Crimen organizado exhibe fallas graves en la seguridad en Chiapas

Presentan helicóptero Black Hawk y ejecutan a empresario el mismo día. Ejecutan a empresario tras operativo.


Por Mauro López | Corresponsal                                                

La delincuencia organizada que opera en Chiapas desafió la política anticrimen del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien intentó restablecer la tranquilidad social en la región con nuevos equipos de seguridad. El mismo jueves en que presentó un helicóptero Black Hawk y embarcaciones marítimas Monster para combatir a los grupos criminales, dos sicarios ejecutaron a Carlos Román, empresario de la industria de la masa y la tortilla.

El crimen ocurrió en el municipio de Frontera Comalapa, justo en el centro de la localidad, donde el ayuntamiento ha sido controlado por bandas delictivas desde 2022. La ejecución se dio pocas horas después del evento encabezado por el gobernador, lo que evidenció el nivel de impunidad en esa zona fronteriza.

Asesinato en pleno centro

De acuerdo con fuentes policiales, Carlos Román fue asesinado por dos hombres armados que le dispararon a corta distancia. Los agresores escaparon del lugar sin ser detenidos, pese a la presencia de elementos de la Policía Estatal y del Ejército.

El empresario, de entre 54 y 55 años, perdió la vida de forma inmediata. Sus familiares intentaron llevarlo al hospital básico comunitario, pero al llegar ya no contaba con signos vitales. El asesinato conmocionó a la comunidad, donde era ampliamente conocido por sus negocios de tortillas.

Llegan fuerzas del orden

Elementos de la Policía Estatal, del Ejército, peritos y agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Distrito se presentaron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo de Carlos Román fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se inició la investigación.

El crimen ocurrió mientras el gobierno estatal promovía una estrategia de contención del crimen, con la adquisición de tecnología y armamento. Sin embargo, la respuesta institucional no logró evitar el atentado.

Prometen seguridad con helicópteros

El jueves, el gobernador Ramírez Aguilar encabezó en Tapachula la ceremonia de presentación de un helicóptero Black Hawk, embarcaciones Monster y nuevo personal de inteligencia. Aseguró que su administración buscaba brindar seguridad a los chiapanecos afectados por la violencia de los cárteles.

Señaló que uno de sus principales objetivos es proteger a la población de los efectos del conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, el cual dejó miles de personas desplazadas, desaparecidas y víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Sin tolerancia a criminales

El mandatario estatal afirmó que no habría tolerancia hacia la delincuencia. Dijo que en Chiapas se aplicaría la ley sin complicidades, y que las autoridades se habían preparado para hacerle frente al crimen organizado.

Aseguró que las nuevas herramientas permitirían operar con mayor capacidad en zonas de difícil acceso y mejorar la respuesta ante actos violentos. Añadió que su compromiso es con las familias que han vivido bajo amenazas constantes.

Invierten en tecnología táctica

El helicóptero Black Hawk, con visión nocturna y blindaje táctico, será utilizado en operativos de reconocimiento y patrullaje aéreo en la región fronteriza. Las embarcaciones marítimas Monster patrullarán los ríos que comunican con Guatemala, utilizados como rutas de contrabando.

Además, el despliegue incluye drones, sistemas de geolocalización, cámaras corporales y centros de monitoreo. Según el gobierno estatal, estas medidas buscan frenar el avance del crimen organizado en puntos estratégicos.

Frontera Comalapa, zona caliente

El municipio de Frontera Comalapa ha sido uno de los más afectados por el crimen en los últimos años. Diversos informes señalan la presencia de grupos armados que han tomado el control del transporte, los caminos y las actividades económicas.

Desde 2022, la región ha vivido bloqueos, enfrentamientos y desplazamientos masivos. Vecinos han denunciado la ausencia de autoridades y la complicidad de algunos mandos con grupos delictivos.

Familias viven bajo amenaza

Los familiares de Carlos Román relataron que el empresario había recibido amenazas por negarse a pagar extorsiones. Era dueño de varios locales de tortillas y sostenía una economía local que resistía las imposiciones del crimen organizado.

Vecinos del lugar exigieron justicia y la intervención del gobierno federal, pues consideraron que la presencia militar no ha logrado frenar los asesinatos y desapariciones.

Comprometen justicia pronta

La Fiscalía de Distrito informó que abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y ya se analizan los videos de seguridad de la zona. Aseguraron que seguirán varias líneas de investigación, incluida la extorsión.

Las autoridades estatales indicaron que reforzarán la vigilancia en Frontera Comalapa y en municipios aledaños, donde los grupos armados continúan operando con violencia. –sn–

Seguridad publica Chiapas

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Perfilan dismuir el precio de tortilla al final del sexenio

Gobierno federal y productores acuerdan estrategia nacional


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

El gobierno federal y productores de maíz pactaron estabilizar el precio de la tortilla. Además, plantearon una disminución gradual del 10 % al cierre del sexenio.

Durante una reunión celebrada en Palacio Nacional, las partes involucradas coincidieron en contener aumentos. También resolvieron bajar los costos sin perjudicar a actores de la cadena de valor.

Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional, expuso los acuerdos. Explicó que se trató de un compromiso nacional asumido con responsabilidad y sin imposiciones.

Detalló que participaron molineros, productores, industriales de la harina y representantes del comercio. Subrayó que la meta fue consensuada con la presidente Claudia Sheinbaum.

Acuerdo de estabilización inmediata

La funcionaria precisó que en los próximos seis meses se estabilizaría el precio promedio. Indicó que la propuesta partió del análisis conjunto sobre el mercado y los factores económicos.

Por su parte, Alejandro Habib Nicolás, enlace de la Secretaría de Economía, explicó el esquema progresivo. Informó que la primera meta sería bajar el precio 5 % al cierre del periodo inicial.

Señaló que, si las condiciones lo permitieran, en cuatro años podrían lograr otro 5 %. Aseguró que se vigilarán variables como clima, insumos financieros y comercio internacional.

Habib agregó que la tortilla es un alimento básico y de alto impacto en la economía familiar. Recalcó que el compromiso incluyó a todos los eslabones de la producción nacional.

Costos y seguridad, desafíos

Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional, ratificó el compromiso. Explicó que la disminución será regional, con base en estudios de mercado y rentabilidad.

Declaró que la estabilización también requerirá bajar costos de producción y transporte. Precisó que el compromiso no afectará la calidad del producto ni el salario de los trabajadores.

Jarquín, también dirigente de molinos y tortillerías del Estado de México, alertó sobre problemas operativos. Denunció que en muchas regiones del país persisten actos de extorsión a productores.

Afirmó que las denuncias se han presentado sin respuesta por parte de autoridades municipales. Llamó a establecer mecanismos de seguridad que permitan cumplir el plan nacional.

Cadena de valor, eje del plan

La estrategia se sustentó en la premisa de no afectar a ningún actor de la cadena. Según el acuerdo, se evitarán subsidios directos o aumentos artificiales de producción.

Las empresas harineras se comprometieron a revisar sus márgenes de ganancia para facilitar el ajuste. También colaborarán con los molineros en procesos técnicos y de logística.

Los productores de maíz blanco acordaron mantener precios estables durante el periodo inicial. Se contempló también el fortalecimiento de centros de acopio con supervisión estatal.

Funcionarios del sector agropecuario resaltaron la importancia de los mecanismos de vigilancia. Informaron que se instalarán mesas regionales para monitorear el comportamiento del precio.

Red de seguimiento regional

Los acuerdos contemplaron una red nacional de observación del mercado de la tortilla. Esta será coordinada entre la Secretaría de Economía y productores locales en cada entidad.

Se espera que el plan tenga un impacto directo en más de 100 mil tortillerías. También alcanzará a millones de consumidores que dependen de este producto para su alimentación diaria.

La reunión tuvo lugar en Palacio Nacional y contó con representación de todos los sectores involucrados. Fue encabezada por la presidente Claudia Sheinbaum, quien avaló el plan general.

Los dirigentes empresariales reconocieron la disposición del gobierno federal para establecer un acuerdo equitativo. Indicaron que no se condicionó ningún subsidio ni intervención directa.

Meta sexenal: bajar 10 %

La reducción total del 10 % en el precio se planteó como meta sexenal. El resultado dependerá de variables externas como el clima y la economía global.

Sin embargo, los involucrados manifestaron confianza en que las medidas acordadas surtirán efecto. La voluntad política y el diálogo constante fueron señalados como factores clave.

Se previó que los primeros resultados comenzarán a observarse a partir de noviembre próximo. En esa fecha concluirá el plazo de seis meses acordado en la primera fase.

El acuerdo será evaluado de manera trimestral y los ajustes se harán conforme a los reportes regionales. La Secretaría de Economía será responsable del análisis técnico. –sn–

tortillas

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