Artículo sobre los preparativos para la batalla de Zacatecas durante la revolución mexicana, es un reportero estadounidense. Esta en inglés.

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This might look like some cities in Spain, but it’s actually Zacatecas, Mexico.

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En algún lugar de Zacatecas, México.

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Confirman muerte de cinco mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa

La minera «Vizsla Silver» se dice «devastada» con este hecho; resalta que continúa con el apoyo a las familas afectadas.

Por Martín García | Reportero                                      

Este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que cinco de los cuerpos localizados en una fosa clandestina en la Concordia Sinaloa, son del grupo de mineros desaparecidos la semana pasada; mientras que la empresa canadiense donde trabajaban se dijo «devastada».

La minera «Vizsla Silver» confirmó la localización sin vida de de los cinco trabajadores que fueron privados de la libertad en la sierra del municipio de Concordia, Sinaloa.

En un comunicado emitido desde Vancouver, Canadá, la empresa informó que fue notificada por familiares de los propios trabajadores desaparecidos, quienes les comunicaron el hallazgo de los cuerpos en la zona donde se desarrolla el proyecto minero.

“Se ha informado por un número de familias que sus parientes, nuestros colegas, que habían sido levantados del sitio del proyecto de la compañía en Concordia, México, fueron encontrados muertos”, señaló la empresa.

El presidente y director general de Vizsla Silver, Michael Konnert, expresó el impacto que los hechos han tenido en la compañía y en la comunidad. “Estamos devastados por este resultado y la trágica pérdida de vidas. Nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros colegas, y a toda la comunidad de Concordia”.

https://twitter.com/MLopezSanMartin/status/2020977973642526756?s=20

La compañía precisó que, aunque confirma la localización sin vida de algunos trabajadores, aún no cuenta con información oficial sobre el número total de víctimas ni sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, por lo que dichos datos deberán ser ratificados por las autoridades mexicanas. Añadió que continuará enfocada en la localización de las personas que permanecen desaparecidas y en apoyar a las familias durante este “tiempo increíblemente difícil”.

De acuerdo con reportes de medios locales, hasta el momento han sido identificados tres de los 10 trabajadores mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero, cuyos cuerpos fueron localizados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde.

Se trata de José Ángel Hernández Vélez, ingeniero minero originario de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas; Ignacio Aurelio Salazar Flores, ingeniero geólogo de Sombrerete, Zacatecas; y José Manuel Castañeda Hernández, geólogo. Las identificaciones se realizaron mediante estudios forenses y genéticos, debido al avanzado estado de descomposición de los cuerpos.

En días recientes, medios de Sinaloa también informaron sobre la posible identificación de un cuarto trabajador, Antonio de la O Valdez, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Por su parte, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora advirtió que en el predio de El Verde no solo podrían encontrarse los cuerpos de los 10 trabajadores mineros reportados como desaparecidos, sino más de 20 personas. –sn–

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Saúl Monreal va por gubernatura de Zacatecas pese a estatutos de Morena

El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, anunció que buscará la candidatura al gobierno de Zacatecas, pese a que su partido prohíbe el “nepotismo electoral” #SaulMonreal #Candidatura #Zacatecas #Morena #Nepotismo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÁS NOTICIAS DE EL UNIVERSAL: SUSCRÍBETE a EL UNIVERSAL PLUS: Con tu…

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Proponen regular drones para reforzar seguridad y privacidad en México

“México no puede seguir con leyes rezagadas frente a una tecnología que ya impacta la seguridad, la privacidad y la vida de las personas”, subrayó.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Miguel Alonso Reyes, diputado federal por Zacatecas, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, una iniciativa para regular el uso de las aeronaves no tripuladas, comúnmente conocidas como “drones”, con el objetivo de dotar al Estado mexicano de un marco jurídico moderno, coherente y suficiente que acompañe el avance tecnológico y garantice la seguridad, la privacidad y los derechos fundamentales de las personas.

La propuesta contempla modificaciones al Código Penal Federal, la Ley de Aviación Civil, la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la Ley General de Protección Civil, ante un contexto en el que el uso de drones se ha expandido de manera acelerada en sectores como la agricultura, la logística, la industria audiovisual, la investigación científica, la protección civil y la seguridad.

El legislador advirtió que la delincuencia organizada ha incorporado el uso de drones para el traslado de drogas, la vigilancia de objetivos, el espionaje de viviendas, la intervención ilegal de comunicaciones y, de forma alarmante, para la ejecución directa de ataques armados. –sn–

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Se enfrentan hombres armados con fuerzas de seguridad en Zacatecas

Un fuerte enfrentamiento entre fuerzas estatales y el crimen organizado en Zacatecas dejó un muerto, heridos y bloqueos carreteros con explosivos; La alerta se extendió por varios municipios del sur del estado. #Zacatecas #CrimenOrganizado #Enfrentamiento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÁS NOTICIAS DE EL UNIVERSAL: SUSCRÍBETE a…

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Reacomodos en Seguridad Nacional

El inicio del año marca el primer gran movimiento interno del Gobierno Federal en uno de sus frentes más sensibles: la seguridad pública.

Por Raúl García Araujo                                            

El aparato del Estado comienza a reacomodarse para enfrentar una agenda cargada de presiones internas, compromisos internacionales y una exigencia social que no admite margen de error.

En este proceso, dos áreas concentran el rediseño estratégico: la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, y la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Esthela Damián.

Desde estas oficinas se están definiendo los equipos que operarán las decisiones clave del sexenio y que marcarán la dinámica de coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional.

En la FGR, los cambios han sido amplios y estructurales. La fiscal general anunció una serie de nombramientos que redibujan el mapa interno de la institución.

Raúl Armando Jiménez Vázquez asumió la Fiscalía Especializada de Control Competencial; David Boone de la Garza, la Fiscalía Especializada de Control Regional; y Mariana Díaz Figueroa, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

A estas designaciones se suman Laura Ángeles Gómez como Oficial Mayor; Maribel Bojorges Beltrán en la Fiscalía de Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas; Richard Urbina Vega en la Fiscalía de Asuntos Internos; Ulises Lara López en la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes; y Julio César Bonilla Gutiérrez en la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental.

El nuevo esquema se completa con Claudia Luengas Escudero como Consejera General; Oliver Ariel Pilares Viloria en la Fiscalía Especial de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero; Omar Cruz Juárez en la Unidad de Comunicación Social; Héctor Elizalde Mora al frente de la Agencia de Investigación Criminal; y César Oliveros Aparicio en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.

Dentro de este reacomodo destacan de manera particular Ulises Lara y Omar Cruz, integrantes del círculo de mayor confianza de Ernestina Godoy.

Ambos acompañaron a la hoy fiscal durante su gestión en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y estuvieron directamente involucrados en la atención y resolución de los casos de mayor impacto social y mediático, experiencia que ahora se traslada al ámbito federal.

En paralelo, en la Consejería Jurídica, Esthela Damián ha mantenido una agenda de trabajo permanente, incluso durante el periodo vacacional, sosteniendo reuniones con dependencias clave para integrar el equipo que la acompañará durante toda la administración.

Su oficina desempeña un papel central en la construcción del andamiaje legal que respalda las decisiones en materia de seguridad, justicia y cooperación internacional.

Este proceso se articula de forma directa con la agenda del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como con los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, en un contexto donde la coordinación interinstitucional resulta indispensable, particularmente en el ámbito de la cooperación bilateral con los Estados Unidos.

El año apenas comienza, pero las decisiones ya están en marcha. Las estructuras están siendo definidas, los equipos ya operan y las líneas de mando empiezan a marcar territorio.

Lo que ocurra en los próximos meses no dependerá de anuncios públicos, sino de la capacidad real de estos nuevos cuadros para ejecutar, coordinar y responder en el momento más delicado de la agenda nacional.

Hoy, ante los actuales escenarios internacionales, la seguridad pública no solo es una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, sino uno de los principales pilares de entendimiento político con el Gobierno de los Estados Unidos.

En Cortito

Nos cuentan que 2026 comenzó en Yautepec con señales claras de trabajo y dirección política, marcando desde los primeros días del año un ritmo distinto en la administración municipal.

Nos dicen que el presidente municipal, Eder Alonso Gutiérrez, abrió el calendario con acciones concretas: infraestructura, servicios y atención directa a las necesidades de la gente, dejando claro que el gobierno local arrancó con resultados.

En ese contexto, la inauguración de la rehabilitación de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Lucio Moreno de Cocoyoc, no es una obra menor ni aislada. Se trata de una de las vialidades más importantes de la zona, al conectar de manera directa con la escuela primaria, la Unidad Deportiva, un centro comercial y el panteón de la localidad, convirtiéndose en una arteria esencial para la vida cotidiana de cientos de familias.

La obra impacta de manera positiva a diversas comunidades de Cocoyoc que utilizan esta vía como acceso cotidiano a servicios educativos, deportivos y comerciales.

Es infraestructura que ordena, facilita y dignifica la vida comunitaria, y que además envía un mensaje político claro: en Yautepec, la gestión se mide por obras que se ven y se sienten.

Este tipo de proyectos también tiene un impacto directo en el turismo, uno de los principales motores económicos del municipio.

Yautepec es, cada fin de semana, uno de los destinos más visitados de la región gracias a sus atractivos, su oferta recreativa y su excelente clima.

Fortalecer la infraestructura urbana no solo beneficia a quienes viven aquí, sino también a quienes eligen este municipio para descansar, invertir y convivir, consolidando así una estrategia de desarrollo que combina bienestar social y crecimiento económico.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Esthela, confianza de Sheinbaum

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Opinión | Raúl García Araujo – Criminalizar para callar periodistas

Ejercer el periodismo en México nunca ha sido una labor segura, pero en 2025 el riesgo ha escalado a un nuevo y peligroso nivel: informar puede llevarte al banquillo de los acusados.

Por Raúl García Araujo                                            

Mientras siete periodistas han sido asesinados en el país este año, según Artículo 19, hoy además enfrentamos una forma moderna de censura: la criminalización del ejercicio periodístico desde las propias instituciones del Estado, una práctica que no sólo intimida al comunicador, sino que erosiona directamente el derecho de la sociedad a estar informada.

El caso del colega veracruzano Rafael “Lafita” León Segovia no es un episodio aislado, es una advertencia nacional.

Un juez de control, José Guadalupe Nucamendi Albores, desestimó finalmente el delito de terrorismo —una acusación tan grave como absurda—, pero aun así decidió vincular a proceso al periodista por otros cargos, imponiéndole prisión domiciliaria durante un año, no por haber cometido un crimen, sino por hacer su trabajo.

La audiencia, documentada por Artículo 19, exhibió a una Fiscalía de Justicia de Veracruz sin pruebas sólidas, con inconsistencias, argumentos endebles y una narrativa preocupante: si el periodista llega primero a cubrir una nota, entonces “sabía” del delito.

Bajo esa lógica perversa, informar se convierte en sospecha y la eficacia profesional pasa a ser “prueba criminal”.

La Fiscalía llegó al extremo de acusarlo de no denunciar hechos delictivos que supuestamente conocía por mensajes de texto, como si el periodista tuviera funciones de Ministerio Público y como si la recepción de información de una fuente fuera participación delictiva, una distorsión jurídica que pone en jaque a todo el gremio.

Peor aún, la acusación se sustenta principalmente en un “testigo protegido” cuyas declaraciones son contradictorias y plagadas de irregularidades.

Aun así, en apenas veinte días la Fiscalía integró y judicializó una carpeta por terrorismo, encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad, mientras solicita cuatro meses para la investigación complementaria, una diligencia que contrasta dolorosamente con la impunidad absoluta en los asesinatos de periodistas en Veracruz, una de las entidades más letales para la prensa.

El mensaje es claro y estremecedor: se persigue con rapidez al que informa, pero no al que mata al periodista.

La medida cautelar impuesta —arraigo domiciliario— resulta desproporcionada y devastadora, pues impide a Rafael salir a las calles, cubrir hechos, trabajar, vivir de su oficio y cumplir con el derecho social a la información; no sólo se castiga al periodista, se castiga a la sociedad.

Por eso este caso encendió todas las alarmas. La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo con claridad: no existe precedente de acusaciones por terrorismo en México y exigió a la Fiscalía de Veracruz que explique si existe un delito real y probado, subrayando que ninguna investigación debe estar relacionada con la labor profesional del comunicador.

Entonces, ¿qué estamos viendo? Una peligrosa deriva: la utilización del aparato judicial como instrumento de intimidación política.

Ni en los peores tiempos del viejo régimen —cuando el poder lo controlaba todo— se normalizaba con tanta facilidad que un periodista fuera procesado por publicar información incómoda.

Hoy le tocó a Rafael, mañana puede tocarle a cualquier reportero, columnista o medio que se atreva a incomodar al poder, y por eso este no es un pleito personal ni un asunto local, es una causa del periodismo mexicano.

Cuando informar se vuelve delito, la democracia deja de existir. Hoy más que nunca el gremio está llamado a la solidaridad, a la defensa común de la libertad de expresión y a no permitir que el miedo sustituya al periodismo, porque si callan a uno, nos ponen en riesgo a todos.

En Cortito

Nos cuentan que el cierre de año en Ecatepec dejó una señal política clara: cuando hay coordinación real entre los tres niveles de gobierno, los resultados en seguridad sí llegan.

Desde el C5 de la policía estatal, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Mesa de Paz junto a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, y el mensaje fue contundente: Ecatepec es prioridad para el gobierno estatal y federal, y ese respaldo se traduce en acciones concretas, no en discursos.

Delfina Gómez no sólo reconoció el trabajo en equipo, sino que subrayó que los resultados positivos de las Mesas de Paz ya se reflejan en todo el Estado de México, destacando particularmente el caso de Ecatepec como ejemplo de cómo la coordinación institucional, el Mando Unificado y la voluntad política pueden revertir una de las problemáticas más complejas del país: la inseguridad en zonas metropolitanas densamente pobladas.

En esa misma línea, Azucena Cisneros agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la propia gobernadora, señalando que la implementación del Mando Unificado, junto con el despliegue de Marina, Sedena, Guardia Nacional, policía estatal y Fiscalía, ha sido clave para inhibir la comisión de delitos y recuperar la tranquilidad de las comunidades.

La seguridad, en Ecatepec, dejó de ser un tema de buenas intenciones para convertirse en una estrategia operativa con resultados medibles.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Esthela, confianza de Sheinbaum

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