PRI acusa a Morena por crisis aérea con los EU

Alejandro Moreno responsabilizó a Morena por la cancelación de rutas aéreas. Responsabiliza a Morena.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que la cancelación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos fue consecuencia directa de la mala gestión de Morena en el país. Aseguró que el tema no obedeció a intereses políticos ni económicos.

El dirigente priista señaló que la medida del Departamento de Transporte de Estados Unidos fue resultado de la incompetencia y la falta de capacidad del actual gobierno. Consideró que las decisiones adoptadas desde 2018 generaron un deterioro sistemático en la conectividad aérea nacional.

Moreno sostuvo que el problema no radicó en Washington, sino en el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a quien responsabilizó de siete años de corrupción e ineptitud que afectaron la relación bilateral con Estados Unidos.

Críticas al gobierno federal

El líder del PRI advirtió que mientras las autoridades continúen negando responsabilidades, el país perderá empleos y oportunidades. Recalcó que las políticas improvisadas del gobierno de Morena han puesto en riesgo el presente y el futuro de miles de familias mexicanas.

Aseguró que este golpe al sector aéreo afectó no solo a las aerolíneas, sino también al turismo, al comercio y a los exportadores. Dijo que cada vuelo cancelado representó una oportunidad perdida para trabajadores y empresarios dependientes del flujo turístico.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Alejandro Moreno acusó al gobierno de haber convertido la relación México–Estados Unidos y el sector aéreo nacional en un escenario de desorden institucional y pérdida de confianza internacional.

Decisiones que provocaron sanciones

El senador explicó que la Unión Americana actuó tras la reiterada violación de acuerdos internacionales por parte del gobierno federal. Según Moreno, el incumplimiento de regulaciones aéreas provocó que se restringieran vuelos y se manipularan horarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Además, señaló que las aerolíneas de carga fueron obligadas a trasladar operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al que calificó como una obra sin condiciones adecuadas para el transporte aéreo y una imposición arbitraria del Ejecutivo.

Destacó que, a su juicio, Morena representó una tragedia para México, al imponer políticas que aislaron al país de los principales mercados y redujeron su competitividad internacional. –sn–

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Columna Sociedad | El combustible del silencio

En México, la corrupción nunca ha sido un accidente, es un sistema perpretado por décadas en casi todos los rincones del país.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Las historias que se detallan en el denominado “huachicol fiscal” exponen la magnitud de una maquinaria criminal que ha financiado riqueza, poder e impunidad a ambos lados de la frontera.

Informes policiales y periodísticos detallan que esta red criminal transnacional no sólo ha drenado recursos públicos. También alimenta estructuras políticas que se han consolidado con dinero ilícito. Este tema ha dejado de ser un asunto sólo de combustible; se ha convertido en una estructura de poder que hoy, por decirlo suave, ha dejado moribundo a Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la investigación periodística de la agencia londinense Reuters, firmada por Stephanie Schenbacher, Shari Khan y Stephen Eisenhammer, el empresario Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, habría financiado campañas de Morena, incluida la de Andrés Manuel López Obrador en 2018, según se citan en informes reservados por las fuerzas de seguridad militar mexicanas.

Carmona fue asesinado a tiros en 2021, –como oportunamente detalló el periodista Ramón Alberto Garza en “Codigo Magenta”; y, quién bautizó esta acción ilícita como “huachicol fiscal”—sin embargo, hasta el momento nadie ha sido detenido. Su nombre se sumó a la lista de figuras clave en una red donde los negocios, la política y la violencia se mezclan con naturalidad alarmante.

En paralelo, la colega Peniley Ramírez ha documentado vínculos de más de 500 empresas relacionadas con el huachicol fiscal. Entre ellas, presuntas compañías ligadas a Audomaro Martínez, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y uno de los hombres más cercanos al ex presidente López Obrador.

En este sentido, Peniley Ramírez plantea una pregunta que erosiona cualquier defensa institucional con sentido lógico, ¿cómo pudo operar una red de tal magnitud sin que nadie en el poder se percatara? La respuesta es incómoda. O se sabía y se permitió, o se ignoró de manera conveniente.

Así, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha heredado un sistema de inteligencia contaminado por las omisiones del pasado. Y enfrenta el dilema –político y ético– de romper con esa inercia o convertirse en su continuidad.

El caso Carmona exhibe cómo la corrupción deja rastros no sólo en los contratos y las transferencias bancarias, sino también en las lealtades políticas que se compran con dinero del crimen transnacional. Recordemos nombres como los de Adán Augusto López Hernández; Hernán Bermúdez Requena; Julio Menchaca Salazar; Américo Villarreal Anaya; Rubén Rocha Moya; y muchos más.

Por si fuera poco, este “huachicol fiscal” no es un fenómeno de bodegas clandestinas o pipas adulteradas; como a principios de 2018 se dejó entrever, es una operación transnacional con vínculos entre servidores públicos castrenses de la Secretaría de Marina-Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y funcionarios de alto nivel, según la documentación citada por la agencia Reuters.

En esta basta red de complicidad gubernamentales, los muertos aparecen como piezas incómodas de un rompecabezas que nadie quiere armar. Cada ejecución o accidente misterioso borra un testimonio, un rastro, una evidencia.

Pero la estructura permanece. No se trata sólo de robo de energéticos, sino de la maquinaria de poder que ese combustible lubrica y que hoy mantiene los hilos del interés criminal en la columna vertebral de diversos gobiernos en el territorio nacional.

El partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha sostenido su discurso de ética y transformación sobre la promesa de no repetir los errores del pasado. Sin embargo, estos vínculos financieros y las sombras que rodean sus campañas dan evidencia de un desafío directo a esta narrativa.

De esta forma, hay que recordar que López Obrador prometió combatir la corrupción “de arriba hacia abajo”. Hoy, los informes sugieren que el flujo del dinero ilícito se ha movido justo en sentido inverso. Ejemplos hay muchos, recuerdo los hallazgos de LatinUs con evidencias exhibidas a través de la serie “El Clan”.

A riesgo de ser ingénuo, descarto que este “huachicol fiscal” muera en este sexenio, es parte de una cultura política que confunde poder con impunidad y control con silencio. El problema es de quién lo mantiene activo desde el Estado, por el jugoso rendimiento económico que se dispersa entre sus jugadores; tenemos registro de estas acciones criminales desde finales del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Las 500 empresas señaladas, las muertes sin responsables y los informes clasificados revelan un país que aún teme mirar el fondo del pozo. Porque allí no sólo está el crimen, sino los reflejos de quienes debieron combatirlo. El verdadero combustible del sistema podrído no es la gasolina o los combustibles: es el silencio.

Punto Cero

En México, siete de cada diez personas considera que el medio ambiente influye en sus decisiones diarias, no obstante, sólo un tercio mantiene esa preocupación en una práctica constante. Así lo reveló la Tercera Encuesta de Hábitos de Reciclaje de Plástico entre los Mexicanos 2025, realizada por Vida Circular en colaboración con ALPLA y P&G México. Lo importante que es voltear la mirada hacía el medio ambiente.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Ernesto Zedillo acusa pérdida de democracia en México

El exmandatario cuestiona a López Obrador y Sheinbaum por debilitar instituciones democráticas.

Por Martín García | Reportero                                      

El ex presidente Ernesto Zedillo afirmó que el único privilegio que perdió fue vivir en un país democrático. En entrevista con el diario español El Mundo, explicó que renunció desde hace años a la pensión vitalicia otorgada a los exmandatarios de México.

Zedillo sostuvo que su decisión fue voluntaria y previa a la eliminación de dicho beneficio por parte del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. “Tengo mi trabajo en la universidad. El único privilegio que he perdido es el de ser ciudadano de un país democrático”, señaló.

Atribuyó esa pérdida al actual gobierno, al afirmar que “ese privilegio me lo quitaron López Obrador y Claudia Sheinbaum”. Agregó que la erosión institucional en México ha alcanzado niveles preocupantes.

Críticas a la Cuarta Transformación

El exmandatario y actual catedrático de la Universidad de Yale señaló que, durante la administración de López Obrador, se desmantelaron instituciones democráticas y se debilitó la división de poderes. Calificó a la presidente Claudia Sheinbaum como cómplice en ese proceso.

Zedillo afirmó que el país atraviesa un periodo de regresión política en el que la independencia judicial fue sustituida por un control político de las instituciones. Dijo que la Cuarta Transformación eliminó los contrapesos constitucionales.

En sus declaraciones, consideró que los procesos democráticos en México fueron sustituidos por mecanismos autoritarios disfrazados de legitimidad popular, lo que a su juicio representa una amenaza a la libertad cívica.

Elección judicial y militarización

El exmandatario criticó la elección de jueces, magistrados y ministros celebrada el 1 de junio, al considerarla “una farsa propia de regímenes autocráticos”. Señaló que el proceso fue fraudulento y sirvió para “blindar el control del poder judicial”.

Zedillo sostuvo que con estas reformas, la presidente Sheinbaum suprimió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, afectando su autonomía y su papel como garante del equilibrio de poderes.

Aseguró que la concentración de poder en el Ejecutivo revierte décadas de avances institucionales logrados tras la transición democrática.

Fuerzas Armadas y autoritarismo

Zedillo también criticó la creciente participación de las Fuerzas Armadas en actividades civiles y económicas. Advirtió que su inclusión en tareas ajenas a la seguridad representa “un modo de ganarse su complicidad para perpetuarse en el poder”.

Comparó esta práctica con regímenes de Cuba, Venezuela y Egipto, donde el uso político del ejército derivó en gobiernos autoritarios. Reiteró que este modelo debilita la rendición de cuentas y favorece la opacidad administrativa.

Indicó que en México la militarización ha reducido la capacidad de control civil sobre la seguridad y la economía, transformando el equilibrio del poder público. –sn–

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Columna Sociedad | La congruencia a prueba en la «cuarta transformación»

En la historia política reciente, pocos personajes han logrado construir una imagen tan combativa y frontal como Gerardo Fernández Noroña.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Su discurso, siempre áspero y vehemente, encarnó durante años la voz del México inconforme, el que cuestiona, el que no teme señalar los abusos del poder. En esa autenticidad se fundó su legitimidad: la del hombre que hablaba sin filtros y que se asumía como contrapeso moral frente a la clase política tradicional.

Esa congruencia, sin embargo, se encuentra hoy en entredicho. El episodio relacionado con la adquisición de una propiedad en Tepoztlán, Morelos, y el uso de un avión privado para realizar actos políticos en Coahuila han abierto un debate incómodo al interior del movimiento que lo vio crecer. Más allá de si hubo o no irregularidades, el problema reside en la percepción pública y en la distancia que se genera entre el discurso de austeridad y los actos que parecen contradecirlo.

Morena, desde su origen, hizo de la ética pública un eje de legitimación. Su narrativa de honestidad valiente, impulsada por Andrés Manuel López Obrador y hoy sostenida por Claudia Sheinbaum Pardo, no solo implica un mandato moral, sino también una estrategia política: mantener viva la diferencia con los gobiernos que precedieron a la «cuarta transformación». En esa línea, cualquier sombra de incongruencia dentro del movimiento se amplifica, porque pone a prueba la esencia que le da identidad.

Sheinbaum, con un estilo distinto al de su antecesor, ha insistido en la transparencia y la rendición de cuentas como principios que no admiten excepciones. Si el movimiento que gobierna se define por su distancia respecto a la corrupción y el abuso de poder, esa distancia debe reflejarse en cada uno de sus cuadros, sin importar su trayectoria o popularidad.

En ese contexto, la figura de Fernández Noroña se enfrenta a un dilema. Su carácter indómito, que en otro tiempo le permitió denunciar los excesos del viejo régimen, hoy lo coloca bajo la lupa de las mismas exigencias que él promovió. Su defensa, basada en que la austeridad aplica solo a las políticas públicas, resulta insuficiente ante una ciudadanía que demanda transparencia no solo del Estado, sino también de sus representantes.

La política mexicana ha padecido por décadas la normalización del enriquecimiento súbito y el tráfico de influencias. El propio López Obrador insistió en que el poder solo tiene sentido si se ejerce con honestidad. En esa máxima radica la diferencia entre gobernar con autoridad moral o reproducir los vicios de siempre.

Sheinbaum ha mantenido hasta ahora un perfil de sobriedad personal que refuerza ese mensaje. No se le conoce afán de riqueza ni un estilo de vida ostentoso. Esa congruencia, más que un atributo personal, es un símbolo del compromiso que Morena intenta preservar frente al desgaste natural del poder. Por eso, los casos que involucran a figuras visibles del movimiento —como Fernández Noroña— exigen claridad inmediata, sin evasivas ni sarcasmos.

El silencio o la ironía ante los cuestionamientos solo agravan la percepción pública. En una sociedad marcada por la desconfianza, cualquier omisión alimenta la sospecha. La transparencia, en cambio, se vuelve un acto político de supervivencia. Explicar con precisión el origen de los recursos utilizados en un vuelo privado o los términos de un crédito inmobiliario no debería ser una concesión, sino una obligación ética para todos los servicores públicos.

El problema de fondo no es el dinero, sino la coherencia. La legitimidad de la «cuarta transformación» descansa en la idea de que es posible hacer política sin servirse del poder. Si sus protagonistas traicionan ese principio, aunque sea en apariencia, arriesgan el patrimonio moral del proyecto entero.

Fernández Noroña tiene aún margen para reivindicarse. Su trayectoria, su oratoria y su vínculo con las bases lo convierten en una voz relevante del movimiento. Pero la congruencia no se predica: se demuestra. Si aspira a conservar la autoridad que alguna vez tuvo, debe asumir que la transparencia no es un gesto de debilidad, sino una muestra de respeto hacia quienes lo acompañaron en su camino político.

El movimiento que prometió regenerar la vida pública no debe construir el futuro sobre los mismos silencios que criticó en el pasado. La honestidad, en la «4t», no es una consigna: es la línea que separa la historia de la repetición.

Punto Cero

El Tecnológico de Monterrey y el Distrito de Innovación Tlalpan (DiT) realizaron el Foro de Urbanismo Regenerativo + ClimaLAB en el campus ciudad de México, consolidando, así, a la capital como referente nacional e internacional en innovación urbana y acción climática.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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“Ahí la dejamos”: Sheinbaum sobre protestas del 2 de octubre

La conferencia matutina fue breve y las movilizaciones en Cdmx terminaron con disturbios.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum concluyó abruptamente su tradicional conferencia de prensa sin responder a preguntas de reporteros sobre las protestas por el aniversario de la Matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 en la capital. El encuentro terminó de manera anticipada.

Los periodistas habían solicitado explicaciones sobre los disturbios registrados en el Centro Histórico tras la marcha conmemorativa. Sin embargo, la conferencia cerró sin atender esas demandas informativas. La ausencia de respuestas marcó un contraste con ediciones anteriores.

Protestas en Cdmx

La movilización del 2 de octubre en la Ciudad de México reunió a más de diez mil personas. El contingente salió de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco rumbo al Zócalo, convocado por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas.

La marcha comenzó a las 16:00 horas y duró cuatro horas. Los asistentes exigieron justicia por los crímenes del pasado, recordaron a las víctimas de 1968 y visibilizaron casos como el de Ayotzinapa y la causa internacional en apoyo a Palestina.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC-Cdmx), cerca de 350 encapuchados se separaron del grupo principal. Estas personas realizaron ataques con piedras, cohetones y artefactos incendiarios contra policías, periodistas y asistentes.

El saldo oficial fue de 94 policías heridos, tres de ellos en estado grave, y 29 civiles atendidos por los servicios de emergencia desplegados en la zona.

Disturbios y daños materiales

Los incidentes incluyeron saqueos a comercios, incendios en accesos de tiendas y ataques a elementos de seguridad. El centro joyero cercano al Zócalo sufrió robos, daños estructurales y fuego en sus instalaciones, además de destrozos en jardineras.

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) resultó agredido por encapuchados que rompieron cristales, lanzaron explosivos y pintaron las paredes de la fachada. El inmueble quedó seriamente afectado tras la irrupción.

En un comunicado, la UNAM informó que presentaría denuncias correspondientes para que se sancionara a los responsables. La institución describió los hechos como un ataque contra la memoria histórica del movimiento estudiantil.

Las autoridades capitalinas registraron daños en diversos comercios y espacios públicos del Centro Histórico. Los reportes oficiales indicaron pérdidas económicas importantes en zonas afectadas por los disturbios.

Antecedentes presidenciales

El 16 de agosto de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Durante su conferencia evitó dar respuesta y pronunció un chiste, lo que causó controversia.

Los desaparecidos fueron Diego Lara, Jaime Martínez, Roberto Olmeda, Dante Cedillo y Uriel Galván, vistos por última vez el 11 de agosto tras asistir a una feria. Días después, circularon videos que mostraban a los jóvenes sometidos bajo posible violencia.

La Fiscalía de Jalisco informó sobre la alta probabilidad de que restos encontrados en un vehículo calcinado correspondieran a los jóvenes. Las investigaciones permanecieron abiertas y en curso durante ese año.

El silencio presidencial recordó omisiones pasadas como el caso de Ayotzinapa, en el que 43 normalistas desaparecieron en 2014. El hecho no ha sido esclarecido plenamente a pesar de los procesos judiciales y reclamos de los familiares de las víctimas. –sn–

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#Aduanas: botín militar y delincuencia organizada con #LópezObrador | Proceso 

🅿️ ¿"NO ROBAR, NO MENTIR Y NO TRAICIONAR AL PUEBLO"? #Aduanas: botín militar y delincuencia organizada con #LópezObrador | Proceso 

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Abren expediente a #consejeros del #INE por aplazar la revocación de mandato de #LópezObrador en 2021 | Latinus

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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | La batalla contra el huachicol

El PAN exige a Sheinbaum acabar con la organización criminal dedicada al huachicol fiscal del López Obrador. Según una investigación iniciada en EU, ha puesto al descubierto una red que involucra a políticos y empresarios

Por Luis Muñoz  

¿Por qué el huachicol es considerado como un “cáncer sin cura” que corroe las finanzas públicas? Porque los diagnósticos demuestran que mientras la autoridad logra tapar un boquete, otros se abren para seguir drenando combustible.

Pero el saqueo, de acuerdo con Alfredo González, de GlobalMedia, no se limita a la gasolina, también alcanza el gas licuado y el petróleo crudo sin refinar.

Un dato que revela los alcances de este negocio ilícito, es que el robo podría ascender a unos 50 mil barriles diarios, lo que representa pérdidas que rondan los 25 mil millones de pesos al año. 

Un negocio bastante lucrativo que, según una investigación iniciada en los Estados Unidos, citada por Infobae, involucra a altos mandos de la Secretaría de Marina, funcionarios de aduanas, empresarios y políticos mexicanos, con presuntos vínculos directos a los Cártel del Golfo (CDG) y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se calcula que el impacto del huachicol fiscal en la economía mexicana ha alcanzado dimensiones alarmantes, con pérdidas superiores a 170 mil millones de pesos.

Con base en el análisis “Recaudación potencial del contrabando fiscal” elaborado por Petro Intelligence, citado por UNO Tv, este esquema, que ha sido señalado como una de las amenazas más graves para el sector energético nacional, se ha consolidado como una modalidad de evasión que aprovecha vacíos legales y la debilidad institucional en los procesos de importación de hidrocarburos.

Es importante explicar la diferencia entre el huachicol tradicional, que consiste en el robo físico de combustibles directamente de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), y el huachicol fiscal que opera mediante la manipulación de fracciones arancelarias. Los responsables introducen gasolina y diésel al país registrándolos como productos exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), tales como lubricantes, alcoholes o aditivos.

Dirigentes del Partido Acción Nacional, que han dado puntual seguimiento al tema, exigir a la presidente Claudia Sheinbaum acabar con la red de huachicol fiscal. 

El robo de combustible en México es un delito centenario, pero la primera versión del huachicol contemporáneo surgió de las entrañas de Pemex.

Luisa Gutiérrez Ureña, quien preside el PAN en la capital del país, se unió al llamado de su líder nacional Jorge Romero, para señalar de manera clara y explícita que ex funcionarios muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador aparecen en el mayor escándalo de corrupción, superior al de Segalmex.

Gutiérrez Ureña expuso que con las pérdidas anuales que ascienden a 177 mil millones por huachicol fiscal, se podrían construir 50 hospitales del IMSS, comprar 118 mil patrullas y cubrir 885 mil tratamientos de quimioterapia completos.

Además de duplicar el sueldo de 6.8 millones de policías a 26 mil pesos y también elevar al doble el sueldo de 2.2 millones de médicos especialistas del Seguro Social a ¡80 mil pesos!

La dirigente panista sostiene que el huachicol fiscal “es el crimen organizado más grande en la historia de México”, donde la corrupción rebasa cualquier precedente.

“No son hechos aislados, sino un esquema en el que tienen delicadísimos señalamientos ex funcionarios del más alto nivel del gobierno de López Obrador, como su ex secretario de Gobernación; su ex jefe de Oficina, incluso su ex secretario de Marina” 

Sin lugar a dudas, “esto es crimen organizado desde el Estado”, pues ha quedado claro que las redes de corrupción están alcanzando a quienes durante años se habrían beneficiado de esta práctica.

Luisa Gutiérrez dice que la sociedad exige capturas del más alto nivel y que los cabecillas del huachicol fiscal sean condenados. “Es un delito que le ha costado a nuestro país miles de millones de pesos y preocupa que algunos de los señalados se hayan suicidado, según lo dado a conocer hasta el momento”.

Héctor Barrera Marmolejo, secretario general del PAN Cdmx, también señala que el huachicol fiscal consiste en introducir gasolina o diésel al país simulando que son lubricantes, alcoholes o aditivos, para evadir el pago de impuestos como el IEPS.

En 2024 se ingresaron 18 mil millones de litros de combustible ilegal, lo que significa un quebranto de 177 mil millones de pesos anuales. “Mientras exprimen hasta el último centavo de los contribuyentes, Morena protege a grandes evasores que se llenan los bolsillos con el huachicol fiscal; es hora de poner un alto y que se paguen las consecuencias”.

En ese sentido, demandan frenar esta red de tráfico de combustible y que se investigue a fondo. “Desde Acción Nacional pedimos una investigación y que no se proteja a nadie. Confiamos en el Gabinete de Seguridad y en la Fiscalía federal para llevar ante la justicia a todos los responsables”.

Los panistas le enviaron un mensaje a la presidente Claudia Sheinbaum en el que le solicitan dar con los responsables de esta red de corrupción que involucra altos funcionarios de la administración de su antecesor, y que se deslinde y demuestre con hechos que su gobierno será distinto, o terminará siendo cómplice del mayor acto de corrupción en la historia de México”.

La periodista Anabel Hernández dijo a Aristegui Noticias, que el caso que puso bajo escrutinio a figuras clave del actual y anterior gobierno federal, se ha convertido en un asunto de seguridad nacional tanto para México como para Estados Unidos.

En cuanto a la investigación iniciada en aquel país sobre el tema, uno de los aspectos más delicados del caso es la presunta implicación de altos mandos de la Secretaría de Marina. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido el 2 de septiembre, y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien cuenta con una suspensión provisional que impide su detención, son señalados como “los jefes de este cártel de huachicol”.

El huachicol, por lo visto, está muy lejos de ser erradicado.

*Periodista: lm0007tri@yahoo.com.mx

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Opinión | Raúl García Araujo - En Corto | Adiós a la SCJN dorada

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