UCO intercepta en el Atlántico el mercante Arconian (Comores) con un gran alijo de cocaína; 23 detenidos y escolta a Las Palmas. Operación de la Audiencia Nacional con apoyo internacional. https://aidoo.news/noticia/6GLw55

#Narcotrafico #CrimenOrganizado #Canarias #SaharaOccidental #Atlantico

UCO intercepta en el Atlántico el mercante Arconian (Comores) con un gran alijo de cocaína; 23 detenidos y escolta a Las Palmas. Operación de la Audiencia Nacional con apoyo internacional. https://aidoo.news/noticia/6GLw55

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Ministra Steinert ante críticas por seguridad: “Déjennos trabajar, los resultados no pueden ser inmediatos” | vía #UChileRadio

https://radio.uchile.cl/2026/05/03/ministra-steinert-ante-criticas-por-seguridad-dejennos-trabajar-los-resultados-no-pueden-ser-inmediatos/

#carabinerosdechile #controlterritorial #crimenorganizado #ministeriodeseguridad #trinidadsteinert

Oposición acusa vínculos entre política y crimen en caso Rocha Moya: Somos México

Con la licencia a Rubén Rocha Moya, Morena busca aminorar el impacto político-electoral en 2027, de lo que todos sabíamos: que el crimen organizado ha convivido con la 4T, financiándola y operando electoralmente en territorio a su favor.

Por Martín García | Reportero                                      

“Esto no es nuevo. El asunto aquí es que se ha venido denunciando esta situación desde 2021. Desde que López Obrador asumió el control del huachicol fiscal y lo expropió en su favor, se volvió una pachanga para todas las candidaturas y para todos los procesos electorales de Morena: meter dinero ilegal a las campañas”, afirmó el secretario de Comunicación de Somos México (SomosMX), Amado Avendaño Villafuerte.

Entrevistado por medios de comunicación en Tapachula, Chiapas, afirmó que el vínculo del régimen con el crimen organizado era público y fue exhibido en investigaciones periodísticas, así como por personas de oposición que fueron secuestradas por el Cártel de Sinaloa durante la campaña electoral de 2021 para garantizar el triunfo de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa.

“¿Qué es lo que revienta esto? Es el hecho de que haya una investigación formal por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos y que exista un requerimiento formal de extradición de un gobernador en funciones. Ese es un golpe a la credibilidad del régimen, es un golpe frontal a la estructura de este régimen que lo que quisiera es perpetuarse”, señaló.

Añadió que la ciudadanía está en contra de que el poder político se fusione con los poderes fácticos, como ha ocurrido en el pasado, y de lo que incluso Andrés Manuel López Obrador se benefició electoralmente al prometer que lo impediría; sin embargo, al asumir la Presidencia de la República se asoció con el crimen organizado. –sn–

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Ejecutan líder sindical en Culiacán junto a empleado municipal

Las autoridades no informaron sobre posibles líneas de investigación ni móviles confirmados. El expediente quedó en manos de la Fiscalía General del Estado.

Por Martín García | Reportero                                      

El homicidio de Homar Salas Gastélum, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), ocurrió el jueves 30 de abril en un domicilio del fraccionamiento Brisas del Humaya. En el mismo ataque murió un hombre identificado como Benjamín, empleado municipal y persona cercana al líder sindical. Los hechos colocaron nuevamente a Culiacán, Sinaloa, en el foco por la violencia contra actores vinculados a estructuras laborales.

Reportes preliminares indicaron que un grupo armado llegó a la vivienda ubicada en la intersección de Oriente 10 y Oriente 12. Los agresores utilizaron fusiles de asalto y dispararon múltiples ráfagas contra las víctimas. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar sin que se reportaran detenciones inmediatas.

El ataque ocurrió en una zona habitacional rodeada por colonias como Fovissste Diamante, Tulipanes y 10 de Abril. Vecinos reportaron detonaciones, lo que provocó la movilización de cuerpos de seguridad. Elementos policiacos acordonaron el área mientras esperaban la llegada de peritos.

Antecedentes de violencia

El asesinato representó el desenlace de una serie de agresiones previas contra Salas Gastélum. El 18 de febrero, el entonces aspirante sindical sobrevivió a un atentado en el mismo domicilio. En aquella ocasión, sujetos armados dispararon durante la madrugada con armas largas de diversos calibres.

A pesar del ataque previo, el ingeniero continuó con sus actividades políticas y sindicales. Días después logró consolidar su triunfo en las elecciones internas del Stasac. En esos comicios obtuvo ventaja sobre su contrincante Zayda Janeth Flores Manjarrez.

El proceso electoral se desarrolló en medio de tensiones internas y versiones sobre amenazas. Durante la etapa de registro circularon señalamientos de intimidación contra aspirantes. Sin embargo, no se presentaron denuncias formales ante las autoridades correspondientes. –sn–

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Kenia López exige investigar acusaciones de Rocha Moya

“A esos no los necesitamos en México. Hoy México necesita servidores públicos honestos, trabajadores, que busquen parar al crimen organizado».

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La diputada Kenia López Rabadán, quien preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados, insistió en que México necesita servidores públicos honestos y que combatan al crimen organizado.

“Lo dije en la mañana y lo reitero: necesitamos gobernadores que detengan al crimen organizado, necesitamos a gobernadores que paren a la delincuencia, necesitamos a gobernadoras, lo dije a propósito de la gobernadora Maru Campos, valientes, y también a gobernadores valientes”, señaló.

A pregunta expresa, la diputada presidenta señaló que debe haber una investigación, más allá de tomar una posición en contra o a favor de las acusaciones en contra del gobernador Rubén Rocha Moya por parte de Estados Unidos, y pidió esperar la decisión del mandatario estatal sobre solicitar licencia al cargo.

“Esperemos a ver qué decide. Lo que sí es un hecho es que a México le urgen gobernadoras y gobernadores que trabajen por la seguridad de este país. Me parece, y lo digo de manera institucional, debe haber una investigación, más allá de tomar una posición en contra o a favor”, indicó.

En ese sentido, afirmó que ningún servidor público debe estar a favor de la delincuencia, de los laboratorios o de las drogas. –sn–

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EU acusa a gobernador de Sinaloa y funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico

EE.UU. acusa al gobernador de Sinaloa y a otros cargos mexicanos de narcotráfico.

SN Redacción | EFE

Nueva York.- El Departamento de Justicia de EU. acusó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y a otros cargos y exfuncionarios del estado mexicano de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente «conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos», indica un comunicado.

En la imputación figuran otros dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía general del estado mexicano en mención.

Según las autoridades estadounidenses, los acusados conspiraron con el cartel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a EE.UU. y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.

La relación del gobernador de Sinaloa con el narcotráfico, según EE.UU.

En concreto, a los implicados se les acusa de alinearse con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, y recibir a cambio «millones de dólares» de los beneficios del cartel.

La Justicia de EE.UU. alega que Rocha Moya logró la elección como gobernador en noviembre de 2021 después de que los Chapitos lo ayudaran «secuestrando e intimidando a sus rivales», y ha permitido que estos «operen con impunidad» bajo la promesa de protegerlos.

«Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno», publicó Rocha en un mensaje en sus redes sociales tras conocer la acusación.

El mandatario sinaloense afirmó que esta imputación es un «ataque» a su persona, al movimiento de la Cuarta Transformación (encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum), a sus «emblemáticos liderazgos» y a los mexicanos que «representamos esa causa».

Rocha, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se dirigió a los ciudadanos de Sinaloa, a quienes afirmó que «con el valor y la dignidad que nos caracteriza demostraremos la falta de sustento de esta calumnia».

En un comunicado, la embajada estadounidense en México subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga «jurisdicción».

México dice que EE.UU. no ha presentado pruebas

Por su parte, la Cancillería de México afirmó que enviará una queja diplomática a la Embajada de EE.UU. en el país por la forma en que se hizo pública la acusación contra el gobernador de Sinaloa, ya que, aseguró, no se presentaron «pruebas» por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

«La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la Fiscalía General de la República. En los documentos no se anexan pruebas».

La Cancillería informó que este martes recibió solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, pero advirtió que conforme a los tratados vigentes, este tipo de información debe manejarse con carácter confidencial, por lo que la forma en que se hizo pública no se apegaría a esos lineamientos.

«Por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer», sostuvo.

Precisó que la Fiscalía deberá evaluar si existen elementos para proceder con detenciones provisionales con fines de extradición.

¿Quiénes son los exfuncionarios acusados?

Los antiguos cargos del gobierno del Sinaloa acusados son Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.

A la lista se suman dos exjefes de la Policía investigadora de la Oficina de la Fiscalía general de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras; el exvicedirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, y un excomandante de la Policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

Todos están acusados de tres delitos: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con esas armas, que los enfrentan a sentencias mínimas de cuarenta años de prisión y cadena perpetua.

A Valenzuela Millán, de 35 años, se le acusa además de presuntamente participar en los secuestros de un informante de la Agencia Antinarcóticos (DEA) y un familiar de este, que fueron torturados y asesinados por orden de los Chapitos, por lo que afronta una sentencia obligatoria de cadena perpetua. –sn–

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Detienen a excomisario de Jilotzingo y policías mexiquenses por presunto secuestro exprés y robo

*Por estos mismos hechos, también fue cumplimentado mandato judicial contra cinco elementos de la Policía Municipal de Jilotzingo.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Víctor Martín “N”, quien se desempeñaba como Comisario de Seguridad Pública del municipio de Jilotzingo, así como en contra de cinco elementos municipales de dicha corporación, por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de robo.

De acuerdo con la investigación iniciada por esta Fiscalía, el 7 de marzo de 2026, las víctimas viajaban a bordo de un vehículo de carga y al circular a la altura de la colonia Miguel Tecpan, en Jilotzingo, fueron interceptados por los tripulantes de un vehículo oficial de la Dirección de Seguridad Pública de esa demarcación, de la cual descendió Víctor Martín “N”, acompañado de dos elementos policiacos, quienes cuestionaron a las víctimas sobre la mercancía que transportaban.

Los investigados les refirieron a las víctimas que “habían cometido una infracción” por lo que serían remitidos al Ministerio Público, posteriormente las amagaron con arma de fuego y presumiblemente les exigieron una cantidad de dinero, así como parte de la mercancía que transportaban, además las obligaron a subir a la patrulla y las abandonaron metros adelante.

Cabe mencionar que Víctor Martín “N”, así como nueve personas más -cinco policías y cuatro civiles- fueron detenidos en flagrancia el pasado 21 de abril por elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y de seguridad Pública del municipio de Tlalnepantla, al momento en que atendían una alerta por el reporte de robo de un camión que transportaba llantas.

Los nueve masculinos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de encubrimiento por receptación y Víctor Martín “N”, por cohecho, ya que habría ofrecido dinero a los elementos de la SSEM y municipales de Tlalnepantla para que no presentaran a sus cómplices ante el Ministerio Público.

Por el ilícito de cohecho, Víctor Martín “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, por ello el mandamiento judicial de secuestro exprés le fue cumplimentado en reclusión.

El probable implicado, así como Rogelio “N”, Francisco Javier “N”, Jonathan Yael “N”, Abel “N” y Juan Francisco “N”, elementos municipales de Jilotzingo, quedaron a disposición de un Juez, quien habrá de determinar su situación jurídica. –sn–

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Harfuch, Morales y Trevilla golpean al CJNG

La detención de Audias “N”, alias “El Jardinero”, y de César “N”, “El Güero Conta”, obliga a una lectura estructural.

Por Raúl García Araujo                                            

No se trata únicamente de un operativo exitoso, sino de un golpe directo a las estructuras de mando, operación y financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La clave no está solo en la captura, sino en el alcance del impacto: liderazgo y recursos, dos pilares de cualquier organización criminal, fueron vulnerados de manera simultánea.

Hay un elemento central que no puede ignorarse: la apuesta por inteligencia sostenida. Diecinueve meses de seguimiento, cruces de información y vigilancia táctica no son menores en un país donde históricamente la reacción ha sustituido a la planeación.

La operación que derivó en la captura de “El Jardinero”, operador cercano a Rubén Oseguera Cervantes, muestra un intento claro por desarticular estructuras completas, no solo figuras visibles. En esa lógica, la detención de “El Güero Conta” refuerza el golpe al atacar el andamiaje financiero.

Aquí es donde el matiz importa. Si bien estas organizaciones tienen capacidad de reemplazo, la captura simultánea de un operador clave y de su responsable financiero sí representa una afectación real en el corto plazo.

Se interrumpen cadenas de mando, se desordenan rutas logísticas y se presionan los mecanismos de financiamiento. No es el desmantelamiento definitivo, pero sí un debilitamiento tangible.

En ese contexto, el papel del gabinete encabezado en seguridad por Omar García Harfuch, junto con Raymundo Pedro Morales Ángeles y Ricardo Trevilla Trejo, adquiere relevancia.

No solo por el resultado, sino por la ejecución coordinada. Inteligencia naval, seguimiento militar y operación táctica confluyeron en una acción de precisión que pocas veces se logra con este nivel de sincronía.

La figura de la presidenta Claudia Sheinbaum también entra en el análisis. Estos operativos reflejan una línea de mando definida y un intento por mantener control político sobre las decisiones de seguridad.

Eso puede traducirse en coherencia estratégica, pero también implica que los resultados —positivos o negativos— recaen directamente en la conducción presidencial.

Otro punto clave es la cooperación con Estados Unidos. El caso de “El Jardinero”, con orden de extradición y seguimiento por agencias internacionales, vuelve a colocar sobre la mesa una relación bilateral basada en intercambio de inteligencia.

La reacción violenta tras las detenciones —vehículos incendiados y focos de tensión— confirma que el golpe tuvo profundidad. Cada afectación a estas estructuras genera respuestas inmediatas.

La contención rápida por parte del Estado evita escaladas mayores, pero también evidencia que el control territorial sigue en disputa.

Finalmente, el impacto financiero no es menor. La detención del operador encargado del lavado de dinero y el seguimiento a sus redes representan una vía más eficaz para debilitar a largo plazo a estas organizaciones.

Sin recursos, la capacidad de recomposición se reduce significativamente.

En suma, lo ocurrido no es un episodio aislado ni un simple éxito operativo.

Es un golpe relevante que debilita al CJNG en sus estructuras clave. Marca una dirección: inteligencia, coordinación y ataques simultáneos a liderazgo y financiamiento.

El reto, como siempre, será sostener esa presión en el tiempo para que el debilitamiento no sea temporal, sino acumulativo.

En Cortito

Nos cuentan que lo que comenzó como una investigación local terminó por convertirse en un modelo nacional de combate a la colusión entre autoridades y crimen organizado.

La llamada Operación Enjambre no nació en los escritorios federales ni en grandes anuncios políticos.

Fue impulsada desde la Fiscalía del Estado de México bajo la conducción de José Luis Cervantes Martínez, a partir de un caso que evidenció algo más profundo que la violencia: la infiltración del crimen en estructuras institucionales de seguridad y gobierno.

Los resultados son difíciles de ignorar. Más de mil 146 años de prisión acumulados en sentencias contra 20 objetivos prioritarios no son un dato estadístico cualquiera. Son el reflejo de un proceso judicial sostenido que logró ir más allá del arresto y llegar a la etapa más compleja del sistema: la condena.

La operación también exhibe una realidad incómoda: la participación de servidores públicos en delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

El alcance de las sentencias contra ex policías municipales, ex comisarios, ex alcaldes y mandos de seguridad refuerza una lectura política más amplia: el problema de seguridad no puede entenderse únicamente desde el enfrentamiento armado o la presencia del crimen organizado en territorio, sino desde la captura institucional en niveles de gobierno local.

Al final, el punto de fondo es claro. Combatir al crimen organizado sin tocar la corrupción institucional es una estrategia incompleta. Ningún despliegue operativo es suficiente si las estructuras internas siguen siendo permeables o cómplices.

Lo que puso sobre la mesa José Luis Cervantes Martínez es precisamente esa dimensión: que la línea entre autoridad y delincuencia, cuando se cruza, no puede quedar en el terreno político o administrativo, sino que debe investigarse, judicializarse y sancionarse con la misma contundencia que cualquier otro delito de alto impacto.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Violencia desborda a Morelos

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Redada en La Trinidad (Málaga): 21 registros, 19 detenidos y 9 armas (una podría ser de guerra), además de drogas y efectivo, tras tiroteos recientes. https://aidoo.news/noticia/xBzXEp

#Noticias #España #Seguridad #CrimenOrganizado #Drogas