Balcón Social | Agencia «Suzuki» La Villa es negligente; maltratan a clientes

Trato negligente, grosero y deshonesto por parte de su personal hacia mi persona y hacia mi vehículo Suzuki Swift GLX 2024.

Por este medio denuncio públicamente a la empresa Suzuki, específicamente a la agencia La Villa, ubicada en Oriente 171 número 107 Colonia Ampliación San Juan de Aragón Alcaldía Gustavo A. Madero, Cdmx por el trato negligente, grosero y deshonesto por parte de su personal hacia mi persona y hacia mi vehículo Suzuki Swift GLX 2024.

El día 8 de septiembre de 2025 ingresé mi vehículo a dicha agencia con cita previa para instalar una protección en la computadora. Desde el inicio hubo irregularidades: el personal llegó tarde y la atención fue deficiente.

El checklist de ingreso, elaborado por el señor Alberto Martínez, no registró ningún daño en mi parabrisas, pues mi vehículo estaba en perfectas condiciones.

Durante la manipulación del vehículo, quedó estrellado el parabrisas del lado donde trabajaron los técnicos. Al reclamar, el señor Alberto Martínez me canalizó con el señor Ernesto Ruíz, supuesto encargado del área, quien de inmediato negó la responsabilidad de la agencia, se rehusó a mostrar los videos de seguridad y me trató con desdén y grosería.

El señor Ernesto Ruíz, lejos de atender con profesionalismo buscó “ganar tiempo” y retrasar la revisión de evidencias. Incluso recibí mensajes de WhatsApp donde se sugería expresamente que debía dilatar el proceso.

Finalmente, después de días de evasivas, se me informó que “No había evidencia suficiente para responsabilizar a la agencia, sin jamás mostrarme los videos completos.

Además, mi vehículo comenzó a presentar un ruido extraño al encender el motor, que resultó ser provocado por una pieza suelta que llevaba impreso el nombre Suzuki, la cual no fue colocada correctamente en el taller.

Sólo cuando insistí y tras demostrarse mi versión, el propio Ernesto Ruíz comprobó que el problema era responsabilidad de la agencia.

Este trato es inaceptable para cualquier cliente. Denuncio la falta de responsabilidad, honestidad y profesionalismo de la agencia Suzuki La Villa y en particular del empleado Ernesto Ruíz, cuya actitud negligente y grosera vulnera la confianza de quienes hemos adquirido un vehículo nuevo con esfuerzo y confianza en la marca.

No es posible que una empresa como Suzuki, con presencia internacional permita que su nombre sea representado por empleados con un desempeño tan deficiente, que lejos de ofrecer soluciones, maltratan, ignoran y se burlan de los clientes.

Exijo públicamente solución justa:

La reparación del parabrisas dañado, que entró intacto a la agencia y salió estrellado. Una revisión exhaustiva de las prácticas del personal de la sucursal Suzuki La Villa, en especial del señor Ernesto Ruíz, para que no continúe afectando a más clientes.

Confié en Suzuki para adquirir mi vehículo. Hoy me siento engañada, vulnerada y preocupada por el futuro de mi automóvil en manos de un servicio poco ético.

Atentamente:

Patricia Delgado

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Balcón Social | La explosión en Iztapalapa revela una grave crisis de medicamentos

El pasado 10 de septiembre en Iztapalapa, una pipa explotó y dejó un saldo, hasta el momento, de 30 muertos y decenas de heridos.

Más allá de la tragedia inmediata, la emergencia expuso la fragilidad de un sistema de salud que colapsa frente a lo esencial: las gasas, las vendas, los medicamentos especializados.

En hospitales de la Ciudad de México y el estado de México que atendieron a las víctimas, los insumos básicos brillaron por su ausencia. Testimonios en redes sociales, respaldados por reportes periodísticos, narran cómo familias desesperadas salieron a comprar materiales con su propio dinero para que los médicos pudieran atender a los heridos.

En plena catástrofe, la cadena de suministro falló. No se trató de un problema menor, sino de una carencia que retrasó la atención vital de decenas de personas con quemaduras graves. La imagen es brutal: quirófanos y salas de urgencias sin lo mínimo para salvar vidas.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, señaló a un proveedor específico durante la conferencia matutina del 23 de septiembre. “Tenemos otro proveedor que es el de mayor incumplimiento en número de piezas, Puerta del Sol Capital. Se comprometieron a darnos gasas en muchos estados y han incumplido casi 14 millones de piezas de las 21 que se les han pedido”.

Ese contrato asciende a 21.3 millones de piezas. De ellas, 14.1 millones nunca llegaron. La cifra equivale a un 66.5% de incumplimiento. El dato no solo revela negligencia empresarial, sino también la incapacidad gubernamental para vigilar que los contratos se cumplan en tiempo y forma.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto un plazo: el 30 de septiembre. Si las 33 empresas incumplidas no entregan los 43.9 millones de piezas faltantes, serán inhabilitadas y descalificadas de futuras licitaciones públicas. El mensaje oficial es de cero tolerancia.

Sin embargo, el problema trasciende el incumplimiento. Es la punta de un iceberg construido con empresas improvisadas, proveedores de insumos médicos chinos de dudosa calidad y operadores que carecen de registros sanitarios.

Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), fue claro: “La lista de empresas señaladas no está necesariamente compuesta por farmacéuticas. Identifiqué solo tres empresas que pertenecen a Canifarma y otras cinco que podrían ser farmacéuticas, principalmente de la India. El resto ni siquiera son farmacéuticas; no cuentan con registros sanitarios”.

El hallazgo es devastador. El Estado mexicano permitió que empresas sin experiencia ni aval regulatorio proveyeran insumos médicos críticos. El resultado fue el desabasto, agravado en el peor momento.

La explosión en Iztapalapa no solo mató y lesionó. También reveló la precariedad de un sistema de compras públicas vulnerado por la corrupción y la negligencia. El desorden administrativo se tradujo en sufrimiento humano.

Si en una emergencia nacional faltan vendas, ¿qué se puede esperar en la cotidianidad de los hospitales que atienden partos, cirugías y enfermedades crónicas? La pregunta no es retórica, es una alerta.

La presidente Claudia Sheinbaum enfrenta una oportunidad y un desafío. Su ultimátum a las farmacéuticas incumplidas debe ser más que un gesto político: requiere auditorías exhaustivas, sanciones ejemplares y una reconfiguración del sistema de compras.

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Explosión de pipa

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Balcón Social | Rezago histórico contra sindicalistas del IEEV de Veracruz

En Veracruz, un asunto que debió resolverse hace décadas vuelve a la mesa como rezago histórico.

Se trata de la integración de 133 trabajadores del Instituto de Espacios Educativos (IEEV) al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), un derecho elemental que hasta ahora se les ha negado.

El tema fue revisado en una mesa de trabajo convocada en el Congreso local por el diputado Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política. Allí, funcionarios estatales y representantes sindicales expusieron con claridad lo que para cualquier sistema democrático debería ser incuestionable: garantizar seguridad social a quienes entregaron su vida laboral al servicio público.

Luis Octavio Hernández Lara, titular del IPE, explicó que los trabajadores, tanto de confianza como sindicalizados, se encuentran en condiciones de ingresar al régimen de pensiones. No se trata de un favor, sino de un derecho ganado con años de servicio.

Sin embargo, la burocracia impone sus propias reglas. El expediente ahora depende de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que debe aprobar una ampliación presupuestal por poco más de cinco millones de pesos, solicitada desde junio por el director general del IEEV, Carlos Alfonso Smith.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del IEEV, encabezado por Carlos David Jácome Macías, ha insistido que esta lucha sindical no es nueva. Se ha empujado durante años sin encontrar eco suficiente en los gobiernos estatales. Hoy, la posibilidad de concretarla está más cerca que nunca, aunque todavía enfrenta obstáculos.

La justicia social no debería depender de un trámite contable. En Veracruz, como en muchas entidades del país, la seguridad social continúa siendo un privilegio administrado a cuentagotas y no un derecho universal.

La urgencia se acentúa cuando se observa que 20 de estos trabajadores tienen entre 60 y 81 años. Hombres y mujeres que entregaron más de 29 años de servicio al Estado y que hoy, a las puertas de la vejez, aún esperan el reconocimiento de su antigüedad y las prestaciones que por ley les corresponden.

Jácome Macías fue contundente: “No vamos a quitar el dedo del renglón”. La advertencia encierra un reclamo legítimo: si la ampliación presupuestal no se aprueba, se dejará fuera precisamente a quienes más lo necesitan.

El dirigente sindical pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Rocío Nahle. La demanda es clara: buscar mecanismos extraordinarios para que nadie quede excluido. Es una apelación directa a la Federación, porque el rezago rebasa el ámbito estatal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la seguridad social como un derecho humano. También lo hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La omisión, por tanto, no solo es una falta administrativa: se trata de una violación a garantías fundamentales.

El caso exhibe, además, las grietas de un sistema de pensiones colapsado, incapaz de responder con rapidez y justicia a las necesidades de sus derechohabientes. Veracruz no es la excepción, pero sí un ejemplo de cómo la negligencia institucional erosiona la confianza ciudadana.

El costo de no resolver el problema es alto. No solo se trata del impacto económico en las familias trabajadoras, sino de la credibilidad de un gobierno que se comprometió a combatir la desigualdad.

El discurso de la Cuarta Transformación se construyó sobre la premisa de que “por el bien de todos, primero los pobres”. Dejar a los trabajadores del IEEV fuera de la seguridad social contradiría de manera frontal esa narrativa.

Hoy, la pelota está en la cancha de Sefiplan, pero también en la voluntad política del Ejecutivo estatal y del federal. Una decisión que no solo implica firmar un convenio, sino corregir un agravio prolongado.

La sociedad veracruzana observa con atención. Resolver el caso sería un mensaje potente de que la justicia social no se pospone ni se condiciona a cálculos presupuestales.

En caso contrario, el gobierno se arriesga a mantener abierta una herida que exhibe la desigualdad y el desprecio por quienes sostienen las instituciones desde abajo.

La seguridad social no es un regalo: es un derecho. Y Veracruz está obligado a reconocerlo.

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Universidad Veracruzana

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Balcón Social | El blindaje de la impunidad en la Secretaría de Marina desde Quintana Roo

En el complejo tablero de la seguridad nacional, la Secretaría de Marina (Semar) enfrenta un dilema que expone fisuras profundas en su estructura de mando.

En el complejo tablero de la seguridad nacional, la Secretaría de Marina- Armada de México (Semar) enfrenta un dilema que expone fisuras profundas en su estructura de mando. Lejos de fortalecer la disciplina interna, ciertas decisiones parecen favorecer la opacidad y el encubrimiento.

La iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a reestructurar las responsabilidades de mando, encontró un terreno minado por prácticas enquistadas. La propuesta, que buscaba reforzar el control civil y la rendición de cuentas, choca con una cultura institucional resistente a la supervisión.

Entre los casos que más inquietan, sobresale el papel del Capitán Marco Antonio Zamora, señalado por omisiones graves en operativos estratégicos dentro de la operación del C5 en Chetumal, Quintana Roo. Su permanencia en funciones revela una protección difícil de explicar en un contexto que exige transparencia.

En paralelo, la trayectoria de Julio César Gómez, alto mando con historial de decisiones controvertidas, ilustra el patrón de rotaciones que privilegia lealtades sobre resultados, que relata el propio integrante de la Semar desde la silla que usa Mara Lezama, quiein gobierna aquella entidad federativa. La movilidad interna, lejos de sancionar errores, parece premiarlos con nuevos destinos.

La figura de César Antonio Morales Hidalgo, operador clave en la cadena de mando, suma otro capítulo a la narrativa de tolerancia. Sus vínculos internos blindan cualquier intento de revisión crítica sobre sus acciones recientes en actividades ilícitas.

La propuesta de Sheinbaum no es una simple reorganización burocrática. Se trata de una reforma que podría reorientar el papel de la Semar en la seguridad pública y la cooperación interinstitucional, una necesidad evidente ante el aumento de operativos conjuntos.

Sin embargo, la resistencia interna ha activado un sutil mecanismo de sabotaje. Filtraciones selectivas, retrasos en la entrega de información y maniobras administrativas entorpecen la aplicación de la reforma.

En las cúpulas castrenses, este tipo de estrategias no son nuevas. La historia reciente de la Semar muestra cómo las órdenes civiles se diluyen en protocolos militares que, en la práctica, neutralizan la supervisión externa.

La iniciativa de Claudia Sheinbaum, al enfrentarse con esta dinámica, se convierte en un termómetro político. El resultado marcará la capacidad real del gobierno federal para imponer controles a corporaciones armadas.

Las consecuencias de no actuar con firmeza podrían ser graves. La impunidad en el ámbito militar no solo erosiona la confianza pública, sino que también socava la coordinación con otras instituciones de seguridad.

El discurso oficial insiste en que la reforma busca eficiencia y disciplina, pero en los pasillos se percibe como una amenaza directa al sistema de protección interna. Ese choque de narrativas anticipa una confrontación soterrada.

En este contexto, el papel de la opinión pública y del periodismo se vuelve crucial. Los casos de Zamora, Gómez y Morales Hidalgo no son incidentes aislados, sino síntomas de una estructura que se protege a sí misma.

Las reformas a cuerpos armados requieren voluntad política, respaldo social y un compromiso férreo con la transparencia. Cualquier fisura en esos pilares será aprovechada por quienes se benefician del statu quo.

El reto para Sheinbaum no es menor. Enfrentar a mandos con redes internas de poder implica romper equilibrios que, por décadas, han condicionado las relaciones entre civiles y militares.

Cada día que la reforma se retrasa, las viejas prácticas ganan terreno. En ese tiempo, las promesas de control y rendición de cuentas pierden fuerza frente a la inercia institucional.

La ciudadanía, testigo de operativos y comunicados, rara vez accede a la realidad interna de la Marina. Por eso, el periodismo debe iluminar las áreas donde la administración prefiere mantener sombras.

Es un error pensar que este debate solo compete a la esfera militar. La seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos dependen de un marco de supervisión sólido, capaz de imponerse a cualquier resistencia corporativa.

El mensaje de fondo es claro: sin cambios reales en la Semar, cualquier reforma quedará reducida a un enunciado político. Y en ese vacío, la impunidad seguirá navegando con bandera oficial.

El tiempo dirá si la iniciativa de Sheinbaum logra atravesar las aguas turbias de la resistencia interna o si, como tantas otras, naufraga antes de llegar a puerto.

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Mara Lezama

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Balcón Social | Una deuda pendiente con los trabajadores de Espacios Educativos en Veracruz

En Veracruz, la lucha por los derechos laborales se libra muchas veces lejos de las grandes luces mediáticas, pero con un peso moral imposible de ignorar. La gestión de Carlos David Jácome Macías, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (SUTSIEEEV), es un ejemplo de esa batalla silenciosa que busca justicia para quienes han dedicado su vida al servicio público.

Desde que asumió la representación sindical, Jácome Macías ha sostenido un diálogo directo con la administración estatal. Su demanda central no es menor: la incorporación de los agremiados al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE). Este paso, más que un trámite administrativo, significaría asegurar una jubilación digna y cobertura social para decenas de trabajadores que han entregado décadas a la educación pública.

El sindicato agrupa hoy a 84 trabajadores activos, con historias que reflejan la precariedad de un sistema que ha negado derechos básicos. Algunos tienen hasta 29 años de servicio; otros son adultos mayores que continúan laborando, incluso con enfermedades degenerativas. El caso de quienes han llegado a los 82 años y siguen cumpliendo jornadas es una muestra del abandono institucional.

La respuesta negativa a esta incorporación no es nueva. Se arrastra desde gobiernos anteriores con el argumento de una limitación presupuestal. Sin embargo, la dirigencia sindical ha planteado una salida: una ampliación anual de 4 millones 552 mil 687.93 pesos para incorporar no solo a los actuales 84 empleados, sino a un total de 160 trabajadores activos del Instituto de Espacios Educativos.

Esta propuesta no se apoya en improvisaciones. El propio decreto de creación del IEEV, como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría de Educación, respalda la legitimidad de esta exigencia.

La situación se vuelve más grave al considerar el papel que el Instituto desempeña en la infraestructura educativa estatal. Quienes laboran en él no solo cumplen funciones técnicas o administrativas, sino que garantizan que miles de estudiantes cuenten con espacios dignos para aprender. Negarles una pensión adecuada contradice el discurso de justicia social.

Jácome Macías lo ha resumido con claridad: “Detrás de cada jornada cumplida hay sueños, familias y una vida entregada al trabajo. Merecen respeto, justicia y mejores condiciones laborales”. Esta no es una frase para el archivo sindical, sino un recordatorio de que la seguridad social es un derecho humano consagrado en la Constitución mexicana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El problema, como en muchos otros casos, no es la inexistencia de normas, sino la voluntad política para cumplirlas. La incorporación al IPE no debe verse como una concesión graciosa del gobierno, sino como el cumplimiento de una obligación pendiente.

La actual administración estatal, encabezada por Rocío Nahle García, tiene la oportunidad de cerrar una deuda histórica. Negarse a hacerlo no solo perpetuaría la injusticia, sino que enviaría un mensaje de insensibilidad hacia quienes sostienen la operación diaria de un organismo clave para la educación veracruzana.

En un contexto nacional donde se habla de dignificar el trabajo y proteger a los sectores más vulnerables, no hay espacio para postergar decisiones que afectan de manera directa la vida de los trabajadores y sus familias.

Este es un caso que trasciende lo laboral para insertarse en el ámbito de los derechos humanos. La edad avanzada de varios trabajadores, sus padecimientos y la precariedad en que se encuentran hacen urgente una resolución favorable.

Si el presupuesto es el obstáculo, el deber del gobierno es encontrar los mecanismos para superarlo. La justicia social no puede depender del margen contable de una administración.

En Veracruz, el respeto a los trabajadores del IEEV es también una prueba del compromiso gubernamental con los valores que dice defender. Cumplir con ellos no es solo un acto de coherencia política, sino de humanidad.

La historia juzgará si este sexenio eligió atender a quienes han construido el sistema educativo o si permitió que continuaran laborando en condiciones que niegan su derecho a un retiro digno.

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Congreso de la Union

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