a las instituciones educativas y sociales promover una cultura de respeto hacia los comunicadores, con el fin de disminuir el riesgo de agresiones o represalias. Señalaron que la desinformación y el silencio sólo fortalecen al crimen.

Finalmente, exhortaron a los poderes públicos a responder con hechos concretos y no con simulaciones políticas. Señalaron que se requiere voluntad real para frenar la violencia y crear condiciones seguras para informar desde el terreno.

Advirtieron que el tiempo se agota y que las consecuencias de la inacción institucional pueden ser irreversibles para quienes ejercen el periodismo. –sn–

Violencia contra periodistas

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