Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Teocaltiche y Nochistlán, en el foco de Harfuch

La presión federal sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación ha comenzado a cerrar la pinza en una de las regiones más críticas del occidente del país…

Por Raúl García Araujo                                            

… la franja que integran Teocaltiche y Villa Hidalgo, en Jalisco, junto con Nochistlán y Apulco, en Zacatecas, donde durante años el crimen organizado no solo ha disputado territorio, sino también control social y político.

Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afina los últimos detalles para activar en esa zona la denominada “Operación Enjambre”, una estrategia de gran calado que va mucho más allá de los golpes tradicionales contra objetivos criminales.

El objetivo real, según el diseño federal, es desarticular simultáneamente las estructuras operativas del CJNG y las redes de protección política, policial y administrativa que han permitido su expansión y permanencia.

Dentro del Gabinete de Seguridad existe la convicción de que el fortalecimiento del grupo criminal no puede explicarse sin la existencia de presuntas complicidades institucionales en niveles municipales y estatales.

Por ello, las indagatorias en curso en la Fiscalía General de la República apuntan hacia servidores públicos que habrían facilitado operaciones, filtrado información sensible y garantizado cobertura a integrantes del crimen organizado.

En el centro de esta ofensiva aparece la figura de Gerardo González Ramírez, alias “El Geras”, identificado como uno de los principales operadores regionales del CJNG y objetivo prioritario dentro de la estrategia federal.

Su presencia en la región ha sido clave para la articulación de un corredor criminal dedicado al cobro de piso, desapariciones, tráfico de armas, drogas y homicidios.

Fuentes de seguridad señalan que “El Geras” habría logrado sostener su operación durante años gracias a una red de halcones y filtraciones institucionales que le permitían anticiparse a los operativos federales en municipios clave como Teocaltiche, Villa Hidalgo, Nochistlán y Apulco.

Esa capacidad de evasión no se explica únicamente desde la lógica criminal, sino también desde la penetración de estructuras de poder local.

En ese contexto, la “Operación Enjambre” busca ejecutar un golpe simultáneo y quirúrgico que rompa la arquitectura completa de protección del CJNG en la región.

No se trata únicamente de capturar líderes criminales, sino de desmontar el sistema que les ha permitido operar con ventaja frente al Estado.

El enfoque de esta estrategia, impulsada por García Harfuch, ha sido descrito dentro del propio entorno federal como una operación de inteligencia, contención y judicialización que ya ha mostrado resultados en otras entidades, donde han caído funcionarios municipales y operadores criminales vinculados a esquemas de extorsión y corrupción.

En ese sentido, la lectura política dentro del Gobierno federal es clara: sin romper los vínculos entre criminalidad y estructuras institucionales, cualquier avance sería parcial. De ahí el énfasis en cerrar la pinza sobre el conjunto del ecosistema criminal, no solo sobre sus figuras visibles.

Fuentes consultadas en el entorno de seguridad reconocen además que estas acciones han generado un alto nivel de aceptación en sectores de la población que durante años han vivido bajo presión permanente del crimen organizado, con dinámicas de control territorial, miedo y desplazamiento.

El principio que guía esta ofensiva es el llamado “cierre de pinza”: golpear simultáneamente la estructura criminal y sus posibles redes de protección institucional. Sin esa doble acción, advierten en el Gabinete de Seguridad, el crimen organizado mantiene capacidad de regeneración.

En ese marco, la “Operación Enjambre” no solo representa una ofensiva contra el CJNG, sino una redefinición del control del Estado en territorios donde, durante años, la autoridad fue rebasada por estructuras criminales que operaron con margen de maniobra casi absoluto.

En Cortito

Nos cuentan que el estado de México fue escenario de uno de los golpes más relevantes contra estructuras del crimen organizado que operan bajo fachada de organizaciones sociales, tras la detención de David “N”, alias “El Deivid” y/o “El Chino”, identificado como principal generador de violencia del grupo denominado “La Chokiza”.

La operación fue ejecutada de manera coordinada entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes Rodríguez, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo que permitió cumplimentar una orden de aprehensión en contra del presunto líder criminal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“La Chokiza” ha sido señalada como un grupo de choque con operación en municipios como Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Zumpango y Tultepec, con actividades vinculadas a la extorsión, el despojo, el narcomenudeo, el secuestro y el homicidio, además de mantener presuntos vínculos con otras organizaciones criminales que operan en la región del Valle de México.

Por ello, la detención de este presunto generador de violencia representa un golpe de alto impacto que, de acuerdo con fuentes de seguridad, refleja el fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, bajo la conducción de José Luis Cervantes Rodríguez.

En este contexto, este tipo de acciones se perfilan como un factor clave dentro de la estrategia de combate a estructuras delictivas que durante años operaron con relativa impunidad, al amparo de redes híbridas entre el control territorial, la violencia y la simulación de organización social en el Valle de México.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Nacho Mier contra la memoria

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Nacho Mier contra la memoria

Hay principios políticos que definieron al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador desde sus orígenes: la lealtad, el reconocimiento a quienes acompañaron el proyecto y la congruencia personal dentro del servicio público.

Por Raúl García Araujo                                            

López Obrador jamás ocultó ni negó a quienes caminaron con él desde la conquista de la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal hasta la Presidencia de la República.

Por el contrario, siempre reconoció públicamente a quienes fueron parte de la construcción del movimiento.

Ahí permanecen figuras como la presidente Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez o su histórico vocero César Yáñez, todos parte de un equipo político que nunca fue desconocido ni borrado de la historia del obradorismo.

Y es precisamente bajo esa lógica donde hoy surgen cuestionamientos hacia el senador de Morena Ignacio Mier Velazco, luego de los señalamientos hechos por Natalia Suárez del Real, delegada del Bienestar en Puebla, quien no sólo lo acusa de violencia política de género, sino que además sostiene que existen registros públicos, reuniones y eventos donde fue presentada como parte del círculo cercano del legislador poblano.

Suárez del Real asegura incluso que distintas personas fueron testigos de su participación política dentro del equipo de Mier.

Y ahí es donde aparece el debate de fondo: la memoria política y la responsabilidad ética que debe acompañar a quienes hoy ocupan posiciones relevantes dentro del servicio público.

Porque una cosa es que existan diferencias personales o políticas y otra muy distinta intentar desconocer relaciones, respaldos o colaboraciones que fueron públicas y visibles dentro de una estructura política.

López Obrador nunca actuó de esa manera. Nunca negó a quienes estuvieron cerca de él cuando el movimiento apenas se abría paso en medio de la adversidad política y electoral.

Hacerlo habría significado traicionar no solamente principios políticos, sino valores éticos y humanos que el propio expresidente colocó constantemente sobre la mesa pública.

Por eso el caso de Ignacio Mier inevitablemente genera comentarios dentro de Morena y entre quienes observan la evolución del movimiento.

No se trata únicamente de una disputa interna o de una diferencia entre actores políticos; el tema toca uno de los principios que dieron identidad al obradorismo: la congruencia con quienes ayudaron a construir el proyecto.

Más aún en un momento donde Morena enfrenta nuevos equilibrios de poder, definiciones rumbo al futuro y la exigencia pública de mantener los principios que durante años distinguieron al movimiento.

Porque algo que jamás habría hecho Andrés Manuel López Obrador era borrar políticamente a quienes lo acompañaron en los momentos difíciles sólo porque el poder cambió de manos o las circunstancias se modificaron.

Y justamente ahí es donde algunos senadores morenistas parecen estar perdiendo de vista el origen del movimiento que hoy representan: la lealtad, la congruencia y la memoria como principios básicos del servicio público.

En Cortito

Nos cuentan que Cuernavaca comienza a consolidar una de las transformaciones financieras más importantes de su historia reciente.

El gobierno municipal encabezado por José Luis Urióstegui Salgado logró liquidar 363 millones 878 mil pesos en créditos fiscales heredados de administraciones anteriores, dejando al Ayuntamiento sin pasivos fiscales activos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El dato no solamente tiene relevancia contable; representa un cambio de fondo en la estabilidad financiera de la capital morelense.

Durante años, los adeudos por retenciones de ISR no enteradas al SAT entre 2011, 2015 y 2021 se convirtieron en una pesada carga que limitó la capacidad operativa del municipio y frenó proyectos de desarrollo.

Hoy, la historia comienza a ser distinta.

El tesorero municipal, Javier Arozarena Salazar, confirmó que el pago más fuerte se realizó entre agosto y diciembre de 2025, periodo en el que fueron cubiertos más de 271 millones de pesos. Finalmente, el pasado 8 de mayo, el SAT notificó oficialmente que Cuernavaca ya no tiene créditos fiscales activos.

Las cifras reflejan algo más profundo: una administración que logró recuperar capacidad financiera y fortalecer la confianza ciudadana.

La recaudación municipal pasó de mil 492 millones de pesos en 2021 a dos mil 547 millones 744 mil pesos en 2025, mientras que el pago anticipado del predial y servicios públicos aumentó de 196 millones 835 mil pesos en 2022 a 279 millones 951 mil pesos en 2026.

Detrás de esos números existe una realidad evidente: más ciudadanos están cumpliendo con sus contribuciones porque observan orden administrativo, estabilidad y una ciudad en movimiento, gracias al trabajo del presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Intrigas contra la cooperación bilateral

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Asesinaron a 10 personas dentro de una vivienda en zona rural de México

https://fed.brid.gy/r/https://www.elnacional.com/2026/05/asesinaron-a-10-personas-dentro-de-una-vivienda-en-zona-rural-de-mexico/

Un ataque armado en Tehuitzingo, Puebla, dejó 10 personas muertas, entre ellas una menor de edad. Autoridades investigan el caso y desplegaron un operativo con fuerzas estatales y federales.

#Puebla #Tehuitzingo #Seguridad #ViolenciaMexico

https://updateme.news/nacional/ataque-armado-en-tehuitzingo-puebla-deja-10-muertos/?utm_source=mastodon&utm_medium=jetpack_social

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Intrigas contra la cooperación bilateral

Hay historias que no sólo buscan informar, sino sembrar desconfianza.

Por Raúl García Araujo                                            

La difundida por CNN sobre una supuesta participación de la CIA en un atentado ocurrido en Tecámac, estado de México, parece encajar más en esa lógica de tensión política y diplomática que en un ejercicio serio de investigación periodística.

Porque detrás de la estridencia mediática y las versiones filtradas, lo que realmente aparece es un intento por golpear la relación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, justo en un momento en que ambos gobiernos han intensificado la coordinación para enfrentar al crimen organizado transnacional.

La narrativa es delicada: agentes de la CIA ejecutando operaciones letales en territorio mexicano contra presuntos integrantes del narcotráfico.

Una acusación de ese tamaño no sólo impacta en la opinión pública, también amenaza con erosionar la confianza institucional construida en los últimos meses entre ambas naciones.

Por eso fue contundente la reacción del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien rechazó categóricamente cualquier insinuación sobre operaciones encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en México.

Y Harfuch no habló al vacío.

Desde el inicio de la actual estrategia bilateral, el titular de la SSPC y el gabinete de seguridad federal han sostenido encuentros permanentes con autoridades estadounidenses para construir mecanismos conjuntos de combate al tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y operación de grupos criminales en ambos lados de la frontera.

Ha habido reuniones de alto nivel, intercambio de inteligencia, coordinación operativa y acuerdos específicos para atacar estructuras financieras y logísticas de los cárteles. Todo dentro de un marco institucional y bajo reglas claras de cooperación.

Eso explica por qué la versión difundida por CNN provocó incomodidad tanto en México como en Estados Unidos.

La propia CIA salió rápidamente a desmentir la publicación. Su vocera, Liz Lyons, calificó el reporte como “falso y sensacionalista”, e incluso advirtió que este tipo de narrativas terminan favoreciendo a los cárteles.

Y no le falta razón.

Cuando se pretende instalar la idea de que agencias estadounidenses operan clandestinamente en México, lo que se busca es dinamitar políticamente la cooperación bilateral en seguridad, justo cuando ésta comienza a mostrar resultados relevantes.

Basta revisar los recientes decomisos de droga sintética, los aseguramientos de laboratorios clandestinos, las detenciones de objetivos prioritarios y el combate al tráfico ilegal de armas para entender que existe una coordinación activa entre ambos gobiernos.

Pero esa cooperación tiene límites claros: la soberanía mexicana.

Por eso el mensaje de Harfuch fue quirúrgico. Sí a la colaboración; no a la subordinación.

En el fondo, lo que está ocurriendo es una batalla por el control de la narrativa.

Hay sectores —políticos, criminales y mediáticos— a los que no les conviene una relación sólida entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

La razón es simple: cuando ambos gobiernos trabajan coordinadamente, las estructuras criminales pierden margen de maniobra.

Y en tiempos donde la desinformación también es un arma, no parece casual que aparezcan versiones espectaculares justo cuando se fortalecen los operativos binacionales contra el crimen organizado.

La pregunta es quién gana tratando de confrontar a dos gobiernos que hoy, más allá de las diferencias políticas, entendieron que la seguridad regional ya no puede combatirse de manera aislada.

En Cortito

Nos cuentan que el fiscal del estado de México, José Luis Cervantes Martínez, lanzó un posicionamiento firme, directo y sin concesiones contra CNN por la difusión de información relacionada con los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo de 2026, donde murieron dos personas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechazó de manera contundente que haya informado a la cadena internacional que “un artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo”, como se difundió públicamente.

El mensaje no dejó espacio para interpretaciones: la autoridad mexiquense desmintió la versión y defendió la conducción institucional de la investigación.

La postura del fiscal no fue menor. En lugar de optar por una aclaración tibia o diplomática, José Luis Cervantes Martínez decidió confrontar de frente una narrativa mediática que considera incorrecta y anticipada.

El tono del comunicado mostró a una Fiscalía decidida a marcar límites y a dejar claro que no aceptará conclusiones adelantadas mientras la indagatoria siga abierta.

La dependencia sostuvo que la investigación continúa en curso y que hasta el momento no existe una conclusión definitiva sobre las causas y circunstancias que provocaron el fallecimiento de las víctimas.

En otras palabras: no hay versión oficial cerrada y cualquier afirmación categórica carece todavía de sustento ministerial.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Puebla: combate real al huachicol

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Ataque armado a cortejo fúnebre deja dos muertos en Culiacán

Ataque armado contra un cortejo fúnebre en #Culiacán dejó dos muertos y varios heridos en Infonavit Barrancos. Autoridades reforzaron operativos tras otra agresión e incendio de vivienda en Portafe.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Un comando armado atacó a balazos un cortejo fúnebre en Culiacán, Sinaloa, cuando se dirigía hacia un panteón para sepultar a una persona. El saldo preliminar fue de dos hombres muertos y al menos tres personas lesionadas, una de ellas en estado grave. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del fraccionamiento Villa Colonial, en el sector Infonavit Barrancos.

La agresión ocurrió cuando sujetos armados descendieron de un vehículo y dispararon contra la unidad que transportaba coronas florales. La camioneta presentó múltiples impactos de arma de fuego en cristales y carrocería, provocados por armas largas y cortas. Un hombre murió dentro del vehículo y otro joven quedó sin vida a varios metros del lugar.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica a los heridos y posteriormente los trasladaron a un hospital. Entre los lesionados se encontró un adulto mayor, de acuerdo con reportes locales. Elementos de corporaciones estatales, municipales y del Ejército acordonaron el área tras el ataque.

Ataques en Culiacán

Personal de seguridad implementó un operativo en la zona para resguardar el lugar y facilitar las diligencias ministeriales. Agentes de investigación recabaron indicios balísticos y tomaron conocimiento de los hechos. Hasta el momento no se reportaron personas detenidas relacionadas con la agresión.

Horas antes del ataque al cortejo fúnebre, otra acción violenta se registró en el norte de Culiacán. Una vivienda de dos plantas fue atacada a balazos e incendiada de manera intencional en el fraccionamiento Portafe. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 horas, según información de autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados arribaron al inmueble a bordo de un vehículo y dispararon con fusiles automáticos contra la fachada. Posteriormente incendiaron dos automóviles estacionados en la cochera. El fuego provocó daños de consideración tanto en los vehículos como en la estructura de la vivienda. –sn–

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Puebla: combate real al huachicol

Puebla está colocando cifras sobre la mesa y con ellas construye poder político.

Por Raúl García Araujo                                            

La recuperación de 2.8 millones de litros de hidrocarburos en 2025 y 127 mil 800 litros en lo que va de 2026 no sólo es un dato operativo: es la base de un discurso que busca desmontar la vieja etiqueta del estado como epicentro del huachicol.

El gobierno de Alejandro Armenta ha entendido que en el México actual los números son narrativa. Por eso, junto al combate al robo de combustible, presume 33 vialidades pavimentadas, 146 kilómetros intervenidos y beneficios para 1.9 millones de habitantes.

A ello se suma un crecimiento exponencial en capacidad operativa: de dos máquinas a 277 distribuidas en 16 módulos, con la meta de alcanzar 15 trenes de pavimentación este mismo año.

El respaldo de Pemex también tiene números y mensaje: 19 certificados de obra, 10 patrullas, 6 mil toneladas de AC-20 y un millón de litros de combustible entregados a municipios.

No es sólo apoyo técnico, es validación política desde el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum.

Aquí está el sello del actual gobierno poblano: vincular seguridad con obra pública y convertir esa relación en legitimidad.

Mientras se decomisan millones de litros de combustible robado, se pavimentan calles, se rehabilitan carreteras y se refuerza la presencia institucional en territorio.

Es una lógica simple pero efectiva: resultados medibles en seguridad, resultados visibles en infraestructura.

El dato más revelador no está solo en los litros recuperados, sino en la coordinación. Marina, Defensa, Guardia Nacional, policía estatal y Pemex operan de forma conjunta.

Esa alineación explica por qué Puebla puede hoy presentarse como referente nacional en el combate al huachicol, cuando hace apenas unos años era símbolo del problema.

Armenta ha optado por una estrategia directa: contrastar su gobierno con el pasado y sostener esa diferencia con cifras. Decir que antes el gobierno era parte del problema no es retórica aislada, es un intento de capitalizar políticamente cada resultado obtenido.

En ese contexto, el liderazgo de Alejandro Armenta no se construye desde el discurso, sino desde la ejecución: números que avanzan, obras que se ven y una coordinación institucional que da resultados.

Hoy, Puebla no sólo cambia indicadores, también redefine quién conduce el rumbo político del estado.

En Cortito

Nos cuentan que el anuncio del ayuntamiento de Cuernavaca, encabezado por José Luis Urióstegui Salgado, sobre la instalación de cien nuevos parabuses inteligentes representa un paso firme hacia una visión más moderna, ordenada y funcional de la ciudad.

Nos dicen que no se trata únicamente de infraestructura urbana, sino de una apuesta seria por reorganizar la movilidad con criterios de eficiencia, seguridad e inclusión social, en una capital que desde hace años demanda soluciones concretas en el espacio público.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su enfoque integral, que no se queda en lo estético ni en lo superficial, sino que busca transformar la experiencia cotidiana de quienes dependen del transporte público.

Los nuevos parabuses no solo atenderán la necesidad básica de resguardo para los usuarios, sino que incorporarán iluminación solar, accesibilidad universal y herramientas digitales como códigos QR vinculados a la atención de emergencias, lo que refuerza el componente de seguridad y respuesta inmediata.

Este tipo de soluciones colocan a la capital de Morelos en una ruta de modernización urbana que entiende que la tecnología y la seguridad no son conceptos aislados, sino elementos que deben convivir y funcionar dentro del espacio público cotidiano.

Más allá de la obra en sí, este proyecto refuerza la narrativa de un gobierno municipal que ha buscado priorizar la rehabilitación urbana con sentido práctico, planeación y visión de futuro.

La inversión en movilidad ordenada, segura e incluyente coloca a la administración de José Luis Urióstegui Salgado en una línea de acción que apunta a consolidar una ciudad más funcional, moderna y con mejores condiciones de vida para los morelenses.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Harfuch, Morales y Trevilla golpean al CJNG

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Harfuch, Morales y Trevilla golpean al CJNG

La detención de Audias “N”, alias “El Jardinero”, y de César “N”, “El Güero Conta”, obliga a una lectura estructural.

Por Raúl García Araujo                                            

No se trata únicamente de un operativo exitoso, sino de un golpe directo a las estructuras de mando, operación y financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La clave no está solo en la captura, sino en el alcance del impacto: liderazgo y recursos, dos pilares de cualquier organización criminal, fueron vulnerados de manera simultánea.

Hay un elemento central que no puede ignorarse: la apuesta por inteligencia sostenida. Diecinueve meses de seguimiento, cruces de información y vigilancia táctica no son menores en un país donde históricamente la reacción ha sustituido a la planeación.

La operación que derivó en la captura de “El Jardinero”, operador cercano a Rubén Oseguera Cervantes, muestra un intento claro por desarticular estructuras completas, no solo figuras visibles. En esa lógica, la detención de “El Güero Conta” refuerza el golpe al atacar el andamiaje financiero.

Aquí es donde el matiz importa. Si bien estas organizaciones tienen capacidad de reemplazo, la captura simultánea de un operador clave y de su responsable financiero sí representa una afectación real en el corto plazo.

Se interrumpen cadenas de mando, se desordenan rutas logísticas y se presionan los mecanismos de financiamiento. No es el desmantelamiento definitivo, pero sí un debilitamiento tangible.

En ese contexto, el papel del gabinete encabezado en seguridad por Omar García Harfuch, junto con Raymundo Pedro Morales Ángeles y Ricardo Trevilla Trejo, adquiere relevancia.

No solo por el resultado, sino por la ejecución coordinada. Inteligencia naval, seguimiento militar y operación táctica confluyeron en una acción de precisión que pocas veces se logra con este nivel de sincronía.

La figura de la presidenta Claudia Sheinbaum también entra en el análisis. Estos operativos reflejan una línea de mando definida y un intento por mantener control político sobre las decisiones de seguridad.

Eso puede traducirse en coherencia estratégica, pero también implica que los resultados —positivos o negativos— recaen directamente en la conducción presidencial.

Otro punto clave es la cooperación con Estados Unidos. El caso de “El Jardinero”, con orden de extradición y seguimiento por agencias internacionales, vuelve a colocar sobre la mesa una relación bilateral basada en intercambio de inteligencia.

La reacción violenta tras las detenciones —vehículos incendiados y focos de tensión— confirma que el golpe tuvo profundidad. Cada afectación a estas estructuras genera respuestas inmediatas.

La contención rápida por parte del Estado evita escaladas mayores, pero también evidencia que el control territorial sigue en disputa.

Finalmente, el impacto financiero no es menor. La detención del operador encargado del lavado de dinero y el seguimiento a sus redes representan una vía más eficaz para debilitar a largo plazo a estas organizaciones.

Sin recursos, la capacidad de recomposición se reduce significativamente.

En suma, lo ocurrido no es un episodio aislado ni un simple éxito operativo.

Es un golpe relevante que debilita al CJNG en sus estructuras clave. Marca una dirección: inteligencia, coordinación y ataques simultáneos a liderazgo y financiamiento.

El reto, como siempre, será sostener esa presión en el tiempo para que el debilitamiento no sea temporal, sino acumulativo.

En Cortito

Nos cuentan que lo que comenzó como una investigación local terminó por convertirse en un modelo nacional de combate a la colusión entre autoridades y crimen organizado.

La llamada Operación Enjambre no nació en los escritorios federales ni en grandes anuncios políticos.

Fue impulsada desde la Fiscalía del Estado de México bajo la conducción de José Luis Cervantes Martínez, a partir de un caso que evidenció algo más profundo que la violencia: la infiltración del crimen en estructuras institucionales de seguridad y gobierno.

Los resultados son difíciles de ignorar. Más de mil 146 años de prisión acumulados en sentencias contra 20 objetivos prioritarios no son un dato estadístico cualquiera. Son el reflejo de un proceso judicial sostenido que logró ir más allá del arresto y llegar a la etapa más compleja del sistema: la condena.

La operación también exhibe una realidad incómoda: la participación de servidores públicos en delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

El alcance de las sentencias contra ex policías municipales, ex comisarios, ex alcaldes y mandos de seguridad refuerza una lectura política más amplia: el problema de seguridad no puede entenderse únicamente desde el enfrentamiento armado o la presencia del crimen organizado en territorio, sino desde la captura institucional en niveles de gobierno local.

Al final, el punto de fondo es claro. Combatir al crimen organizado sin tocar la corrupción institucional es una estrategia incompleta. Ningún despliegue operativo es suficiente si las estructuras internas siguen siendo permeables o cómplices.

Lo que puso sobre la mesa José Luis Cervantes Martínez es precisamente esa dimensión: que la línea entre autoridad y delincuencia, cuando se cruza, no puede quedar en el terreno político o administrativo, sino que debe investigarse, judicializarse y sancionarse con la misma contundencia que cualquier otro delito de alto impacto.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Violencia desborda a Morelos

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Ejecutan a hombre en Teotihuacán dentro de vehículo

El caso quedó integrado dentro de las investigaciones de la FGJEM. Las autoridades indicaron que continuaron con la búsqueda de responsables.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Un hombre fue ejecutado a balazos en la comunidad de Maquixco, en el municipio mexiquense de Teotihuacán, cuando permanecía dentro de un vehículo estacionado a la orilla de la carretera. Testigos refirieron que sujetos armados se aproximaron a la unidad sin previo aviso. Indicaron que los agresores dispararon en múltiples ocasiones contra la víctima.

La persona atacada quedó sin vida en el interior del automóvil tras la agresión directa. Vecinos de la zona reportaron las detonaciones a los servicios de emergencia. Señalaron que el ataque ocurrió en cuestión de minutos.

Los responsables escaparon del sitio con rumbo desconocido tras cometer el homicidio. No se registró persecución inmediata en la zona tras los hechos. Habitantes del lugar observaron la huida sin poder identificar a los agresores.

Movilización policial inmediata

Elementos de Seguridad Pública municipal arribaron al sitio minutos después del reporte. También acudieron efectivos de la Policía Estatal para reforzar el operativo. Las corporaciones establecieron un perímetro de seguridad en la zona.

Los agentes acordonaron el área con el objetivo de preservar indicios relacionados con el ataque. La circulación vehicular fue restringida de manera parcial en el tramo afectado. Las autoridades iniciaron las primeras acciones de resguardo.

Paramédicos se presentaron en el lugar para valorar a la víctima. Confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. No se registró traslado hospitalario. –sn–

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Asesinan a exmando policial e intentan incinerar cuerpo

El caso se sumó a otros episodios de violencia registrados en Puerto Vallarta, un municipio con actividad turística constante. Las autoridades estatales mantuvieron las investigaciones para esclarecer el crimen.

Por Daniel Reséndiz | Corresponsal                                                

El asesinato de René Méndez Vázquez, exsubdirector de la Policía de Puerto Vallarta, se registró tras un ataque directo con arma de fuego perpetrado por sujetos a bordo de un vehículo. Minutos después, otro grupo de agresores intentó calcinar el cuerpo de la víctima en el mismo lugar. La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que los hechos ocurrieron en dos momentos distintos y con participación de diferentes atacantes.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, informó que el primer ataque se ejecutó desde un automóvil tipo Volkswagen Jetta, desde donde dispararon contra la víctima. Posteriormente, hombres a bordo de una motocicleta arribaron al sitio para rociar gasolina sobre el cuerpo e intentar prenderle fuego. La intervención de familiares impidió que el intento de incineración se consumara.

Familiares de la víctima enfrentaron a los agresores en el segundo momento del ataque, lo que evitó mayores daños al cuerpo. Durante el incidente, dos de ellos resultaron lesionados y recibieron atención médica. La autoridad no detalló la gravedad de sus heridas, pero confirmó que permanecieron fuera de riesgo.

Ataque en dos fases

El homicidio ocurrió en las inmediaciones de una purificadora de agua identificada como “Arroyito de Juquila”, donde la víctima realizaba actividades comerciales. El vehículo en el que se encontraba René Méndez Vázquez quedó estacionado a un costado del establecimiento. Las autoridades aseguraron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

La Fiscalía del Estado de Jalisco precisó que la víctima ya no formaba parte de la corporación policial al momento del ataque. Indicó que se dedicaba a negocios particulares tras dejar el servicio público. Esta información se integró a la carpeta de investigación como parte del contexto del caso.

Peritos realizaron el levantamiento de indicios en el lugar de los hechos, incluyendo restos de combustible y evidencia balística. Estos elementos fueron incorporados al expediente para el análisis forense. La autoridad ministerial continuó con la recopilación de testimonios. –sn–

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