Éxodo en Chiapas tiene explicación judicial

El gobernador de Chiapas vinculó el éxodo con procesos penales y no con violencia. Desplazamiento hacia Guatemala


Por Mauro López | Corresponsal                                                

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que el desplazamiento de habitantes del ejido Sabinalito, en Frontera Comalapa, ocurrió porque algunos tenían familiares enfrentando procesos penales en la entidad. Según explicó, no se trató de un éxodo motivado por la violencia, sino de un fenómeno ligado a problemas judiciales.

A través de redes sociales, Ramírez Aguilar aseguró que varios de los familiares de quienes se resguardaban en Guatemala se encontraban actualmente detenidos. Dijo que estas personas enfrentaban procedimientos penales en territorio chiapaneco, lo que llevó a otros parientes a abandonar la zona fronteriza.

El mandatario precisó que, aunque no en su administración, el tejido social de esa región se vulneró en años anteriores. Recordó que cárteles como la organización denominada El Maíz, liderada por El Colocho, mantuvieron operaciones delictivas con base en Guatemala.

El gobernador indicó que dicha estructura criminal estuvo vinculada con extorsiones, desapariciones y cobros de piso. Añadió que estas prácticas se derivaron de la ausencia de un Estado de derecho que en su momento facilitó la expansión de la delincuencia organizada.

Rechazo a versión de violencia

Ramírez Aguilar manifestó que grupos criminales asentados en Guatemala buscaban desacreditar la estrategia de seguridad aplicada en Chiapas. Señaló que circulaban versiones sobre supuestos desplazamientos forzados que, dijo, no correspondían con la realidad.

Aseguró que la narrativa sobre un éxodo masivo carecía de fundamento y que respondía a intereses externos. Expresó que las acusaciones intentaban debilitar los esfuerzos de coordinación entre autoridades estatales y federales en materia de seguridad.

La Fiscalía de Distrito Sierra también rechazó que en la frontera chiapaneca se presentara un desplazamiento forzado. La institución aclaró que varios habitantes de comunidades como Sabinalito y Santa Teresa Yano Grande habían migrado hacia Guatemala para evadir procesos judiciales.

El organismo precisó que estas personas mantenían vínculos con grupos delictivos regionales y que algunas contaban con antecedentes penales. La migración, explicó, obedecía a una estrategia de escape frente a órdenes de aprehensión vigentes.

Explicación oficial de Fiscalía

En un video difundido por la Fiscalía de Distrito Sierra, funcionarios detallaron que desde enero no se había registrado un éxodo masivo. Señalaron que la salida de habitantes hacia el país centroamericano correspondía a núcleos familiares específicos.

Las autoridades subrayaron que entre los migrantes se encontraban parientes de líderes criminales como Vladimir N y Toño N. Ambos contaban con órdenes de captura en curso emitidas por jueces del estado.

El informe precisó que las comunidades afectadas mantenían vínculos con organizaciones delictivas transnacionales. Estas redes, apuntó la dependencia, utilizaban la frontera como corredor para actividades ilícitas.

La Fiscalía aseguró que continuaba con operativos de seguridad en la zona limítrofe para contener actividades de narcotráfico y extorsión. Destacó que el trabajo interinstitucional buscaba recuperar la tranquilidad en municipios fronterizos.

Contexto regional

De acuerdo con datos oficiales, la región de Frontera Comalapa había experimentado un deterioro social derivado de disputas criminales. Informes de inteligencia señalaron la presencia activa de bandas asociadas con estructuras en Guatemala.

El gobierno estatal reconoció que la colusión entre grupos locales y extranjeros vulneró la cohesión comunitaria. Mencionó que durante años las autoridades no aplicaron medidas de contención adecuadas en la zona fronteriza.

Sin embargo, la actual administración aseguró que el fenómeno del desplazamiento reciente tenía causas judiciales. Precisó que las familias involucradas no correspondían con un éxodo social generalizado, sino con grupos ligados a ilícitos.

El gobernador reiteró que las acciones de seguridad continuaban reforzándose en colaboración con el gobierno federal. Subrayó que la prioridad era mantener la estabilidad en las comunidades rurales afectadas por la criminalidad transfronteriza.

Llamado a la calma

En sus declaraciones, Ramírez Aguilar pidió a la población no dejarse llevar por versiones sobre desplazamientos masivos. Reiteró que el fenómeno obedecía a contextos específicos relacionados con la justicia penal.

La autoridad estatal aseguró que los operativos de vigilancia se mantenían activos en ejidos de la frontera. También informó que se reforzaban programas sociales para atender a las comunidades más vulnerables.

La administración subrayó que su estrategia buscaba garantizar condiciones de paz y desarrollo en la región. Reafirmó que los esfuerzos institucionales continuarían coordinados con instancias federales y municipales.

Finalmente, el gobierno chiapaneco sostuvo que el territorio estatal no enfrentaba un éxodo derivado de la violencia. Argumentó que las salidas hacia Guatemala correspondían a núcleos familiares con procesos judiciales abiertos. –sn–

Personas desplazadas

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Crimen organizado exhibe fallas graves en la seguridad en Chiapas

Presentan helicóptero Black Hawk y ejecutan a empresario el mismo día. Ejecutan a empresario tras operativo.


Por Mauro López | Corresponsal                                                

La delincuencia organizada que opera en Chiapas desafió la política anticrimen del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien intentó restablecer la tranquilidad social en la región con nuevos equipos de seguridad. El mismo jueves en que presentó un helicóptero Black Hawk y embarcaciones marítimas Monster para combatir a los grupos criminales, dos sicarios ejecutaron a Carlos Román, empresario de la industria de la masa y la tortilla.

El crimen ocurrió en el municipio de Frontera Comalapa, justo en el centro de la localidad, donde el ayuntamiento ha sido controlado por bandas delictivas desde 2022. La ejecución se dio pocas horas después del evento encabezado por el gobernador, lo que evidenció el nivel de impunidad en esa zona fronteriza.

Asesinato en pleno centro

De acuerdo con fuentes policiales, Carlos Román fue asesinado por dos hombres armados que le dispararon a corta distancia. Los agresores escaparon del lugar sin ser detenidos, pese a la presencia de elementos de la Policía Estatal y del Ejército.

El empresario, de entre 54 y 55 años, perdió la vida de forma inmediata. Sus familiares intentaron llevarlo al hospital básico comunitario, pero al llegar ya no contaba con signos vitales. El asesinato conmocionó a la comunidad, donde era ampliamente conocido por sus negocios de tortillas.

Llegan fuerzas del orden

Elementos de la Policía Estatal, del Ejército, peritos y agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Distrito se presentaron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo de Carlos Román fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se inició la investigación.

El crimen ocurrió mientras el gobierno estatal promovía una estrategia de contención del crimen, con la adquisición de tecnología y armamento. Sin embargo, la respuesta institucional no logró evitar el atentado.

Prometen seguridad con helicópteros

El jueves, el gobernador Ramírez Aguilar encabezó en Tapachula la ceremonia de presentación de un helicóptero Black Hawk, embarcaciones Monster y nuevo personal de inteligencia. Aseguró que su administración buscaba brindar seguridad a los chiapanecos afectados por la violencia de los cárteles.

Señaló que uno de sus principales objetivos es proteger a la población de los efectos del conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, el cual dejó miles de personas desplazadas, desaparecidas y víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Sin tolerancia a criminales

El mandatario estatal afirmó que no habría tolerancia hacia la delincuencia. Dijo que en Chiapas se aplicaría la ley sin complicidades, y que las autoridades se habían preparado para hacerle frente al crimen organizado.

Aseguró que las nuevas herramientas permitirían operar con mayor capacidad en zonas de difícil acceso y mejorar la respuesta ante actos violentos. Añadió que su compromiso es con las familias que han vivido bajo amenazas constantes.

Invierten en tecnología táctica

El helicóptero Black Hawk, con visión nocturna y blindaje táctico, será utilizado en operativos de reconocimiento y patrullaje aéreo en la región fronteriza. Las embarcaciones marítimas Monster patrullarán los ríos que comunican con Guatemala, utilizados como rutas de contrabando.

Además, el despliegue incluye drones, sistemas de geolocalización, cámaras corporales y centros de monitoreo. Según el gobierno estatal, estas medidas buscan frenar el avance del crimen organizado en puntos estratégicos.

Frontera Comalapa, zona caliente

El municipio de Frontera Comalapa ha sido uno de los más afectados por el crimen en los últimos años. Diversos informes señalan la presencia de grupos armados que han tomado el control del transporte, los caminos y las actividades económicas.

Desde 2022, la región ha vivido bloqueos, enfrentamientos y desplazamientos masivos. Vecinos han denunciado la ausencia de autoridades y la complicidad de algunos mandos con grupos delictivos.

Familias viven bajo amenaza

Los familiares de Carlos Román relataron que el empresario había recibido amenazas por negarse a pagar extorsiones. Era dueño de varios locales de tortillas y sostenía una economía local que resistía las imposiciones del crimen organizado.

Vecinos del lugar exigieron justicia y la intervención del gobierno federal, pues consideraron que la presencia militar no ha logrado frenar los asesinatos y desapariciones.

Comprometen justicia pronta

La Fiscalía de Distrito informó que abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y ya se analizan los videos de seguridad de la zona. Aseguraron que seguirán varias líneas de investigación, incluida la extorsión.

Las autoridades estatales indicaron que reforzarán la vigilancia en Frontera Comalapa y en municipios aledaños, donde los grupos armados continúan operando con violencia. –sn–

Seguridad publica Chiapas

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