Morón en calma: el pueblo respalda la tranquilidad ciudadana y la ley actuará contra los hechos vandálicos

La ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, recupera hoy su ritmo habitual tras los lamentables incidentes ocurridos en la medianoche del sábado, cuando un grupo de personas protagonizaron hechos vandálicos en detrimento de la tranquilidad ciudadana en varias calles del municipio.

De acuerdo con informaciones preliminares, una parte de los participantes —en su mayoría residentes del consejo popular El Vaquerito— salió a las calles con reclamos vinculados fundamentalmente a la compleja situación electroenergética y al acceso a determinados productos alimenticios.
En un primer momento la situación transcurrió sin hechos de violencia y se produjo incluso un intercambio con autoridades del territorio. Sin embargo, posteriormente un grupo más reducido de individuos derivó hacia hechos vandálicos en detrimento de la tranquilidad ciudadana, que nada tienen que ver con el legítimo derecho a expresar preocupaciones.
Entre los hechos reportados se encuentran:

💥 Pedradas contra la sede del Comité Municipal del Partido.
💥 Quema de muebles en la vía pública, pertenecientes a la recepción del inmueble.
💥 Afectaciones a otros establecimientos, entre ellos una farmacia y un punto de venta de la cadena Tiendas Caribe.

Hasta el momento se ha informado la detención de cinco personas, mientras otra fue atendida en el Hospital General Roberto Rodríguez tras sufrir una caída en estado de embriaguez.
Las fuerzas especializadas del Ministerio del Interior continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido y determinar responsabilidades.
Mientras tanto, colectivos laborales de los establecimientos afectados ya trabajan para restablecer los servicios a la población.

Un reclamo social ante una inquietud no puede convertirse en vandalismo

Que los apagones molestan, desesperan e irritan, es una realidad que nadie puede negar. La situación electroenergética del país golpea la vida cotidiana de las familias cubanas y genera tensiones comprensibles.
Pero comprender la frustración no significa justificar la violencia.
Existe una diferencia clara entre expresar inconformidades —algo legítimo en cualquier sociedad— y protagonizar hechos vandálicos en detrimento de la tranquilidad ciudadana.
Una frase dicha en medio de la ira, un reclamo elevado o una discusión pública pueden formar parte de un momento de tensión social.
Pero apedrear instituciones, incendiar objetos en la vía pública o atacar servicios esenciales constituye un delito.
Cuando se agrede una farmacia, no se agrede simplemente un edificio: se agrede la salud de los ancianos, de los niños y de cualquier ciudadano que necesite medicamentos.
Cuando se vandaliza una tienda o una institución pública, no se ataca a un “enemigo abstracto”: se ataca la propiedad del pueblo.

La manipulación desde las redes

Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se activaron rápidamente para exagerar, manipular y distorsionar los hechos.
Desde determinados espacios digitales vinculados a sectores hostiles a Cuba, se intentó presentar el incidente como una supuesta “revuelta generalizada”, construyendo una narrativa de caos que no corresponde con la realidad vivida en la ciudad.
Mientras tanto, los mismos actores que promueven el bloqueo económico contra el país —medida que precisamente agrava la crisis energética— intentan capitalizar cualquier episodio de tensión para fomentar la desestabilización.
Este doble discurso es ya una práctica conocida:

📌por un lado se exige el recrudecimiento de sanciones contra Cuba,
📌y por otro se intenta estimular el descontento social que esas mismas sanciones provocan.

El Estado de Derecho y la defensa del orden social

Cuba es un Estado socialista de derecho, con un sistema legal claro para enfrentar conductas que atenten contra la tranquilidad ciudadana, la propiedad social o la estabilidad del país.
El Código Penal cubano establece sanciones para delitos como:

👉 el desorden público,
👉 los daños a la propiedad,
👉 los actos vandálicos,
👉 y cualquier acción que ponga en peligro la seguridad colectiva.

Por tanto, quienes participaron en estos hechos deberán responder ante la ley.
No se trata de castigar la inconformidad ni el malestar social, que son comprensibles en momentos difíciles. Se trata de defender el orden público y proteger a la ciudadanía frente a acciones violentas que nada aportan a la solución de los problemas del país.

Un pueblo que defiende su tranquilidad

La inmensa mayoría del pueblo de Morón no participó en estos hechos vandálicos en detrimento de la tranquilidad ciudadana. Por el contrario, hoy continúa trabajando, reconstruyendo lo dañado y apostando por la tranquilidad de su ciudad.
Esa mayoría es la que realmente representa a Cuba: un pueblo que enfrenta dificultades enormes, pero que también sabe distinguir entre la crítica legítima y la destrucción irresponsable.
Los problemas del país se resuelven con trabajo, diálogo y participación, no con piedras ni con fuego.
Morón sigue en pie.
Serena, digna y revolucionaria.

Ni el vandalismo ni el odio construirán el futuro de Cuba

Conviene decirlo con claridad: detrás de muchos de estos episodios aparecen los mismos actores que desde el exterior promueven campañas de odio y desestabilización contra nuestro país.
Desde la comodidad de otras tierras, sin asumir riesgo alguno, incitan a la violencia y financian acciones que buscan generar caos en nuestras calles. Mientras tanto, quienes ejecutan estos actos en el terreno suelen ser elementos antisociales o conductas lumpen, individuos que no aportan nada a la sociedad pero pretenden vivir del esfuerzo colectivo del pueblo.
Cuba atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente, bajo un asedio económico sin precedentes impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, cuyo objetivo declarado ha sido durante décadas asfixiar la economía nacional.
Frente a ese escenario, el camino no puede ser la destrucción ni el vandalismo.
La única salida posible para el país es trabajar, construir y producir lo que necesitamos. La historia de la nación cubana demuestra que los momentos más difíciles siempre se han enfrentado con unidad, dignidad y sacrificio colectivo.
Por eso, quienes intenten convertir la frustración social en violencia encontrarán la respuesta firme de la ley y el rechazo mayoritario del pueblo.
Porque en Cuba la tranquilidad ciudadana, el orden social y la soberanía nacional no están en negociación.

Fuente:
Periódico Invasor.

Perfil de Iván Cedeño en Facebook

Perfil de Yuni de Cuba en Facebook

Detenidos en menos de 24 horas los presuntos implicados en daños a ómnibus de TRANSTUR en Jimaguayú

Autoridades del municipio de Jimaguayú, en la provincia de Camagüey, informaron la detención, en un plazo inferior a 24 horas, de los presuntos responsables del apedreamiento a un ómnibus de la empresa TRANSTUR.

De acuerdo con datos preliminares ofrecidos por fuentes oficiales, el hecho ocurrió cuando el vehículo cubría la ruta con destino a Sagua de Tánamo. Como resultado del incidente, dos ventanillas del ómnibus sufrieron daños materiales. No se reportaron pasajeros lesionados.
Las autoridades precisaron que los ciudadanos implicados enfrentarán un proceso judicial por el presunto delito de daños, conforme a lo establecido en la legislación vigente. Paralelamente, continúan las investigaciones con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias en que se produjo el hecho.
Este tipo de conductas impacta bienes de uso público y genera afectaciones al servicio de transportación, especialmente en sectores vinculados al turismo y la movilidad interprovincial.
Las fuerzas del orden en la provincia reiteraron su compromiso con el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la protección del patrimonio estatal, destacando la actuación oportuna en este caso.

Fuerzas del orden esclarecen homicidio en Minas en menos de 24 horas

Las autoridades del Ministerio del Interior en la provincia de Camagüey informaron sobre el esclarecimiento de un hecho de homicidio ocurrido en el municipio de Minas.
De acuerdo con la información ofrecida, el presunto autor fue detenido por efectivos de la 2da Unidad Operativa del Departamento de Técnicas de Investigación. La captura tuvo lugar en el reparto La Guernica, dentro del territorio provincial.

Durante el procedimiento, las autoridades ocuparon una moto eléctrica y un teléfono celular que, según la investigación preliminar, pertenecían a la víctima. Estos bienes constituyen elementos materiales relevantes dentro del proceso investigativo en curso.
El caso fue esclarecido en un plazo inferior a 24 horas desde la ocurrencia del hecho, según precisaron fuentes oficiales. Las diligencias continúan con el objetivo de completar el expediente investigativo y poner el caso a disposición de las instancias judiciales correspondientes, conforme a la legislación vigente.
Contexto institucional
En Cuba, la investigación de hechos violentos corresponde a los órganos especializados del Ministerio del Interior, que actúan en coordinación con la Fiscalía para la preparación de los procesos penales. La presunción de inocencia se mantiene hasta que exista sentencia firme emitida por tribunal competente.
Este suceso se inscribe en el marco de las acciones de enfrentamiento a la delincuencia y la protección del orden público en el territorio camagüeyano.

Autoridades ocupan arma de fuego en Camagüey durante operativo policial

En la ciudad de Camagüey, las fuerzas del orden realizaron un operativo en el reparto La Belén donde lograron decomisar un arma de fuego que portaba un ciudadano.

La acción tuvo lugar en la vía pública y estuvo a cargo de efectivos policiales, quienes identificaron al individuo como una persona con antecedentes penales. Tras el hallazgo del arma, el sujeto fue detenido y puesto bajo custodia por las autoridades competentes.
Según información preliminar, la intervención forma parte de las medidas implementadas por las autoridades locales para reforzar la seguridad ciudadana y reducir la circulación ilegal de armas en la provincia.
Las autoridades siguen investigando las circunstancias en torno a este caso y evalúan las responsabilidades legales correspondientes.

Tomado de los perfiles Verdades a través del Móvil y Yuni de Cuba en Facebook

Sobre la pena de muerte en Cuba: una reflexión necesaria desde la responsabilidad social

Hablar de la pena de muerte en Cuba exige serenidad, responsabilidad y, sobre todo, una profunda conciencia social. No es un tema para el oportunismo ni para el sensacionalismo. Es un debate complejo, excepcional y doloroso, que debe abordarse con la cabeza fría y con un compromiso firme con la defensa de la vida y del orden colectivo.

No soy partidario de la pena de muerte como regla general. Cuba, en su tradición jurídica y humanista, ha demostrado una clara voluntad de privilegiar la rehabilitación, la justicia social y la preservación de la vida. Sin embargo, también es cierto que existen circunstancias excepcionales, extremas, en las que determinados crímenes trascienden el ámbito individual y se convierten en una amenaza directa contra la seguridad de toda la sociedad.
Me refiero, sin ambigüedades, al asesinato de un agente del orden en el ejercicio de sus funciones.
Es imprescindible no confundir conceptos.
Asesinar es un acto criminal deliberado, que arrebata la vida de otro ser humano por odio, desprecio o intereses mezquinos. Es una agresión directa al tejido social, a la convivencia y a la autoridad legítima del Estado.
Aplicar una sanción extrema prevista por la ley, en cambio, es una decisión judicial, adoptada dentro de un marco legal y constitucional, como respuesta excepcional ante un crimen que pone en riesgo la estabilidad social y la vida de quienes tienen la misión de protegerla.
Es innegable que una sanción de este tipo enluta a una familia. Pero también es innegable que el asesinato de un policía puede abrir la puerta al miedo, al desorden y a la impunidad. En determinados contextos, la firmeza de la ley no busca venganza, sino evitar que el crimen se normalice, proteger a la mayoría y preservar el respeto hacia quienes, día a día, arriesgan su vida para garantizar la tranquilidad ciudadana.
La ley no es odio.
La ley no es revancha.
La ley es límite, es advertencia y es defensa colectiva.
Defender esta postura no significa celebrar la muerte, sino asumir con responsabilidad que hay situaciones en las que la indulgencia absoluta puede tener consecuencias irreversibles para el conjunto de la sociedad. Se trata de proteger la vida de muchos, de impedir que el terror o la violencia organizada erosionen la autoridad del Estado socialista y el orden público que sostiene la convivencia.
Esta reflexión no nace del rencor, sino del dolor y del compromiso. Del respeto a quienes han caído cumpliendo su deber y de la convicción de que, en circunstancias extremas, la firmeza legal puede ser el último recurso para salvaguardar la paz social y la seguridad de nuestro pueblo.
En Cuba, la justicia no puede ser débil frente al crimen que atenta contra la vida y la estabilidad colectiva. Ser humanos también implica saber defender, con responsabilidad y mesura, los límites que hacen posible la vida en común.

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En Memoria de un Héroe de Azul: Un Homenaje a la Dedicación y Valentía de la Policía Nacional Revolucionaria

En nuestra Cuba, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) representa un pilar fundamental en la protección y preservación de las conquistas de la Revolución. Los oficiales y suboficiales que la integran, hombres y mujeres de pueblo, son más que servidores públicos; son verdaderos héroes cotidianos que, día tras día, se exponen al peligro para garantizar el orden, la tranquilidad y la seguridad del pueblo trabajador.

En el contexto de este acto de homenaje, se nos recuerda el sacrificio de nuestros policías. En un emotivo testimonio publicado por un oficial anónimo del Ministerio del Interior (Minint), se honra la memoria de un compañero caído en el cumplimiento de su deber. Este valiente oficial, cuyo nombre permanecerá en el anonimato, se sacrificó por un pueblo que necesita su protección, por un pueblo que se encuentra constantemente amenazado por fuerzas externas e internas que buscan desestabilizar nuestra paz.
El sacrificio heroico
Este artículo relata la conmoción y el dolor profundo que se ha sentido en la institución al enterarse de la muerte de este policía, quien dedicó 24 años de su vida al servicio de la patria. En sus palabras, queda clara la vocación de servicio de estos hombres, quienes, sin importar el costo personal, siguen firmes en su misión de garantizar que las conquistas de la Revolución sigan vigentes.
Es imposible no conmoverse ante la crueldad del asesinato, pero también es inevitable sentirse orgulloso de la fortaleza con la que este oficial vivió y murió. “Caíste como un verdadero guerrero”, dice su compañero, un testimonio que resalta la valentía con la que enfrentó el destino. Un destino que, aunque trágico, no puede borrar el legado de honor y sacrificio que este hombre deja en su paso.
El valor del servicio y la justicia
Las palabras de este oficial no solo hablan de dolor, sino también de justicia. En Cuba, los que se atreven a atacar la vida de un hombre de bien, de un servidor público comprometido, deberán enfrentar las consecuencias de sus actos. El autor de este testimonio afirma con firmeza que la muerte de este policía no quedará impune, y que su sacrificio será honrado por un pueblo que no olvida a los que luchan por su bienestar.
La PNR en su conjunto representa la fuerza y el coraje de los hombres y mujeres que dedican sus vidas al servicio del pueblo. Aunque no se les reconozca siempre, ellos están ahí, siempre listos para darlo todo por la paz y el orden, a menudo arriesgando lo más valioso: su vida. Así, cuando un policía cae, lo hace como un héroe que luchó incansablemente por su gente.
El legado de los Héroes de Azul
Hoy, Cuba no solo recuerda a este valiente compañero, sino a todos los policías que, como él, enfrentan riesgos y sacrificios por la seguridad de cada ciudadano. Su memoria permanecerá viva en las calles, en la seguridad que brindan a cada hogar, en la tranquilidad que garantiza que nuestras conquistas no se verán arrebatadas por fuerzas externas ni internas.
¡Justicia para el valiente!
Este no es solo un llamado a la justicia para el asesino de este héroe, sino también un recordatorio de la importancia de la labor de la Policía Nacional Revolucionaria. A través de su sacrificio, ellos nos muestran todos los días lo que significa ser verdaderos patriotas.
Los “Héroes de Azul” son, sin duda, sinónimo de honor, sacrificio y valentía. Aunque la muerte arrebate a nuestros héroes, su legado y su memoria perdurarán en la admiración del pueblo cubano. “¡Hasta la victoria siempre!” no es solo un lema, sino una promesa: la promesa de que su sacrificio no será en vano.
Que el sacrificio de nuestros héroes nunca se olvide. ¡Justicia y honor para ellos!
Este homenaje va para todos los oficiales y suboficiales de la PNR, hombres y mujeres que, con coraje y dedicación, siguen defendiendo las conquistas revolucionarias que tanto nos costaron.

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La furia del alcohol y la alevosía: cuando la prepotencia conduce al crimen

En ocasiones, la irresponsabilidad individual, unida al irrespeto por la ley y a la pérdida total del control bajo los efectos del alcohol, deriva en conductas que atentan directamente contra la convivencia social y la seguridad colectiva. No se trata solo de una infracción del tránsito, sino de hechos que, por su gravedad, colocan a sus protagonistas fuera de los márgenes de la libertad.

Un suceso repudiable ocurrido en mayo pasado, en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas, ilustra con claridad hasta dónde puede llegar la prepotencia cuando se combina con el consumo de bebidas alcohólicas y la falta de sentido cívico. En este hecho confluyeron el desacato a las normas de circulación, el desorden público, la violencia física con arma blanca y objetos contundentes, así como la agresión deliberada mediante el uso de un vehículo automotor como instrumento de ataque.
El imputado, Yuni Valdés Pérez, conductor de una escatolina perteneciente a la Sucursal Cubacar Varadero, tras ingerir bebidas alcohólicas, estacionó incorrectamente el vehículo, bloqueando la circulación de varios medios de transporte, entre ellos un ómnibus y otros automóviles. Ante los reclamos respetuosos de conductores y transeúntes, reaccionó con altanería e irrespeto, lanzando una lata de cerveza que provocó lesiones en el rostro a una de las personas presentes.
La escalada de violencia continuó cuando el agresor extrajo un machete para amenazar a quienes intentaban restablecer el orden. Todo ello ocurrió en medio de un lamentable espectáculo de desorden público, agravado por la conducta irresponsable de algunos presentes que, lejos de intervenir para frenar la agresión, incitaban al infractor, como si se tratara de un grotesco circo de violencia.
En un acto aún más peligroso, Valdés Pérez utilizó el propio vehículo para embestir reiteradamente un ómnibus y otros automóviles, causando daños materiales considerables y poniendo en riesgo la vida de múltiples personas. Escenas que parecen propias de producciones cinematográficas extranjeras, pero que, lamentablemente, ocurrieron en nuestra realidad y tuvieron consecuencias penales severas.
A la conducta delictiva del agresor se suma la responsabilidad moral de quienes compartían la ingesta de alcohol con él y no actuaron para detenerlo, así como la pasividad de otros y la incitación irresponsable de algunos espectadores.
Concluidas las investigaciones por los órganos del Ministerio del Interior, y con pleno respeto a las garantías constitucionales y legales, la Fiscalía ejerció la acción penal pública ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana, que sancionó al acusado a diez años de privación de libertad por el delito de Sabotaje, atendiendo a la gravedad de los hechos, las circunstancias en que ocurrieron y la conducta personal del imputado.
El enfrentamiento al delito constituye una cuestión sagrada para el pueblo cubano y una conquista irrenunciable de la Revolución. La seguridad ciudadana, la tranquilidad pública y el respeto a la ley son pilares que hacen de Cuba un país seguro, pensado para proteger a sus ciudadanos y, en especial, a las nuevas generaciones.
Actuar con firmeza, dentro del marco de la legalidad socialista, es y seguirá siendo una prioridad para la defensa de los intereses del Estado y los derechos de todas las personas.
Fuente:
Granma – Francisco Arias Fernández

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Tribunal Provincial Popular de La Habana sanciona delito de sabotaje contra un medio de transporte estatal

El Tribunal Provincial Popular de La Habana informó recientemente sobre una sentencia dictada por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, órgano con competencia para conocer hechos de elevada gravedad que afectan la estabilidad y el normal funcionamiento de servicios esenciales en gran parte del occidente del país.
De acuerdo con la nota oficial, el jueves 18 de septiembre del presente año, dicha Sala condenó a 10 años de privación de libertad a Yuni Valdés Pérez, hallado responsable del delito de sabotaje, tras la celebración de un juicio oral y público en el que se practicaron todas las pruebas correspondientes conforme a la ley.
Los hechos probados
Durante el proceso judicial quedó demostrado que el acusado, quien se desempeñaba como chofer profesional de la Empresa CUBACAR Varadero, el 5 de mayo de 2025 conducía una escatolina asignada a sus funciones laborales por las calles de la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas.
En ese contexto, Valdés Pérez estacionó el vehículo en medio de la vía pública, obstruyendo la circulación, para dirigirse a un establecimiento cercano donde ingirió bebidas alcohólicas hasta alcanzar un estado de embriaguez, incumpliendo de manera grave sus responsabilidades como conductor profesional.
La obstrucción de la arteria vial provocó el reclamo del conductor de un ómnibus Yutong, perteneciente a la Empresa Transmetro de Cárdenas, generándose una discusión que escaló rápidamente, con el intercambio de ofensas y la exhibición de objetos potencialmente peligrosos.

La acción delictiva
Según la sentencia, el acusado, en un estado de alteración evidente y con la intención expresa de dañar un bien estatal, abordó nuevamente la escatolina, engranó la reversa e impactó violentamente el ómnibus, acción que repitió de forma aún más agresiva y a mayor velocidad.
Como resultado de estos actos, el vehículo estatal sufrió daños significativos, los cuales no han podido ser reparados hasta la fecha, afectando un medio de transporte destinado a la prestación de un servicio público esencial para la población.

Fundamentos del fallo

Para adoptar la decisión sancionadora, el tribunal valoró de manera integral:
La conducta social previa del acusado
Sus características personales
La alta lesividad del hecho, tanto material como social
Y lo dispuesto en el Dictamen No. 475 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular
Estos elementos permitieron calificar la acción como un delito de sabotaje, dada la intencionalidad de dañar un recurso estatal y la afectación directa al interés colectivo.
Garantías procesales
La información oficial aclara que, conforme a lo establecido en la legislación vigente, tanto el acusado como el fiscal tienen el derecho de interponer recurso de casación, el cual será conocido y resuelto por la sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular.

Reflexión necesaria

Este hecho pone nuevamente sobre la mesa la importancia de la responsabilidad individual, especialmente cuando se gestionan medios estatales destinados al servicio público, así como el papel del sistema judicial cubano en la protección de los bienes colectivos y el orden social.
Informar con rigor, contexto y apego a la verdad resulta esencial frente a los intentos de manipulación que buscan desvirtuar el funcionamiento de las instituciones del país o presentar de manera distorsionada la aplicación de la justicia.

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Robo de remesas al descubierto: desmantelan red delictiva dirigida desde el exterior

En noviembre de 2025, el Ministerio del Interior de Cuba (MININT) informó sobre la desarticulación de una red criminal dedicada al robo de remesas, dirigida desde Estados Unidos. Según las autoridades, esta actividad ilegal ha causado pérdidas significativas de divisas que tradicionalmente ingresaban por canales formales, afectando la economía nacional y los mecanismos de distribución de recursos dentro del país.

Cómo funcionaba la red

El principal encartado, identificado como Humberto Julio Mora Caballero, residente en Miami, captaba remesas enviadas por familiares de cubanos en el exterior.

Parte del dinero recaudado se invertía en importaciones mediante operadores privados en Cuba, quienes a su vez entregaban el equivalente en efectivo a este principal encartado dentro de la isla.

Entre febrero y septiembre de 2025, la red habría movido más de 1 000 millones de pesos cubanos y aproximadamente 250 000 dólares.

La operación estaba concentrada en la provincia de Camagüey, desde donde se coordinaba la recogida en varias localidades.

Hasta el momento, 13 personas han sido identificadas en Cuba y se encuentran bajo medidas cautelares, incluidas figuras del sector no estatal implicadas en la red. (Granma)

Consecuencias para la economía cubana

El MININT ha señalado que este tipo de redes afecta de manera directa la economía nacional:

1. Desvío de recursos sociales: Las remesas familiares suelen tener un impacto positivo en sectores sensibles como salud, educación y vivienda.

2. Circulación de efectivo fuera del sistema bancario: Esto debilita la intermediación financiera y genera problemas de liquidez en bancos y cajeros.

3. Importaciones irregulares: Al realizarse fuera de los mecanismos estatales, aumenta el riesgo de fraude y afecta la planificación de la economía nacional.

4. Inestabilidad cambiaria: La manipulación de tasas de cambio desde el exterior contribuye a la especulación y desestabiliza el mercado. (Juventud Rebelde)

Respuesta oficial y medidas adoptadas

El MININT reafirmó que la actividad descrita es delictiva según el Código Penal cubano, y que se mantienen las investigaciones para determinar todas las implicaciones de la red.

Se han implementado medidas de estabilización macroeconómica, con ajustes en la tasa de cambio oficial para reducir las oportunidades de lucrar mediante vías paralelas.

Estas acciones buscan proteger el flujo legal de divisas y asegurar que las remesas cumplan su función social. (Granma)

Valoración legal según el Código Penal cubano

El Código Penal de Cuba, especialmente en la Ley 87 sobre delitos económicos, establece sanciones para quienes:

Adquieran, conviertan o transfieran recursos sabiendo que provienen de actividades ilícitas (lavado de activos), con penas de 5 a 12 años y confiscación de bienes.

Operen en el exterior afectando intereses fundamentales del Estado cubano, ya que los delitos cometidos fuera del país pueden ser perseguidos judicialmente si impactan directamente la economía nacional.

La circulación de remesas ilegales por vías no oficiales constituye un riesgo para la masa monetaria y la estabilidad económica, reforzando la necesidad de aplicar la ley de manera estricta y coordinada.

Desde el punto de vista editorial de Futuro mi Cuba, perseguir estas redes es tanto una medida estratégica, asegurando que las divisas entren de forma controlada y contribuyan a la economía y al bienestar social.

Conclusión editorial

La desarticulación de esta red representa una reafirmación del control para protege la economía nacional y garantiza que los recursos lleguen a su destino social.

Reafirma la soberanía financiera del Estado cubano frente a operadores externos que buscan lucrar a costa de los ciudadanos.

Evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos legales y financieros para incentivar que las remesas entren por canales oficiales, ofreciendo seguridad y transparencia tanto a remitentes como a receptores.

Este caso subraya cómo la combinación de acción legal, vigilancia estatal y concientización ciudadana es clave para proteger la economía y los intereses de la sociedad cubana frente a redes ilícitas que operan desde el exterior.

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¿Qué debo saber sobre el delito de espionaje en la legislación cubana?

Espionaje en la legislación cubana: fundamentos jurídicos y alcance del proceso actual

En Cuba se desarrolla actualmente un proceso penal que tiene como acusado a Alejandro Gil Fernández, quien se desempeñó como vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación. Entre los delitos que se le imputan figura el de espionaje, una de las figuras penales más severas del ordenamiento jurídico cubano.

Sobre los fundamentos de este delito, su tratamiento legal y la reciente decisión de celebrar el juicio a puertas cerradas, ofreció sus valoraciones el doctor en Ciencias Jurídicas Arnel Medina Cuenca, profesor titular y consultante de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y vicepresidente de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales.

Un delito contra la seguridad nacional

“El espionaje es un delito extremadamente grave, porque atenta directamente contra la seguridad nacional”, precisó el experto.
Según explicó, el Código Penal cubano lo define de manera amplia: incurre en espionaje quien, en detrimento de la seguridad del Estado, participe, colabore o mantenga relaciones con los servicios de información de un Estado extranjero, o les proporcione informes, los obtenga o procure con el fin de comunicárselos.

Esta figura también se aplica a quienes realicen tales actos en favor de organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, asociaciones o personas naturales o jurídicas, siempre que sea en perjuicio del país.
Las sanciones previstas se encuentran entre las más altas del sistema penal cubano: privación de libertad de 10 a 30 años, cadena perpetua o pena de muerte.

Razones para un juicio a puertas cerradas

Respecto a la decisión judicial de realizar el juicio sin acceso público, el doctor Medina Cuenca recordó que el artículo 477 de la Ley 143 (Código de Procesos Penales) establece la publicidad del juicio oral, salvo cuando razones de seguridad nacional, moralidad, orden público o respeto a las víctimas aconsejen lo contrario.

“En delitos como el espionaje —indicó—, esta restricción es casi una norma, pues durante el debate pueden revelarse informaciones que, por su naturaleza, comprometen la seguridad nacional si se divulgan públicamente.”

Presunción de inocencia y debido proceso

El jurista subrayó que tanto la Constitución como la ley reconocen el principio de presunción de inocencia. Todo acusado debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia firme en su contra, por lo que no debe difundirse información que prejuzgue al imputado ni afecte su derecho a un proceso justo.

Etapas del proceso judicial

De acuerdo con las declaraciones del especialista, la Fiscalía ha presentado al menos dos expedientes distintos. El tribunal decidió comenzar por juzgar el delito más grave —el espionaje—, que en este caso involucra solo a un acusado. Los restantes hechos delictivos, que pudieran implicar a otras personas, serán analizados posteriormente en procesos independientes.

Un equilibrio entre la justicia y la seguridad nacional

“El Código Penal cubano —concluyó Medina Cuenca—, en consonancia con el derecho comparado internacional, tipifica este delito con el rigor que requiere, al representar una amenaza directa a la soberanía y la seguridad de la nación. Las sanciones son severas, el tipo penal es amplio y el proceso judicial se conduce con estricto apego a la ley, garantizando tanto la protección de la seguridad nacional como los derechos del acusado.”

Un equilibrio delicado, pero necesario, que reafirma la responsabilidad del Estado cubano en la defensa de su soberanía jurídica y política.

Fuente: Cuba por Siempre

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