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En marcha exigen justicia por víctimas y reclama acciones urgentes

La protesta denunció la violencia feminicida y reclamó respuestas oficiales. Exigen justicia en movilización

Por Deyanira Vázquez | Reportera

La movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer inició con la consigna que pedía justicia para Dalia, Renata y Fernanda, y señaló la falta de atención institucional. La madre de Dalia colocó carteles en la Plaza de la Constitución y pidió a la presidente de México, Claudia Sheinbaum, que respondiera a sus súplicas. Las asistentes gritaron que las autoridades no podían ignorar los crímenes y reclamaron acciones inmediatas.

En las vallas instaladas frente a Palacio Nacional y la Catedral las manifestantes escribieron que los casos no debían quedar en carpetas olvidadas y exigieron seguimiento efectivo. Durante la marcha que partió del Ángel de la Independencia y de la Glorieta a las Mujeres que Luchan se oyó el mismo reclamo que pedía justicia sin demora. Banderas color naranja y morado acompañaron las exigencias que señalaron la falta de resultados.

El padre de Elizabeth se colocó frente al Palacio de Bellas Artes y sostuvo un cartel dedicado a su hija desaparecida en 2022. Las personas que cruzaron frente a él lo aplaudieron y reiteraron que no estaba solo. Hasta ese momento las autoridades no ofrecieron información que aclarara el caso.

Testimonios en el Zócalo

En el templete del Zócalo varias mujeres relataron hechos de violencia ocurridos en sus centros de trabajo y explicaron que sufrieron despidos por denunciar acoso laboral. También recordaron cifras que mostraron la magnitud del problema y evidenciaron la falta de sanciones. Señalaron que los asesinatos violentos de mujeres permanecieron mayormente impunes y que las agresiones sexuales de 2024 no recibieron castigo.

Entre la multitud se sumaron padres que buscaron a sus hijos desde meses o años sin obtener una pista sobre su paradero. Familias describieron la ausencia de avances y reclamaron diligencias completas. La marcha mostró que la crisis impactó a distintos sectores sociales.

Alma caminó entre las asistentes con un bote de pintura roja y pidió a quienes sufrieron tocamientos que marcaran en su cuerpo el lugar donde se sintieron vulneradas. Varias mujeres se acercaron y realizaron la acción como forma de denuncia pública. El gesto se convirtió en una muestra de indignación acumulada. –sn–

Sociedad Noticias

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Sociedad Noticias 3d ago

Más de 420 bolsas con restos humanos; el estadio Guadalajara está rodeado de fosas clandestinas

Tres fosas clandestinas rodearon el Estadio Guadalajara y revelaron restos humanos.

Por Daniel Reséndiz | Corresponsal

El Estadio Guadalajara, futura sede mundialista mientras, está rodeado por fosas clandestinas; las autoridades ministeriales informaron que en esos sitios han recuperaron, hasta el monento, untotal de 427 bolsas con restos humanos, lo que representa uno de los mayores hallazgos recientes.

Por su parte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses detalló que, al menos, 91 funcionarios públicos han sido ubicadas en esos puntos dentro de un radio de 20 kilómetros en actividades de búsqueda. Las fosas se situaron en Zapopan, específicamente en Rancho Las Agujas, Nextipac y Arroyo Hondo.

El predio Las Agujas se encontró a 13 kilómetros del estadio y fue identificado por el colectivo Guerreros Buscadores en febrero de este año, después de un reporte ciudadano. Personal de la Fiscalía del Estado y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recuperaron 290 bolsas con restos humanos en el lugar. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas detalló que contabilizó 60 víctimas, con 26 personas identificadas, entre ellas dos mujeres y 24 hombres.

Indira Navarro, líder del colectivo, explicó que trabajadores de una constructora notificaron sobre restos humanos mientras removían tierra para un nuevo fraccionamiento y dieron aviso oficial. Los peritos detectaron indicios que establecieron la magnitud del sitio conforme avanzaron las diligencias. La organización confirmó que el predio superó dimensiones registradas en dos años y figuró entre los mayores puntos de inhumación en Jalisco.

Hallazgos recientes

Una segunda fosa se localizó en el camino a La Noria, en una brecha cercana a la carretera hacia Nextipac y el camino al Alemán, situada a 16 kilómetros del estadio. En este sitio se registraron 89 bolsas con restos de 16 víctimas, con seis de ellas preidentificadas según la información oficial. Integrantes del colectivo Manos Buscadoras descubrieron el punto el 5 de septiembre de 2025 tras recorridos sistemáticos en la zona.

La tercera fosa se ubicó en la colonia Arroyo Hondo, a 19 kilómetros del estadio y dentro del municipio de Zapopan, donde se encontraron 48 bolsas con restos correspondientes a 15 víctimas. Siete personas fueron preidentificadas tras los primeros análisis forenses realizados en el sitio. Las autoridades informaron que una denuncia anónima motivó la intervención y permitió localizar también el cuerpo encadenado de un perro dentro del área.

El estado de Jalisco registró el segundo lugar nacional en personas desaparecidas con 14 mil 95 casos según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO). Durante años la entidad mantuvo la primera posición, aunque recientemente fue superada por el Estado de México. Las autoridades indicaron que la zona metropolitana de Guadalajara concentró varios puntos de inhumación clandestina durante el año.

Zonas metropolitanas

En el municipio de Tonalá, la dependencia estatal documentó cinco sitios de inhumación clandestina distribuidos en la Cofradía, Villa Guerrero, Educadores Jaliscienses y Santa Paula 1 y 2. En las dos ubicadas en Santa Paula se encontraron cinco y dos víctimas respectivamente conforme a los reportes oficiales. Las tres ubicaciones restantes registraron una víctima por punto según la información procesada.

En Tlajomulco las autoridades contabilizaron cuatro fosas clandestinas en Santa Cruz del Valle, Chulavista 1, Chulavista 2 y Paseos del Valle. El primer punto presentó dos víctimas y los demás registraron un cuerpo en cada sitio tras las inspecciones forenses. La dependencia detalló que los hallazgos se produjeron durante operativos derivados de reportes ciudadanos.

En el municipio de Tlaquepaque se identificaron dos fosas clandestinas ubicadas en La Romita y en el panteón San Sebastianito situado en la colonia Lomas de Santa María. En La Romita se localizó un cuerpo, mientras que en el panteón fueron encontrados restos de 21 personas revisados hasta la fecha. Las autoridades confirmaron que ambos puntos permanecieron asegurados para continuar con los análisis forenses. –sn–

Patrulla municipal

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Sociedad Noticias Nov 16

El GIDH alerta sobre la grave crisis de derechos humanos en Chiapas

En diversas zonas de Chiapas operan estructuras criminales que ejercen control armado, someten a las comunidades con violencia y generan “territorios silenciados”.

Por Gabriela Díaz | Reportera

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, encabezado por su presidente, el doctor Jesús Rey Fierro Hernández, expresó profunda preocupación por el deterioro acelerado de la situación en Chiapas, donde —bajo una aparente calma— persiste una crisis estructural de violencia, control territorial armado, desapariciones y desplazo forzado.

Al pronunciarse sobre el reciente informe presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que lo documentado por dicha organización coincide con los análisis realizados por el GIDH, los cuales señalan que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia están fallando de manera sistemática, permitiendo que la impunidad se convierta en una constante en la entidad.

“Lo que ocurre en Chiapas es la expresión más cruda de un Estado debilitado, incapaz de proteger a las comunidades y, en algunos casos, vinculado a pactos que profundizan la violencia. Las denuncias del Frayba confirman lo que desde hace años venimos advirtiendo: la población está desprotegida”, señaló el presidente del GIDH.

Fierro Hernández recordó que, en diversas zonas de Chiapas —particularmente en la región fronteriza y en territorios autónomos zapatistas— operan estructuras criminales que ejercen control armado, someten a las comunidades con violencia y generan “territorios silenciados”.

“Esto refleja una crisis humanitaria que exige atención urgente del Estado mexicano; hablamos de más de 16 mil personas desplazadas, comunidades completas que han sido expulsadas de sus territorios, agresiones a defensores, despojos y un proceso continuo de militarización que no ha traído seguridad. Lejos de resolver la violencia, la agrava”, afirmó el especialista en derechos humanos.

El GIDH retomó los señalamientos de Pedro Faro, quien alertó sobre el incremento sostenido de desapariciones, incluidas aquellas vinculadas al conflicto armado interno y a la presencia de grupos criminales. Entre los casos más graves se encuentra la desaparición de diez comerciantes guatemaltecos en 2023, un hecho actualmente revisado en el ámbito internacional.

Asimismo, agregó Fierro Hernández, se han documentado 36 desapariciones en territorios de autonomía zapatista; 34 personas desaparecidas pertenecientes a la Zona Tierra y Libertad; y decenas de casos adicionales denunciados por organizaciones comunitarias.

El presidente del GIDH subrayó que estos hechos apuntan a patrones claros de violencia institucional, “cuando las desapariciones se multiplican y las instituciones encargadas de investigar fallan una y otra vez, no hablamos de errores: hablamos de responsabilidad del Estado”, enfatizó Fierro Hernández.

“El desmantelamiento progresivo de organismos autónomos, la centralización del poder y la falta de independencia judicial profundizan la crisis. Sin instituciones sólidas, ningún pueblo puede ser protegido. Chiapas es hoy la prueba más dolorosa de esa fragilidad”, dijo.

De esta forma, el GIDH hizo un llamado firme al Estado mexicano para implementar acciones inmediatas de protección a comunidades en riesgo; garantizar la búsqueda efectiva de personas desaparecidas; frenar la colusión entre autoridades y grupos criminales; así como

“Chiapas es un territorio donde la violencia se normaliza, donde las comunidades viven bajo miedo y donde la verdad es ocultada. México enfrenta una crisis profunda de derechos humanos y es obligación del Estado revertirla con acciones firmes y transparentes”, concluyó Jesús Rey Fierro Hernández. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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vasulime at KillBait Nov 14

Jornaleros y explotación laboral en Villacarrillo: un documental periodístico sobre desapariciones y juicio

Es inaceptable que sigan ignorando la explotación que sufren los temporeros. Este documental pone en evidencia lo que muchos no quieren ver: la precariedad laboral y el abuso en el campo andaluz.

[Ver comentario original]

Sociedad Noticias Nov 13

Más de 60 ministros de culto asesinados en México desde 2012

Sacerdotes siguen desapareciendo y siendo asesinados en México.

Por Martín García | Reportero

La violencia y la impunidad continuan afectando a la Iglesia católica en México, ante tal situación se suman el asesinato de más de 60 ministros de culto desde el año 2012. En este lapso de tiempo, múltiples sacerdotes, además, han sido desaparecidos, dejando comunidades enteras en incertidumbre y familias marcadas por la ausencia de justicia.

A la fecha, no existían noticias sobre el Padre Santiago Álvarez Figueroa, de la diócesis de Zamora, desaparecido desde el 29 de diciembre de 2012. El nuncio apostólico Christoph Pierre expresó su solidaridad con los familiares de víctimas de secuestro y su pesar por la desaparición del sacerdote.

Casos sin resolver

El Padre Carlos Órnelas Puga desapareció el 3 de noviembre de 2013, y su paradero seguía siendo desconocido. La investigación, a cargo del Grupo Antisecuestros de Tamaulipas, sufrió un ataque armado en el municipio de Padilla, sin que las autoridades precisaran cuándo ocurrió el incidente.

En los registros recientes, el Padre Francisco Núñez Martínez, miembro de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad, desapareció el 7 de febrero de 2025. Su última ubicación conocida fue Temascalapa, Estado de México, donde se interrumpió toda comunicación.

Asimismo, el Padre Ernesto Baltazar Hernández Vilchis fue reportado desaparecido el 27 de octubre de 2025 en Tultepec. El 12 de noviembre, se informó del hallazgo de un cuerpo en una bolsa negra flotando en el Gran Canal, aunque la identidad no había sido confirmada.

Sacerdotes en la mira criminal

De acuerdo con registros eclesiales y datos periodísticos, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se documentaron 33 casos relacionados con agresiones a religiosos: 19 sacerdotes asesinados, dos desaparecidos, un seminarista y cinco laicos. También se reportaron dos secuestros frustrados y cuatro atentados, incluidos ataques contra la Catedral Metropolitana y oficinas de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Las entidades con mayor incidencia en ese periodo fueron Colima, Baja California, Veracruz, Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Guanajuato, Puebla y Nayarit. Las agresiones evidenciaron la vulnerabilidad de los clérigos frente al crimen organizado y la falta de mecanismos de protección efectiva.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), las cifras reflejaron 25 casos, entre ellos 10 sacerdotes asesinados, un seminarista, siete obispos y siete sacerdotes violentados. Los hechos se concentraron en Baja California, Matamoros, Cuernavaca, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Chiapas.

Tiempos recientes, misma violencia

Durante la actual administración de Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2030), se registraron dos asesinatos de sacerdotes en Guerrero y Chiapas, además de dos desapariciones. Las diócesis locales solicitaron apoyo de las autoridades federales para esclarecer los casos y garantizar la seguridad del clero.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reiteró su llamado al gobierno federal para frenar los ataques contra religiosos, subrayando que la violencia contra ministros de culto reflejaba la gravedad de la inseguridad en el país.

En distintas regiones, párrocos y obispos advirtieron sobre el riesgo de ejercer labores pastorales en comunidades controladas por grupos delictivos, donde las extorsiones, amenazas y secuestros se volvieron parte del entorno cotidiano. –sn–

Cinta de policía

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Sociedad Noticias Nov 12

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Teocaltiche clama por justicia

Teocaltiche volvió a demostrar que la brecha entre el discurso oficial y la realidad es abismal.

Por Raúl García Araujo

Mientras el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, utilizó su Primer Informe de Gobierno para presumir disminución de delitos, coordinación con fuerzas federales y recursos “históricos” para atender desaparecidos, el municipio vive un escenario completamente distinto: miedo permanente, desapariciones constantes y autoridades que parecen rebasadas o deliberadamente silenciosas.

La presidente municipal, Margarita Villalobos, no solo evita reconocer el tamaño de la crisis, sino que se ha convertido en observadora pasiva de la violencia, incluso en medio de las fiestas de octubre, cuando el municipio recibe visitantes y debería garantizar seguridad mínima.

El silencio municipal y estatal no es casual: es complicidad por omisión, es cálculo político, es la apuesta por esconder la realidad con estadísticas mientras la gente sigue desapareciendo.

El mismo día del informe, dos hombres —un adulto y un adolescente originarios de Zacatecas— fueron asesinados a balazos mientras instalaban juegos mecánicos en la colonia Juárez. Un tercero resultó herido. El ataque ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche, a un costado del Río Teocaltiche. La violencia no esperó a que terminara el discurso.

Pero la tragedia no se resume en un solo episodio. Teocaltiche enfrenta una ola creciente de desapariciones que el portal Dominio Público Noticias documenta caso por caso, mientras el gobierno intenta minimizar la crisis. Habitantes reportan levantones, sujetos armados en camionetas blindadas y saqueos de viviendas.

Pablo Lemus Navarro | @SociedadN_

La desaparición más reciente fue la de un hombre que viajaba regularmente a Estados Unidos y que fue privado de la libertad por un comando que también vació su casa en la colonia El Barrio.

Y apenas este domingo, en pleno centro del municipio, una adolescente de 16 años, fue obligada a subir a un vehículo por al menos cuatro sujetos armados con chalecos tácticos con las siglas del CJNG, justo frente al área donde se estacionan las patrullas municipales y estatales, mientras cientos de personas acudían a la Feria 2025.

La autoridad municipal no ha exigido reforzar operativos, no ha alzado la voz, ni siquiera ha dado la cara. Es la política del silencio, del “no pasa nada”, de la indiferencia por encima de la gente.

Lemus prometió pacificar Teocaltiche en 45 días. No lo hizo. No hay resultados, no hay estrategia y no hay presencia real del Estado.

Si el gobernador está más preocupado por defender su narrativa que por defender a la ciudadanía, entonces ha renunciado a gobernar uno de los municipios más heridos por el crimen organizado.

Y si la presidente municipal no puede garantizar seguridad ni siquiera durante la feria, con la policía a metros de distancia de un levantón, entonces Teocaltiche está bajo un vacío de poder que nadie quiere reconocer.

La violencia no se tapa con discursos. Las desapariciones no se borran con estadísticas. Teocaltiche exige gobierno. Y cada día sin respuesta política, la realidad termina escribiendo un informe distinto: uno con muertos, desaparecidos y comunidades abandonadas.

En Cortito

Nos cuentan que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, tomó una posición política que pocas autoridades municipales se atreven a asumir: puso a las víctimas al centro del trabajo público.

Su presencia en el 4to. Informe de Actividades de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV) no fue un acto social ni de cortesía, sino una afirmación de que el municipio decidió coordinarse con el Estado para atender a quienes fueron vulnerados en sus derechos.

Urióstegui reconoció el trabajo que encabeza Penélope Picazo Hernández, pero además recordó un dato clave: Cuernavaca se integró al Modelo Estatal de Atención Integral a Víctimas.

José Luis Urióstegui Salgado

Eso significa que hoy cualquier persona afectada puede ser canalizada a servicios jurídicos, psicológicos, económicos o de prevención sin burocracia ni simulación. El municipio dejó de actuar solo y se incorporó a una red estatal que sí opera y sí entrega resultados.

Acompañado de su esposa, Luz María Zagal Guzmán, quien preside el DIF municipal, así como integrantes del Cabildo y Gabinete, el edil delimitó su postura: su administración no dará pasos atrás en la defensa de los derechos humanos. Las víctimas son prioridad y la justicia será una obligación, no una promesa.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: La ficha guerrerense de Sheinbaum

Raúl García Araujo

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