Senado aprueba Ley General contra la extorsión
Senado avaló nueva ley y legisladores alertaron impacto nacional.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El pleno del Senado aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual homologó el tipo penal en el país, y aumentó hasta 42 años las penas aplicables. La votación registró 110 sufragios a favor en la sesión ordinaria. El dictamen incorporó ajustes técnicos que ampliaron su alcance operativo.
Debido a modificaciones introducidas por los senadores, la minuta regresará a la Cámara de Diputados, cuyo presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que se “allanarán” a los cambios. La decisión legislativa mantuvo el trámite ordinario de revisión. La colegisladora confirmó que la aprobará tal como quedó modificada.
En el debate, legisladores de distintos partidos reconocieron la gravedad del delito en el territorio nacional, y expusieron su efecto directo en la economía. Algunos senadores revelaron que también fueron víctimas de extorsionadores. Las intervenciones marcaron coincidencias sobre la necesidad de fortalecer capacidades institucionales.
Recursos y exigencias
Los grupos parlamentarios del PAN, MC y PRI votaron a favor, aunque solicitaron recursos para implementar la Ley. Las bancadas advirtieron que sin presupuesto no se lograrían los objetivos planteados. Los posicionamientos incluyeron llamados a revisar las capacidades estatales.
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Murguía, señaló que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la extorsión fue el segundo delito más cometido en el país. La legisladora subrayó que la cifra negra alcanzó 97%. Sus declaraciones retomaron comparaciones con el robo en vía pública y transporte.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que el incremento de casos respondió a una debilidad institucional. La legisladora indicó que se requerían presupuesto, fortalecimiento policial y capacidad ministerial. También mencionó que los gobernadores necesitaban voluntad política para atender el problema.
Cambios aprobados
Entre los ajustes aprobados destacó la prohibición de beneficios de libertad anticipada para personas sentenciadas por extorsión. El dictamen indicó que tampoco procedería la conmutación o sustitución de pena ni preliberaciones previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Las restricciones fueron incluidas para delimitar claramente el régimen sancionador.
El documento estableció que quien introdujera o intentara introducir dispositivos electrónicos a centros de readaptación social enfrentaría penas de seis a 12 años de prisión. La disposición abarcó tecnología análoga, telefonía, radiofrecuencia, internet o mecanismos satelitales. La previsión buscó cerrar vías de comunicación ilícitas desde cárceles.
El Pleno discutirá el dictamen este miércoles, conforme a lo previsto en la agenda legislativa. Las comisiones involucradas informaron que se cumplió el proceso de deliberación. La Junta de Coordinación Política confirmó que mantendrá el trámite sin modificaciones adicionales. –sn–
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