La lealtad no se negocia: respuesta firme ante la traición
En las últimas horas ha circulado un nuevo intento de provocar fisuras dentro de nuestras instituciones armadas, protagonizado por quien hace más de tres décadas decidió romper su juramento a la Patria: Oreste Lorenzo Pérez, ex piloto de la Fuerza Aérea Revolucionaria que en 1991 desertó volando un MiG-23 hacia territorio estadounidense.
Los hechos son conocidos. No se trata de una discrepancia política ni de una crítica legítima desde la responsabilidad cívica. Se trata de la decisión consciente de abandonar el uniforme y la bandera bajo la cual se formó, para colocarse bajo la protección del mismo poder que históricamente ha intentado asfixiar a Cuba mediante el bloqueo económico, la guerra mediática y la presión política.
Quien tomó ese camino puede asumir su historia personal como desee, pero carece de autoridad moral para convocar a la deslealtad o intentar sembrar dudas en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT).
Las FAR y el MININT: pueblo uniformado
Las instituciones armadas cubanas no surgieron para la opresión. Nacieron del mismo proceso emancipador que dio continuidad al Ejército Mambí y a las luchas independentistas del siglo XIX. Son herederas de la tradición de Martí, de Maceo, del espíritu de resistencia que ha marcado cada etapa de nuestra historia.
Cuando defendieron Playa Girón, cuando combatieron el apartheid en África, cuando enfrentan hoy desastres naturales o participan en tareas productivas y sociales, lo han hecho desde una premisa esencial: proteger la soberanía nacional y la paz civil conquistada con enormes sacrificios.
Reducir su papel a caricaturas interesadas forma parte de una narrativa que intenta deslegitimar la institucionalidad revolucionaria para favorecer agendas externas.
La soberanía no admite tutelaje
El contexto internacional no puede obviarse. Cuba continúa sometida a un entramado de sanciones y medidas coercitivas unilaterales que buscan provocar desgaste económico y fractura social. En ese escenario, cualquier llamado a la división interna dentro de los órganos encargados de la defensa nacional coincide objetivamente con los intereses de quienes promueven ese cerco.
La soberanía no es un eslogan: es el derecho de un pueblo a decidir su destino sin injerencias. Y ese principio se sostiene también en la cohesión de sus instituciones.
A los hombres y mujeres del uniforme
A los soldados, oficiales, combatientes y trabajadores del sistema de la defensa y el orden interior les corresponde una misión constitucional clara y legítima: salvaguardar la integridad territorial, la estabilidad del país y la seguridad de su población.
Su compromiso no se mide por declaraciones mediáticas ni por presiones externas, sino por la conducta diaria, por el servicio en silencio, por la disposición permanente ante cualquier contingencia.
La historia cubana ha sido severa con quienes traicionaron la causa nacional. También ha sido generosa con quienes permanecieron firmes.
Cuba no es propiedad de intereses foráneos ni escenario de experimentos geopolíticos. Es una nación que ha defendido su proyecto con costos reales y con convicciones profundas.
Y en esa defensa, la lealtad no se negocia.
Tomado del blog Guayacán Cubano
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