Sociedad NoticiasMar 23

Alertan sobre “zonas de sacrificio” y exigen justicia ambiental en México

“La justicia ambiental debe ser una prioridad nacional. No puede haber desarrollo legítimo si éste implica vulnerar derechos fundamentales”, dijo


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, encabezado por su presidente Jesús Rey Fierro Hernández, advirtió que México enfrenta un desafío urgente para cerrar la brecha entre su liderazgo internacional en materia de sustancias tóxicas y derechos humanos, y la realidad que viven diversas comunidades afectadas en el territorio nacional.

El doctor en derecho y Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 señaló que, si bien el país ha tenido un papel relevante en foros internacionales, persisten problemáticas estructurales que requieren atención inmediata desde el ámbito de las políticas públicas.

“México ha asumido compromisos importantes a nivel global en materia ambiental y de derechos humanos, pero es indispensable que ese liderazgo se refleje con claridad en acciones concretas dentro del país, particularmente en las regiones más vulnerables”, sostuvo.

El GIDH expresó su preocupación por la proliferación de las denominadas “zonas de sacrificio”, derivadas del crecimiento industrial sin controles suficientes, donde comunidades enteras enfrentan riesgos sanitarios y ambientales de largo plazo.

En este contexto, el organismo reconoció como un avance el establecimiento de Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), pero subrayó que esta figura debe traducirse en políticas efectivas que garanticen justicia ambiental.

“El reconocimiento institucional del problema es un primer paso, pero no puede quedarse en el diagnóstico. Se requieren planes integrales que atiendan las afectaciones, reparen el daño y prevengan nuevas violaciones a derechos humanos”, indicó Fierro Hernández.

Asimismo, destacó la importancia de que los estudios científicos desarrollados en distintas regiones del país sean incorporados de manera vinculante en la toma de decisiones públicas.

“Las evidencias ya existen. Lo que falta es que se conviertan en políticas de Estado con enfoque de derechos humanos, basadas en los principios de prevención, precaución y responsabilidad integral”, enfatizó.

El organismo también alertó sobre el incremento en la importación de desechos y su utilización en procesos industriales bajo esquemas como el coprocesamiento, práctica que —señaló— puede generar impactos negativos en la salud de la población.

“Lo que se presenta como una solución económica para la industria puede convertirse en un costo social y sanitario elevado. La quema de residuos no es compatible con un modelo de desarrollo sostenible ni con una economía circular”, apuntó.

Finalmente, el Grupo Integral de Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno federal a fortalecer la regulación, la vigilancia ambiental y la participación comunitaria, con el objetivo de garantizar que el desarrollo industrial no se realice a costa de la salud y la dignidad de las personas.

“La justicia ambiental debe ser una prioridad nacional. No puede haber desarrollo legítimo si éste implica vulnerar derechos fundamentales”, concluyó. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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Sociedad NoticiasFeb 8

GIDH advierte de graves retrocesos democráticos en derechos humanos en México

Alertan deterioro democrático y crisis de derechos humanos en México tras informe sobre los derechos humanos en México.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, a través de su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, doctor en Derecho y galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, expresó su profunda preocupación por las conclusiones del más reciente informe de Human Rights Watch (HRW), en el que se ubica a México entre los países con mayor deterioro democrático y graves violaciones a los derechos humanos.

El doctor en derecho Fierro Hernández señaló que los hallazgos presentados por HRW confirman alertas que organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han venido documentando desde hace varios años, particularmente en lo relativo a la eliminación de contrapesos institucionales, la persistente impunidad y los abusos cometidos por fuerzas de seguridad. Subrayó que la erosión del Estado de derecho es un proceso acumulativo que termina afectando directamente a la ciudadanía.

“El debilitamiento de la independencia judicial, la ampliación de figuras como la prisión preventiva oficiosa y la militarización de tareas civiles generan un entorno propicio para la restricción de derechos fundamentales. Cuando se concentran facultades sin controles efectivos, se abre la puerta a decisiones arbitrarias que históricamente han terminado mal”, afirmó.

Desapariciones forzadas

El defensor del pueblo, recordó que existe una severa crisis en materia de desapariciones forzadas, que supera los 133 mil casos registrados, y en la negativa institucional a reconocer este fenómeno como estructural. Para el también abogado litigante, esta postura obstaculiza el diseño de políticas públicas eficaces y revictimiza a miles de familias que siguen buscando verdad y justicia, sin encontrarla aún.

Detalló que México atraviesa una forma específica de deterioro democrático, distinta a otras crisis de la región, pero igualmente grave, caracterizada por el desmantelamiento progresivo del sistema de pesos y contrapesos. “Este escenario incrementa el riesgo de que futuros gobiernos utilicen esas facultades concentradas para restringir libertades civiles y políticas”.

Corregir prácticas

Asimismo, Fierro Hernández advirtió que la cercanía del Mundial de Futbol 2026 colocará a México bajo un mayor escrutinio internacional, lo que obliga al Estado mexicano a atender con seriedad las observaciones en violaciones a las gratías individuales. “La atención global en derechos humanos es una oportunidad para corregir prácticas, fortalecer instituciones y demostrar un compromiso real con la dignidad humana”, sostuvo.

Finalmente, el Grupo Integral de Derechos Humanos “Lex-magister” llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a asumir las recomendaciones internacionales, restablecer los equilibrios democráticos y garantizar que el combate a la violencia y la pobreza no se realice a costa de los derechos civiles y políticos. “Los apoyos sociales son importantes, pero nunca sustituyen la obligación del Estado de proteger a las personas frente a los abusos del poder y de garantizar acceso efectivo a la justicia”, concluyó Jesús Rey Fierro Hernández. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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Sociedad NoticiasFeb 2

Se requieren resultados efectivos contra la tortura en México: GIDH

ONU evalúa compromiso de México contra la tortura: GIDH


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” señaló que la conclusión de la tercera visita oficial a México del Subcomité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Prevención de la Tortura representa un momento clave para evaluar el compromiso real del Estado mexicano frente a este grave delito.

Su presidente, el doctor Jesús Rey Fierro Hernández explicó que dicha visita tuvo como objetivo examinar las medidas adoptadas por México para enfrentar la tortura y evaluar su impacto institucional, en un proceso que se desarrolló bajo estricta confidencialidad, sin embargo se sabe que, la delegación sostuvo reuniones con al menos 20 dependencias federales.

Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, indicó que la apertura mostrada por el Estado mexicano ante los mecanismos internacionales de derechos humanos es un paso necesario, pero subrayó que la cooperación debe traducirse en resultados verificables. Añadió que la erradicación de la tortura exige acciones sostenidas, sanciones efectivas y garantías de no repetición.

Promoción de libertades

El defensor del pueblo recordó que el Estado mexicano, de esta manera, reafirmó su compromiso con la protección y promoción de las libertades fundamentales, sin embargo, dijo que este compromiso debe reflejarse en la reducción de denuncias, investigaciones diligentes y sentencias firmes contra responsables.

tortura

El también abogado litigante explicó que, tras la visita iniciada el 25 de enero, se espera que la delegación del Subcomité emita un comunicado de cierre en los próximos días. El informe final será confidencial, por lo que corresponderá al gobierno federal decidir si lo hace público, un punto que el GIDH consideró crucial para la transparencia.

El Subcomité visitó también centros de detención en diversas entidades federativas para monitorear las condiciones de las personas privadas de la libertad. Estas visitas fueron facilitadas por el gobierno federal en coordinación con autoridades estatales, lo que permitió un acceso directo a espacios de reclusión.

Esfuerzos del Estado

El abogado Fierro Hernández recordó que los esfuerzos del Estado mexicano se sustentan en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 2011, así como en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura de 2017 y la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016. También mencionó la publicación, el 18 de febrero de 2025, del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

De acuerdo con la información oficial, relató Jesús Rey, los encuentros estuvieron encabezados por Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería; Reyna Celeste Ascencio, quien preside la comisión de Derechos Humanos del Senado; y Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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Sociedad NoticiasNov 2

Justicia plena para María Luisa Villanueva en Morelos: GIDH

GIDH exige justicia plena para María Luisa Villanueva en Morelos.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex Magister” reconoció la disculpa pública ofrecida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos a María Luisa Villanueva Márquez, víctima de tortura y privación ilegal de la libertad durante más de dos décadas; sin embargo, advirtió que este acto no representa justicia plena mientras no se repare integralmente el daño y se sancione a los responsables.

Su presidente, el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, calificó el caso como “una de las más graves violaciones a derechos humanos en la historia reciente del país”, al recordar que María Luisa fue detenida arbitrariamente, torturada y sentenciada por un delito que no cometió. “No basta una disculpa institucional; el Estado mexicano debe garantizar justicia efectiva y reparación integral del daño, conforme a los estándares internacionales”, enfatizó.

Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, recordó que los hechos ocurrieron entre el 6 y el 10 de enero de 1998, cuando elementos del extinto Grupo Antisecuestros de la antigua Policía Judicial de Morelos vulneraron la integridad física y psicológica de la víctima, lo que derivó en una sentencia injusta y una condena de 25 años de prisión.

Procuración de justicia

Para Fierro Hernández, este reconocimiento público es “un acto necesario, pero tardío”, ya que durante más de dos décadas el sistema de procuración de justicia negó el acceso a la verdad. “La disculpa debe ir acompañada de la judicialización de los responsables de los actos de tortura, así como de medidas de reparación integral, entre ellas indemnización, atención psicológica y garantías de no repetición”, subrayó.

El jurista explicó que el derecho internacional obliga al Estado mexicano a investigar, sancionar y reparar las violaciones graves a los derechos humanos. “La tortura no prescribe, y ningún acto administrativo puede sustituir la responsabilidad penal de quienes ejecutaron o encubrieron estos crímenes”, sostuvo.

María Luisa Villanueva

De esta forma, el GIDH “Lex Magister” urgió a la Fiscalía de Morelos a solicitar al Congreso local los recursos necesarios para fortalecer la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, con el fin de garantizar investigaciones autónomas y efectivas. “Sin un órgano especializado, los casos seguirán en la impunidad”, advirtió Fierro Hernández.

Profesionalización y sensibilización

Asimismo, el presidente del GIDH consideró que este caso debe sentar un precedente para la depuración institucional en las fiscalías estatales. “La profesionalización y sensibilización de los servidores públicos es fundamental, pero debe acompañarse de sanciones ejemplares contra quienes atentan contra la dignidad humana”, afirmó.

María Luisa Villanueva fue liberada en febrero de 2023 por remisión de pena, tras haber pasado 25 años en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya. Durante su reclusión, denunció reiteradamente haber sido torturada para firmar una confesión falsa. “Ella no busca venganza, busca justicia”, enfatizó Fierro Hernández.

El GIDH recordó que la disculpa pública no exime la obligación de las autoridades judiciales de reconocer la inocencia de Villanueva Márquez. “La reparación del daño requiere restituir el honor y limpiar su nombre ante la sociedad”, agregó el especialista.

Derecho a la verdad

Por este motivo, Fierro Hernández hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para que acompañen el seguimiento de este caso emblemático. “La impunidad no puede prevalecer sobre el derecho a la verdad”, concluyó.

Finalmente, el presidente del GIDH reiteró que el organismo continuará brindando acompañamiento jurídico y visibilidad al caso hasta que se cumpla plenamente con las obligaciones del Estado mexicano en materia de justicia y reparación integral.

De acuerdo con el expediente CDMH/SE/VRSP/061/044/2019, la disculpa institucional fue publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad, en cumplimiento de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitida en julio de 2023. El documento fue suscrito por Jorge Antonio Hernández Narez, titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien reconoció la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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Sociedad NoticiasSep 1, 2025

Nueva composición judicial vulnera independencia y derechos humanos: GIDH 

Vulnera independencia y los derechos humanos la nueva composición judicial : GIDH 

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, a través de su presidente Jesús Rey Fierro Hernández, doctor en derecho y Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que la reciente reforma constitucional que reemplazó a la mitad del Poder Judicial Federal con jueces electos por voto popular representa un retroceso histórico en la independencia judicial en México.

“Lo ocurrido en el país constituye una fractura estructural en la división de poderes. No se trata de un avance democrático, sino de un proceso que somete al Poder Judicial a la voluntad política de las mayorías legislativas y del Ejecutivo”, señaló Fierro Hernández.

El presidente del GIDH recordó que este 1 de septiembre asumen sus cargos seis de los nueve ministros de la Suprema Corte, junto con más de 800 magistrados federales y 1,800 jueces locales, electos en comicios caracterizados por una participación ciudadana de apenas 13 por ciento.

“Ese nivel de abstencionismo refleja una sociedad que no confía en el proceso y que percibe, con razón, la captura política de un poder que debería ser imparcial y autónomo”, enfatizó el defensor de los derechos humanos.

El GIDH denunció que el proceso de selección de candidatos careció de reglas claras y de controles independientes. Las comisiones de evaluación no aprobaron estatutos uniformes, trabajaron con plazos insuficientes y se limitaron a revisar cartas de recomendación y escritos de motivación.

Jesús Rey Fierro Hernández

“Un juez no puede ser electo con base en simpatías vecinales ni cartas de recomendación. La justicia exige méritos, trayectoria y garantías de imparcialidad. El modelo adoptado en México desnaturaliza la función judicial y abre la puerta a la corrupción y al clientelismo político”, afirmó Fierro Hernández.

El defensor del pueblo recordó que la OEA señaló múltiples irregularidades en las elecciones judiciales, como la falta de transparencia en el financiamiento de campañas, la distribución de listas prefabricadas de candidatos y la intervención desproporcionada del Ejecutivo y del Congreso en las preselecciones.

“México es hoy el único país del mundo donde la totalidad de sus jueces son electos por voto universal. Esta anomalía no responde a estándares internacionales ni a principios de independencia judicial, reconocidos por la ONU y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo.

El abogado litigante alertó que la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, con amplias facultades para sancionar y destituir a jueces si “fallan en contra de la jurisprudencia” o de interpretaciones oficiales, incrementa los riesgos de subordinación política.

“Este tribunal funcionará como un mecanismo de control y castigo, más que como una instancia de rendición de cuentas. En lugar de fortalecer la justicia, institucionaliza la amenaza contra los jueces que no fallen conforme a los intereses en turno”, explicó.

De esta manera, Fierro Hernández exhortó al Estado mexicano a reconsiderar y derogar la reforma, o en su defecto, establecer salvaguardas sólidas para proteger la independencia judicial rumbo al proceso electoral de 2027, cuando se renovará la otra mitad del Poder Judicial Federal.

“El derecho a un juez independiente no es una concesión, es un pilar de todo Estado democrático. Sin independencia judicial, no hay garantías para los derechos humanos, ni posibilidad de que los ciudadanos enfrenten al poder con justicia”, subrayó.

Finalmente, el doctor en derecho reiteró que el GIDH “Lex-magister” continuará documentando las afectaciones a los derechos fundamentales derivadas de esta reforma y elevará el caso ante instancias internacionales.

“Si se consolida este modelo, México corre el riesgo de convertirse en un precedente negativo para la región, debilitando el acceso a la justicia y la confianza en las instituciones”, concluyó el defensor de los derechos humanos. –sn–

Pleno de la SCJN | @SociedadN_

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Sociedad NoticiasJul 6, 2025

Hay graves riesgos a derechos en la implementación de la CURP biométrica: GIDH

Urgen principios de legalidad, privacidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. La CURP biométrica representa una seria amenaza a los derechos humanos. carece de control democrático, supervisión autónoma y mecanismos de reparación

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” expresó su profunda preocupación por el rumbo que podría tomar la digitalización de la identidad ciudadana en México, particularmente con la implementación de la nueva CURP biométrica impulsada durante la presente administración de Claudia Sheinbaum.

Su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, enfatizó que “toda política pública debe sujetarse irrestrictamente a los principios fundamentales de legalidad, privacidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. La CURP biométrica, sin un marco jurídico sólido y transparente, representa una seria amenaza a los derechos humanos de millones de personas en México”.

Fierro Hernández, doctor en derecho, denunció que este nuevo sistema de identificación —que almacenará huellas digitales, iris, fotografía facial y firma electrónica— carece de controles democráticos, supervisión autónoma y mecanismos de reparación del daño en caso de filtraciones o uso indebido, lo que abre la puerta a prácticas de vigilancia arbitraria, suplantación de identidad y violación al derecho a la privacidad.

“Nos alarma que el Estado mexicano, que no ha sido capaz de proteger sus propias plataformas institucionales, ahora pretende centralizar los datos biométricos de toda la población, sin asumir con seriedad la responsabilidad que ello implica. No existen aún garantías plenas ni marcos legales específicos para asegurar su uso lícito y protegido”, denunció.

Jesús Rey, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, recordó que durante el sexenio anterior se vulneraron las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Presidencia de la República, revelando la debilidad estructural en materia de ciberseguridad del Estado mexicano.

“No se puede hablar de transformación digital ni de modernización si no hay respeto absoluto por los derechos humanos. La experiencia del caso “Guacamaya” en 2022 nos deja claro que ni las fuerzas armadas fueron capaces de salvaguardar información crítica y de seguridad nacional”, subrayó.

El defensor del pueblo enfatizó que, bajo el actual mandato presidencial, se corre el riesgo de que las digitales gubernamentales —sin contrapesos legales— se conviertan en instrumentos de control y vigilancia ciudadana. Alertó que esto podría derivar en atropellos sistemáticos a los derechos a la intimidad, autodeterminación informativa y debido proceso.

“La defensa de los derechos humanos no puede subordinarse a la inercia tecnocrática. Es obligación del Estado proteger, no exponer, a sus ciudadanos. La administración actual tiene la responsabilidad histórica de evitar una arquitectura digital que derive en autoritarismo técnico”, advirtió el especialista.

De esta forma, el presidente del GIDH subrayó el llamado urgente a la ciudadanía a, “informarse antes de proporcionar datos biométricos en cualquier plataforma digital; exigir leyes claras, con principios de seguridad, transparencia y proporcionalidad.

“Rechazar cualquier medida que no contemple auditorías ciudadanas y supervisión independiente. Participar activamente en procesos de consulta sobre esta materia”, dijo.

Asimismo, exhortó a los integrantes del Congreso de la Unión a detener la implementación masiva de la CURP biométrica hasta contar con una Ley Nacional de Protección de Datos Biométricos, distinta y más estricta que la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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Sociedad NoticiasJun 30, 2025

La nueva Ley de la Guardia Nacional pone en riesgo derechos fundamentales: GIDH

La reforma a la Ley de la Guardia Nacional pone en riesgo derechos fundamentales: GIDH

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-Magister” expresó una profunda preocupación ante las reformas legislativas en materia de seguridad pública que se discuten en el Congreso de la Unión, especialmente la nueva Ley de la Guardia Nacional y los cambios al Sistema Nacional de Inteligencia.

El doctor Jesús Rey Fierro Hernández, presidente del GIDH advirtió que “estas reformas consolidan una militarización indebida de las tareas de seguridad pública, lo cual representa un retroceso en la garantía de los derechos humanos y pone en riesgo principios fundamentales como la privacidad, la legalidad y la rendición de cuentas”.

Efectivos de la Guardia Nacional | @SociedadN_

El GIDH también alertó que la propuesta, considera otorgar facultades excesivas a cuerpos militares, particularmente en materia de inteligencia e investigación, sin mecanismos democráticos de control.

Acceso discrecional a datos personales

“Otorgar a la Guardia Nacional y al Ejército acceso discrecional a datos personales y facultades de vigilancia sin controles judiciales, viola directamente el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual México es parte”, afirmó.

Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que de aprobarse las reformas tal como están planteadas, México estaría institucionalizando prácticas de vigilancia sin autorización judicial previa, lo cual puede abrir la puerta a abusos, espionaje político y afectaciones a la vida privada de millones de ciudadanos.

Carácter civil

El defensor del pueblo recordó que, desde su creación en 2019, la Guardia Nacional debía mantener un carácter civil, a pesar de que su mando operativo haya recaído en la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, las reformas actuales apuntan a reforzar el control militar, eliminando en la práctica la supervisión ciudadana y civil de las labores de seguridad.

Guardia Nacional | @SociedadN_

“La Constitución Mexicana es clara: la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles, con controles parlamentarios, auditorías externas y mecanismos de responsabilidad pública. Lo que hoy se discute atenta contra ese mandato”, enfatizó.

Por ello, el abogado litigante Jesús Rey exhortó a los legisladores federales a detener el avance de estas reformas hasta que se realice una revisión integral con participación de organismos de derechos humanos, expertos académicos y representantes de la sociedad civil.

Principios democráticos

“No se puede legislar en materia de seguridad con prisas ni sin escuchar a las voces ciudadanas. Lo que está en juego no es un modelo policial, sino el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de la población”, indicó Fierro Hernández.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse, organizarse y manifestarse por vías pacíficas para exigir que cualquier cambio legal respete los principios democráticos, el marco constitucional y los tratados internacionales de los que México es parte.

“La militarización no ha resuelto la violencia en el país. Por el contrario, ha normalizado violaciones a los derechos humanos. Necesitamos un modelo de seguridad eficaz, pero fundado en la legalidad y el respeto a las libertades”, concluyó el presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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