Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Adiós a la SCJN dorada

Culmina toda una vida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación…

Por Raúl García Araujo                                            

(…) de resoluciones hechas a la medida de los poderosos, de dictámenes por consigna para favorecer al presidente en turno, de burocracia dorada que vivió de espaldas al pueblo. Se apaga una época de privilegios insultantes.

Empieza ahora una nueva era para sus integrantes salientes, once ministros que regresarán a una vida terrenal, donde deberán pagar sus propios gastos, sus comidas, sus viajes, su gasolina, sin el séquito ni la parafernalia que por años los rodeó en su reino de opulencia.

La debacle de la Corte comenzó con la errática conducción de su presidente, Norma Piña Hernández, quien, cerrada a escuchar al pueblo, se atrincheró en la soberbia y terminó entregando el Poder Judicial en bandeja de plata. Creyó que la institución era intocable, que los ministros eran intocables, y lo único que consiguió fue acelerar el derrumbe.

Piña tuvo en sus manos la posibilidad histórica de impulsar la más grande reforma judicial de nuestra vida pública. Prefirió mirar hacia otro lado. Fue Andrés Manuel López Obrador quien tomó la bandera y, con el respaldo popular, la convirtió en una Reforma Judicial que ya es irreversible.

La presidente de la Corte apostó a desafiar al Ejecutivo y perdió. Pensó que con gestos de desdén, como negarse a ponerse de pie en Querétaro en la ceremonia constitucional; con promesas vacías, como el supuesto destino de los fideicomisos para los damnificados de Acapulco; o con el silencio cómplice de sus ministros frente a los llamados de autorregulación, bastaba para contener la marea. Pero en realidad lo único que hacía era cavar la tumba del Poder Judicial.

Y a la par, desde dentro, Arturo Zaldívar se encargó de dinamitar lo que quedaba de su autoridad, mientras desde las mañaneras se exhibían sus contradicciones, excesos y privilegios. Lo que derrumbó a Piña no fue solo la fuerza del Ejecutivo, sino su propia incapacidad política.

Hoy Norma Piña será recordada como la presidente que permitió la demolición de la Suprema Corte. La que, en lugar de defender la institución, la arrastró a la peor crisis de su historia, dejando abandonados a miles de trabajadores honestos y al descubierto la corrupción de quienes convirtieron al Poder Judicial en un negocio familiar.

Su legado no es de independencia ni de dignidad, sino de claudicación. Pasará a la historia no como la mujer que reformó la justicia, sino como la ministra que selló la rendición del Poder Judicial ante el pueblo organizado.

Y ese es el punto central: no fue López Obrador quien derrotó a la Corte. Fue el pueblo de México, cansado de jueces corruptos, ministros de lujo y sentencias al servicio del dinero. La gente decidió que la justicia no puede seguir siendo privilegio de unos cuantos.

Norma Piña podrá decir que será la historia la que la juzgue. Pero el juicio ya está dictado: su nombre quedará marcado como el de la presidente que dejó morir a la Corte, que dejó sin defensa a su propio poder y que abrió paso a una nueva justicia popular que ya no se detendrá.

En Cortito

No hay que perder de vista lo que ocurre dentro de Morena, donde los excesos y extravagancias de sus líderes, diputados y senadores están ahogando el discurso de austeridad que tanto pregonó su máximo líder, Andrés Manuel López Obrador.

Los morenistas dejaron de predicar con el ejemplo. Sin la férrea presencia y control de López Obrador, comenzaron a mostrar su verdadero rostro: intereses personales, privilegios y una ambición desmedida que choca con los principios que alguna vez defendieron. El maquillaje del partido se cae y, con él, la credibilidad ante el electorado.

La prueba de fuego para Morena recaerá sobre Luisa María Alcalde y su capacidad de mantener la cohesión y disciplina dentro del partido. Será un examen ineludible: demostrar que Morena puede sostener su proyecto político más allá de la figura del ex presidente o sucumbir ante los intereses individuales de quienes hoy gobiernan bajo la sombra del poder.

Si no se actúa con firmeza, el mensaje será claro: sin López Obrador, Morena no solo pierde la moral, sino también la conexión con la gente que alguna vez confió en él. Y esa lección, inevitablemente, se reflejará en las urnas.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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Raúl García Araujo

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Sheinbaum afirma que no debe haber linchamiento mediático sobre Adán Augusto

Sheinbaum respalda investigación sin encubrir a nadie. Niega protección a morenistas y rechaza linchamientos.


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum confirmó una reunión con Adán Augusto López, senador de Morena, y aseguró que ni su gobierno ni la Fiscalía General de la República (FGR) encubrirán a nadie, aunque pertenezcan al partido oficial. Aclaró también que se opone a los linchamientos mediáticos sin pruebas.

Durante su tradiccional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum abordó la presunta relación de Adán Augusto López con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, prófugo y acusado de liderar al grupo criminal La Barredora. Afirmó que las investigaciones seguirán su curso de manera autónoma.

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie, ni la Fiscalía”, puntualizó la mandataria, al subrayar que corresponde al Ministerio Público determinar responsabilidades con base en pruebas, no en especulaciones. También rechazó acusaciones sin sustento lanzadas desde medios o redes.

Aseguró que debe existir el mismo rigor probatorio tanto para sancionar a funcionarios como para deslindarlos públicamente. “Así como se deben presentar pruebas para imputar, también deben existir para acusar públicamente”, dijo.

Reunión con coordinadores parlamentarios

Sheinbaum explicó que el encuentro con Adán Augusto López se dio el lunes 14 de julio como parte de las reuniones periódicas que mantiene con los coordinadores legislativos, entre ellos Ricardo Monreal. Indicó que el propósito fue revisar la agenda legislativa federal.

Negó que dicha reunión tuviera como fin discutir o resolver temas personales o jurídicos. Aclaró que su carácter fue institucional y en el marco de trabajo legislativo ordinario. “Fue para revisar leyes aprobadas y pendientes”, puntualizó.

Sobre el caso Bermúdez, reiteró que corresponde a la FGR determinar si existe algún nexo con el senador, sin intervención del Ejecutivo. Confirmó que la Fiscalía mantiene la investigación abierta.

La presidente enfatizó que el gobierno federal respeta la autonomía del Ministerio Público y no presiona en ninguna dirección. “La justicia no puede estar supeditada ni a linchamientos ni a complicidades”, señaló.

Sin protección para nadie

Respecto a la posibilidad de que Adán Augusto López sea citado a declarar, Sheinbaum indicó que el propio senador manifestó su disposición para colaborar con las autoridades. “Si lo llaman, él va a presentarse”, afirmó.

El exsecretario de Gobernación también asistió al Consejo Político Nacional de Morena este domingo, donde algunos asistentes lo recibieron con gritos de “¡No estás solo!”. La presencia generó reacciones diversas dentro del partido.

En ese contexto, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, aclaró públicamente que no se encubrirán malas prácticas, ni se protegerá a militantes que incurran en actos ilícitos o colusión con el crimen.

Investigación continúa

Sheinbaum reiteró que no emitirá posicionamiento alguno hasta que existan elementos jurídicos concretos. Insistió en que su administración no encubre a funcionarios implicados en actos de corrupción o vínculos con la delincuencia organizada.

Al mismo tiempo, sostuvo que no tolerará linchamientos políticos sin sustento. “Tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de redes sociales”, expresó al recalcar su compromiso con la justicia y la presunción de inocencia.

Añadió que las instituciones deben actuar conforme a la ley y que el proceso contra Hernán Bermúdez debe esclarecer todos los posibles vínculos, sin importar filiaciones partidistas o pasados cargos públicos.

Concluyó que las reuniones con legisladores continuarán bajo su formato institucional y que ningún asunto judicial será negociado fuera de los canales formales de procuración de justicia. –sn–

Gerardo Fernandez noroña y Adan Augusto Lopez Hernandez

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CJF y Alemania presentan herramienta judicial

Sistema SimojuDH permitirá evaluar protección de derechos


Por Martín García | Reportero                                      

El Consejo de la Judicatura Federal y la embajada de Alemania concluyeron el proyecto Fortajus-DH. Presentaron el Sistema de Monitoreo Judicial para Derechos Humanos como herramienta evaluativa.

El sistema se consolidó como una de las primeras plataformas de evaluación judicial en América Latina. Permitirá medir el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Proyecto Fortajus-DH concluye con avances estratégicos en justicia

Durante el cierre del proyecto, la consejera Lilia Mónica López Benítez afirmó que el CJF divulgará la información técnica del sistema. Incluirá el modelo operativo, metodología y materiales desarrollados en los últimos años.

“El sistema permite, por primera vez, vincular información estratégica dispersa y ordenar procesos institucionales”, expresó. Añadió que el enfoque de derechos permitirá mejorar la forma de impartir justicia desde el Poder Judicial Federal.

La funcionaria remarcó que el proyecto forma parte de una estrategia integral del CJF. Su objetivo ha sido consolidar una cultura institucional de evaluación permanente en materia de derechos humanos.

La iniciativa también permite generar conocimiento útil. Esto contribuirá no sólo al diagnóstico judicial, sino a la mejora continua del acceso a la justicia.

SimojuDH, un sistema vivo con enfoque internacional

El director general de Derechos Humanos del CJF, Arturo Guerrero Zazueta, explicó los orígenes del programa. Señaló que Fortajus-DH surgió en 2021 para cumplir las recomendaciones de organismos internacionales.

Durante cuatro años, el proyecto recibió apoyo de la GIZ y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Esta colaboración técnica fortaleció los indicadores institucionales y metodologías con enfoque internacional.

Guerrero Zazueta expuso que Fortajus-DH dejó como legado herramientas útiles como la “Guía para imaginar la justicia”. También aportó lineamientos operativos y formatos validados por estándares internacionales.

Por su parte, Andrea Heisel, directora del proyecto Fortajus-DH por parte de GIZ, reconoció el trabajo conjunto con el CJF. Resaltó el carácter abierto y adaptable del nuevo sistema.

Un ecosistema digital robusto para seguimiento judicial

“El sistema de monitoreo se diseñó como una herramienta viva”, explicó Andrea Heisel. Añadió que su construcción colaborativa permite evaluar el cumplimiento de tratados y estándares internacionales.

Subrayó que el sistema se integrará a un ecosistema digital más amplio del Consejo de la Judicatura Federal. Esto facilitará su implementación en diversas unidades judiciales del país.

El proyecto busca dar continuidad a la profesionalización del personal del Poder Judicial. También proporcionará insumos para las áreas responsables de garantizar una justicia con perspectiva de derechos.

El CJF informó que en las próximas semanas publicará una plataforma con acceso a la información estructurada del proyecto. Esto incluirá datos, gráficos, metodologías y módulos interactivos de capacitación.

México se posiciona en la región

La plataforma SimojuDH representa un avance estratégico para el país. Contribuirá a fortalecer el sistema de justicia y mejorar el acceso a derechos fundamentales.

Autoridades del CJF y de la embajada alemana coincidieron en la relevancia del trabajo bilateral. El fortalecimiento institucional fue posible gracias a la cooperación internacional.

El cierre de Fortajus-DH reafirmó el compromiso del Poder Judicial con los derechos humanos. La evaluación será ahora una herramienta permanente para mejorar la justicia mexicana.

El acto contó con la presencia de funcionarios de la GIZ y especialistas de Naciones Unidas. También participaron integrantes del Consejo y representantes de organizaciones civiles.

El CJF reiteró que la herramienta SimojuDH se actualizará periódicamente. Su diseño contempla un enfoque modular y retroalimentación constante. –sn–

Pleno del TEPJF

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Imponen 40 años de prisión a elementos de la Semar por desaparición de joven en 2015

Juez federal dicta sentencia por desaparición en Veracruz. Cinco marinos reciben 40 años de prisión.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Un juez federal impuso condena histórica por desaparición forzada en “Blindaje Coatzacoalcos”. Ordenó también reparación integral.

La justicia federal sentenció a 40 años de prisión a cinco integrantes de la Secretaría de Marina. La resolución respondió a su participación en la desaparición de Jacob Vicente Jiménez González en 2015. La detención ocurrió durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos, implementado hace una década.

El hecho ocurrió el 25 de septiembre de 2015, cuando Jacob circulaba por un retén de seguridad. En el punto de control estuvieron presentes los elementos navales ahora sentenciados. La decisión judicial cerró un proceso que permaneció abierto durante casi diez años.

Belén González Medrano, madre de Jacob, señaló a los cinco marinos como responsables desde los primeros meses. Tras años de exigencias, la justicia le dio la razón. El fallo reconoció la existencia de desaparición forzada y estableció sanción ejemplar.

Condena histórica

Los militares condenados fueron Feliciano «N», Anáhuac «N», Héctor Emanuel «N», Miguel Ángel «N» y Pedro Iván «N». El juez encontró pruebas suficientes que acreditaron su responsabilidad. La sentencia fue calificada como “sin precedente” por la madre del joven.

En palabras de Belén González, el fallo significó un avance crucial para cientos de familias. Afirmó que mantuvo viva la exigencia durante años, sin respaldo oficial. Agradeció a colectivos y abogados por acompañar su lucha.

El juez también ordenó medidas complementarias de reparación integral. Las fuerzas estatales implicadas deberán asumir responsabilidad institucional. Tanto la Policía Naval como la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz fueron citadas.

El reconocimiento institucional forma parte de las garantías de no repetición. Además, las dependencias deberán emitir disculpas públicas. El fallo busca prevenir futuras violaciones a derechos humanos.

Obligaciones del Estado

La sentencia incluyó también atención directa a los familiares de Jacob. El juez instruyó a brindar apoyo psicológico y psiquiátrico inmediato. Dichos servicios deberán otorgarse de forma gratuita y sin demoras.

La atención médica deberá mantenerse durante el periodo que los familiares requieran. Además, el Estado deberá indemnizar por daño material e inmaterial. El resarcimiento cubrirá un periodo inicial de un año.

La decisión fue notificada a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada. La instancia fue requerida para continuar con la búsqueda efectiva de Jacob. A pesar de la condena, el paradero del joven sigue sin esclarecerse.

La Fiscalía deberá reforzar las líneas de investigación abiertas. El fallo impuso un plazo de cumplimiento inmediato. El proceso no se cerrará hasta que se localice a la víctima.

Justicia para Jacob

La familia de Jacob calificó el fallo como un paso en la dirección correcta. Señaló que la condena no devolvió a su ser querido, pero representó alivio. Reconoció el dolor acumulado durante casi una década de impunidad.

El caso evidenció la complicidad institucional en operativos de seguridad. También mostró la importancia de las denuncias persistentes de las familias. El proceso judicial se acompañó de múltiples acciones legales y mediáticas.

Organizaciones civiles exigieron que la sentencia no quede aislada. Llamaron al gobierno federal a revisar operativos similares en todo el país. Argumentaron que casos como el de Jacob no son hechos aislados.

La desaparición forzada representa una de las principales violaciones a derechos humanos en México. Diversos organismos internacionales han emitido recomendaciones al respecto. La justicia mexicana enfrenta presión para responder a estas exigencias. –sn–

Infantes de Marina en vías ferroviarias

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