Naucalpan, que lidera Isaac Montoya, a la cabeza en robo de combustible en el edomex

INEGI registra aumento de huachicol en zonas urbanas.


Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Durante el trimestre pasado, el municipio de Naucalpan, encabezado por Isaac Montoya, registró el mayor índice de robo de combustible en el Estado de México, según cifras del INEGI. Esta práctica, conocida como huachicol, preocupa al movimiento político de la Cuarta Transformación, al cual pertenece el alcalde.

El 5.7 por ciento de vecinos encuestados entre abril y junio de 2025 afirmó que presenció o supo de robo o venta ilegal de gasolina o diésel en las inmediaciones de su hogar. Esta información fue revelada en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

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De acuerdo con los datos oficiales, Naucalpan, que desde enero de 2025 está bajo el gobierno de Isaac Montoya, encabezó el listado estatal con más testimonios sobre actividades vinculadas al huachicol. Superó a municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Atizapán y Tlalnepantla.

Un trimestre antes, entre enero y marzo de 2025, el porcentaje fue inferior. Solo el 3.7 por ciento de los habitantes aseguró haber presenciado o escuchado sobre el robo o venta ilegal de combustibles en su zona.

Comparativo entre trimestres

El aumento del 2 por ciento en las percepciones ciudadanas respecto al huachicol en Naucalpan llamó la atención de las autoridades. Este fenómeno se ha convertido en uno de los principales retos del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador.

El robo de hidrocarburos, además de provocar pérdidas económicas al erario público, genera riesgos para la seguridad de las comunidades donde se realiza. Las explosiones, incendios y derrames han sido consecuencias directas de esta actividad.

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La Cuarta Transformación ha puesto énfasis en combatir este delito desde su origen. Para ello, implementó operativos en ductos, zonas de almacenamiento y puntos de distribución, en colaboración con la Guardia Nacional y Petróleos Mexicanos.

Postura del gobierno federal

En días recientes, la presidente Claudia Sheinbaum advirtió que se procederá contra cualquier funcionario involucrado con el robo de combustible. Durante una de sus conferencias matutinas, sostuvo que no habrá impunidad para quienes solapen o participen en esas acciones.

La mandataria fue enfática al señalar que tanto el poder ejecutivo federal como los gobiernos locales tienen la responsabilidad de actuar. “No importa si son alcaldes o legisladores, nadie está por encima de la ley”, puntualizó ante los medios.

Aunque no se refirió directamente al municipio de Naucalpan, la declaración se produjo días después de publicarse los resultados de la ENSU. Este contexto generó inquietud entre diversos actores políticos del Estado de México.

Supervisión y medidas preventivas

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si el gobierno municipal de Isaac Montoya ha emprendido acciones específicas para contener esta problemática. Sin embargo, el alza en los testimonios ciudadanos obliga a una revisión exhaustiva.

La Secretaría de Seguridad estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México podrían intervenir en las próximas semanas con operativos focalizados. Además, se contempla reforzar la inteligencia territorial para detectar puntos de extracción ilegal.

La población de Naucalpan ha manifestado preocupación por el impacto de estas actividades. Algunas colonias donde se ha reportado presencia constante de camiones y bidones sospechosos solicitaron mayor patrullaje.

Riesgos para la población civil

El robo de combustibles no solo representa un delito federal, también pone en riesgo la vida de quienes viven cerca de las tomas clandestinas. Explosiones como las de Tlahuelilpan, Hidalgo, siguen latentes en la memoria colectiva.

Especialistas en seguridad consideran que el aumento en los índices reportados por el INEGI debe tomarse como una alerta temprana. Han pedido que se investigue a fondo si existen redes organizadas que operan con complicidad de autoridades locales.

A pesar de las cifras, el gobierno federal ha insistido en que los esfuerzos contra el huachicol continúan. La colaboración entre instancias es clave para cerrar brechas de impunidad y garantizar el abasto legal de combustibles.

Tendencia al alza en el Edomex

El Estado de México ha sido históricamente una zona crítica para este tipo de delitos debido a la infraestructura de ductos que cruzan su territorio. Naucalpan, por su ubicación y desarrollo urbano, se vuelve vulnerable a estas operaciones ilícitas.

Organizaciones civiles que monitorean temas de seguridad han pedido transparencia en las cifras de tomas ilegales detectadas. También solicitaron que se informe cuántas personas han sido detenidas por este delito en los últimos meses.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) se elabora trimestralmente. Evalúa la percepción ciudadana sobre distintos delitos y hechos que afectan su entorno inmediato, como el robo de combustibles o la presencia de grupos armados.

Exhortan a mayor vigilancia

Ante el panorama revelado, legisladores del Congreso mexiquense urgieron a las autoridades municipales y estatales a reforzar la vigilancia. También pidieron que se proteja a quienes denuncien estas prácticas para evitar represalias.

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El gobierno federal aseguró que continuará con la estrategia de seguridad centrada en inteligencia, tecnología y trabajo comunitario. Se busca inhibir el robo desde el origen y garantizar la seguridad energética del país.

En caso de detectar actividades sospechosas, la población puede llamar de forma anónima al 911 o al número de denuncia ciudadana de Pemex. Las autoridades recordaron que colaborar con la justicia es una responsabilidad compartida. –sn–

Venta de gasolina en las calles de Venezuela

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Sheinbaum afirma que no debe haber linchamiento mediático sobre Adán Augusto

Sheinbaum respalda investigación sin encubrir a nadie. Niega protección a morenistas y rechaza linchamientos.


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum confirmó una reunión con Adán Augusto López, senador de Morena, y aseguró que ni su gobierno ni la Fiscalía General de la República (FGR) encubrirán a nadie, aunque pertenezcan al partido oficial. Aclaró también que se opone a los linchamientos mediáticos sin pruebas.

Durante su tradiccional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum abordó la presunta relación de Adán Augusto López con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, prófugo y acusado de liderar al grupo criminal La Barredora. Afirmó que las investigaciones seguirán su curso de manera autónoma.

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie, ni la Fiscalía”, puntualizó la mandataria, al subrayar que corresponde al Ministerio Público determinar responsabilidades con base en pruebas, no en especulaciones. También rechazó acusaciones sin sustento lanzadas desde medios o redes.

Aseguró que debe existir el mismo rigor probatorio tanto para sancionar a funcionarios como para deslindarlos públicamente. “Así como se deben presentar pruebas para imputar, también deben existir para acusar públicamente”, dijo.

Reunión con coordinadores parlamentarios

Sheinbaum explicó que el encuentro con Adán Augusto López se dio el lunes 14 de julio como parte de las reuniones periódicas que mantiene con los coordinadores legislativos, entre ellos Ricardo Monreal. Indicó que el propósito fue revisar la agenda legislativa federal.

Negó que dicha reunión tuviera como fin discutir o resolver temas personales o jurídicos. Aclaró que su carácter fue institucional y en el marco de trabajo legislativo ordinario. “Fue para revisar leyes aprobadas y pendientes”, puntualizó.

Sobre el caso Bermúdez, reiteró que corresponde a la FGR determinar si existe algún nexo con el senador, sin intervención del Ejecutivo. Confirmó que la Fiscalía mantiene la investigación abierta.

La presidente enfatizó que el gobierno federal respeta la autonomía del Ministerio Público y no presiona en ninguna dirección. “La justicia no puede estar supeditada ni a linchamientos ni a complicidades”, señaló.

Sin protección para nadie

Respecto a la posibilidad de que Adán Augusto López sea citado a declarar, Sheinbaum indicó que el propio senador manifestó su disposición para colaborar con las autoridades. “Si lo llaman, él va a presentarse”, afirmó.

El exsecretario de Gobernación también asistió al Consejo Político Nacional de Morena este domingo, donde algunos asistentes lo recibieron con gritos de “¡No estás solo!”. La presencia generó reacciones diversas dentro del partido.

En ese contexto, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, aclaró públicamente que no se encubrirán malas prácticas, ni se protegerá a militantes que incurran en actos ilícitos o colusión con el crimen.

Investigación continúa

Sheinbaum reiteró que no emitirá posicionamiento alguno hasta que existan elementos jurídicos concretos. Insistió en que su administración no encubre a funcionarios implicados en actos de corrupción o vínculos con la delincuencia organizada.

Al mismo tiempo, sostuvo que no tolerará linchamientos políticos sin sustento. “Tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de redes sociales”, expresó al recalcar su compromiso con la justicia y la presunción de inocencia.

Añadió que las instituciones deben actuar conforme a la ley y que el proceso contra Hernán Bermúdez debe esclarecer todos los posibles vínculos, sin importar filiaciones partidistas o pasados cargos públicos.

Concluyó que las reuniones con legisladores continuarán bajo su formato institucional y que ningún asunto judicial será negociado fuera de los canales formales de procuración de justicia. –sn–

Gerardo Fernandez noroña y Adan Augusto Lopez Hernandez

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Sheinbaum impulsa Ley General contra extorsión

Busca reforma constitucional para perseguir de oficio. Envía propuesta al Congreso.


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados con el objetivo de facultar al Congreso para expedir una Ley General contra la extorsión. La medida permitirá perseguir este delito de oficio en todo el país.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que la propuesta contempla primero la modificación constitucional y posteriormente la expedición de la nueva legislación. Aseguró que todas las fuerzas políticas deberían coincidir en respaldar la medida.

“Ya no descanse en la víctima la denuncia, le estamos quitando a la víctima ese peso”, expresó. Añadió que el Estado mexicano asumirá la responsabilidad de perseguir el delito y que la extorsión afecta a toda la población.

Nueva facultad para el Congreso

La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, informó que la iniciativa propone reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso A de la Constitución. Dicha modificación otorgará al Congreso la facultad para legislar sobre el delito de extorsión.

Actualmente, el artículo permite expedir leyes generales sobre delitos como secuestro, desaparición forzada, trata de personas y tortura. La nueva redacción incluiría la extorsión, permitiendo establecer un tipo penal único, con agravantes y sanciones uniformes.

Godoy Ramos indicó que la ley servirá para prevenir, investigar y sancionar de forma homogénea el delito en todo el territorio nacional, y estará alineada con las leyes estatales respectivas.

Sistema nacional de inteligencia

La propuesta, según la consejera jurídica, se encuentra respaldada por la recién expedida Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que sentó las bases para una nueva estrategia contra la delincuencia organizada.

La ley refuerza la coordinación entre autoridades y permitirá integrar acciones más eficaces para atender delitos como la extorsión, que han afectado de manera creciente a negocios, transportistas, productores y ciudadanos.

Extorsión con impacto nacional

Durante la presentación, Claudia Sheinbaum enfatizó que la extorsión es un problema que trasciende niveles económicos o regionales. Señaló que el fenómeno afecta a pequeñas y medianas empresas, al comercio informal, e incluso a estudiantes y familias.

Destacó que la persecución de oficio permitirá liberar a las víctimas del temor de denunciar, y aumentará la eficacia del Estado en la aplicación de justicia.

Coordinación con entidades federativas

Con la Ley General contra la extorsión, los congresos estatales deberán armonizar sus legislaciones locales conforme al modelo federal. La meta, explicó Godoy Ramos, es evitar vacíos legales y garantizar una respuesta uniforme.

Indicó que la legislación contendrá mecanismos de protección para víctimas y testigos, así como la integración de datos en el sistema nacional de inteligencia criminal.

Aprobación esperada este año

Sheinbaum Pardo manifestó que su gobierno buscará aprobar tanto la reforma constitucional como la ley secundaria durante el presente año legislativo.

Confió en que los grupos parlamentarios apoyarán la propuesta por tratarse de una demanda social ampliamente reconocida. “No veo por qué nadie no esté de acuerdo”, declaró.

Reacción de organismos civiles

Diversas organizaciones sociales han solicitado durante años una legislación nacional contra la extorsión. Las quejas sobre amenazas, cobros ilegales, extorsión telefónica y cobro de piso han crecido en sectores productivos.

https://sociedad-noticias.com/2025/07/08/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-martes-08-de-julio-2025/

La posibilidad de que el Estado investigue de oficio se considera un avance, especialmente en regiones donde persisten condiciones de miedo o control por parte del crimen organizado.

Delito con alta incidencia

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que la extorsión ha mantenido una tendencia al alza durante los últimos años.

Durante 2024 se registraron más de 10 mil carpetas de investigación por este delito, aunque analistas estiman una cifra negra de hasta el 90 por ciento. –sn–

delitos ciber

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