Balcón Social | Tecámac: el espejo de una crisis política en expansión

La detención del secretario del ayuntamiento y de la tesorera de Tecámac por parte de funcionarios de la misma administración municipal revela un conflicto institucional sin precedentes en la localidad.

Este hecho no solo conmociona a la comunidad, sino que evidencia las profundas fracturas internas de la administración municipal de Tecamac y de la entidad.

El resguardo de ambos funcionarios en las oficinas de Protección Civil municipal ha provocado una reacción inmediata de familiares y allegados, quienes optaron por bloquear la autopista México-Pachuca. Esta acción refleja la desesperación de la sociedad frente a un estado de derecho aparentemente ausente.

La interrupción vial en una de las arterias más importantes del país genera un caos vehicular que afecta a miles de personas. Más allá de la molestia cotidiana, este bloqueo simboliza la presión ciudadana ante la incapacidad de las autoridades para resolver conflictos internos con transparencia y legalidad.

Los manifestantes exigen la liberación inmediata de los retenidos y garantías de seguridad. Su reclamo evidencia un sentimiento de impunidad latente y de desconfianza hacia las instancias municipales y estatales, cuya intervención se percibe tardía y limitada.

La ausencia de pronunciamientos oficiales de la alcaldía y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS) acentúa la crisis. El silencio institucional se interpreta como un vacío de responsabilidad, que contribuye a profundizar la tensión social y política en Tecámac.

Este episodio ocurre en un contexto de confrontaciones internas en la administración municipal. Las discrepancias entre funcionarios y áreas de gobierno han escalado hasta convertirse en un conflicto abierto que amenaza la estabilidad institucional y la gobernabilidad de la gobernadora Delfina Gómez.

El uso de la retención como mecanismo de presión interna pone en evidencia prácticas de coerción y abuso de poder que debilitan la confianza ciudadana en las instituciones. No se trata de un simple conflicto laboral, sino de un quebranto directo al marco legal que rige la administración pública.

El impacto político trasciende el municipio. Tecámac se encuentra bajo el escrutinio del estado de México, donde la presión sobre las autoridades estatales aumenta conforme la crisis se prolonga. La situación representa un llamado urgente a la intervención y supervisión de instancias superiores para garantizar el cumplimiento de la ley.

La dimensión social de este conflicto también es evidente. La comunidad percibe que la protección de derechos y la rendición de cuentas son insuficientes, lo que genera movilizaciones y un ambiente de confrontación permanente.

El bloqueo de la autopista México-Pachuca funciona como un termómetro del descontento social mexiquense. La población demuestra que no está dispuesta a tolerar irregularidades ni abusos dentro de la administración pública.

Por ello, es necesario analizar las causas de fondo que llevaron a esta crisis. La falta de mecanismos internos de conciliación y la ausencia de transparencia administrativa han permitido que tensiones políticas se transformen en un problema público con consecuencias legales y sociales.

La situación de Tecámac se asemeja a otros municipios del estado de México donde conflictos internos han escalado por la falta de supervisión y rendición de cuentas, por ejemplo, Naucalpan, que dirige Issac Montoya. Este patrón refleja la urgencia de fortalecer los sistemas de control y auditoría municipales.

La retención de funcionarios públicos plantea interrogantes sobre la ética y la legalidad en la gestión municipal. Cada acción de este tipo erosiona la confianza de la ciudadanía y debilita la institucionalidad en la entidad.

Es indispensable que las autoridades estatales actúen con firmeza y transparencia. La intervención rápida no solo es necesaria para liberar a los retenidos, sino también para restaurar el orden y garantizar la seguridad de los servidores públicos.

El impacto político y social de esta crisis se refleja en la opinión pública y en los medios de comunicación. Tecámac se ha convertido en un ejemplo de cómo la confrontación interna puede derivar en una crisis que afecta a toda la entidad.

En este contexto, los órganos de control y fiscalización de la entidad deben asumir un papel proactivo para prevenir que situaciones similares se repitan en otros municipios. La supervisión efectiva es un componente clave para fortalecer la democracia local.

La crisis en Tecámac subraya la fragilidad de las instituciones municipales frente a conflictos internos. La combinación de retenciones arbitrarias, bloqueos ciudadanos y ausencia de pronunciamientos oficiales dibuja un panorama preocupante para la gobernabilidad del estado de México.

Manifestantes en Tecamac

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☣⚠️ En el norte de Veracruz, región considerada por el gobierno mexicano prioritaria para el fr4cking, comunidades campesinas, nahuas y tutunakas conviven con un territorio herido por derrames de petróleo.

🔴 Lee la investigación:  https://avispa.org/?p=121098  🐝

+ info: AVISPA.ORG

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Cdmx envía ayuda solidaria a Veracruz tras fuertes lluvias

Clara Brugada Molina coordinó el envío de apoyo a Veracruz y activó centros de acopio en toda la Cdmx.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Clara Brugada Molina, jefe de Gobierno, informó que la Ciudad de México envió un contingente de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas en el estado de Veracruz. La acción formó parte de una estrategia interinstitucional impulsada por el gobierno federal para atender los daños ocasionados por las intensas lluvias. La funcionaria convocó a la ciudadanía a participar en la colecta organizada en los 32 centros de acopio habilitados en las 16 alcaldías.

“Se emprendió un operativo con 136 servidores públicos que se trasladaron a Poza Rica y Álamo, Veracruz, para brindar atención y apoyo con herramientas, maquinaria e infraestructura”, explicó Brugada Molina. Añadió que la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, encabezó el despliegue, dividido en dos equipos operativos. En cada municipio se concentraron labores específicas de evaluación y atención directa a la población.

Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina detalló que los trabajos se realizaron en coordinación con las autoridades locales y el gobierno federal. Señaló que sostuvo comunicación con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien precisó que los municipios más afectados fueron Poza Rica y Álamo. Ambas administraciones acordaron unir esfuerzos para acelerar la recuperación en las zonas siniestradas.

Coordinación interestatal de emergencia

Brugada Molina indicó que en Poza Rica permanecería el responsable de Protección Civil y en Álamo el de la Secretaría de Obras. Los equipos enviados por la Ciudad de México permanecieron diez días en territorio veracruzano para instalar infraestructura, realizar diagnósticos y apoyar en la limpieza. Al término del periodo, las autoridades evaluarían la necesidad de prolongar su estancia según las condiciones climáticas y los avances del operativo.

Antes de la salida del contingente, la funcionaria reconoció la importancia de la coordinación entre estados. Subrayó que la falta de organización podría derivar en duplicidad de esfuerzos y desorden institucional. Agradeció la labor de la presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por encabezar la estrategia nacional de apoyo a las entidades afectadas.

En su mensaje, Brugada Molina reiteró el compromiso de la capital con la solidaridad nacional. “Desde esta Ciudad de México enviamos nuestro apoyo a los habitantes de San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Veracruz”, dijo. Agregó que el objetivo principal fue contribuir a la recuperación inmediata de las comunidades damnificadas y restablecer servicios esenciales.

Centros de acopio y logística

La mandataria capitalina informó que los 32 centros de acopio comenzaron operaciones el mismo día del anuncio. En dichos puntos se convocó a la población a donar víveres, artículos de higiene, medicamentos y cobijas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue la encargada del traslado de los insumos hacia las zonas afectadas, bajo supervisión de la Contraloría de la Ciudad de México.

Entre los productos prioritarios se solicitaron agua embotellada, arroz, frijol, aceite, azúcar y leche en polvo. También se incluyeron artículos de aseo personal como jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, y medicamentos básicos. Las autoridades añadieron croquetas para mascotas, cobertores e impermeables, con el fin de cubrir las necesidades básicas de las familias damnificadas. –sn–

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Balcón Social | Agencia «Suzuki» La Villa es negligente; maltratan a clientes

Trato negligente, grosero y deshonesto por parte de su personal hacia mi persona y hacia mi vehículo Suzuki Swift GLX 2024.

Por este medio denuncio públicamente a la empresa Suzuki, específicamente a la agencia La Villa, ubicada en Oriente 171 número 107 Colonia Ampliación San Juan de Aragón Alcaldía Gustavo A. Madero, Cdmx por el trato negligente, grosero y deshonesto por parte de su personal hacia mi persona y hacia mi vehículo Suzuki Swift GLX 2024.

El día 8 de septiembre de 2025 ingresé mi vehículo a dicha agencia con cita previa para instalar una protección en la computadora. Desde el inicio hubo irregularidades: el personal llegó tarde y la atención fue deficiente.

El checklist de ingreso, elaborado por el señor Alberto Martínez, no registró ningún daño en mi parabrisas, pues mi vehículo estaba en perfectas condiciones.

Durante la manipulación del vehículo, quedó estrellado el parabrisas del lado donde trabajaron los técnicos. Al reclamar, el señor Alberto Martínez me canalizó con el señor Ernesto Ruíz, supuesto encargado del área, quien de inmediato negó la responsabilidad de la agencia, se rehusó a mostrar los videos de seguridad y me trató con desdén y grosería.

El señor Ernesto Ruíz, lejos de atender con profesionalismo buscó “ganar tiempo” y retrasar la revisión de evidencias. Incluso recibí mensajes de WhatsApp donde se sugería expresamente que debía dilatar el proceso.

Finalmente, después de días de evasivas, se me informó que “No había evidencia suficiente para responsabilizar a la agencia, sin jamás mostrarme los videos completos.

Además, mi vehículo comenzó a presentar un ruido extraño al encender el motor, que resultó ser provocado por una pieza suelta que llevaba impreso el nombre Suzuki, la cual no fue colocada correctamente en el taller.

Sólo cuando insistí y tras demostrarse mi versión, el propio Ernesto Ruíz comprobó que el problema era responsabilidad de la agencia.

Este trato es inaceptable para cualquier cliente. Denuncio la falta de responsabilidad, honestidad y profesionalismo de la agencia Suzuki La Villa y en particular del empleado Ernesto Ruíz, cuya actitud negligente y grosera vulnera la confianza de quienes hemos adquirido un vehículo nuevo con esfuerzo y confianza en la marca.

No es posible que una empresa como Suzuki, con presencia internacional permita que su nombre sea representado por empleados con un desempeño tan deficiente, que lejos de ofrecer soluciones, maltratan, ignoran y se burlan de los clientes.

Exijo públicamente solución justa:

La reparación del parabrisas dañado, que entró intacto a la agencia y salió estrellado. Una revisión exhaustiva de las prácticas del personal de la sucursal Suzuki La Villa, en especial del señor Ernesto Ruíz, para que no continúe afectando a más clientes.

Confié en Suzuki para adquirir mi vehículo. Hoy me siento engañada, vulnerada y preocupada por el futuro de mi automóvil en manos de un servicio poco ético.

Atentamente:

Patricia Delgado

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Balcón Social | La explosión en Iztapalapa revela una grave crisis de medicamentos

El pasado 10 de septiembre en Iztapalapa, una pipa explotó y dejó un saldo, hasta el momento, de 30 muertos y decenas de heridos.

Más allá de la tragedia inmediata, la emergencia expuso la fragilidad de un sistema de salud que colapsa frente a lo esencial: las gasas, las vendas, los medicamentos especializados.

En hospitales de la Ciudad de México y el estado de México que atendieron a las víctimas, los insumos básicos brillaron por su ausencia. Testimonios en redes sociales, respaldados por reportes periodísticos, narran cómo familias desesperadas salieron a comprar materiales con su propio dinero para que los médicos pudieran atender a los heridos.

En plena catástrofe, la cadena de suministro falló. No se trató de un problema menor, sino de una carencia que retrasó la atención vital de decenas de personas con quemaduras graves. La imagen es brutal: quirófanos y salas de urgencias sin lo mínimo para salvar vidas.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, señaló a un proveedor específico durante la conferencia matutina del 23 de septiembre. “Tenemos otro proveedor que es el de mayor incumplimiento en número de piezas, Puerta del Sol Capital. Se comprometieron a darnos gasas en muchos estados y han incumplido casi 14 millones de piezas de las 21 que se les han pedido”.

Ese contrato asciende a 21.3 millones de piezas. De ellas, 14.1 millones nunca llegaron. La cifra equivale a un 66.5% de incumplimiento. El dato no solo revela negligencia empresarial, sino también la incapacidad gubernamental para vigilar que los contratos se cumplan en tiempo y forma.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto un plazo: el 30 de septiembre. Si las 33 empresas incumplidas no entregan los 43.9 millones de piezas faltantes, serán inhabilitadas y descalificadas de futuras licitaciones públicas. El mensaje oficial es de cero tolerancia.

Sin embargo, el problema trasciende el incumplimiento. Es la punta de un iceberg construido con empresas improvisadas, proveedores de insumos médicos chinos de dudosa calidad y operadores que carecen de registros sanitarios.

Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), fue claro: “La lista de empresas señaladas no está necesariamente compuesta por farmacéuticas. Identifiqué solo tres empresas que pertenecen a Canifarma y otras cinco que podrían ser farmacéuticas, principalmente de la India. El resto ni siquiera son farmacéuticas; no cuentan con registros sanitarios”.

El hallazgo es devastador. El Estado mexicano permitió que empresas sin experiencia ni aval regulatorio proveyeran insumos médicos críticos. El resultado fue el desabasto, agravado en el peor momento.

La explosión en Iztapalapa no solo mató y lesionó. También reveló la precariedad de un sistema de compras públicas vulnerado por la corrupción y la negligencia. El desorden administrativo se tradujo en sufrimiento humano.

Si en una emergencia nacional faltan vendas, ¿qué se puede esperar en la cotidianidad de los hospitales que atienden partos, cirugías y enfermedades crónicas? La pregunta no es retórica, es una alerta.

La presidente Claudia Sheinbaum enfrenta una oportunidad y un desafío. Su ultimátum a las farmacéuticas incumplidas debe ser más que un gesto político: requiere auditorías exhaustivas, sanciones ejemplares y una reconfiguración del sistema de compras.

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Explosión de pipa

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Balcón Social | Rezago histórico contra sindicalistas del IEEV de Veracruz

En Veracruz, un asunto que debió resolverse hace décadas vuelve a la mesa como rezago histórico.

Se trata de la integración de 133 trabajadores del Instituto de Espacios Educativos (IEEV) al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), un derecho elemental que hasta ahora se les ha negado.

El tema fue revisado en una mesa de trabajo convocada en el Congreso local por el diputado Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política. Allí, funcionarios estatales y representantes sindicales expusieron con claridad lo que para cualquier sistema democrático debería ser incuestionable: garantizar seguridad social a quienes entregaron su vida laboral al servicio público.

Luis Octavio Hernández Lara, titular del IPE, explicó que los trabajadores, tanto de confianza como sindicalizados, se encuentran en condiciones de ingresar al régimen de pensiones. No se trata de un favor, sino de un derecho ganado con años de servicio.

Sin embargo, la burocracia impone sus propias reglas. El expediente ahora depende de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que debe aprobar una ampliación presupuestal por poco más de cinco millones de pesos, solicitada desde junio por el director general del IEEV, Carlos Alfonso Smith.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del IEEV, encabezado por Carlos David Jácome Macías, ha insistido que esta lucha sindical no es nueva. Se ha empujado durante años sin encontrar eco suficiente en los gobiernos estatales. Hoy, la posibilidad de concretarla está más cerca que nunca, aunque todavía enfrenta obstáculos.

La justicia social no debería depender de un trámite contable. En Veracruz, como en muchas entidades del país, la seguridad social continúa siendo un privilegio administrado a cuentagotas y no un derecho universal.

La urgencia se acentúa cuando se observa que 20 de estos trabajadores tienen entre 60 y 81 años. Hombres y mujeres que entregaron más de 29 años de servicio al Estado y que hoy, a las puertas de la vejez, aún esperan el reconocimiento de su antigüedad y las prestaciones que por ley les corresponden.

Jácome Macías fue contundente: “No vamos a quitar el dedo del renglón”. La advertencia encierra un reclamo legítimo: si la ampliación presupuestal no se aprueba, se dejará fuera precisamente a quienes más lo necesitan.

El dirigente sindical pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Rocío Nahle. La demanda es clara: buscar mecanismos extraordinarios para que nadie quede excluido. Es una apelación directa a la Federación, porque el rezago rebasa el ámbito estatal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la seguridad social como un derecho humano. También lo hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La omisión, por tanto, no solo es una falta administrativa: se trata de una violación a garantías fundamentales.

El caso exhibe, además, las grietas de un sistema de pensiones colapsado, incapaz de responder con rapidez y justicia a las necesidades de sus derechohabientes. Veracruz no es la excepción, pero sí un ejemplo de cómo la negligencia institucional erosiona la confianza ciudadana.

El costo de no resolver el problema es alto. No solo se trata del impacto económico en las familias trabajadoras, sino de la credibilidad de un gobierno que se comprometió a combatir la desigualdad.

El discurso de la Cuarta Transformación se construyó sobre la premisa de que “por el bien de todos, primero los pobres”. Dejar a los trabajadores del IEEV fuera de la seguridad social contradiría de manera frontal esa narrativa.

Hoy, la pelota está en la cancha de Sefiplan, pero también en la voluntad política del Ejecutivo estatal y del federal. Una decisión que no solo implica firmar un convenio, sino corregir un agravio prolongado.

La sociedad veracruzana observa con atención. Resolver el caso sería un mensaje potente de que la justicia social no se pospone ni se condiciona a cálculos presupuestales.

En caso contrario, el gobierno se arriesga a mantener abierta una herida que exhibe la desigualdad y el desprecio por quienes sostienen las instituciones desde abajo.

La seguridad social no es un regalo: es un derecho. Y Veracruz está obligado a reconocerlo.

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Universidad Veracruzana

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Veracruz extingue fideicomiso del Puente Coatzacoalcos

Decreto extingue Fideicomiso Público del Túnel Sumergido. Así como también del Fideicomiso del Puente Coatzacoalcos I.


Por Roberto Córdova | Corresponsal                                     

La gobernadora Rocío Nahle García extinguió el Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago. El mecanismo financiero estuvo encargado de la operación y conservación del Puente Coatzacoalcos I y del Túnel Sumergido.

La Gaceta Oficial del Estado de Veracruz publicó el decreto de extinción el 1 de septiembre. Con ello se dio por terminado el esquema que manejó durante casi dos décadas ambas infraestructuras estratégicas en el sur veracruzano.

La decisión se tomó después de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no renovó la concesión. El plazo concluyó el 1 de diciembre de 2024 y obligó a reorganizar la administración de las obras.

Fin de casi 20 años

El fideicomiso fue creado en 2005 para garantizar recursos financieros y técnicos en la zona. Su constitución estuvo vinculada a la necesidad de mantener en operación continua los dos proyectos de conectividad.

El comité técnico del fideicomiso aprobó en marzo de 2025 la decisión de disolverse. Los integrantes consideraron que ya se habían cumplido los objetivos establecidos en el decreto original de su creación.

De acuerdo con los registros del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), el último informe fue en 2018. En ese año, el fideicomiso mantenía un patrimonio de 3.2 millones de pesos.

La gobernadora Rocío Nahle ordenó transferir los derechos y obligaciones del fideicomiso a dependencias estatales. La medida garantizó continuidad administrativa y la salvaguarda del patrimonio público.

Reasignación de responsabilidades

El decreto estableció que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas Estatal (SIOP) asumiría el control. La dependencia quedó designada como coordinadora de sector para la administración de ambas obras.

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y la Contraloría General del Estado supervisarían el proceso. Estas instancias fueron facultadas para dictaminar el término, finiquito y auditoría correspondiente del fideicomiso.

El patrimonio fideicomitido sería revertido al Gobierno del Estado de Veracruz. La SEFIPLAN recibiría la totalidad de los recursos y bienes en su carácter de fideicomitente único.

El decreto especificó que el proceso debía cumplir con las disposiciones normativas aplicables. El traspaso fue realizado bajo lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Alcances del decreto

La extinción del fideicomiso impactó directamente en la gestión financiera de estas infraestructuras. El Puente Coatzacoalcos I y el Túnel Sumergido pasaron a ser administrados por dependencias estatales.

La medida también buscó evitar duplicidades administrativas y mejorar la eficiencia en el manejo de recursos. La reorganización fue planteada como una etapa de consolidación de la política de infraestructura.

De acuerdo con la información oficial, no se interrumpieron los servicios de paso y mantenimiento. Las actividades de operación se mantuvieron activas mientras se realizaba la transición.

El decreto se publicó en cumplimiento de las normas de transparencia y publicidad gubernamental. La Gaceta Oficial del Estado de Veracruz difundió el documento completo para consulta pública.

Continuidad administrativa

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas Estatal aseguró presupuesto autorizado para los trabajos. Esta asignación se realizó con cargo a recursos estatales previamente aprobados.

El Puente Coatzacoalcos I y el Túnel Sumergido forman parte de la conectividad estratégica regional. Ambas obras sostienen la movilidad del sur de Veracruz y la comunicación con estados colindantes.

Con esta medida, el gobierno federal y el estatal cerraron un ciclo de manejo financiero. La administración de las obras quedó bajo control directo de las dependencias de Veracruz.

El decreto de extinción del fideicomiso consolidó una nueva etapa en la gestión de infraestructura. El control público sobre estos activos quedó plenamente restablecido en favor del estado. –sn–

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Morena es el culpable de la descomposición del país: Javier Sicilia

Javier Sicilia denunció complicidad criminal y degradación política en Veracruz y México. Veracruz en crisis extrema.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El activista, poeta, ensayista y periodista Javier Sicilia afirmó que Veracruz estaba en un “estado de descomposición” similar al resto del país, aunque en la entidad el grado de deterioro era “atroz”. Señaló que existía complicidad con el crimen y que las autoridades no podían proteger a la población. En conferencia de prensa en Xalapa, previa a la presentación de su libro Crisis o apocalipsis, comparó el asesinato de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz con métodos empleados por terroristas islámicos radicales. Explicó que, a diferencia de esos casos motivados por ideologías religiosas, en Veracruz el crimen obedeció a fines de extorsión.

Afirmó que la respuesta de la gobernadora Rocío Nahle ante el caso fue lamentable y transmitió un mensaje que interpretó como “complicidad” con la delincuencia. “La maestra se murió de un infarto, bueno, era para que la ciudadanía saliera; no podemos seguir tolerando este tipo de cosas”, sostuvo. Agregó que el hecho representaba un desprecio por las víctimas, un intento de ocultar la realidad y una degradación total del Estado, donde los pactos de complicidad entre Morena y el crimen organizado eran, según dijo, cada vez más evidentes.

Estado sin respuesta efectiva

“Un estado que no puede responder por su gente ni por las víctimas, que no es capaz de dar seguridad, es un estado criminal o inexistente, y ambas cosas son atroces”, expresó Sicilia. Señaló que esta situación debía volverse intolerable para la sociedad. Recordó que él cobró notoriedad tras el asesinato de su hijo y otros seis jóvenes, hecho que lo llevó a organizar una gran marcha por la paz desde Cuernavaca, Morelos, hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

En su opinión, México necesitaba una nueva cruzada por la paz, pues los gobiernos de Morena no representaban una verdadera izquierda. Los calificó como fascistas con vínculos claros con el crimen organizado. Recalcó que lo poco que hacía Morena en materia de seguridad respondía a presiones del gobierno de Estados Unidos, no a un compromiso genuino con la ciudadanía.

Denuncia de cortinas de humo

“Esa no es una izquierda, son fascistas, llamémosles como son. Es un grupo reducido, como viejos izquierdistas en las periferias, un puñado de ignorantes que usan el evangelio y categorías de izquierda para engañar a la gente. No son más que fascistas y, peor aún, criminales”, sentenció. Acusó que las cortinas de humo para encubrir esos pactos con la delincuencia eran cada vez más evidentes.

Sostuvo que las acciones mínimas que se emprendían en seguridad obedecían únicamente a presiones de Estados Unidos. Subrayó que Morena se había convertido en algo peor que el PRI, porque, a su juicio, los antiguos priistas tenían una cultura política, mientras que los actuales gobernantes carecían de ella y eran ineficientes.

Oposición fragmentada y sin rumbo

Sicilia manifestó que esta ineficiencia mantenía al país en una guerra inédita entre criminales y políticos vinculados a actividades ilícitas, donde los ciudadanos eran rehenes. En cuanto a la oposición, advirtió que el regreso de esos partidos no significaba una solución.

Expresó que las fuerzas opositoras estaban tan desintegradas como el propio Estado y que las organizaciones políticas, sin excepción, padecían un desgaste profundo. Concluyó que esta crisis política y social requería una respuesta inmediata de la ciudadanía para impedir que la situación siguiera deteriorándose. –sn–

Javier Sicilia

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“Le di a #RocíoNahle pruebas del #HUACHICOL y no hizo nada”: general #LeónTrauwitz | Proceso

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Efraín Martínez Figueroa | EMF Consultoría Política
#FedericoDöring acusa a #RocíoNahle de “manipular” el caso de la maestra #IrmaHernández y exige su #DESTITUCIÓN en #Veracruz | Infobae

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Efraín Martínez Figueroa | EMF Consultoría Política