El #GIDH alerta sobre graves retrocesos en derechos humanos por contaminación alimentaria y ambiental en México. Falta de políticas públicas pone en riesgo la salud y el medio ambiente sano. @GIDH_LexMagister
El Grupo Integral de Derechos Humanos alertó sobre retrocesos en derechos a la salud, alimentación y medio ambiente sano en México, ante contaminación por plaguicidas y falta de políticas públicas …
Graves retrocesos en derechos humanos ante contaminación alimentaria y ambiental: GIDH
GIDH advierte retrocesos en derechos humanos por contaminación alimentaria y ambiental en México.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, a través de su presidente Jesús Rey Fierro Hernández, alertó sobre las graves fallas estructurales de los distintos niveles y poderes del Estado para garantizar derechos humanos fundamentales relacionados con la alimentación saludable y el medio ambiente sano en México.
El doctor en derecho señaló que las advertencias realizadas por especialistas académicos y organismos de la sociedad civil confirman un escenario de retrocesos preocupantes, en el que la población mexicana consume alimentos contaminados y respira aire afectado por sustancias tóxicas, sin que existan políticas públicas eficaces de prevención, control y rendición de cuentas.
Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, recordó que los residuos de plaguicidas altamente peligrosos no sólo están presentes en los alimentos, sino también en el agua, el suelo, el aire y en los propios cuerpos de las personas, a consecuencia de fumigaciones aéreas y de prácticas agroindustriales intensivas.
Granjas porcícolas y avícolas
“Resulta especialmente alarmante que comunidades enteras enfrenten condiciones de vida deterioradas por el aire contaminado proveniente de granjas porcícolas y avícolas, así como por proyectos de infraestructura e inversiones que no consideraron criterios de sostenibilidad ambiental ni el consentimiento social de los pueblos afectados”, explicó en entrevista.
El defensor del pueblo subrayó que estos fenómenos se inscriben en un contexto internacional de debilitamiento del Estado de derecho y de tolerancia frente a la vulneración de derechos humanos, tal como lo han advertido organismos regionales y especialistas en la materia, lo que incrementa el riesgo de normalizar prácticas que afectan la dignidad humana.
A 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente del GIDH recordó que si bien existen avances normativos, persisten profundas brechas entre el reconocimiento formal de los derechos y su cumplimiento efectivo, especialmente en lo relativo al derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a un medio ambiente sano.
Lógica de inversión
El también abogado litigante enfatizó que, entre otras zonas del país, la península de Yucatán se ha convertido en un ejemplo crítico de cómo la lógica de inversión y desarrollo económico, sin control ambiental ni enfoque de derechos humanos, ha generado impactos acumulativos que vulneran derechos fundamentales de comunidades indígenas, campesinas y urbanas, con efectos que trascienden a futuras generaciones.
Asimismo, reconoció la labor de organismos nacionales e internacionales que han documentado estas problemáticas y reiteró la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión, denuncia y reparación integral del daño, así como la participación informada de las comunidades afectadas.
Finalmente, Fierro Hernández afirmó que el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” continuará impulsando la defensa del derecho al medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación adecuada como ejes inseparables de la dignidad humana, y llamó a las autoridades a asumir su responsabilidad constitucional e internacional para frenar la contaminación, sancionar las violaciones y garantizar condiciones de vida dignas para toda la población. –sn–
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El GIDH alerta sobre riesgos a la paz y la soberanía internacional
GIDH condena amenazas de Estados Unidos contra Venezuela y alerta riesgos para la paz internacional.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” expresó su más enérgica condena a las agresiones y amenazas del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, así como a las advertencias dirigidas a otros países de la región, incluido México.
En el marco de la marcha antiimperialista en defensa de los pueblos libres del mundo, su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, afirmó que estas acciones se inscriben en un contexto de creciente confrontación geopolítica que pone en riesgo la paz, la democracia y la vigencia del derecho internacional en América Latina, el Caribe y a nivel global.
Fierro Hernández, doctor en derecho y reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, señaló que la normalización de estas conductas representa un retroceso grave para los principios que rigen la convivencia entre las naciones.
Derecho internacional
Además, el presidente del GIDH advirtió que la política exterior estadounidense ha mostrado una orientación preocupante hacia el desconocimiento sistemático del derecho internacional y del sistema de protección de los derechos humanos, “vulnera de manera directa la soberanía de los Estados y el principio de no intervención”.
Nicolás Maduro (d), y Cilia Flores (i) | EFE/StringerEl defensor del pueblo explicó que este viraje se manifiesta tanto en el uso de la fuerza como en el debilitamiento deliberado de instancias y mecanismos multilaterales.
Asimismo, denunció el uso reiterado de la llamada “lucha contra las drogas” como pretexto para hostigar, amenazar y justificar posibles ataques contra países de la región, sin asumir la responsabilidad sobre las causas estructurales y la profunda crisis interna que enfrenta Estados Unidos en esta materia. Subrayó que esta narrativa securitaria y militarizada ha demostrado su fracaso y ha servido para legitimar intervenciones y violaciones graves a los derechos humanos.
Injerencia, coerción y agresión
El doctor Fierro Hernández alertó que los ataques contra Venezuela sientan un precedente sumamente peligroso, al normalizar prácticas de injerencia, coerción y agresión que pueden replicarse contra otros Estados soberanos. Indicó que, de consolidarse esta lógica, se debilitan las bases mínimas de la convivencia internacional y se abre la puerta a una escalada de conflictos con consecuencias imprevisibles.
El GIDH “Lex-magister” también condenó las prácticas de apropiación, militarización, control y saqueo de los recursos naturales de la región, al considerar que históricamente han profundizado la desigualdad, la conflictividad social y la vulneración de los derechos de los pueblos, en particular de comunidades indígenas, campesinas y sectores populares.
Combustibles fósiles
De igual forma, el organismo defensor de derechos humanos advirtió que la decisión del gobierno estadounidense de impulsar los combustibles fósiles y abandonar acuerdos climáticos internacionales configura un escenario crítico para el planeta. Señaló que esta estrategia incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y debilita los mecanismos de cooperación científica global indispensables para enfrentar la crisis climática.
Ante este panorama, Jesús Rey Fierro Hernández hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional de organizaciones, plataformas, colectivos y movimientos sociales, incluyendo aquellos al interior de Estados Unidos, para alzar la voz frente a estas agresiones y exigir respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos.
Finalmente, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” exhortó a los Estados y a los mecanismos internacionales a condenar el rompimiento del orden internacional vigente y a fortalecer los espacios multilaterales como vía indispensable para la resolución pacífica de los conflictos. –sn–
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GIDH condena la intervención militar en Venezuela
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) rechazó la intervención militar en Venezuela y respaldó la política exterior mexicana.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, a través de su presidente Jesús Rey Fierro Hernández, condenó la intervención militar registrada en Venezuela y respaldó la postura asumida de la política exterior del Estado mexicano basada en la legalidad internacional y la soberanía de los pueblos.
Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, señaló que el gobierno federal mantienen una defensa consistente al derecho internacional, al advertir que la acción armada vulnera los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, marcos creados para evitar el uso unilateral de la fuerza y preservar la paz regional.
“El pronunciamiento se ajusta a los estándares jurídicos internacionales y reafirma que ninguna intervención militar puede justificarse fuera del marco del derecho internacional; la legalidad global no puede demolerse por decisiones unilaterales”, afirmó Jesús Rey.
El doctor en derecho Jesús Rey recordó que la incursión armada es una agresión que afecta la estabilidad regional y el orden multilateral, al tiempo de advertir que ese tipo de acciones erosionaron la legitimidad internacional de quienes las ejecutaron.
El defensor del pueblo subrayó que la política exterior de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo se sustenta en el artículo 89, fracción décima, de la Constitución mexicana, el cual establece como ejes la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias.
“El señalamiento es jurídicamente correcto, los mecanismos internacionales se construyeron sobre la cooperación, la paz y el respeto a la soberanía, no sobre la imposición del poder militar; desconocer estos principios abre la puerta a una peligrosa normalización de la fuerza”, puntualizó.
El presidente del GIDH “Lex-magister” coincidió con la advertencia de que, ignorar la legalidad internacional implica aceptar la imposición del más fuerte, práctica que debilitó la legitimidad global de los Estados que recurrieron a ella y generó un precedente negativo para cualquier nación soberana.
“Cuando la amenaza proviene de quien posee capacidad militar y no de quien tiene la razón jurídica, se incrementa la inestabilidad regional y se pone en riesgo el sistema internacional de protección de derechos humanos”, enfatizó
Fierro Hernández respaldó la postura del gobierno mexicano, al reiterar su solidaridad con el pueblo venezolano y su derecho inalienable a decidir libremente su destino, sin injerencias externas ni agresiones armadas. –sn–
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Grave uso del delito de “terrorismo” para intimidar al periodismo: GIDH
GIDH alerta por uso del delito de terrorismo para criminalizar al periodismo.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, a través de su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, manifestó su profunda preocupación por la imputación del delito de terrorismo en contra del periodista veracruzano Rafael “Lafita” León Segovia, al considerar que se trata de un acto extremo, desproporcionado y altamente riesgoso para la libertad de expresión y la vida democrática del país.
El doctor Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, respaldó la queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el activista Ángel Kú, quien señaló que la acusación no debe analizarse como un caso individual, sino como una alerta colectiva frente al uso indebido del derecho penal para inhibir el ejercicio periodístico. “Cuando se acusa a un periodista de terrorismo por informar y llamar a las cosas por su nombre, no solo se vulneran sus derechos, sino el derecho de la sociedad a estar informada”, subrayó.
El defensor del pueblo afirmó que resulta particularmente grave que, mientras el gobierno federal niega de manera reiterada la existencia de terrorismo en México, incluso frente a hechos de violencia extrema, en el estado de Veracruz se recurra a esta figura penal máxima contra un comunicador. “Esta contradicción revela un uso selectivo del derecho penal como mecanismo de intimidación”, advirtió.
Efecto disciplinador
El abogado litigante Jesús Rey señaló que criminalizar al periodismo tiene un efecto disciplinador sobre todo el gremio. “Cuando el Estado persigue a un periodista, intenta enviar un mensaje de miedo a todas las voces críticas. Se trata de control desde el poder”, afirmó.
Recordó que Veracruz encabeza el país en procesos de acoso judicial contra periodistas, con al menos diez casos registrados, y ha advertido una tendencia sostenida de judicialización del ejercicio periodístico en la entidad. En ese contexto, imputar el delito de terrorismo a un comunicador se inserta en un patrón de criminalización que debe ser investigado y detenido de inmediato.
El GIDH “Lex-magister” exigió que se investigue la actuación de las autoridades estatales involucradas en este caso, que se analice el uso del delito de terrorismo contra un periodista bajo estándares constitucionales e interncionales, y que se emita un pronunciamiento público claro y no evasivo por parte de las instancias competentes.
Intimidación política
Asimismo, demandó que se recomienden y adopten medidas de no repetición para impedir que el derecho penal sea utilizado como herramienta de intimidación política contra la prensa. “Defender la libertad de expresión implica poner límites al poder, no administrar excusas. Hoy se acusa a un periodista de terrorismo en Veracruz; si esto se normaliza, mañana cualquier voz incómoda puede ser la siguiente”, enfatizó Jesús Rey Fierro Hernández.
Finalmente, el GIDH reiteró su llamado a respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada, y se sumó a la exigencia de organizaciones nacionales e internacionales para que cese de inmediato la criminalización de la labor periodística en México. –sn–
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México requiere una actuación más seria en materia de derechos humanos: GIDH
GIDH alerta sobre crisis de derechos humanos en México y el grave riesgo para defensores en América Latina.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, a través de su presidente, el doctor Jesús Rey Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, emitió un pronunciamiento con motivo del Día de los Derechos Humanos, conmemoración que cada 10 de diciembre recuerda la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la ONU en 1948.
El presidente del GIDH subrayó que este documento histórico estableció, por primera vez, los derechos inalienables que corresponden a todas las personas, sin importar nacionalidad, residencia, sexo, origen, religión, lengua o cualquier otra condición. “La Declaración Universal marca un parteaguas en la historia contemporánea y se convirtió en la base ética mínima para las naciones del mundo”, señaló.
Fierro Hernández recordó que la Declaración fue concebida como una norma común de conducta para todos los pueblos, al tiempo que exhortó a la comunidad internacional a emprender acciones progresivas para garantizar la observancia universal de los derechos fundamentales. Explicó que, aunque el documento no es jurídicamente vinculante, sí dio origen a un sistema internacional de instrumentos en materia de derechos humanos que hoy forma parte de la arquitectura normativa global.
Consenso universal
El especialista indicó que actualmente existe consenso universal entre los Estados Miembros de la ONU, entre ellos México, sobre los derechos esenciales contenidos en la Declaración, lo que fortalece su vigencia y relevancia práctica en la vida cotidiana. “Los derechos humanos son una guía imprescindible para construir sociedades más justas, libres y dignas”, afirmó.
Sede de la ONU en Nueva York. EFE/Justin LaneEl defensor del pueblo advirtió que México enfrenta retos profundos en materia de derechos humanos, señalados por organismos internacionales, los cuales describen un contexto de violencia extrema ejercida por el crimen organizado y abusos reiterados de agentes estatales con altos niveles de impunidad. Fierro Hernández afirmó que estos desafíos deben colocarse en el centro de la agenda pública.
Enumeró problemáticas persistentes heredadas de administraciones anteriores y aún sin solución estructural: violencia criminal, fragilidad del sistema de justicia penal, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, pobreza, desigualdad, violaciones a la privacidad, abusos militares, obstáculos al aborto, ataques contra migrantes, discriminación por orientación sexual e identidad de género, derechos de personas con discapacidad, así como insuficiencia en políticas climáticas.
Crisis en derechos humanos
“El país necesita respuestas firmes, integrales y coordinadas para contender con una crisis que ha vulnerado a miles de familias. Sin justicia, verdad y reparación no hay Estado democrático posible”, declaró.
Por otra parte, el doctor Fierro Hernández alertó que América Latina continúa siendo la región más peligrosa para las personas defensoras de derechos humanos, con al menos 257 asesinatos y desapariciones en 2024, de los cuales 119 corresponden a defensores ambientales. Esta cifra representa casi el 80% del total a nivel mundial.
Denunció que estos crímenes responden a patrones sistemáticos de criminalización, impunidad, cooptación institucional, estigmatización y represión a la protesta social. Indicó que la violencia incluye homicidios, agresiones, violencia de género, espionaje digital y desapariciones forzadas, perpetradas en muchos casos por agentes estatales, crimen organizado y empresas privadas, frecuentemente con tolerancia o aquiescencia de autoridades. –sn–
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Venezuela acusa a EU de violar su soberanía tras advertencia de Trump sobre el espacio aéreo
Venezuela denuncia ante la OACI la «violación de su soberanía» tras mensaje de Trump.
SN Redacción | EFE
Caracas.- El Gobierno de Venezuela denunció ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) la «violación de su soberanía», luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera en un mensaje que se debe considerar como cerrado el espacio aéreo venezolano, informó este domingo el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.
«El Estado venezolano, en el marco de su diplomacia de paz, ha denunciado por escrito ante la Organización de Aviación Civil Internacional, las graves amenazas contra nuestro espacio aéreo que atentan contra la seguridad en este hemisferio», indicó el ministro en un comunicado publicado en redes sociales y que fue posteriormente eliminado.
El funcionario indicó que el presidente estadounidense anunció sorpresivamente el «supuesto cierre del espacio aéreo venezolano, sin tener la autoridad requerida para un anuncio de este tenor y sin basamento legal alguno».
«Tal acto constituye un caso de interferencia ilícita, tipificado como un grave delito en el anexo 17 del Convenio de Aviación Civil Internacional, al poner en peligro la seguridad operacional de la aviación mediante la difusión de información falsa», apuntó.
Velásquez Araguayán ratificó que el ente autorizado para regular el espacio aéreo venezolano es exclusivamente la Autoridad Aeronáutica Nacional (INAC).
«Ningún poder extranjero podrá sustituir, en forma alguna, el ejercicio de la jurisdicción venezolana», insistió.
El Gobierno de Venezuela, prosiguió, rechaza que la Administración de Trump «pretenda amedrentar y presionar a las aerolíneas internacionales que operan en Venezuela y transitan el FIR Maiquetía, causando perjuicios y daños económicos a las empresas aéreas de países como Turquía, España, Portugal, Colombia, Brasil y Panamá, bajo el fraudulento supuesto del control» del espacio aéreo del país suramericano.
Venezuela denuncia que EU busca apoderarse de sus reservas petroleras
El Gobierno de Venezuela denunció este domingo ante la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, que Estados Unidos busca apoderarse de las reservas petroleras del país suramericano, al mantener un despliegue militar en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
A través de una carta, firmada por el presidente Nicolás Maduro y publicada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Ejecutivo venezolano acusó a Estados Unidos de buscar apoderarse de las reservas petroleras, por medio -según dijo- «del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país».
Fotografía que muestra un bombardero de largo alcance B-52H del equipo de la base aérea Minot realizando una demostración de ataque en el Mar Caribe. EFE/ @AFSOUTH«Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional», agregó.
El despliegue militar en el Caribe
El Gobierno de Maduro aseguró que Venezuela se mantendrá firme en la defensa de sus recursos naturales energéticos y «no sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza».
Además, espera contar con los mejores esfuerzos del secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, así como con los miembros de la alianza OPEP+, para contribuir a detener la que consideró como una «agresión que se gesta con cada vez más fuerza» y, advirtió, «amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético, tanto para los países productores como para los consumidores».
Desde mediados de agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe, en aguas próximas a Venezuela, que defiende como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico, pero que Caracas ve como una «amenaza» que busca propiciar un cambio de Gobierno.
Durante estos meses, los militares estadounidenses han atacado 20 lanchas que presuntamente cargaban drogas, en las que han muerto al menos 83 personas.
Parlamento denuncia venezolanos víctimas de ataques a lanchas
El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el oficialista Jorge Rodríguez, denunció que hay venezolanos entre las víctimas de los ataques de Estados Unidos a lanchas en el Caribe, bajo el argumento de que presuntamente transportaban drogas.
Fotografía tomada de la cuenta oficial de X @SecWar del Secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, que muestra el ataque contra «un buque» en el Pacífico el 4 de noviembre de 2025. EFE/ @SecWar«Hace unos minutos, nos hemos reunido aquí, en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, con familiares de venezolanos asesinados, ejecutados extrajudicialmente en las acciones, a todas luces ilegítimas, ilegales, que ha venido perpetrando desde el día 2 de septiembre, efectivos militares de los Estados Unidos de América», indicó Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
El parlamentario mostró una fotografía del encuentro sin revelar las identidades de los familiares que, dijo, han recibido amenazas «por sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad y que no se diluciden los hechos».
Además, anunció que este lunes habrá una sesión extraordinaria del Parlamento para votar la conformación de una comisión especial que investigue estos hechos «que -advirtió- condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del mar Caribe».
El espacio aéreo venezolano
Las tensiones entre ambos países se elevaron desde hace una semana, cuando la autoridad aérea estadounidense pidió «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, por lo que varias aerolíneas suspendieron sus vuelos en el país suramericano.
En respuesta, el Gobierno venezolano revocó los permisos de tráfico de Iberia, Turkish Airlines, Gol, Latam Colombia, Avianca, después de que no retomara sus operaciones tras concluir un plazo de 48 horas que fijó para ello.
Este sábado, el presidente de EE.UU. Donald Trump, advirtió en un mensaje publicado en su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela «permanecerá cerrado en su totalidad».
La Administración de Maduro repudió el mensaje de Trump y criticó que «insólitamente» intente «dar órdenes y amenazar la soberanía» de esta nación. –sn–
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Urge cumplir compromisos con la protección de mujeres y niñas desaparecidas: GIDH
GIDH exige acciones reales para frenar desapariciones de mujeres y niñas en México.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” urgió al gobierno federal a implementar de manera efectiva los estándares internacionales destinados a proteger a mujeres y niñas frente a la violencia, la trata y desapariciones forzadas en el país.
Su presidente. el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, subrayó que en México existe “una realidad cruda que no puede normalizarse, las desapariciones de mujeres y niñas siguen vinculadas con redes de trata de personas y con entornos de violencia extrema, sin que existan protocolos aplicados con eficacia, ni mecanismos que protejan de manera real a las familias por la autoridad federal”.
Violencia contra menorEl doctor Fierro Hernández, galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, pidió al gobierno federal identificar rutas de acción para mejorar la prevención de desapariciones vinculadas a trata y los procesos de investigación.
Seguridad y justicia
El GIDH resaltó que aún continúan graves deficiencias estructurales al interior de las dependencias que procuran la seguridad y justicia en el país, por lo que solicitó a la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo asumir la responsabilidad en este tema tan delicado para la sociedad en el país, “de manera particular ahora que Ernestina Godoy asumió como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
“Las autoridades reconocen las carencias, pero el reconocimiento ya no es suficiente. México debe transformar los compromisos en acciones tangibles y aplicar de manera efectiva los protocolos que ya existen”, afirmó Jesús Rey Fierro.
El defensor del pueblo señaló que, aunque se han adoptado protocolos especializados, “estas herramientas siguen sin traducirse en resultados que cambien la realidad de las víctimas”, aún con la instauración del Programa Integral para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Abandono institucional
“Ante la impunidad y el abandono institucional, son las familias quienes realizan la mayor parte de las búsquedas, labores que deberían corresponder a las autoridades”, resaltó.
Por este motivo, el abogado Rey Fierro reiteró su profunda preocupación, “las familias nos dijeron que sus hijas desaparecen una primera vez cuando son sustraídas, y una segunda vez cuando las autoridades dejan de buscarlas, especialmente después de la condena de algún responsable. Esa doble desaparición es una herida que no puede continuar”.
Jesús Rey Fierro urgió a que México explore e implemente mecanismos de justicia restaurativa, que permitan obtener información crucial para localizar a las víctimas y garantizar que los procesos judiciales no silencien la verdad, ni cancelen las búsquedas pendientes para ubicar el paradero de las personas afectadas. –sn–
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GIDH alerta por retroceso tras decisión de la SCJN sobre eliminar el fondo para víctimas
Grave el retroceso tras decisión de la SCJN sobre fondo para víctimas: GIDH.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-Magister” lamentó profundamente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que evitó declarar inconstitucional la eliminación del fondo mínimo destinado a la reparación integral y atención a víctimas.
Su presidente, el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, explicó que “esta grave decisión vulnera el principio de progresividad, debilita los mecanismos de justicia y representa un retroceso para miles de personas afectadas por delitos y violaciones a derechos humanos en todo el país”.
“La eliminación de un fondo mínimo para la atención a víctimas rompe con los estándares internacionales y contradice la obligación constitucional de avanzar, nunca retroceder, en materia de derechos humanos. Lo decidido por la Corte no solo reduce garantías; también genera un mensaje de desprotección hacia quienes más han sufrido”, afirmó.
Financiamiento esencial
Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, explicó que el financiamiento establecido por la Ley General de Víctimas es esencial para que el Estado pueda brindar ayuda inmediata, asistencia, reparación integral, medidas de verdad y garantías de no repetición. Su eliminación, agregó, podría traducirse en una “renuncia práctica” al derecho de la reparación.
Familiares de desaparecidos en la Camara de DiputadosFierro Hernández recordó que el proyecto del ministro Giovanni Figueroa —que proponía declarar inconstitucional la eliminación del fondo mínimo— no alcanzó los seis votos necesarios, quedando en cinco votos a favor y cuatro en contra. Esto permitió que la nueva redacción del artículo continúe vigente.
“Lo más grave es que la Corte haya reabierto un debate ya resuelto por la integración anterior, vulnerando el principio de cosa juzgada y debilitando la seguridad jurídica. Esto abre la puerta para que otras reformas regresivas también vuelvan a discutirse, afectando la estabilidad de los derechos de las víctimas”, señaló.
Riesgo en procesos
El GIDH resaltó que hay un riesgo inminente a que las instituciones queden imposibilitadas para otorgar medidas de atención urgente; “se pone en riesgo procesos de reparación integral, incluidas indemnizaciones y programas de apoyo; se debilita el mecanismo de búsqueda, protección, seguimiento y acompañamiento en casos graves; se incrementa la posibilidad de retrasos, burocracia y revictimización, especialmente en entidades con menos recursos”, dijo.
“La progresividad es una obligación constitucional y un ancla de protección para quienes viven tragedias irreparables, según recomiendan instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin recursos y sin garantías mínimas, la reparación se vuelve una promesa vacía”, enfatizó Fierro Hernández.
El GIDH reiteró que seguirá promoviendo acciones legales, asesorías y mecanismos de protección para garantizar que ninguna víctima en México quede desamparada por decisiones que debiliten el marco de justicia y reparación. –sn–
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El GIDH alerta sobre la grave crisis de derechos humanos en Chiapas
En diversas zonas de Chiapas operan estructuras criminales que ejercen control armado, someten a las comunidades con violencia y generan “territorios silenciados”.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, encabezado por su presidente, el doctor Jesús Rey Fierro Hernández, expresó profunda preocupación por el deterioro acelerado de la situación en Chiapas, donde —bajo una aparente calma— persiste una crisis estructural de violencia, control territorial armado, desapariciones y desplazo forzado.
Al pronunciarse sobre el reciente informe presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que lo documentado por dicha organización coincide con los análisis realizados por el GIDH, los cuales señalan que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia están fallando de manera sistemática, permitiendo que la impunidad se convierta en una constante en la entidad.
“Lo que ocurre en Chiapas es la expresión más cruda de un Estado debilitado, incapaz de proteger a las comunidades y, en algunos casos, vinculado a pactos que profundizan la violencia. Las denuncias del Frayba confirman lo que desde hace años venimos advirtiendo: la población está desprotegida”, señaló el presidente del GIDH.
Fierro Hernández recordó que, en diversas zonas de Chiapas —particularmente en la región fronteriza y en territorios autónomos zapatistas— operan estructuras criminales que ejercen control armado, someten a las comunidades con violencia y generan “territorios silenciados”.
“Esto refleja una crisis humanitaria que exige atención urgente del Estado mexicano; hablamos de más de 16 mil personas desplazadas, comunidades completas que han sido expulsadas de sus territorios, agresiones a defensores, despojos y un proceso continuo de militarización que no ha traído seguridad. Lejos de resolver la violencia, la agrava”, afirmó el especialista en derechos humanos.
El GIDH retomó los señalamientos de Pedro Faro, quien alertó sobre el incremento sostenido de desapariciones, incluidas aquellas vinculadas al conflicto armado interno y a la presencia de grupos criminales. Entre los casos más graves se encuentra la desaparición de diez comerciantes guatemaltecos en 2023, un hecho actualmente revisado en el ámbito internacional.
Asimismo, agregó Fierro Hernández, se han documentado 36 desapariciones en territorios de autonomía zapatista; 34 personas desaparecidas pertenecientes a la Zona Tierra y Libertad; y decenas de casos adicionales denunciados por organizaciones comunitarias.
El presidente del GIDH subrayó que estos hechos apuntan a patrones claros de violencia institucional, “cuando las desapariciones se multiplican y las instituciones encargadas de investigar fallan una y otra vez, no hablamos de errores: hablamos de responsabilidad del Estado”, enfatizó Fierro Hernández.
“El desmantelamiento progresivo de organismos autónomos, la centralización del poder y la falta de independencia judicial profundizan la crisis. Sin instituciones sólidas, ningún pueblo puede ser protegido. Chiapas es hoy la prueba más dolorosa de esa fragilidad”, dijo.
De esta forma, el GIDH hizo un llamado firme al Estado mexicano para implementar acciones inmediatas de protección a comunidades en riesgo; garantizar la búsqueda efectiva de personas desaparecidas; frenar la colusión entre autoridades y grupos criminales; así como
“Chiapas es un territorio donde la violencia se normaliza, donde las comunidades viven bajo miedo y donde la verdad es ocultada. México enfrenta una crisis profunda de derechos humanos y es obligación del Estado revertirla con acciones firmes y transparentes”, concluyó Jesús Rey Fierro Hernández. –sn–
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