Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morelos despertó al tigre

Morelos dejó de ser una advertencia para convertirse en evidencia. La crisis ya no se puede maquillar con discursos ni contener con comunicados.

Por Raúl García Araujo                                            

Tiene nombre, tiene rostro y, sobre todo, tiene víctimas: jóvenes estudiantes asesinadas, desaparecidas y una comunidad universitaria que ha decidido no callar más.

El feminicidio de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos encendió una indignación que no deja de crecer.

Pero lejos de apaciguarse, la realidad se ha vuelto todavía más brutal. En el municipio indígena de Coatetelco, en la carretera hacia Miacatlán, apareció el cuerpo sin vida de una mujer en condiciones que reflejan el nivel de descomposición que vive la entidad.

Se trataba de Karol Toledo Gómez, estudiante de Derecho desaparecida días antes, no solo estremeció a su familia, sino que profundizó el miedo colectivo.

Al mismo tiempo, la confirmación del feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán terminó por detonar una respuesta social que ya venía gestándose.

No se trata de casos aislados. Se trata de un patrón. De una cadena de violencia que el Estado no ha sabido —o no ha querido— frenar.

Las calles hablaron. Más de 10 mil mujeres marcharon en Cuernavaca en el marco del Día Internacional de la Mujer.

No fue una movilización simbólica: fue un grito de hartazgo. Pintas, destrozos, consignas… todo ello es la expresión de una sociedad que se siente abandonada.

Y en paralelo, estudiantes de distintas facultades bloquearon avenidas, denunciaron acoso dentro de las propias instituciones educativas y exigieron algo tan básico como seguridad para poder estudiar.

Aquí es donde la crisis adquiere su dimensión política más grave.

En marzo de 2018, Andrés Manuel López Obrador lanzó una frase que hoy parece una profecía mal entendida: “no es bueno despertar al tigre”.

Lo que no se anticipó —o no se quiso ver— es que ese tigre no solo podía despertar contra un régimen anterior, sino también contra quienes hoy gobiernan. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Morelos.

La gobernadora Margarita González Saravia no solo ha sido rebasada por la realidad; ha sido exhibida por ella.

Su reacción tardía, su falta de sensibilidad y la evidente mediocridad de buena parte de su equipo han convertido una crisis de seguridad en una crisis de gobernabilidad.

Presentar un “Plan Integral de Seguridad Universitaria” en medio del enojo social no se percibe como una solución, sino como un intento desesperado por contener lo incontenible.

Porque el problema no es de anuncios. Es de credibilidad. Y esa, hoy, está rota. Los estudiantes morelenses lo tienen claro. Aunque han regresado parcialmente a clases, no han bajado la guardia. Se organizan, se articulan y planean.

Y lo hacen con un objetivo definido: exhibir a un gobierno que consideran incapaz de garantizar lo más elemental. La indignación ya no es espontánea; se está convirtiendo en movimiento.

Morelos es hoy un polvorín. Cada feminicidio, cada desaparición, cada denuncia ignorada suma presión a una caldera que está a punto de estallar. Y cuando eso ocurra, no será solo una crisis local. Será un golpe político de alcance nacional.

En Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación lo saben. Las alertas están encendidas. No por cálculo, sino por necesidad.

Porque si la situación se desborda, Morelos podría convertirse en el primer estado gobernado por Morena que enfrente un escenario real de ingobernabilidad con consecuencias mayores, incluida la eventual salida de su gobernadora.

La pregunta ya no es si se puede evitar el colapso. Es si alguien está dispuesto a asumir el costo político de actuar antes de que sea demasiado tarde.

Porque mientras el poder duda, en las calles el mensaje es contundente: el tigre no solo despertó… ya empezó a avanzar.

En Cortito

Nos cuentan que en Morelos no hay espacio para fiestas mientras la indignación y el dolor social se desbordan.

Suspender la Feria de la Primavera en Cuernavaca no es un detalle menor: es un gesto de sensibilidad política que muchos otros funcionarios locales parecen desconocer.

El ayuntamiento de Cuernavaca decidió posponer de manera indefinida la Feria de la Primavera —también conocida como Feria de la Flor— en respuesta a la crisis de luto y protesta que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tras los feminicidios de Kimberly Joselin y Karol.

José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de la capital, entendió lo que otros no han podido: no se puede celebrar mientras la sociedad está dolida y las calles están llenas de exigencias de justicia.

“Sería contradictorio”, señaló el alcalde, “tener una celebración de este tipo con los tiempos actuales, con la máxima casa de estudios en paro y en crisis por los feminicidios de sus compañeras”.

Esa claridad política —reconocer la magnitud del dolor antes de cualquier calendario de festividades— es un rasgo que hace falta en la clase política de Morelos, caracterizada por la improvisación, la torpeza y la desconexión de la realidad social.

La decisión de Urióstegui Salgado no solo es atinada; es ejemplar. Demuestra que gobernar no se trata solo de administrar recursos o organizar eventos, sino de leer el momento histórico y actuar en consecuencia.

Suspender la feria tiene costos económicos y políticos, pero transmite un mensaje más poderoso que cualquier comunicado: la prioridad es la gente, no la simulación de normalidad.

La postura del alcalde de Cuernavaca debería ser la norma: gobernar con responsabilidad, empatía y sentido común.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Puebla y el valor de rendir cuentas

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Puebla y el valor de rendir cuentas

En el ejercicio del poder hay decisiones que marcan el tono de un gobierno. Una de ellas es la forma en que se administra y se vigila el dinero público.

Por Raúl García Araujo                                            

En Puebla, la firma de un convenio de coordinación entre el gobierno estatal, la Auditoría Superior del Estado de Puebla y la Auditoría Superior de la Federación envió una señal política clara: la rendición de cuentas no se queda en el discurso, sino que se convierte en una regla de gobierno.

El acuerdo —en el que participaron la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Alejandro Espidio; la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Puebla, encabezada por Germán Reyna— busca algo elemental pero pocas veces logrado en el país: ordenar la coordinación institucional para vigilar mejor el uso de los recursos públicos.

Intercambio de información, alineación de criterios y fortalecimiento de mecanismos de seguimiento forman parte de una estrategia que coloca a la entidad en la ruta de una fiscalización más moderna y efectiva.

No es un detalle menor que Puebla se convierta en el primer estado del país en formalizar un esquema de coordinación de este tipo para la revisión de recursos federales, particularmente de las participaciones que llegan a los municipios.

Ese paso coloca a la entidad como un referente nacional en la búsqueda de mayor transparencia y en la construcción de un modelo de gobierno que se revisa, se corrige y rinde cuentas.

Porque la auditoría no es un trámite de escritorio ni un requisito de cierre administrativo. Es, en esencia, una herramienta de buen gobierno.

Cuando el dinero público se maneja con disciplina, reglas claras y vigilancia institucional, ocurre algo sencillo pero poderoso: alcanza para más. Más obra útil, más servicios públicos, más programas sociales y, sobre todo, más resultados tangibles para la gente.

El convenio también tiene implicaciones concretas hacia adelante. Para la revisión de la Cuenta Pública 2025 se establecerán mesas de trabajo permanentes entre las instancias estatal y federal, acompañadas de intercambio de información y capacitación especializada para auditores.

El objetivo es claro: detectar riesgos con mayor oportunidad, corregir procesos antes de que escalen y elevar los estándares de legalidad en el manejo de los recursos públicos.

Con este acuerdo se busca avanzar en tres ejes fundamentales. El primero es poner orden: alinear metodologías y compartir información entre las instancias de fiscalización permitirá reducir la dispersión institucional y realizar revisiones más claras, consistentes y eficaces.

Segundo, fortalece la prevención: la fiscalización moderna no solo llega cuando el daño ya ocurrió; también permite corregir a tiempo. Y tercero, construye confianza ciudadana, porque la gente no pide discursos, pide certeza de que los recursos públicos se aplican donde deben aplicarse.

Desde la lógica de la administración estatal, la fiscalización forma parte de un sistema completo: prevenir, revisar, corregir y, cuando corresponde, fincar responsabilidades.

Bajo esa visión, la coordinación entre instancias estatales y federales no solo fortalece el seguimiento a observaciones; también mejora la trazabilidad del gasto y eleva la calidad del ejercicio público en dependencias, entidades y municipios.

Pero detrás de este modelo hay también una definición política. El gobernador Alejandro Armenta ha dejado claro que en su administración el recurso público no es botín ni espacio de discrecionalidad.

Cada servidor público tiene la responsabilidad de ejercerlo con legalidad, disciplina y sentido social. Cuando un gobierno fija esa línea desde el inicio, el mensaje hacia dentro de la administración es contundente: aquí se gobierna con orden y responsabilidad.

Puebla empieza así a construir algo más que un esquema administrativo de fiscalización. Está consolidando una cultura de gobierno basada en la transparencia, la prevención y la rendición de cuentas.

Y en ese escenario, el papel del gobernador Alejandro Armenta comienza a perfilarse más allá del ámbito estatal. Mientras otros gobiernos apenas intentan ordenar sus procesos internos, en Puebla se construye un modelo de administración con reglas claras sobre el manejo del dinero público.

Ese tipo de decisiones —que combinan orden administrativo con visión política— empiezan a delinear un liderazgo entre los gobernadores de Morena: uno que entiende que la verdadera fortaleza de un gobierno se mide en resultados, en transparencia y en la confianza que logra construir con la ciudadanía.

En Cortito

Nos cuentan que en el centro político del estado de México, aparecen dos alcaldes que han logrado colocarse de forma constante en la agenda nacional: la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, y el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda.

Ambos han encontrado en la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una aliada clave para empujar proyectos estratégicos que buscan cambiar el rumbo de una de las zonas más pobladas y complejas del país.

No es casual que los dos ediles sean convocados de manera recurrente a reuniones de alto nivel en Palacio Nacional. Más que encuentros protocolarios, se trata de mesas de trabajo donde se discuten decisiones que impactan directamente a millones de habitantes del cinturón urbano que rodea la capital del país.

La constante interlocución entre los gobiernos municipales y la Presidencia de la República envía un mensaje político claro: el oriente del Estado de México está en el radar prioritario del Gobierno Federal.

Y en esa apuesta, alcaldes como Azucena Cisneros y Adolfo Cerqueda se han convertido en actores clave de una nueva etapa de coordinación institucional que podría marcar el futuro inmediato de la región.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Cuernavaca fortalece seguridad preventiva

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US Provided Intelligence for Mexico Operation Leading to El Mencho's Death

US confirms providing intelligence for Mexico's operation that killed cartel leader El Mencho in Tapalpa, Jalisco. Learn about the impact and next steps.

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The US provided intelligence that helped Mexico kill El Mencho, a major drug cartel leader. This is a big step in fighting drug trafficking.

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Rosalinda González Valencia: Role within the CJNG Financial Network

Rosalinda González Valencia, wife of 'El Mencho', was released early from prison on Feb 27, 2025. She was serving time for money laundering.

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