Sociedad NoticiasÉxodo en Chiapas tiene explicación judicial
El gobernador de Chiapas vinculó el éxodo con procesos penales y no con violencia. Desplazamiento hacia Guatemala
Por Mauro López | Corresponsal
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que el desplazamiento de habitantes del ejido Sabinalito, en Frontera Comalapa, ocurrió porque algunos tenían familiares enfrentando procesos penales en la entidad. Según explicó, no se trató de un éxodo motivado por la violencia, sino de un fenómeno ligado a problemas judiciales.
A través de redes sociales, Ramírez Aguilar aseguró que varios de los familiares de quienes se resguardaban en Guatemala se encontraban actualmente detenidos. Dijo que estas personas enfrentaban procedimientos penales en territorio chiapaneco, lo que llevó a otros parientes a abandonar la zona fronteriza.
El mandatario precisó que, aunque no en su administración, el tejido social de esa región se vulneró en años anteriores. Recordó que cárteles como la organización denominada El Maíz, liderada por El Colocho, mantuvieron operaciones delictivas con base en Guatemala.
El gobernador indicó que dicha estructura criminal estuvo vinculada con extorsiones, desapariciones y cobros de piso. Añadió que estas prácticas se derivaron de la ausencia de un Estado de derecho que en su momento facilitó la expansión de la delincuencia organizada.
Rechazo a versión de violencia
Ramírez Aguilar manifestó que grupos criminales asentados en Guatemala buscaban desacreditar la estrategia de seguridad aplicada en Chiapas. Señaló que circulaban versiones sobre supuestos desplazamientos forzados que, dijo, no correspondían con la realidad.
Aseguró que la narrativa sobre un éxodo masivo carecía de fundamento y que respondía a intereses externos. Expresó que las acusaciones intentaban debilitar los esfuerzos de coordinación entre autoridades estatales y federales en materia de seguridad.
La Fiscalía de Distrito Sierra también rechazó que en la frontera chiapaneca se presentara un desplazamiento forzado. La institución aclaró que varios habitantes de comunidades como Sabinalito y Santa Teresa Yano Grande habían migrado hacia Guatemala para evadir procesos judiciales.
El organismo precisó que estas personas mantenían vínculos con grupos delictivos regionales y que algunas contaban con antecedentes penales. La migración, explicó, obedecía a una estrategia de escape frente a órdenes de aprehensión vigentes.
Explicación oficial de Fiscalía
En un video difundido por la Fiscalía de Distrito Sierra, funcionarios detallaron que desde enero no se había registrado un éxodo masivo. Señalaron que la salida de habitantes hacia el país centroamericano correspondía a núcleos familiares específicos.
Las autoridades subrayaron que entre los migrantes se encontraban parientes de líderes criminales como Vladimir N y Toño N. Ambos contaban con órdenes de captura en curso emitidas por jueces del estado.
El informe precisó que las comunidades afectadas mantenían vínculos con organizaciones delictivas transnacionales. Estas redes, apuntó la dependencia, utilizaban la frontera como corredor para actividades ilícitas.
La Fiscalía aseguró que continuaba con operativos de seguridad en la zona limítrofe para contener actividades de narcotráfico y extorsión. Destacó que el trabajo interinstitucional buscaba recuperar la tranquilidad en municipios fronterizos.
Contexto regional
De acuerdo con datos oficiales, la región de Frontera Comalapa había experimentado un deterioro social derivado de disputas criminales. Informes de inteligencia señalaron la presencia activa de bandas asociadas con estructuras en Guatemala.
El gobierno estatal reconoció que la colusión entre grupos locales y extranjeros vulneró la cohesión comunitaria. Mencionó que durante años las autoridades no aplicaron medidas de contención adecuadas en la zona fronteriza.
Sin embargo, la actual administración aseguró que el fenómeno del desplazamiento reciente tenía causas judiciales. Precisó que las familias involucradas no correspondían con un éxodo social generalizado, sino con grupos ligados a ilícitos.
El gobernador reiteró que las acciones de seguridad continuaban reforzándose en colaboración con el gobierno federal. Subrayó que la prioridad era mantener la estabilidad en las comunidades rurales afectadas por la criminalidad transfronteriza.
Llamado a la calma
En sus declaraciones, Ramírez Aguilar pidió a la población no dejarse llevar por versiones sobre desplazamientos masivos. Reiteró que el fenómeno obedecía a contextos específicos relacionados con la justicia penal.
La autoridad estatal aseguró que los operativos de vigilancia se mantenían activos en ejidos de la frontera. También informó que se reforzaban programas sociales para atender a las comunidades más vulnerables.
La administración subrayó que su estrategia buscaba garantizar condiciones de paz y desarrollo en la región. Reafirmó que los esfuerzos institucionales continuarían coordinados con instancias federales y municipales.
Finalmente, el gobierno chiapaneco sostuvo que el territorio estatal no enfrentaba un éxodo derivado de la violencia. Argumentó que las salidas hacia Guatemala correspondían a núcleos familiares con procesos judiciales abiertos. –sn–
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