Imponen 40 años de prisión a elementos de la Semar por desaparición de joven en 2015

Juez federal dicta sentencia por desaparición en Veracruz. Cinco marinos reciben 40 años de prisión.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Un juez federal impuso condena histórica por desaparición forzada en “Blindaje Coatzacoalcos”. Ordenó también reparación integral.

La justicia federal sentenció a 40 años de prisión a cinco integrantes de la Secretaría de Marina. La resolución respondió a su participación en la desaparición de Jacob Vicente Jiménez González en 2015. La detención ocurrió durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos, implementado hace una década.

El hecho ocurrió el 25 de septiembre de 2015, cuando Jacob circulaba por un retén de seguridad. En el punto de control estuvieron presentes los elementos navales ahora sentenciados. La decisión judicial cerró un proceso que permaneció abierto durante casi diez años.

Belén González Medrano, madre de Jacob, señaló a los cinco marinos como responsables desde los primeros meses. Tras años de exigencias, la justicia le dio la razón. El fallo reconoció la existencia de desaparición forzada y estableció sanción ejemplar.

Condena histórica

Los militares condenados fueron Feliciano «N», Anáhuac «N», Héctor Emanuel «N», Miguel Ángel «N» y Pedro Iván «N». El juez encontró pruebas suficientes que acreditaron su responsabilidad. La sentencia fue calificada como “sin precedente” por la madre del joven.

En palabras de Belén González, el fallo significó un avance crucial para cientos de familias. Afirmó que mantuvo viva la exigencia durante años, sin respaldo oficial. Agradeció a colectivos y abogados por acompañar su lucha.

El juez también ordenó medidas complementarias de reparación integral. Las fuerzas estatales implicadas deberán asumir responsabilidad institucional. Tanto la Policía Naval como la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz fueron citadas.

El reconocimiento institucional forma parte de las garantías de no repetición. Además, las dependencias deberán emitir disculpas públicas. El fallo busca prevenir futuras violaciones a derechos humanos.

Obligaciones del Estado

La sentencia incluyó también atención directa a los familiares de Jacob. El juez instruyó a brindar apoyo psicológico y psiquiátrico inmediato. Dichos servicios deberán otorgarse de forma gratuita y sin demoras.

La atención médica deberá mantenerse durante el periodo que los familiares requieran. Además, el Estado deberá indemnizar por daño material e inmaterial. El resarcimiento cubrirá un periodo inicial de un año.

La decisión fue notificada a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada. La instancia fue requerida para continuar con la búsqueda efectiva de Jacob. A pesar de la condena, el paradero del joven sigue sin esclarecerse.

La Fiscalía deberá reforzar las líneas de investigación abiertas. El fallo impuso un plazo de cumplimiento inmediato. El proceso no se cerrará hasta que se localice a la víctima.

Justicia para Jacob

La familia de Jacob calificó el fallo como un paso en la dirección correcta. Señaló que la condena no devolvió a su ser querido, pero representó alivio. Reconoció el dolor acumulado durante casi una década de impunidad.

El caso evidenció la complicidad institucional en operativos de seguridad. También mostró la importancia de las denuncias persistentes de las familias. El proceso judicial se acompañó de múltiples acciones legales y mediáticas.

Organizaciones civiles exigieron que la sentencia no quede aislada. Llamaron al gobierno federal a revisar operativos similares en todo el país. Argumentaron que casos como el de Jacob no son hechos aislados.

La desaparición forzada representa una de las principales violaciones a derechos humanos en México. Diversos organismos internacionales han emitido recomendaciones al respecto. La justicia mexicana enfrenta presión para responder a estas exigencias. –sn–

Infantes de Marina en vías ferroviarias

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