El GIDH alerta sobre la grave crisis de derechos humanos en Chiapas

En diversas zonas de Chiapas operan estructuras criminales que ejercen control armado, someten a las comunidades con violencia y generan “territorios silenciados”.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, encabezado por su presidente, el doctor Jesús Rey Fierro Hernández, expresó profunda preocupación por el deterioro acelerado de la situación en Chiapas, donde —bajo una aparente calma— persiste una crisis estructural de violencia, control territorial armado, desapariciones y desplazo forzado.

Al pronunciarse sobre el reciente informe presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que lo documentado por dicha organización coincide con los análisis realizados por el GIDH, los cuales señalan que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia están fallando de manera sistemática, permitiendo que la impunidad se convierta en una constante en la entidad.

“Lo que ocurre en Chiapas es la expresión más cruda de un Estado debilitado, incapaz de proteger a las comunidades y, en algunos casos, vinculado a pactos que profundizan la violencia. Las denuncias del Frayba confirman lo que desde hace años venimos advirtiendo: la población está desprotegida”, señaló el presidente del GIDH.

Fierro Hernández recordó que, en diversas zonas de Chiapas —particularmente en la región fronteriza y en territorios autónomos zapatistas— operan estructuras criminales que ejercen control armado, someten a las comunidades con violencia y generan “territorios silenciados”.

“Esto refleja una crisis humanitaria que exige atención urgente del Estado mexicano; hablamos de más de 16 mil personas desplazadas, comunidades completas que han sido expulsadas de sus territorios, agresiones a defensores, despojos y un proceso continuo de militarización que no ha traído seguridad. Lejos de resolver la violencia, la agrava”, afirmó el especialista en derechos humanos.

El GIDH retomó los señalamientos de Pedro Faro, quien alertó sobre el incremento sostenido de desapariciones, incluidas aquellas vinculadas al conflicto armado interno y a la presencia de grupos criminales. Entre los casos más graves se encuentra la desaparición de diez comerciantes guatemaltecos en 2023, un hecho actualmente revisado en el ámbito internacional.

Asimismo, agregó Fierro Hernández, se han documentado 36 desapariciones en territorios de autonomía zapatista; 34 personas desaparecidas pertenecientes a la Zona Tierra y Libertad; y decenas de casos adicionales denunciados por organizaciones comunitarias.

El presidente del GIDH subrayó que estos hechos apuntan a patrones claros de violencia institucional, “cuando las desapariciones se multiplican y las instituciones encargadas de investigar fallan una y otra vez, no hablamos de errores: hablamos de responsabilidad del Estado”, enfatizó Fierro Hernández.

“El desmantelamiento progresivo de organismos autónomos, la centralización del poder y la falta de independencia judicial profundizan la crisis. Sin instituciones sólidas, ningún pueblo puede ser protegido. Chiapas es hoy la prueba más dolorosa de esa fragilidad”, dijo.

De esta forma, el GIDH hizo un llamado firme al Estado mexicano para implementar acciones inmediatas de protección a comunidades en riesgo; garantizar la búsqueda efectiva de personas desaparecidas; frenar la colusión entre autoridades y grupos criminales; así como

“Chiapas es un territorio donde la violencia se normaliza, donde las comunidades viven bajo miedo y donde la verdad es ocultada. México enfrenta una crisis profunda de derechos humanos y es obligación del Estado revertirla con acciones firmes y transparentes”, concluyó Jesús Rey Fierro Hernández. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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Jornaleros y explotación laboral en Villacarrillo: un documental periodístico sobre desapariciones y juicio

Es inaceptable que sigan ignorando la explotación que sufren los temporeros. Este documental pone en evidencia lo que muchos no quieren ver: la precariedad laboral y el abuso en el campo andaluz.

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Más de 60 ministros de culto asesinados en México desde 2012

Sacerdotes siguen desapareciendo y siendo asesinados en México.


Por Martín García | Reportero                                      

La violencia y la impunidad continuan afectando a la Iglesia católica en México, ante tal situación se suman el asesinato de más de 60 ministros de culto desde el año 2012. En este lapso de tiempo, múltiples sacerdotes, además, han sido desaparecidos, dejando comunidades enteras en incertidumbre y familias marcadas por la ausencia de justicia.

A la fecha, no existían noticias sobre el Padre Santiago Álvarez Figueroa, de la diócesis de Zamora, desaparecido desde el 29 de diciembre de 2012. El nuncio apostólico Christoph Pierre expresó su solidaridad con los familiares de víctimas de secuestro y su pesar por la desaparición del sacerdote.

Casos sin resolver

El Padre Carlos Órnelas Puga desapareció el 3 de noviembre de 2013, y su paradero seguía siendo desconocido. La investigación, a cargo del Grupo Antisecuestros de Tamaulipas, sufrió un ataque armado en el municipio de Padilla, sin que las autoridades precisaran cuándo ocurrió el incidente.

En los registros recientes, el Padre Francisco Núñez Martínez, miembro de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad, desapareció el 7 de febrero de 2025. Su última ubicación conocida fue Temascalapa, Estado de México, donde se interrumpió toda comunicación.

Asimismo, el Padre Ernesto Baltazar Hernández Vilchis fue reportado desaparecido el 27 de octubre de 2025 en Tultepec. El 12 de noviembre, se informó del hallazgo de un cuerpo en una bolsa negra flotando en el Gran Canal, aunque la identidad no había sido confirmada.

Sacerdotes en la mira criminal

De acuerdo con registros eclesiales y datos periodísticos, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se documentaron 33 casos relacionados con agresiones a religiosos: 19 sacerdotes asesinados, dos desaparecidos, un seminarista y cinco laicos. También se reportaron dos secuestros frustrados y cuatro atentados, incluidos ataques contra la Catedral Metropolitana y oficinas de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Las entidades con mayor incidencia en ese periodo fueron Colima, Baja California, Veracruz, Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Guanajuato, Puebla y Nayarit. Las agresiones evidenciaron la vulnerabilidad de los clérigos frente al crimen organizado y la falta de mecanismos de protección efectiva.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), las cifras reflejaron 25 casos, entre ellos 10 sacerdotes asesinados, un seminarista, siete obispos y siete sacerdotes violentados. Los hechos se concentraron en Baja California, Matamoros, Cuernavaca, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Chiapas.

Tiempos recientes, misma violencia

Durante la actual administración de Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2030), se registraron dos asesinatos de sacerdotes en Guerrero y Chiapas, además de dos desapariciones. Las diócesis locales solicitaron apoyo de las autoridades federales para esclarecer los casos y garantizar la seguridad del clero.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reiteró su llamado al gobierno federal para frenar los ataques contra religiosos, subrayando que la violencia contra ministros de culto reflejaba la gravedad de la inseguridad en el país.

En distintas regiones, párrocos y obispos advirtieron sobre el riesgo de ejercer labores pastorales en comunidades controladas por grupos delictivos, donde las extorsiones, amenazas y secuestros se volvieron parte del entorno cotidiano. –sn–

Cinta de policía

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Teocaltiche clama por justicia

Teocaltiche volvió a demostrar que la brecha entre el discurso oficial y la realidad es abismal.

Por Raúl García Araujo                                            

Mientras el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, utilizó su Primer Informe de Gobierno para presumir disminución de delitos, coordinación con fuerzas federales y recursos “históricos” para atender desaparecidos, el municipio vive un escenario completamente distinto: miedo permanente, desapariciones constantes y autoridades que parecen rebasadas o deliberadamente silenciosas.

La presidente municipal, Margarita Villalobos, no solo evita reconocer el tamaño de la crisis, sino que se ha convertido en observadora pasiva de la violencia, incluso en medio de las fiestas de octubre, cuando el municipio recibe visitantes y debería garantizar seguridad mínima.

El silencio municipal y estatal no es casual: es complicidad por omisión, es cálculo político, es la apuesta por esconder la realidad con estadísticas mientras la gente sigue desapareciendo.

El mismo día del informe, dos hombres —un adulto y un adolescente originarios de Zacatecas— fueron asesinados a balazos mientras instalaban juegos mecánicos en la colonia Juárez. Un tercero resultó herido. El ataque ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche, a un costado del Río Teocaltiche. La violencia no esperó a que terminara el discurso.

Pero la tragedia no se resume en un solo episodio. Teocaltiche enfrenta una ola creciente de desapariciones que el portal Dominio Público Noticias documenta caso por caso, mientras el gobierno intenta minimizar la crisis. Habitantes reportan levantones, sujetos armados en camionetas blindadas y saqueos de viviendas.

Pablo Lemus Navarro | @SociedadN_

La desaparición más reciente fue la de un hombre que viajaba regularmente a Estados Unidos y que fue privado de la libertad por un comando que también vació su casa en la colonia El Barrio.

Y apenas este domingo, en pleno centro del municipio, una adolescente de 16 años, fue obligada a subir a un vehículo por al menos cuatro sujetos armados con chalecos tácticos con las siglas del CJNG, justo frente al área donde se estacionan las patrullas municipales y estatales, mientras cientos de personas acudían a la Feria 2025.

La autoridad municipal no ha exigido reforzar operativos, no ha alzado la voz, ni siquiera ha dado la cara. Es la política del silencio, del “no pasa nada”, de la indiferencia por encima de la gente.

Lemus prometió pacificar Teocaltiche en 45 días. No lo hizo. No hay resultados, no hay estrategia y no hay presencia real del Estado.

Si el gobernador está más preocupado por defender su narrativa que por defender a la ciudadanía, entonces ha renunciado a gobernar uno de los municipios más heridos por el crimen organizado.

Y si la presidente municipal no puede garantizar seguridad ni siquiera durante la feria, con la policía a metros de distancia de un levantón, entonces Teocaltiche está bajo un vacío de poder que nadie quiere reconocer.

La violencia no se tapa con discursos. Las desapariciones no se borran con estadísticas. Teocaltiche exige gobierno. Y cada día sin respuesta política, la realidad termina escribiendo un informe distinto: uno con muertos, desaparecidos y comunidades abandonadas.

En Cortito

Nos cuentan que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, tomó una posición política que pocas autoridades municipales se atreven a asumir: puso a las víctimas al centro del trabajo público.

Su presencia en el 4to. Informe de Actividades de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV) no fue un acto social ni de cortesía, sino una afirmación de que el municipio decidió coordinarse con el Estado para atender a quienes fueron vulnerados en sus derechos.

Urióstegui reconoció el trabajo que encabeza Penélope Picazo Hernández, pero además recordó un dato clave: Cuernavaca se integró al Modelo Estatal de Atención Integral a Víctimas.

José Luis Urióstegui Salgado

Eso significa que hoy cualquier persona afectada puede ser canalizada a servicios jurídicos, psicológicos, económicos o de prevención sin burocracia ni simulación. El municipio dejó de actuar solo y se incorporó a una red estatal que sí opera y sí entrega resultados.

Acompañado de su esposa, Luz María Zagal Guzmán, quien preside el DIF municipal, así como integrantes del Cabildo y Gabinete, el edil delimitó su postura: su administración no dará pasos atrás en la defensa de los derechos humanos. Las víctimas son prioridad y la justicia será una obligación, no una promesa.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: La ficha guerrerense de Sheinbaum

Raúl García Araujo

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Jornaleros y explotación laboral en Villacarrillo: un documental periodístico sobre desapariciones y juicio

Este tipo de abusos siguen siendo una realidad para miles de jornaleros. La explotación laboral es parte del sistema que mantiene a los poderosos, mientras los trabajadores son invisibles y olvidados.

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Jornaleros y explotación laboral en Villacarrillo: un documental periodístico sobre desapariciones y juicio

La explotación laboral en el campo sigue siendo un problema oculto. ¿De verdad se resuelve algo?

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Jornaleros y explotación laboral en Villacarrillo: un documental periodístico sobre desapariciones y juicio

El reportaje denuncia la precariedad laboral en Andalucía y la necesidad de proteger a los temporeros; la lucha por derechos laborales debe ser continua y colectiva.

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¡FGE Michoacán en SNBP 2025! Fortalecen búsqueda de desaparecidos con Alerta Nacional y Plataforma Identidad ⚖️🆘 #SNBPMéxico #Desapariciones #FGE #JusticiaHumanitaria

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Hallan fosa clandestina en Nicolás Romero

Autoridades investigan doble homicidio en predio de Ampliación El Rosario.


Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Dos cuerpos de hombres en avanzado estado de descomposición fueron hallados sepultados en una fosa clandestina localizada en un lote baldío sobre la avenida Santa María, en la colonia Ampliación El Rosario, municipio de Nicolás Romero, Estado de México.

El descubrimiento ocurrió tras una serie de inspecciones realizadas por integrantes de una organización civil dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, quienes detectaron indicios de tierra removida y olor fétido en la zona.

Además de los cuerpos, los buscadores encontraron restos óseos dispersos en el mismo terreno. Estos fragmentos fueron asegurados por peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para determinar si pertenecen a otras posibles víctimas.

Búsqueda civil permitió el hallazgo

De acuerdo con reportes policiales, los integrantes del colectivo ingresaron al predio tras recibir información anónima sobre movimientos sospechosos ocurridos semanas atrás. Durante las excavaciones, localizaron los restos humanos a poca profundidad, cubiertos parcialmente con escombros.

Las personas presentes notificaron de inmediato a la policía municipal y solicitaron resguardo del área, ante la posibilidad de que existieran más fosas clandestinas en las inmediaciones.

Minutos después, llegaron patrullas de la policía local y elementos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron la presencia de cuerpos y procedieron a acordonar el lugar para impedir el acceso a curiosos y medios de comunicación.

Peritos de la Fiscalía asumieron control

Al sitio arribaron agentes ministeriales y personal forense de la FGJEM, quienes realizaron los trabajos de levantamiento y recolección de evidencias bajo protocolos de homicidio doloso. Se tomaron muestras de tierra y material biológico para su análisis en laboratorio.

Fuentes cercanas a la investigación informaron que las víctimas presentaban signos de violencia y que llevaban varios días enterradas. Sin embargo, las causas precisas de muerte aún no fueron establecidas por las autoridades.

El Ministerio Público ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense de Tlalnepantla, donde serían sometidos a necropsia de ley y análisis de identificación genética.

Policías de investigación rastrean indicios

La Policía de Investigación (PDI) inició entrevistas con vecinos de la colonia Ampliación El Rosario, quienes mencionaron haber observado vehículos extraños estacionados por las noches cerca del lote baldío.

También fueron revisadas las cámaras de videovigilancia cercanas a la avenida Santa María para detectar movimientos inusuales en los días previos al hallazgo. Los investigadores buscan determinar si el sitio era utilizado por grupos delictivos para ocultar víctimas.

De manera paralela, los colectivos civiles que participaron en la búsqueda reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades para identificar a los hombres encontrados en la fosa. –sn–

Peritos en zona de crimen

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