Internas colombianas controlan el penal de Santa Martha con violencia y extorsión

Las denunciantes describen una crisis de control institucional en el penal. Las acusaciones señalan la necesidad de intervención de autoridades competentes de la capital del país.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Un grupo de internas originarias de Colombia mantienen el control del penal femenil de Santa Martha Acatitla, ubicado en la ciudad de México (Cdmx), mediante agresiones físicas, amenazas y cobros ilegales. La noche de este jueves, una investigación de LatinUs evidencia que, las reclusas extranjeras exigien pagos forzonos semanales que van desde los 8 mil pesos; esta operación es atribuida a órdenes de la comandante Yessica Avilés.

https://youtu.be/y9F1Sixe2Fo?t=1953

En la víspera, SOCIEDAD NOTICIAS dio a conocer que Amparo Elizabeth Santamaría Briseño, subdirectora del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, organizó los VX años de su hija en la que invirtió una suma millonaria; sólo para el pago de dos grupos musicales por cuatro horas, superó una bolsa de 400 mil pesos, para liquidar los servicios de «Los Cadetes de Linares» y «Zona Rika«.

En el caso del penal femenil de Santa Martha Acatitla, declaraciones de las personas afectadas indican que las internas recorren dormitorios con llaves de las celdas, lo que permite el acceso sin restricciones. En ese contexto, se realizan allanamientos y destruyeron pertenencias de quienes no cumplieron con los pagos. Las agresiones incluyeron golpes directos y actos de intimidación constante.

Las denunciantes afirmaron que los uniformados no intervinieron durante las agresiones registradas. Esta situación facilitó la continuidad de la red de control interno.

Control interno violento

Los testimonios documentan golpizas contra internas que rechazan traslados dentro del penal; también reportan la ausencia de atención médica en situaciones críticas que requirieron asistencia inmediata. En un caso, una mujer con crisis de epilepsia no recibió apoyo oportuno.

Además, las versiones ubican al menos cinco muertes registradas desde la llegada de la comandante Yessica Avilés en septiembre pasado. Las internas vincularon estos fallecimientos con condiciones de violencia y negligencia. La información fue incluida en denuncias presentadas ante organismos de derechos humanos.

Las afectadas señalaron que el esquema de control incluyó extorsión sistemática y castigos físicos. Las agresiones se dirigieron contra quienes se negaron a pagar cuotas o denunciaron irregularidades. Las acciones generaron un entorno de intimidación constante dentro del penal.

https://youtu.be/UecAKhlSroA?t=3

Reclusorio Oriente

En este sentido, en el caso del Reclusorio Oriente, se sabe que la familia de la funcionaria Santamaría Briseño, amplío la fiesta de la quinceañera hasta las playas de Acapulco, inversión millonaria que presume está fuera de los recursos que recibe como subdirectora del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, dependencia que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que dirige Pablo Vázquez Camacho. –sn–

https://sociedad-noticias.com/2026/03/20/xv-anos-de-hija-de-subdirectora-del-reclusorio-oriente-ventila-lujos-que-superan-el-medio-millon-de-pesos/

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Colectivos denuncian asesinatos de buscadores ante la ONU

La activista reiteró que los colectivos mantienen actividades de búsqueda pese a los riesgos documentados. Señaló que continuarán con las acciones para localizar a sus familiares desaparecidos.

Por Martín García | Reportero                                      

Socorro Gil informó que expuso casos de violencia contra buscadores ante el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, durante una reunión privada realizada en la ciudad de México (Cdmx). La integrante de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco señaló que la violencia afecta directamente a familiares que buscan personas desaparecidas. Indicó que varios de ellos han sido asesinados en el contexto de sus labores de búsqueda.

La activista refirió que desde 2018 busca a su hijo, Jonathan Romero Gil, quien fue privado de la libertad por nueve policías en Acapulco, en el estado de Guerrero. Explicó que durante su intervención detalló cifras relacionadas con agresiones contra familiares de desaparecidos en el país. Precisó que documentó al menos 35 asesinatos de buscadores en México.

Añadió que ocho de esos casos ocurrieron durante actividades de búsqueda en campo, lo que evidenció riesgos directos para quienes participan en estas acciones. Señaló que la información fue presentada ante el representante de la ONU como parte de una exposición colectiva. Subrayó que los testimonios buscaron visibilizar la situación de inseguridad que enfrentan estos grupos.

Reunión con organismos internacionales

Socorro Gil indicó que el Alto Comisionado Volker Türk escuchó a 12 integrantes de colectivos durante el encuentro. Explicó que el funcionario internacional no emitió comentarios en ese momento tras escuchar los testimonios. Manifestó que los participantes esperaban una reacción institucional posterior ante los planteamientos realizados.

La activista sostuvo que durante su intervención señaló la falta de legislación estatal en Guerrero en materia de desaparición forzada. Indicó que expuso que no existe una ley local que atienda de forma específica esta problemática. Agregó que también denunció la ausencia de apoyo institucional hacia madres buscadoras.

En el documento presentado, solicitó al representante internacional visitar Guerrero para constatar las condiciones en que operan los colectivos. Señaló que pidió observar directamente la falta de respaldo para las labores de búsqueda. Indicó que la petición se centró en evidenciar las limitaciones en recursos y acompañamiento oficial. –sn–

cartel desaparecidos

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Segob refuerza cooperación con ONU en derechos humanos y atención a víctimas

En ese marco, señaló que se combate la discriminación, el clasismo, la misoginia y el racismo; se garantiza el derecho a la salud y el derecho a la educación, mediante programas de becas.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La Secretaría de Gobernación (Segob) refrendó la cooperación y el compromiso del Gobierno de México con el sistema de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y la protección de las libertades fundamentales de toda la población.

“En México se respetan los derechos humanos, no solo por obligación y mandato constitucional, sino por convicción y prioridad del estado mexicano”, expuso la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez.

Este lunes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, y su delegación, se reunieron con la secretaría de Gobernación; el subsecretario Arturo Medina y los responsables de la instrumentación de la política de derechos humanos en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cooperación internacional y atención a víctimas

Se destacó que el respeto y la protección de los derechos humanos constituyen una política de Estado, respaldada por un sólido sistema institucional para enfrentar los retos. Se subrayó que desde el gobierno no se reprime ni se persigue a nadie y que México tiene en la protección de las libertades su mayor orgullo frente al mundo.

“Reiteramos el firme compromiso del Gobierno de México con los derechos humanos y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública. Coincidimos en que la cooperación con el Alto Comisionado de Derechos Humanos amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”, dijo la funcionaria federal Rosa Icela.

En ese marco, señaló que se combate la discriminación, el clasismo, la misoginia y el racismo; se garantiza el derecho a la salud y el derecho a la educación, mediante programas de becas; se avanza en la universalización del acceso a la salud; y se atiende al bienestar de jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, migrantes e indígenas, en todo el país. –sn–

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México, ante oportunidad por desapariciones: López Rabadán

•    Participa presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), en Estambul, Turquía

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Al sostener que el informe presentado por instancias de las Naciones Unidas en materia de desapariciones en México exhibe la complejidad del fenómeno y aporta elementos sustantivos para su atención, la presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que este informe es una oportunidad concreta para fortalecer la cooperación internacional mediante asistencia técnica, financiamiento, acceso a especialistas y mecanismos de acompañamiento, orientando los esfuerzos hacia una atención efectiva.

Durante su discurso como oradora en la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), una organización que colabora estrechamente con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), López Rabadán indicó que este enfoque permite concentrar los esfuerzos para solucionar un problema, como son las desapariciones en México, mediante propuestas integrales respaldadas por la comunidad internacional.

La esencia del multilateralismo radica en la capacidad de sumar esfuerzos desde la objetividad, el respeto y la colaboración, expuso ante parlamentarios de todo el mundo reunidos en el Foro que se lleva a cabo en Estambul, Turquía, del 15 al 19 de abril, con el tema «Nurturing hope, securing peace and ensuring justice for future generations» (Cultivar la esperanza, asegurar la paz y garantizar la justicia para las generaciones futuras).

“Cuando los parlamentos asumimos este enfoque, transformamos los desafíos en oportunidades para construir soluciones eficaces, con visión de largo plazo y sentido humano”, puntualizó. –sn–

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ONU visita México por desaparecidos y mantiene proceso internacional

La visita del Alto Comisionado se desarrolló en paralelo a este contexto internacional. Su agenda contempló encuentros con autoridades y organizaciones civiles. El proceso continuó conforme a los lineamientos establecidos por la ONU.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos visitará nuestro páis tras el rechazo del gobierno federal al informe sobre desapariciones en México. La presencia internacional se confirma en medio de un contexto de revisión sobre la situación de desaparecidos en el país.

En entrevista, el ex presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), Santiago Corcuera, informó que la visita se programó para este domingo 18 de abril; explicó que el alto comisionado, Volker Türk, recibiría información tanto del gobierno federal como de organizaciones civiles a petición de la Presidencia de la República.

Corcuera precisó que la visita no modificó el curso del procedimiento internacional en marcha. Indicó que el análisis del caso mexicano continuó conforme a lo establecido en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Señaló que los mecanismos operaron de forma independiente a la visita diplomática.

Proceso internacional vigente

El ex integrante del CED explicó que la activación del Artículo 34 de la Convención permaneció sin cambios. Este recurso permitió llevar el caso mexicano ante la Asamblea General de la ONU para su discusión. La medida respondió a indicios considerados relevantes por el comité especializado.

Corcuera aclaró que el Alto Comisionado no tuvo facultades para revertir decisiones del comité. Subrayó que el órgano técnico operó con autonomía dentro del sistema de Naciones Unidas. Detalló que la jerarquía institucional no permitió interferencias en ese procedimiento.

El especialista reiteró que la visita se enfocó en recopilar información adicional sobre el contexto nacional. Indicó que el diálogo incluyó autoridades y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo se centró en ampliar el análisis sin modificar resoluciones previas. –sn–

Bandera México ONU

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Exige Ricardo Mejía frenar el “tortuguismo” en la Fiscalía de Coahuila

De las 85 quejas recibidas por la CDHEC en la Región Centro este trimestre, el mayor foco de conflicto se concentra en los Ministerios Públicos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Tras revelarse que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) registró 85 quejas en la Región Centro durante el primer trimestre de 2026, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja calificó como “preocupante” que la justicia en la entidad siga siendo un cuello de botella para la ciudadanía.

De acuerdo con datos del organismo defensor, 19 de estas inconformidades se dirigen directamente contra servidores públicos de la procuración de justicia coahuilense; en este sentido, Mejía Berdeja señaló que este dato es reflejo de un sistema opaco encabezado por el gobernador de la entidad, que agota al ciudadano mediante el retraso injustificado de trámites y barreras burocráticas para interponer denuncias.

“Lo que estamos viendo en municipios como Monclova y la zona conurbada es un patrón de atención deficiente. El reporte de la Comisión es contundente, los ciudadanos se quejan de que no les reciben las querellas o les ponen trabas para avanzar en sus casos”, explicó el legislador.

Mecanismos de mediación

Ricardo “El Tigre Mejía” enfatizó que, si bien la CDHEC —a través de su cuarta visitaduría— busca mecanismos de mediación y enlace directo para “destrabar” situaciones en cuestión de horas, el problema de fondo es la falta de voluntad o capacidad en las agencias del Ministerio Público de la entidad del país.

Fiscalia de Coahuila

“Es positivo que la Comisión actúe como enlace, pero la justicia no debería depender de que un visitador llame para que el Ministerio Público haga su trabajo”, subrayó Mejía Berdeja. “El derecho a una justicia pronta y expedita es constitucional, no un favor que se negocia mediante convenios de coordinación”.

Aunque el balance oficial resalta que no se han registrado casos de extorsión en este periodo, el legislador federal explicó que “en muchas ocasiones el ciudadano evita presentar una denuncia formal ante actos de intimidación; la falta de atención adecuada y la lentitud procesal son, en sí mismas, formas de vulnerar los derechos humanos de las personas”.

Resultados tangibles

Finalmente, “El Tigre” Mejía, quien también preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que la “respuesta favorable” que mencionan ante la Comisión se traduzca en resultados tangibles para las víctimas y no solo en acuerdos de escritorio.

“Seguiremos vigilantes de que estás 85 quejas no queden en el archivo. Coahuila y todo el país, necesita una procuración de justicia que sea aliada de la gente, no una oficina de trámites interminables”, concluyó el legislador federal. –sn–

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Gobierno federal rechaza informe de ONU por desapariciones

El organismo internacional solicitó a la Asamblea General evaluar medidas de apoyo para México. El objetivo fue fortalecer la prevención, investigación y sanción de este delito.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

El gobierno mexicano rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerarlo tendencioso y carente de rigor jurídico en sus conclusiones sobre la situación en el país. La postura oficial se difundió mediante un comunicado conjunto.

Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores (SRE) señalaron que el documento omitió información actualizada presentada por el Estado mexicano, la cual, afirmaron, reflejó avances en materia de desapariciones desde 2019. Indicaron que los argumentos del Comité no coincidieron con la definición internacional del delito.

El pronunciamiento se emitió luego de que el CDF solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, remitir de manera urgente el tema de desapariciones en México a la Asamblea General. La petición abrió un nuevo capítulo en la revisión internacional del caso mexicano.

Cuestionan metodología del Comité

El gobierno federal sostuvo que el marco de análisis utilizado por el Comité no correspondió a la realidad actual del país, al enfocarse en hechos ocurridos entre 2007 y 2017. En ese periodo se incluyeron administraciones encabezadas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Las autoridades indicaron que el informe se concentró en casos registrados en Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz, lo que consideraron una muestra limitada. Añadieron que el documento no incorporó las actualizaciones entregadas el 27 de marzo.

https://sociedad-noticias.com/2026/04/02/onu-lleva-crisis-de-desapariciones-en-mexico-a-asamblea-general-pide-examinar-desapariciones-forzadas/

También señalaron que el propio informe reconoció la ausencia de indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas de manera sistemática. Este señalamiento fue citado por el gobierno como un elemento que reflejó diferencias con periodos anteriores. –sn–

Bandera México ONU

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Advierten liberación de expolicías acusados de tortura en Oaxaca

Caso judicial con medidas internacionales genera alerta por posible cambio cautelar.

Por Martín García | Reportero                                      

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) alertó sobre la posible liberación de dos expolicías municipales acusados de tortura en Oaxaca. La organización informó que el caso cuenta con medidas cautelares internacionales y resoluciones de organismos de derechos humanos. El proceso judicial se concentró en hechos ocurridos en marzo de 2020 en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco.

Los imputados Melquiades Avendaño Sarabia y Jorge Hilario Santiago, identificado también como Jorge Santiago Hilario, enfrentaron el proceso penal 121/2025. La acusación se relacionó con el delito de tortura en contra de Ángel Daniel Bautista Vásquez. Los hechos se registraron el 21 de marzo de 2020, según documentación oficial del caso.

Proceso bajo revisión

El expediente incluyó medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo el número MC-636-2020. También incorporó un dictamen emitido en abril de 2025 por el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT). A ello se sumó una recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

El 27 de marzo de 2026, una jueza de control del Circuito Judicial de la Mixteca programó una audiencia para revisar la medida de prisión preventiva. La diligencia se fijó para analizar la situación jurídica de los imputados recluidos en el penal de Tanivet. Posteriormente, la audiencia se difirió para el 6 de abril.

La revisión judicial abrió la posibilidad de modificar la medida cautelar impuesta a los acusados. Este escenario generó preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos. La resolución podría determinar si los imputados continúan en prisión preventiva. –sn–

Bandera de la ONU

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Ceci Flores halla restos que podrían ser de su hijo en Hermosillo; esperan confirmación por ADN

Alejandro, de 21 años, iba en su camioneta al trabajo, cuando dos compañeros le pidieron un ride. Al parecer, sus colegas tenían vínculos con el crimen.

Por Martín García | Reportero                                      

La líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, anunció en redes sociales el hallazgo de restos que podrían ser de su hijo Marco Antonio, sobre el km 46 de la carretera 26, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Como parte del proceso de identificación, se deberán realizar análisis genéticos para determinar que los restos pertenecen a su hijo.

“Quiero saber alguna prueba de ADN que me dé una confronta que sí es mi hijo, que me dé una evidencia… Por lo pronto, solamente resta abrazar un puño de huesos que he encontrado y que al parecer puede ser Marco Antonio”, declaró.

Como parte del comunicado de Flores, dedicó unas palabras a su hijo, donde destaca que cumplió su promesa de encontrarlo.

“Yo siempre supe que te encontraría, pasara el tiempo que pasara, porque no tenía otro motivo en la vida; me robaron el miedo con tu ausencia, se llevaron mi cansancio con tus heridas. Vámonos a casa, hijo, de donde nunca tuviste que partir”, escribió.

¿Cuándo desapareció el hijo de Ceci Flores?

Marco Antonio, de 31 años, desapareció en 2019. Luego de que Ceci Flores fundara el colectivo Madres Buscadoras de Sonora tras la desaparición de su hijo Alejandro Guadalupe el 30 de octubre de 2015.

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Cuatro años más tarde, en 2019, hombres armados ingresaron a la casa de Marco Antonio, de 31 años, en Hermosillo, y se lo llevaron, junto con su hermano menor Jesús Adrián, de 13, quien estaba de visita. –sn–

Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, participa en una jornada de búsqueda de personas desaparecidas, en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora (México). Fotografía de archivo. EFE/Daniel Sánchez

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Localizan con vida a siete electricistas desaparecidos en San Luis Potosí

El caso ocurre en una región afectada por la violencia y en medio de reportes recientes de desapariciones colectivas en el país, como el de los diez mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, secuestrados a finales de enero en Sinaloa.

SN Redacción | EFE

Los siete electricistas que fueron reportados como desaparecidos en San Luis Potosí fueron localizados con vida, informó el Gobierno Municipal de Matehuala.

A través de una publicación en sus redes sociales, el Gobierno local anunció que los siete electricistas ya fueron localizados y se encuentran en la Fiscalía de San Luis Potosí para realizar los “procedimientos correspondientes”.

Por el momento, no ha trascendido el lugar donde encontraron a los trabajadores ni las circunstancias que rodearon a su desaparición.

“El Gobierno Municipal reconoce la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia que permitieron su localización, y reitera su compromiso de seguir trabajando por la tranquilidad de las familias matehualenses”, indicó la dependencia.

Horas antes, estas siete personas fueron reportadas como desaparecidas tras perder el contacto con sus familias el pasado 21 de marzo en el municipio de Matehuala.

De acuerdo con los reportes, los hombres, originarios de Cárdenas, habían salido desde el 16 de marzo para realizar trabajos en distintos puntos del altiplano potosino y se dirigieron de regreso por la carretera Matehuala-Cárdenas cuando se perdió comunicación con ellos.

Según las versiones recogidas por medios locales, una tercera persona alertó sobre una posible privación ilegal de la libertad, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado esta hipótesis.

Los desaparecidos, de entre 20 y 30 años, fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo.

Las fichas de búsqueda fueron difundidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí y el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros San Luis Potosí.

El caso ocurre en una región afectada por la violencia y en medio de reportes recientes de desapariciones colectivas en el país, como el de los diez mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, secuestrados a finales de enero en Sinaloa (noroeste), presuntamente privados de la libertad por un comando armado tras ser confundidos con miembros de un grupo criminal rival del Cártel de Sinaloa. –sn–

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