Tribunal de Disciplina Judicial instala Comisión de Investigación

El Tribunal de Disciplina Judicial crea órgano para analizar denuncias.


Por Martín García | Reportero                                      

La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) fue instalada oficialmente con el objetivo de revisar y sustentar las quejas y denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF), bajo principios de ética, transparencia e integridad.

El grupo de trabajo quedó encabezado por el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez, junto con la magistrada Eva Verónica de Gyvés Zárate y el magistrado Rufino H. León Tovar, quienes asumieron el compromiso de fortalecer la rendición de cuentas dentro del ámbito judicial federal.

Durante la ceremonia, Bátiz Vázquez sostuvo que la justicia consiste en otorgar a cada persona lo que merece: sanción al culpable y protección a quien reclama sus derechos, señalando que la investigación debe basarse en hechos verificables y una ética estricta.

Compromiso con la verdad

El magistrado explicó que investigar implicó buscar la verdad de los hechos, por lo que aseguró que cada denuncia presentada ante la Comisión sería atendida con objetividad, sin sesgos ni favoritismos, garantizando imparcialidad en cada resolución emitida.

Por su parte, De Gyvés Zárate señaló que los integrantes de la Comisión trabajaron de forma coordinada y con un propósito común: responder ante la sociedad y recuperar la confianza en el Poder Judicial de la Federación, a través de un actuar responsable y verificable.

La magistrada subrayó que cada queja o denuncia sería analizada con rigor técnico y respeto al debido proceso, a fin de determinar si existían elementos suficientes para iniciar o no una investigación formal en contra del servidor público señalado.

Garantía de legalidad

El magistrado Rufino H. León Tovar precisó que la Comisión funcionó como un apoyo al Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas del PJF, instancia encargada de sustentar las indagatorias sobre posibles actos irregulares dentro del Poder Judicial.

Explicó que el trabajo del órgano se desarrolló bajo los principios constitucionales que protegen los derechos fundamentales de las personas involucradas, reafirmando el compromiso institucional con la legalidad y la transparencia en la función pública.

Afirmó que los procedimientos de investigación respetaron las garantías individuales y se alinearon con el marco normativo vigente, consolidando la confianza en el sistema de justicia y fortaleciendo la credibilidad del TDJ ante la ciudadanía.

Transparencia y confianza ciudadana

La magistrada presidente del TDJ, Celia Maya García, participó como invitada de honor y aseguró que este cuerpo colegiado trabajó de manera coordinada para garantizar que la sociedad encontrara en los tribunales respuestas justas y aplicación estricta de la ley.

El titular del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, Vladimir Véjar Gómez, indicó que la instalación de la Comisión representó un paso decisivo hacia la transformación institucional y la lucha contra la corrupción, el nepotismo y el acoso laboral.

Expresó que la creación de este órgano reflejó el compromiso del gobierno federal y del PJF con la sociedad mexicana para consolidar un nuevo modelo de justicia basado en la integridad, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones judiciales. –sn–

Tribunal de Disciplina Judicial

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ASF revela anomalías millonarias en el Poder Judicial

ASF halló irregularidades financieras y detectó daño al erario por 272.4 millones.


Por Martín García | Reportero                                      

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargado de la administración y disciplina del anterior Poder Judicial, con un presunto daño al erario de 272.4 millones de pesos.

De acuerdo con la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2024, el organismo emitió 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un ejercicio de facultad de comprobación fiscal por las irregularidades encontradas.

Irregularidades bajo administración de Piña

Las anomalías ocurrieron durante la gestión de Norma Piña, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando también encabezó el Consejo de la Judicatura Federal.

Una de las observaciones más relevantes fue por 92.8 millones de pesos, correspondientes a copias y hojas digitalizadas que no pudieron comprobarse como servicio real.

El informe de la ASF señaló que los pagos se realizaron sin reportes electrónicos de consumo, incumpliendo los protocolos establecidos por el propio CJF.

Daño a la Hacienda Pública

Según la auditoría, “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal” por más de 92 millones de pesos relacionados con el contrato CON/DGRM/DCS/107/2019, vigente entre enero y septiembre de 2024.

El documento precisó que no existió evidencia documental sobre el motivo de los levantamientos manuales ni la razón por la cual había equipos no registrados en el sistema MICAS.

La ASF advirtió que dichas omisiones contravinieron el Acuerdo General del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, que regulaba la actividad administrativa.

Pagos sin firmas ni sellos válidos

Otro presunto daño al erario fue por 38.8 millones de pesos, derivado de pagos sin sellos ni firmas del personal autorizado de la Dirección de Servicios Informáticos del CJF.

Las cédulas de mantenimiento correctivo carecían de validación oficial en 119 tickets, incumpliendo el contrato CON/DGRM/DCS/035/2024, lo que impidió acreditar la prestación efectiva de los servicios.

La auditoría observó además la existencia de firmas apócrifas, no pertenecientes al personal que había reportado los incidentes técnicos. –sn–

SCJN

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Nueva composición judicial vulnera independencia y derechos humanos: GIDH 

Vulnera independencia y los derechos humanos la nueva composición judicial : GIDH 

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, a través de su presidente Jesús Rey Fierro Hernández, doctor en derecho y Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que la reciente reforma constitucional que reemplazó a la mitad del Poder Judicial Federal con jueces electos por voto popular representa un retroceso histórico en la independencia judicial en México.

“Lo ocurrido en el país constituye una fractura estructural en la división de poderes. No se trata de un avance democrático, sino de un proceso que somete al Poder Judicial a la voluntad política de las mayorías legislativas y del Ejecutivo”, señaló Fierro Hernández.

El presidente del GIDH recordó que este 1 de septiembre asumen sus cargos seis de los nueve ministros de la Suprema Corte, junto con más de 800 magistrados federales y 1,800 jueces locales, electos en comicios caracterizados por una participación ciudadana de apenas 13 por ciento.

“Ese nivel de abstencionismo refleja una sociedad que no confía en el proceso y que percibe, con razón, la captura política de un poder que debería ser imparcial y autónomo”, enfatizó el defensor de los derechos humanos.

El GIDH denunció que el proceso de selección de candidatos careció de reglas claras y de controles independientes. Las comisiones de evaluación no aprobaron estatutos uniformes, trabajaron con plazos insuficientes y se limitaron a revisar cartas de recomendación y escritos de motivación.

Jesús Rey Fierro Hernández

“Un juez no puede ser electo con base en simpatías vecinales ni cartas de recomendación. La justicia exige méritos, trayectoria y garantías de imparcialidad. El modelo adoptado en México desnaturaliza la función judicial y abre la puerta a la corrupción y al clientelismo político”, afirmó Fierro Hernández.

El defensor del pueblo recordó que la OEA señaló múltiples irregularidades en las elecciones judiciales, como la falta de transparencia en el financiamiento de campañas, la distribución de listas prefabricadas de candidatos y la intervención desproporcionada del Ejecutivo y del Congreso en las preselecciones.

“México es hoy el único país del mundo donde la totalidad de sus jueces son electos por voto universal. Esta anomalía no responde a estándares internacionales ni a principios de independencia judicial, reconocidos por la ONU y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo.

El abogado litigante alertó que la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, con amplias facultades para sancionar y destituir a jueces si “fallan en contra de la jurisprudencia” o de interpretaciones oficiales, incrementa los riesgos de subordinación política.

“Este tribunal funcionará como un mecanismo de control y castigo, más que como una instancia de rendición de cuentas. En lugar de fortalecer la justicia, institucionaliza la amenaza contra los jueces que no fallen conforme a los intereses en turno”, explicó.

De esta manera, Fierro Hernández exhortó al Estado mexicano a reconsiderar y derogar la reforma, o en su defecto, establecer salvaguardas sólidas para proteger la independencia judicial rumbo al proceso electoral de 2027, cuando se renovará la otra mitad del Poder Judicial Federal.

“El derecho a un juez independiente no es una concesión, es un pilar de todo Estado democrático. Sin independencia judicial, no hay garantías para los derechos humanos, ni posibilidad de que los ciudadanos enfrenten al poder con justicia”, subrayó.

Finalmente, el doctor en derecho reiteró que el GIDH “Lex-magister” continuará documentando las afectaciones a los derechos fundamentales derivadas de esta reforma y elevará el caso ante instancias internacionales.

“Si se consolida este modelo, México corre el riesgo de convertirse en un precedente negativo para la región, debilitando el acceso a la justicia y la confianza en las instituciones”, concluyó el defensor de los derechos humanos. –sn–

Pleno de la SCJN | @SociedadN_

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José Ramón Cossío alerta por reforma judicial

Advierte riesgos y retrocesos institucionales. Reforma judicial debilita contrapesos y pone en riesgo la legalidad. Riesgos estructurales en justicia.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz advirtió sobre los riesgos estructurales que implica la reforma judicial propuesta por el actual régimen. Señaló que esta transformación constitucional podría debilitar los contrapesos institucionales e instalar un modelo electoral riesgoso para el sistema de justicia.

Durante su intervención en el foro “La Coyuntura Política Hoy”, organizado por el PRD en esa entidad, el jurista cuestionó la velocidad y opacidad del proceso legislativo que impulsa la reforma. Consideró que su aprobación forma parte de una estrategia electoral.

Cossío argumentó que, al vincular la reforma con las campañas, se generó la percepción de que apoyar a Morena significaba avalar también el nuevo modelo de justicia. Enfatizó que esta situación careció de debate técnico y promovió una agenda de control político.

Frente a ello, el exministro llamó a defender el Estado de derecho, al advertir que los cambios planteados representan un intento por desmantelar instituciones judiciales fundamentales.

Cuestiona modelo de elección directa

En su ponencia “La reforma secundaria al Poder Judicial”, José Ramón Cossío Díaz criticó la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Aseguró que este modelo afecta la independencia judicial y elimina mecanismos de profesionalización.

“Ningún país aplica un esquema así de manera tan general”, afirmó. También expresó su rechazo a la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que, según dijo, carecería de controles efectivos y cuyas resoluciones no podrían ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Advirtió que si el modelo judicial previsto para 2025 se establece como norma, existe el riesgo de que se replique en futuras reformas, como las proyectadas para 2027. Reiteró que no se debe permitir la consolidación de un esquema que atente contra la legalidad.

El jurista insistió en que las transformaciones institucionales requieren análisis profundo, participación ciudadana y legitimidad técnica, no solo impulso político.

PRD cierra filas con legalida

El dirigente estatal del PRD, Arturo Piña García, dio la bienvenida al exministro y reconoció su trayectoria en el ámbito judicial. Afirmó que su partido mantendrá la defensa del Estado de derecho y los principios democráticos frente a cualquier intento de vulnerarlos.

“La legalidad debe prevalecer sobre cualquier interés de poder”, declaró. En el mismo sentido, Omar Ortega Álvarez, coordinador del PRD en el Congreso local, instó a impedir que se consoliden cambios que comprometan el funcionamiento del sistema judicial.

“El país no debe permitir que reformas de esta magnitud se impongan sin los controles necesarios”, comentó. También advirtió sobre las implicaciones que tendría una justicia subordinada al poder político.

Ortega Álvarez subrayó la necesidad de impulsar un debate técnico y público sobre los alcances reales de la reforma, y remarcó que la ciudadanía debe involucrarse para salvaguardar la división de poderes.

Promueven diálogo y resistencia jurídica

El foro fue moderado por José Juan Barrientos y contó con la participación de abogados, académicos, estudiantes y miembros del Comité Ejecutivo del PRD estatal. Entre los asistentes figuraron Javier Rivera Escalona, Viridiana Fuentes Cruz y Erika Peralta.

Durante el evento, se reiteró que el ciclo de conferencias tiene como objetivo construir herramientas críticas ante los cambios estructurales impulsados desde el poder. Los organizadores coincidieron en que la información jurídica debe acercarse a las bases sociales.

La dirigencia del PRD explicó que la formación política de su militancia debe incluir la comprensión de los efectos de reformas constitucionales. En ese sentido, llamaron a fortalecer la resistencia jurídica con argumentos y mecanismos institucionales.

Finalmente, los ponentes coincidieron en que los principios de justicia, legalidad y equidad deben prevalecer por encima de intereses coyunturales. –sn–

José Ramón Cossío Díaz

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