Crimen organizado exhibe fallas graves en la seguridad en Chiapas

Presentan helicóptero Black Hawk y ejecutan a empresario el mismo día. Ejecutan a empresario tras operativo.


Por Mauro López | Corresponsal                                                

La delincuencia organizada que opera en Chiapas desafió la política anticrimen del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien intentó restablecer la tranquilidad social en la región con nuevos equipos de seguridad. El mismo jueves en que presentó un helicóptero Black Hawk y embarcaciones marítimas Monster para combatir a los grupos criminales, dos sicarios ejecutaron a Carlos Román, empresario de la industria de la masa y la tortilla.

El crimen ocurrió en el municipio de Frontera Comalapa, justo en el centro de la localidad, donde el ayuntamiento ha sido controlado por bandas delictivas desde 2022. La ejecución se dio pocas horas después del evento encabezado por el gobernador, lo que evidenció el nivel de impunidad en esa zona fronteriza.

Asesinato en pleno centro

De acuerdo con fuentes policiales, Carlos Román fue asesinado por dos hombres armados que le dispararon a corta distancia. Los agresores escaparon del lugar sin ser detenidos, pese a la presencia de elementos de la Policía Estatal y del Ejército.

El empresario, de entre 54 y 55 años, perdió la vida de forma inmediata. Sus familiares intentaron llevarlo al hospital básico comunitario, pero al llegar ya no contaba con signos vitales. El asesinato conmocionó a la comunidad, donde era ampliamente conocido por sus negocios de tortillas.

Llegan fuerzas del orden

Elementos de la Policía Estatal, del Ejército, peritos y agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Distrito se presentaron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo de Carlos Román fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se inició la investigación.

El crimen ocurrió mientras el gobierno estatal promovía una estrategia de contención del crimen, con la adquisición de tecnología y armamento. Sin embargo, la respuesta institucional no logró evitar el atentado.

Prometen seguridad con helicópteros

El jueves, el gobernador Ramírez Aguilar encabezó en Tapachula la ceremonia de presentación de un helicóptero Black Hawk, embarcaciones Monster y nuevo personal de inteligencia. Aseguró que su administración buscaba brindar seguridad a los chiapanecos afectados por la violencia de los cárteles.

Señaló que uno de sus principales objetivos es proteger a la población de los efectos del conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, el cual dejó miles de personas desplazadas, desaparecidas y víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Sin tolerancia a criminales

El mandatario estatal afirmó que no habría tolerancia hacia la delincuencia. Dijo que en Chiapas se aplicaría la ley sin complicidades, y que las autoridades se habían preparado para hacerle frente al crimen organizado.

Aseguró que las nuevas herramientas permitirían operar con mayor capacidad en zonas de difícil acceso y mejorar la respuesta ante actos violentos. Añadió que su compromiso es con las familias que han vivido bajo amenazas constantes.

Invierten en tecnología táctica

El helicóptero Black Hawk, con visión nocturna y blindaje táctico, será utilizado en operativos de reconocimiento y patrullaje aéreo en la región fronteriza. Las embarcaciones marítimas Monster patrullarán los ríos que comunican con Guatemala, utilizados como rutas de contrabando.

Además, el despliegue incluye drones, sistemas de geolocalización, cámaras corporales y centros de monitoreo. Según el gobierno estatal, estas medidas buscan frenar el avance del crimen organizado en puntos estratégicos.

Frontera Comalapa, zona caliente

El municipio de Frontera Comalapa ha sido uno de los más afectados por el crimen en los últimos años. Diversos informes señalan la presencia de grupos armados que han tomado el control del transporte, los caminos y las actividades económicas.

Desde 2022, la región ha vivido bloqueos, enfrentamientos y desplazamientos masivos. Vecinos han denunciado la ausencia de autoridades y la complicidad de algunos mandos con grupos delictivos.

Familias viven bajo amenaza

Los familiares de Carlos Román relataron que el empresario había recibido amenazas por negarse a pagar extorsiones. Era dueño de varios locales de tortillas y sostenía una economía local que resistía las imposiciones del crimen organizado.

Vecinos del lugar exigieron justicia y la intervención del gobierno federal, pues consideraron que la presencia militar no ha logrado frenar los asesinatos y desapariciones.

Comprometen justicia pronta

La Fiscalía de Distrito informó que abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y ya se analizan los videos de seguridad de la zona. Aseguraron que seguirán varias líneas de investigación, incluida la extorsión.

Las autoridades estatales indicaron que reforzarán la vigilancia en Frontera Comalapa y en municipios aledaños, donde los grupos armados continúan operando con violencia. –sn–

Seguridad publica Chiapas

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Eduardo Ramírez afirma que no se investiga a Rutilio Escandón

Descarta el gobernador relación del cónsul con el crimen


Por Mauro López | Corresponsal                                                

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que su antecesor, Rutilio Escandón, no enfrenta investigaciones judiciales pese a acusaciones recientes. Señaló que su administración trabaja en garantizar la seguridad y no protegerá a ningún grupo criminal.

Durante un encuentro con medios en Tapachula, Ramírez Aguilar afirmó que el ejercicio de gobierno del ahora cónsul en Miami concluyó el 7 de diciembre de 2024. Ante los señalamientos del excandidato al Senado, Willy Ochoa, sostuvo: “que lo juzgue la historia”.

Reiteró que su administración no encubre ni se alía con organizaciones criminales. “Hoy no hay complicidad; hay honradez”, dijo. Agregó que su tarea es asegurar el presente, con acciones firmes para restablecer el orden público en la entidad.

Combate frontal al crimen

Como parte de su compromiso, Ramírez Aguilar afirmó que desde el inicio de su mandato, el 8 de diciembre de 2024, ningún delito ha quedado impune. Añadió que se han invertido recursos para profesionalizar a las corporaciones policiacas.

Aseguró que estas inversiones contemplan tecnología, inteligencia y más elementos capacitados para enfrentar a grupos criminales. El objetivo es erradicar la violencia que golpeó a Chiapas durante los años recientes, explicó el mandatario.

En la ceremonia de presentación de nuevas unidades de seguridad, celebrada en Tapachula, el gobernador expuso que se ha logrado recuperar la paz en los primeros siete meses de su administración.

Chiapas vivió años de guerra

Recordó que en el pasado reciente, el estado padeció enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Esta disputa dejó miles de personas desplazadas, desaparecidas y víctimas de ejecuciones.

Dijo que su gobierno no será omiso ante la criminalidad y que su prioridad es salvaguardar a los chiapanecos. “Uno de mis objetivos es garantizar la seguridad a quienes por años vivieron en medio del miedo”, sostuvo.

En ese contexto, Ramírez Aguilar reiteró que su administración trabaja sin descanso para restablecer el tejido social y generar condiciones de paz. Consideró que este entorno permitirá atraer inversiones y desarrollo.

Seguridad impulsa el desarrollo

En Puerto Chiapas, dentro de las instalaciones de la XXII Zona Naval, el mandatario presentó nuevas unidades para tareas de vigilancia y combate al crimen organizado, incluidas embarcaciones marítimas y un helicóptero Black Hawk.

Aseguró que no se bajará la guardia, ya que mantener la tranquilidad del estado es indispensable para detonar la inversión, mejorar las condiciones sociales y garantizar la convivencia armónica entre comunidades.

“En Chiapas, a la delincuencia no se le tolera, se le enfrenta. Se le aplica la ley sin componendas ni complicidades”, dijo. Afirmó que las nuevas unidades refuerzan las labores contra el crimen organizado, especialmente en zonas limítrofes con Guatemala.

Nuevas aeronaves para vigilancia

Ramírez Aguilar detalló que el helicóptero Black Hawk fue adquirido con una inversión de más de 20 millones de dólares. Esta aeronave será operada por la Policía Estatal, principalmente en regiones de alta incidencia criminal.

Indicó que estos equipos servirán para enfrentar células armadas que operan en la frontera sur, incluyendo municipios donde se han detectado movimientos de sicarios. Aseguró que las tareas de inteligencia ya están en marcha.

También explicó que las embarcaciones marítimas Monster serán empleadas para patrullar las costas y ríos de la región. Buscan evitar el trasiego de drogas y armas, así como frenar el tráfico de personas en la zona.

Cero tolerancia a la impunidad

Finalmente, el gobernador reiteró que en la nueva etapa de Chiapas, ningún delito será tolerado ni quedará sin castigo. “Nuestro compromiso es firme con la ley, con las víctimas y con el pueblo que exige justicia”, afirmó.

Negó que existan acuerdos con grupos armados y garantizó que todo el aparato de seguridad del estado está enfocado en mantener la paz. “No hay treguas, hay acción, hay resultados”, sentenció el mandatario estatal.

Con ello, el gobierno de Eduardo Ramírez pretende cerrar la página violenta que marcó al estado y abrir un nuevo capítulo de reconciliación y desarrollo económico, con paz y legalidad como ejes principales de su gestión. –sn–

Rutilio Escandón

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Operan cárteles en Chiapas con protección oficial, a partir de «La Barredora»: Willy Ochoa

Organización criminal vinculada a exfuncionarios federales

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Willy Ochoa denunció la presencia de La Barredora, grupo delictivo fundado por el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, en territorio chiapaneco durante el sexenio de Rutilio Escandón.

Advirtió que la operación de esta célula del crimen organizado ocurrió mientras se hablaba de transformación. Afirmó que el discurso de paz contrastó con la impunidad con que el grupo cruzó las fronteras estatales. Según sus declaraciones, los municipios del norte y oriente de Chiapas fueron las principales zonas de operación.

De acuerdo con el político, la permisividad oficial permitió que la organización extendiera sus redes delictivas. La expansión de La Barredora desde Tabasco se habría dado gracias al vacío de poder. Documentos filtrados por la prensa nacional, conocidos como “Guacamaya Leaks”, confirmaron esa información. En ellos, se evidenció la falta de respuesta institucional y la omisión del gobierno estatal.

Crimen con aval oficial

Ochoa responsabilizó al gobierno anterior por permitir esa presencia. Declaró que el crimen organizado no actúa solo, sino cuando existe complicidad o cobardía desde el poder. Señaló directamente al gobierno de Rutilio Escandón como omiso ante la expansión de La Barredora. Esta organización ha sido señalada por tráfico de drogas, extorsión, trata de personas y robo de hidrocarburos.

De acuerdo con reportes periodísticos, algunos exfuncionarios protegieron sus operaciones. La presencia en Chiapas no pasó desapercibida para las autoridades estatales. A pesar de las evidencias, ninguna autoridad local asumió responsabilidad. El grupo actuó impunemente en zonas fronterizas y comunidades indígenas.

Exigen justicia federal

El también político local llamó a la Fiscalía General de la República y al gobierno federal a intervenir. Exigió una investigación a fondo para desmantelar la posible red de encubrimiento. Pidió que se deslinden responsabilidades por la expansión de este grupo delictivo. Insistió en que el Estado debe actuar con firmeza contra quienes lo debilitaron desde adentro.

Dijo que no se puede avanzar sin revisar los errores del pasado. Según sus palabras, Chiapas requiere memoria histórica para construir una justicia duradera. Expresó que las instituciones deben fortalecerse frente al crimen organizado. Advirtió que la impunidad no puede repetirse en futuras administraciones.

Responsabilidad institucional pendiente

Durante el sexenio de Escandón, La Barredora habría consolidado rutas de tráfico. Aprovechó territorios estratégicos para trasladar combustible robado y estupefacientes. Los reportes filtrados también señalaron vínculos con operadores políticos. Esa relación habría permitido el control de comunidades completas.

La falta de acciones judiciales revela una posible red de protección. Grupos sociales exigieron al Estado atención inmediata a estas denuncias. El crecimiento del crimen organizado en la región evidenció el debilitamiento del aparato de seguridad estatal. El vacío dejó a comunidades enteras en situación de riesgo.

Piden castigo a exfuncionarios

Organizaciones civiles y actores políticos pidieron sanciones a exautoridades involucradas. El silencio oficial ha sido interpretado como encubrimiento. Expertos en seguridad indicaron que grupos como La Barredora actúan con respaldo institucional. Su presencia en dos estados refleja una red con capacidad logística avanzada.

Las declaraciones de Willy Ochoa fueron respaldadas por dirigentes locales. Coincidieron en la urgencia de abrir carpetas de investigación a exfuncionarios. La omisión, dijeron, también es delito. Recordaron que permitir el ingreso del crimen organizado representa una traición a la ciudadanía.

Fortalecer al Estado

Ochoa aseguró que no basta con denunciar públicamente. Exigió que las instituciones de justicia actúen con independencia. Reiteró que la memoria histórica debe conducir las decisiones políticas. Insistió en que Chiapas no puede repetir errores de administraciones anteriores.

Añadió que la lucha contra el crimen organizado requiere voluntad política y decisiones firmes. Advirtió que el país no resiste más simulaciones. Finalmente, llamó a los tres órdenes de gobierno a colaborar. La paz duradera, dijo, sólo será posible con justicia y transparencia. –sn–

Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena: MCCI

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