Condenan a ex director de la policía de Acambay

Fiscalía del Edomex obtuvo condena y excomisario acumuló procesos.


Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

El operativo denominado Operación Enjambre registró una nueva condena luego de que la Fiscalía del estado de México informó que logró un fallo por extorsión contra el ex comisario Eulises González Hernández. La autoridad estatal señaló que el proceso avanzó conforme a las pruebas recabadas. También indicó que la investigación integró declaraciones y análisis periciales.

El juez responsable del caso emitió el fallo de condena tras valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía mexiquense. La autoridad judicial fijó para el viernes 21 de noviembre la audiencia de individualización de sanciones. El expediente quedó bajo supervisión del Poder Judicial estatal.

Las instituciones investigadoras precisaron que la resolución formó parte del conjunto de acciones abiertas dentro de la Operación Enjambre. La Fiscalía detalló que la carpeta incluyó delitos cometidos presuntamente en Acambay. El Ministerio Público reiteró que mantuvo seguimiento en cada una de las líneas de investigación.

Investigación del caso

Las indagatorias establecieron que en junio de 2024 Eulises González Hernández contrató a varias personas para trabajos diversos. Para agosto de ese mismo año, les ordenó vigilar una pollería en Acambay y ejecutar el “levantamiento” del dueño del establecimiento. La Fiscalía señaló que esa instrucción constituyó el inicio del delito investigado.

El excomisario entregó armas de fuego a las víctimas para la ejecución del ilícito. Las personas contratadas se negaron a acatar las órdenes al identificar el carácter delictivo de la instrucción. Según la carpeta, el excomisario los amenazó con enviarlos a prisión y causar daño a sus familias.

Las autoridades documentaron testimonios y pruebas que confirmaron la coerción ejercida por el excomisario. El expediente integró registros sobre los roles asignados por el acusado. Asimismo, la Fiscalía indicó que estos elementos resultaron determinantes para sostener la acusación.

Antecedentes penales

La Fiscalía del Estado de México recordó que Eulises González Hernández ya contaba con una sentencia previa de 68 años y 6 meses por desaparición forzada. Ese caso se relacionó con el excomisario de Seguridad Pública de Temascalcingo Agustín “N” y su escolta Juan Carlos “N”. La autoridad señaló que la nueva condena se sumó al historial delictivo del acusado.

El Ministerio Público registró que los hechos previos también formaron parte de investigaciones amplias sobre abusos cometidos por mandos policiales. La institución detalló que ambos casos implicaron uso de autoridad y violencia. Los expedientes permanecieron en seguimiento dentro del programa estatal de control interno.

La Fiscalía mexiquense reiteró que las sentencias acumuladas mostraron la gravedad de los hechos. Las autoridades indicaron que las resoluciones se obtuvieron mediante procedimientos formales. Los jueces resolvieron con base en pruebas verificadas. –sn–

Eulises González Hernández

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🚨 La Policía Estatal rescató a dos estudiantes víctimas de secuestro virtual en San Pedrito Peñuelas.
La rápida reacción evitó un delito y permitió su regreso seguro.
Mantente alerta y denuncia cualquier llamada sospechosa.
#Seguridad #Querétaro #PolicíaEstatal #Extorsión
Más información en: www.amanecerqro.com

https://amanecerqro.com/policia-estatal-rescata-a-dos-estudiantes-victimas-de-secuestro-virtual/

Policía Estatal rescata a dos estudiantes víctimas de secuestro virtual - Amanecer Querétaro

Policía Estatal rescata a dos estudiantes víctimas de secuestro virtual en Querétaro y emite recomendaciones para prevenir extorsiones telefónicas.

Amanecer Querétaro

Senado aprueba Ley General contra la extorsión

Senado avaló nueva ley y legisladores alertaron impacto nacional.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El pleno del Senado aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual homologó el tipo penal en el país, y aumentó hasta 42 años las penas aplicables. La votación registró 110 sufragios a favor en la sesión ordinaria. El dictamen incorporó ajustes técnicos que ampliaron su alcance operativo.

Debido a modificaciones introducidas por los senadores, la minuta regresará a la Cámara de Diputados, cuyo presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que se “allanarán” a los cambios. La decisión legislativa mantuvo el trámite ordinario de revisión. La colegisladora confirmó que la aprobará tal como quedó modificada.

En el debate, legisladores de distintos partidos reconocieron la gravedad del delito en el territorio nacional, y expusieron su efecto directo en la economía. Algunos senadores revelaron que también fueron víctimas de extorsionadores. Las intervenciones marcaron coincidencias sobre la necesidad de fortalecer capacidades institucionales.

Recursos y exigencias

Los grupos parlamentarios del PAN, MC y PRI votaron a favor, aunque solicitaron recursos para implementar la Ley. Las bancadas advirtieron que sin presupuesto no se lograrían los objetivos planteados. Los posicionamientos incluyeron llamados a revisar las capacidades estatales.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Murguía, señaló que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la extorsión fue el segundo delito más cometido en el país. La legisladora subrayó que la cifra negra alcanzó 97%. Sus declaraciones retomaron comparaciones con el robo en vía pública y transporte.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que el incremento de casos respondió a una debilidad institucional. La legisladora indicó que se requerían presupuesto, fortalecimiento policial y capacidad ministerial. También mencionó que los gobernadores necesitaban voluntad política para atender el problema.

Cambios aprobados

Entre los ajustes aprobados destacó la prohibición de beneficios de libertad anticipada para personas sentenciadas por extorsión. El dictamen indicó que tampoco procedería la conmutación o sustitución de pena ni preliberaciones previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Las restricciones fueron incluidas para delimitar claramente el régimen sancionador.

El documento estableció que quien introdujera o intentara introducir dispositivos electrónicos a centros de readaptación social enfrentaría penas de seis a 12 años de prisión. La disposición abarcó tecnología análoga, telefonía, radiofrecuencia, internet o mecanismos satelitales. La previsión buscó cerrar vías de comunicación ilícitas desde cárceles.

El Pleno discutirá el dictamen este miércoles, conforme a lo previsto en la agenda legislativa. Las comisiones involucradas informaron que se cumplió el proceso de deliberación. La Junta de Coordinación Política confirmó que mantendrá el trámite sin modificaciones adicionales. –sn–

Pleno del Senado | @SociedadN_

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Detenidos dos jóvenes tras un robo violento y extorsión por un patinete en Palma

La Policía Nacional de Palma ha detenido a dos jóvenes tras un violento asalto ocurrido en la madrugada del sábado en el barrio de Son Gotleu. La víctima, un hombre que circulaba en su patinete por la calle Indalecio Prieto, fue rodeado por un grupo de siete jóvenes de origen magrebí. Tras propinarl... [Ver más]

Detenidos dos jóvenes tras un robo violento y extorsión por un patinete en Palma

Lo que pasa es el resultado de un sistema que deja de lado a los más desfavorecidos. No es jungla, es pobreza.

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Detenidos dos jóvenes tras un robo violento y extorsión por un patinete en Palma

Esto es lo que pasa cuando no hay ley ni orden, pura jungla urbana. Asco.

[Ver comentario original]

Detienen a extorsionadores de choferes en la Gustavo A Madero

Los testimonios refirieron que los presuntos responsables exigieron dinero a cambio de no causar daño. La policía indicó que esa modalidad de extorsión generó temor entre los operadores.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Los informes policiales señalaron que un grupo identificado como “Los Negros” exigió cuotas a choferes del transporte público en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo que provocó múltiples denuncias formales. Las autoridades capitalinas precisaron que las amenazas ocurrieron en diversas bases de ruta. Elementos de seguridad confirmaron que la presión económica afectó la operación cotidiana de los conductores.

Las declaraciones de los choferes establecieron que los agresores se presentaron de manera constante en puntos de ascenso y descenso. Los testimonios refirieron que los presuntos responsables exigieron dinero a cambio de no causar daño. La policía indicó que esa modalidad de extorsión generó temor entre los operadores.

Los agentes recibieron una denuncia directa en la que conductores detallaron la forma en que los sujetos actuaron. Los reportes señalaron que los acusados amedrentaron a los trabajadores para obtener pagos diarios. Las autoridades informaron que se abrió la investigación correspondiente.

Modus operandi

La investigación policial refirió que “El Karín”, identificado como Mauricio Constantino, de 34 años, encabezó las exigencias. Los documentos oficiales indicaron que actuó junto con Ramsés Ismael, alias “El Ramas”, y Edwin Armando, ambos de 18 años. Las autoridades establecieron que los tres se presentaron en paradas concurridas para presionar a los conductores.

Los informes señalaron que los sujetos utilizaron una libreta para registrar a cada chofer. Las autoridades informaron que las rutas afectadas conectaron Indios Verdes con la zona de Martín Carrera. Los choferes declararon que entregaron dinero para evitar agresiones físicas.

La policía indicó que las denuncias formales activaron un operativo de rastreo. Los agentes reportaron que la búsqueda se extendió por varios días en colonias cercanas. Los datos de investigación mencionaron que la zona de Residencial Zacatenco fue clave para la localización.

Captura de los sospechosos

Los agentes informaron que los tres acusados acudieron nuevamente a la avenida Insurgentes Norte. La policía indicó que los sujetos se aproximaron a choferes que estaban en turno. Los uniformados señalaron que identificaron plenamente a los presuntos responsables.

El parte oficial precisó que los sujetos fueron detenidos en el sitio. La policía aseguró que portaban dinero en efectivo, seis teléfonos celulares y la libreta usada para el control de pagos. Las autoridades confirmaron que se puso a los detenidos bajo resguardo.

Los choferes afectados acudieron a la autoridad ministerial para reconocer a los sospechosos. La Fiscalía capitalina informó que los testimonios fueron integrados a la carpeta de investigación. El Ministerio Público determinó la continuación del debido proceso correspondiente. –sn–

Sociedad Noticias

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El Proxy

Coyoacán separa a funcionarios que extorsionaban a comerciantes

Roberto Puga Quintero y David Axell Magaña Benítez entre los funcionarios que dene responder a las denuncias públicas.


Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán, separó de sus cargos a los funcionarios públicos, ventilados este lunes por el diario Reforma, que extorsionaban a comerciantes en esta demarcación.

En un comunicado, la alcaldía informó que no se tolerarían actos ilegales y que ningún funcionario tendría permiso para incurrir en acciones contrarias a la ley. La administración de Gutiérrez Aguilar agregó que actuó conforme a protocolos internos. Las autoridades recalcaron que la estructura operativa permaneció bajo supervisión.

Asimismo, la alcaldía indicó que fueron separados del cargo los funcionarios mencionados para que avanzaran las investigaciones correspondientes y para permitir que las instancias competentes determinaran responsabilidades. El comunicado subrayó que la medida se aplicó de forma inmediata. La administración sostuvo que garantizó condiciones para las indagatorias.

Afirmó que mantuvo disposición para colaborar con cualquier investigación derivada de los señalamientos publicados y que trabajó en estricto apego a la ley para facilitar la intervención de autoridades externas. El gobierno local aseguró que entregó información cuando fue solicitada. La dependencia reiteró que su postura institucional permaneció abierta.

Denuncias de comerciantes

Este lunes, el periódico Reforma informó que comerciantes establecidos en la Alcaldía Coyoacán denunciaron extorsiones presuntamente cometidas por servidores públicos, de acuerdo con testimonios obtenidos por el medio. Las declaraciones señalaron que hubo solicitudes de pagos irregulares. Las acusaciones fueron dirigidas a personal de verificación.

Uno de los comerciantes, cuya identidad se reservó por seguridad, relató que personal de la Dirección de Verificación Administrativa acudió para indicar que debía actualizar documentos como licencias de uso de suelo y protección civil. Según la narración, fue citado al día siguiente en oficinas de la alcaldía. “En la plática, el director le explicó que para evitar la intervención del Invea […] podía regularizarse con un pago de 200 mil pesos en efectivo”, indicó el medio.

De acuerdo con su testimonio, el director Roberto Puga Quintero pidió que el comerciante dejara su teléfono fuera de la oficina antes de la conversación y que el pago propuesto no tendría recibo. El relato añadió que otros negocios habrían pagado cifras mayores para regularizar trámites. La denuncia apuntó a un esquema de cobros sin comprobación. El caso quedó sujeto a investigación.

Roberto Puga Quintero

Segundo testimonio

Otro comerciante declaró que recibió un oficio para presentar documentación y que después fue citado en instalaciones de la alcaldía ubicadas en Plaza Hidalgo. La persona indicó que fue atendida por el subdirector David Axell Magaña Benítez. Según su relato, se le informó que su uso de suelo estaba vencido. El testigo señaló que se le advirtió sobre posibles clausuras.

David Axell Magaña Benítez

En su declaración, el comerciante afirmó que se le solicitó un pago inicial de 10 mil pesos y mensualidades posteriores de entre 4 y 6 mil pesos mientras completaba trámites. El testimonio añadió que se le aseguró protección ante una eventual visita del Invea. El presunto esquema fue descrito como una vía para evitar sanciones. El denunciante sostuvo que los cobros continuaron.

El pago inicial habría sido entregado en efectivo en oficinas de la alcaldía, de acuerdo con el relato difundido. El comerciante manifestó que fue citado en múltiples ocasiones después de esa fecha. Las acusaciones coincidieron con el patrón descrito en el primer testimonio. Ambos casos fueron presentados como parte de una práctica reiterada. –sn–

Personal de Coyoacna en la calle

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