El GIDH alerta sobre la grave crisis de derechos humanos en Chiapas
En diversas zonas de Chiapas operan estructuras criminales que ejercen control armado, someten a las comunidades con violencia y generan “territorios silenciados”.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, encabezado por su presidente, el doctor Jesús Rey Fierro Hernández, expresó profunda preocupación por el deterioro acelerado de la situación en Chiapas, donde —bajo una aparente calma— persiste una crisis estructural de violencia, control territorial armado, desapariciones y desplazo forzado.
Al pronunciarse sobre el reciente informe presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que lo documentado por dicha organización coincide con los análisis realizados por el GIDH, los cuales señalan que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia están fallando de manera sistemática, permitiendo que la impunidad se convierta en una constante en la entidad.
“Lo que ocurre en Chiapas es la expresión más cruda de un Estado debilitado, incapaz de proteger a las comunidades y, en algunos casos, vinculado a pactos que profundizan la violencia. Las denuncias del Frayba confirman lo que desde hace años venimos advirtiendo: la población está desprotegida”, señaló el presidente del GIDH.
Fierro Hernández recordó que, en diversas zonas de Chiapas —particularmente en la región fronteriza y en territorios autónomos zapatistas— operan estructuras criminales que ejercen control armado, someten a las comunidades con violencia y generan “territorios silenciados”.
“Esto refleja una crisis humanitaria que exige atención urgente del Estado mexicano; hablamos de más de 16 mil personas desplazadas, comunidades completas que han sido expulsadas de sus territorios, agresiones a defensores, despojos y un proceso continuo de militarización que no ha traído seguridad. Lejos de resolver la violencia, la agrava”, afirmó el especialista en derechos humanos.
El GIDH retomó los señalamientos de Pedro Faro, quien alertó sobre el incremento sostenido de desapariciones, incluidas aquellas vinculadas al conflicto armado interno y a la presencia de grupos criminales. Entre los casos más graves se encuentra la desaparición de diez comerciantes guatemaltecos en 2023, un hecho actualmente revisado en el ámbito internacional.
Asimismo, agregó Fierro Hernández, se han documentado 36 desapariciones en territorios de autonomía zapatista; 34 personas desaparecidas pertenecientes a la Zona Tierra y Libertad; y decenas de casos adicionales denunciados por organizaciones comunitarias.
El presidente del GIDH subrayó que estos hechos apuntan a patrones claros de violencia institucional, “cuando las desapariciones se multiplican y las instituciones encargadas de investigar fallan una y otra vez, no hablamos de errores: hablamos de responsabilidad del Estado”, enfatizó Fierro Hernández.
“El desmantelamiento progresivo de organismos autónomos, la centralización del poder y la falta de independencia judicial profundizan la crisis. Sin instituciones sólidas, ningún pueblo puede ser protegido. Chiapas es hoy la prueba más dolorosa de esa fragilidad”, dijo.
De esta forma, el GIDH hizo un llamado firme al Estado mexicano para implementar acciones inmediatas de protección a comunidades en riesgo; garantizar la búsqueda efectiva de personas desaparecidas; frenar la colusión entre autoridades y grupos criminales; así como
“Chiapas es un territorio donde la violencia se normaliza, donde las comunidades viven bajo miedo y donde la verdad es ocultada. México enfrenta una crisis profunda de derechos humanos y es obligación del Estado revertirla con acciones firmes y transparentes”, concluyó Jesús Rey Fierro Hernández. –sn–
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