Balcón Social | Agencia «Suzuki» La Villa es negligente; maltratan a clientes

Trato negligente, grosero y deshonesto por parte de su personal hacia mi persona y hacia mi vehículo Suzuki Swift GLX 2024.

Por este medio denuncio públicamente a la empresa Suzuki, específicamente a la agencia La Villa, ubicada en Oriente 171 número 107 Colonia Ampliación San Juan de Aragón Alcaldía Gustavo A. Madero, Cdmx por el trato negligente, grosero y deshonesto por parte de su personal hacia mi persona y hacia mi vehículo Suzuki Swift GLX 2024.

El día 8 de septiembre de 2025 ingresé mi vehículo a dicha agencia con cita previa para instalar una protección en la computadora. Desde el inicio hubo irregularidades: el personal llegó tarde y la atención fue deficiente.

El checklist de ingreso, elaborado por el señor Alberto Martínez, no registró ningún daño en mi parabrisas, pues mi vehículo estaba en perfectas condiciones.

Durante la manipulación del vehículo, quedó estrellado el parabrisas del lado donde trabajaron los técnicos. Al reclamar, el señor Alberto Martínez me canalizó con el señor Ernesto Ruíz, supuesto encargado del área, quien de inmediato negó la responsabilidad de la agencia, se rehusó a mostrar los videos de seguridad y me trató con desdén y grosería.

El señor Ernesto Ruíz, lejos de atender con profesionalismo buscó “ganar tiempo” y retrasar la revisión de evidencias. Incluso recibí mensajes de WhatsApp donde se sugería expresamente que debía dilatar el proceso.

Finalmente, después de días de evasivas, se me informó que “No había evidencia suficiente para responsabilizar a la agencia, sin jamás mostrarme los videos completos.

Además, mi vehículo comenzó a presentar un ruido extraño al encender el motor, que resultó ser provocado por una pieza suelta que llevaba impreso el nombre Suzuki, la cual no fue colocada correctamente en el taller.

Sólo cuando insistí y tras demostrarse mi versión, el propio Ernesto Ruíz comprobó que el problema era responsabilidad de la agencia.

Este trato es inaceptable para cualquier cliente. Denuncio la falta de responsabilidad, honestidad y profesionalismo de la agencia Suzuki La Villa y en particular del empleado Ernesto Ruíz, cuya actitud negligente y grosera vulnera la confianza de quienes hemos adquirido un vehículo nuevo con esfuerzo y confianza en la marca.

No es posible que una empresa como Suzuki, con presencia internacional permita que su nombre sea representado por empleados con un desempeño tan deficiente, que lejos de ofrecer soluciones, maltratan, ignoran y se burlan de los clientes.

Exijo públicamente solución justa:

La reparación del parabrisas dañado, que entró intacto a la agencia y salió estrellado. Una revisión exhaustiva de las prácticas del personal de la sucursal Suzuki La Villa, en especial del señor Ernesto Ruíz, para que no continúe afectando a más clientes.

Confié en Suzuki para adquirir mi vehículo. Hoy me siento engañada, vulnerada y preocupada por el futuro de mi automóvil en manos de un servicio poco ético.

Atentamente:

Patricia Delgado

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Balcón Social | La explosión en Iztapalapa revela una grave crisis de medicamentos

El pasado 10 de septiembre en Iztapalapa, una pipa explotó y dejó un saldo, hasta el momento, de 30 muertos y decenas de heridos.

Más allá de la tragedia inmediata, la emergencia expuso la fragilidad de un sistema de salud que colapsa frente a lo esencial: las gasas, las vendas, los medicamentos especializados.

En hospitales de la Ciudad de México y el estado de México que atendieron a las víctimas, los insumos básicos brillaron por su ausencia. Testimonios en redes sociales, respaldados por reportes periodísticos, narran cómo familias desesperadas salieron a comprar materiales con su propio dinero para que los médicos pudieran atender a los heridos.

En plena catástrofe, la cadena de suministro falló. No se trató de un problema menor, sino de una carencia que retrasó la atención vital de decenas de personas con quemaduras graves. La imagen es brutal: quirófanos y salas de urgencias sin lo mínimo para salvar vidas.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, señaló a un proveedor específico durante la conferencia matutina del 23 de septiembre. “Tenemos otro proveedor que es el de mayor incumplimiento en número de piezas, Puerta del Sol Capital. Se comprometieron a darnos gasas en muchos estados y han incumplido casi 14 millones de piezas de las 21 que se les han pedido”.

Ese contrato asciende a 21.3 millones de piezas. De ellas, 14.1 millones nunca llegaron. La cifra equivale a un 66.5% de incumplimiento. El dato no solo revela negligencia empresarial, sino también la incapacidad gubernamental para vigilar que los contratos se cumplan en tiempo y forma.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto un plazo: el 30 de septiembre. Si las 33 empresas incumplidas no entregan los 43.9 millones de piezas faltantes, serán inhabilitadas y descalificadas de futuras licitaciones públicas. El mensaje oficial es de cero tolerancia.

Sin embargo, el problema trasciende el incumplimiento. Es la punta de un iceberg construido con empresas improvisadas, proveedores de insumos médicos chinos de dudosa calidad y operadores que carecen de registros sanitarios.

Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), fue claro: “La lista de empresas señaladas no está necesariamente compuesta por farmacéuticas. Identifiqué solo tres empresas que pertenecen a Canifarma y otras cinco que podrían ser farmacéuticas, principalmente de la India. El resto ni siquiera son farmacéuticas; no cuentan con registros sanitarios”.

El hallazgo es devastador. El Estado mexicano permitió que empresas sin experiencia ni aval regulatorio proveyeran insumos médicos críticos. El resultado fue el desabasto, agravado en el peor momento.

La explosión en Iztapalapa no solo mató y lesionó. También reveló la precariedad de un sistema de compras públicas vulnerado por la corrupción y la negligencia. El desorden administrativo se tradujo en sufrimiento humano.

Si en una emergencia nacional faltan vendas, ¿qué se puede esperar en la cotidianidad de los hospitales que atienden partos, cirugías y enfermedades crónicas? La pregunta no es retórica, es una alerta.

La presidente Claudia Sheinbaum enfrenta una oportunidad y un desafío. Su ultimátum a las farmacéuticas incumplidas debe ser más que un gesto político: requiere auditorías exhaustivas, sanciones ejemplares y una reconfiguración del sistema de compras.

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Explosión de pipa

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Balcón Social | Rezago histórico contra sindicalistas del IEEV de Veracruz

En Veracruz, un asunto que debió resolverse hace décadas vuelve a la mesa como rezago histórico.

Se trata de la integración de 133 trabajadores del Instituto de Espacios Educativos (IEEV) al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), un derecho elemental que hasta ahora se les ha negado.

El tema fue revisado en una mesa de trabajo convocada en el Congreso local por el diputado Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política. Allí, funcionarios estatales y representantes sindicales expusieron con claridad lo que para cualquier sistema democrático debería ser incuestionable: garantizar seguridad social a quienes entregaron su vida laboral al servicio público.

Luis Octavio Hernández Lara, titular del IPE, explicó que los trabajadores, tanto de confianza como sindicalizados, se encuentran en condiciones de ingresar al régimen de pensiones. No se trata de un favor, sino de un derecho ganado con años de servicio.

Sin embargo, la burocracia impone sus propias reglas. El expediente ahora depende de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que debe aprobar una ampliación presupuestal por poco más de cinco millones de pesos, solicitada desde junio por el director general del IEEV, Carlos Alfonso Smith.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del IEEV, encabezado por Carlos David Jácome Macías, ha insistido que esta lucha sindical no es nueva. Se ha empujado durante años sin encontrar eco suficiente en los gobiernos estatales. Hoy, la posibilidad de concretarla está más cerca que nunca, aunque todavía enfrenta obstáculos.

La justicia social no debería depender de un trámite contable. En Veracruz, como en muchas entidades del país, la seguridad social continúa siendo un privilegio administrado a cuentagotas y no un derecho universal.

La urgencia se acentúa cuando se observa que 20 de estos trabajadores tienen entre 60 y 81 años. Hombres y mujeres que entregaron más de 29 años de servicio al Estado y que hoy, a las puertas de la vejez, aún esperan el reconocimiento de su antigüedad y las prestaciones que por ley les corresponden.

Jácome Macías fue contundente: “No vamos a quitar el dedo del renglón”. La advertencia encierra un reclamo legítimo: si la ampliación presupuestal no se aprueba, se dejará fuera precisamente a quienes más lo necesitan.

El dirigente sindical pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Rocío Nahle. La demanda es clara: buscar mecanismos extraordinarios para que nadie quede excluido. Es una apelación directa a la Federación, porque el rezago rebasa el ámbito estatal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la seguridad social como un derecho humano. También lo hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La omisión, por tanto, no solo es una falta administrativa: se trata de una violación a garantías fundamentales.

El caso exhibe, además, las grietas de un sistema de pensiones colapsado, incapaz de responder con rapidez y justicia a las necesidades de sus derechohabientes. Veracruz no es la excepción, pero sí un ejemplo de cómo la negligencia institucional erosiona la confianza ciudadana.

El costo de no resolver el problema es alto. No solo se trata del impacto económico en las familias trabajadoras, sino de la credibilidad de un gobierno que se comprometió a combatir la desigualdad.

El discurso de la Cuarta Transformación se construyó sobre la premisa de que “por el bien de todos, primero los pobres”. Dejar a los trabajadores del IEEV fuera de la seguridad social contradiría de manera frontal esa narrativa.

Hoy, la pelota está en la cancha de Sefiplan, pero también en la voluntad política del Ejecutivo estatal y del federal. Una decisión que no solo implica firmar un convenio, sino corregir un agravio prolongado.

La sociedad veracruzana observa con atención. Resolver el caso sería un mensaje potente de que la justicia social no se pospone ni se condiciona a cálculos presupuestales.

En caso contrario, el gobierno se arriesga a mantener abierta una herida que exhibe la desigualdad y el desprecio por quienes sostienen las instituciones desde abajo.

La seguridad social no es un regalo: es un derecho. Y Veracruz está obligado a reconocerlo.

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Universidad Veracruzana

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