Balcón Social | Rezago histórico contra sindicalistas del IEEV de Veracruz

En Veracruz, un asunto que debió resolverse hace décadas vuelve a la mesa como rezago histórico.

Se trata de la integración de 133 trabajadores del Instituto de Espacios Educativos (IEEV) al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), un derecho elemental que hasta ahora se les ha negado.

El tema fue revisado en una mesa de trabajo convocada en el Congreso local por el diputado Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política. Allí, funcionarios estatales y representantes sindicales expusieron con claridad lo que para cualquier sistema democrático debería ser incuestionable: garantizar seguridad social a quienes entregaron su vida laboral al servicio público.

Luis Octavio Hernández Lara, titular del IPE, explicó que los trabajadores, tanto de confianza como sindicalizados, se encuentran en condiciones de ingresar al régimen de pensiones. No se trata de un favor, sino de un derecho ganado con años de servicio.

Sin embargo, la burocracia impone sus propias reglas. El expediente ahora depende de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que debe aprobar una ampliación presupuestal por poco más de cinco millones de pesos, solicitada desde junio por el director general del IEEV, Carlos Alfonso Smith.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del IEEV, encabezado por Carlos David Jácome Macías, ha insistido que esta lucha sindical no es nueva. Se ha empujado durante años sin encontrar eco suficiente en los gobiernos estatales. Hoy, la posibilidad de concretarla está más cerca que nunca, aunque todavía enfrenta obstáculos.

La justicia social no debería depender de un trámite contable. En Veracruz, como en muchas entidades del país, la seguridad social continúa siendo un privilegio administrado a cuentagotas y no un derecho universal.

La urgencia se acentúa cuando se observa que 20 de estos trabajadores tienen entre 60 y 81 años. Hombres y mujeres que entregaron más de 29 años de servicio al Estado y que hoy, a las puertas de la vejez, aún esperan el reconocimiento de su antigüedad y las prestaciones que por ley les corresponden.

Jácome Macías fue contundente: “No vamos a quitar el dedo del renglón”. La advertencia encierra un reclamo legítimo: si la ampliación presupuestal no se aprueba, se dejará fuera precisamente a quienes más lo necesitan.

El dirigente sindical pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Rocío Nahle. La demanda es clara: buscar mecanismos extraordinarios para que nadie quede excluido. Es una apelación directa a la Federación, porque el rezago rebasa el ámbito estatal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la seguridad social como un derecho humano. También lo hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La omisión, por tanto, no solo es una falta administrativa: se trata de una violación a garantías fundamentales.

El caso exhibe, además, las grietas de un sistema de pensiones colapsado, incapaz de responder con rapidez y justicia a las necesidades de sus derechohabientes. Veracruz no es la excepción, pero sí un ejemplo de cómo la negligencia institucional erosiona la confianza ciudadana.

El costo de no resolver el problema es alto. No solo se trata del impacto económico en las familias trabajadoras, sino de la credibilidad de un gobierno que se comprometió a combatir la desigualdad.

El discurso de la Cuarta Transformación se construyó sobre la premisa de que “por el bien de todos, primero los pobres”. Dejar a los trabajadores del IEEV fuera de la seguridad social contradiría de manera frontal esa narrativa.

Hoy, la pelota está en la cancha de Sefiplan, pero también en la voluntad política del Ejecutivo estatal y del federal. Una decisión que no solo implica firmar un convenio, sino corregir un agravio prolongado.

La sociedad veracruzana observa con atención. Resolver el caso sería un mensaje potente de que la justicia social no se pospone ni se condiciona a cálculos presupuestales.

En caso contrario, el gobierno se arriesga a mantener abierta una herida que exhibe la desigualdad y el desprecio por quienes sostienen las instituciones desde abajo.

La seguridad social no es un regalo: es un derecho. Y Veracruz está obligado a reconocerlo.

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El Balcón de la Sociedad reúne información previamente verificada de periodistas y colaboradores editoriales de SOCIEDAD NOTICIAS.

Universidad Veracruzana

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