Columna Sociedad | Un mundo arrodillado al ego

Un mundo arrodillado al ego: el primer año del regreso de Donald J. Trump a la Casa Blanca.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Ha transcurrido un año desde que Donald J. Trump regresó a la Casa Blanca y el balance ya pesa como una losa histórica. Doce meses bastaron para reinstalar una lógica de poder que confunde gobierno con venganza, diplomacia con chantaje y liderazgo con exhibicionismo. Lo inquietante no es lo vivido, sino la certeza de que restan tres años más.

Trump no volvió para administrar el Estado. Volvió para cobrar. Cobrar agravios, lealtades forzadas y silencios cómplices. Enfrentó procesos judiciales, pero halló refugio en las urnas. La democracia, una vez más, operó como escudo de impunidad. Desde entonces, el mensaje global se volvió nítido, con Trump no se dialoga, se le halaga; no se confronta, se le concede.

El mundo entendió rápido la fórmula. En América Latina, la sumisión tomó formas explícitas. María Corina Machado llegó a ofrecerle una medalla simbólica asociada al Nobel de la Paz, gesto que buscó absolverlo en el altar del ego. En México, el pragmatismo adoptó forma de tributo, 37 criminales de alto impacto enviados a cortes estadounidenses, justo en el aniversario de su retorno. La coincidencia resulta demasiado precisa.

En el tablero internacional, Trump reinstaló la política del garrote. Tensó la relación con Europa al reactivar su obsesión por Groenlandia y tratar a Dinamarca y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte como piezas prescindibles. Filtraciones de mensajes con líderes europeos confirmaron el método: presión, desprecio y transacción. La alianza atlántica, pilar del orden occidental por décadas, hoy opera bajo desgaste permanente.

En materia económica, los aranceles volvieron como arma política. No hay distinción entre aliados y adversarios. El comercio exterior quedó reducido a una lógica binaria: alineación o castigo. Las cadenas productivas se reacomodan y la certidumbre global se erosiona.

En América Latina, el precedente es aún más delicado. La extracción de Nicolás Maduro, celebrada por algunos sectores, abrió la puerta a una intervención sin disimulo. El mensaje trasciende a Venezuela, Washington actúa cuando quiere y donde quiere. No busca estabilidad, busca obediencia.

En territorio estadounidense, la dureza tampoco se oculta. Redadas masivas, detenciones arbitrarias y migrantes convertidos en trofeo político. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas funge como instrumento narrativo del enemigo interno.

Todo esto ocurre bajo la cercanía abierta con figuras autoritarias como Vladimir Putin o Benjamín Netanyahu. Comparten idioma político: poder sin ética, fuerza sin límites y consecuencias diluidas.
Un año después, el mundo no es más seguro ni más justo. Está más cansado. Este primer tramo se siente como una era completa. Y la amenaza real no reside en lo que Trump ya hizo, sino en la normalización de un orden donde la política global se arrodilla ante el ego.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | La dignidad humana

El mundo recuerda este miércoles la confección histórica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, hace 77 años, en la ciudad de París, en Francia, signada por un total de 58 naciones.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Aunque el documento se formalizó aquel viernes 10 de diciembre, sin llegar a tratado internacional, sus 30 artículos son un marco de referencia para el desarrollo internacional de los derechos humanos y de numerosas constituciones, entre ellas, la mexicana.

La Declaración surgió como norma moral para los pueblos, estableció libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales. Su influencia moldeó tratados y sistemas internacionales que hoy funcionan como salvaguarda frente al poder desmedido, en su mayor parte, de los mandatarios.

A casi ocho décadas de distancia, ese legado enfrenta un escenario diametralmente nuevo; los derechos y la dignidad a partir del impacto de las tecnologías emergentes. La inteligencia artificial, la vigilancia digital y la extracción masiva de datos abren un campo donde la vulneración puede ocurrir sin violencia física, ni contacto humano.

Los países más avanzados en este tipo de regulación han sido la Unión Europea, Corea del Sur, Canadá y, en algunos rubros, Nueva Zelanda. Estados que han creado marcos jurídicos sobre privacidad, uso ético de algoritmos y protección frente a sistemas de vigilancia estatal o corporativa.

En nuestro país, el Congreso de la Unión mantiene pendiente una discusión integral sobre el derecho digital; de tal suerte que, daremos inicio el 2026 con la urgencia de tener un marco que regule tecnologías como el reconocimiento facial, inteligencia artificial autónoma, espionaje digital o uso de datos biométricos.

En este crítico contexto, México se encuentra entre los países más peligrosos para las personas defensoras, entre ellas, juristas y periodistas. El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil registró más de doscientas cincuenta agresiones en América Latina durante 2024, y una parte significativa ocurrió en territorio nacional. La criminalización, la impunidad y la estigmatización muestran una estructura que, lamentablemente, no ha logrado proteger vidas.

En este sentido, el gobierno federal, encabezado por la mandataria Claudia Sheinbaum, anunció una agenda que intenta corregir estos rezagos germinados desde décadas atrás. La apertura hacia colectivos de búsqueda, la revisión de protocolos y el reconocimiento de la crisis, podría abonar a confeccionar este marco legal para defender la dignidad humana, particularmente de aquellos que integran grupos vulnerables.

Sin duda alguna, durante la próxima discusión legislativa, encabezada por el partido Morena, –que coordina el diputado Ricardo Monreal, y el senador Adán Augusto López Hernández— debe tener entre sus prioridades, delimitar reglas claras sobre la inteligencia artificial, protección de datos, transparencia algorítmica y límites al uso de tecnología de vigilancia.

De esta forma, llegamos con la necesidad de crear una protección jurídica real, frente a la violencia clásica, y de los mecanismos de control digital. El mundo avanza –de manera vertiginosa– hacia una frontera donde la autonomía personal depende de un urgente apartado legal, en un mundo completamente digital.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | La frontera del agua

La disputa por el agua ha deteriorado la calidad de vida de miles de mexicanos, mientras algunos han acumulado fortunas al administrarla, procesarla y distribuirla.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Durante décadas, políticos y empresas han tratado este recurso como mercancía, multiplicando ganancias en bebidas, productos y servicios.

Resulta contradictorio que en algunas escuelas primarias existan bebederos higiénicos y gratuitos, mientras que en universidades y centros deportivos el acceso dependa del pago. En gimnasios, oficinas, restaurantes e incluso hospitales, beber agua implica comprarla. Con la cercanía del Mundial de fútbol, vuelve la duda: ¿cuánto costará el agua, en un evento donde se anticipa que no habrá acceso gratuito?

Ante este panorama, cobra relevancia el informe del Relator Especial de la ONU, Pedro Arrojo Agudo, quien confronta la visión mercantil del líquido. El modelo neoliberal convirtió el agua en un bien que solo fluye para quien puede pagarlo, y entregó servicios públicos al interés privado, más atento a las utilidades, que al bienestar colectivo.

Más aún, las consecuencias son visibles en zonas urbanas donde los cortes se han normalizado y las tarifas han aumentado sin justificación técnica. El mercado, por sí mismo, no ha resuelto las desigualdades, por el contrario, las profundizó. En comunidades marginadas se paga más por agua de menor calidad, mientras industrias reciben concesiones amplias con escasa supervisión, por ejemplo, las que se dedican a procesar bebidas carbonatadas o cervezas.

El relator de la ONU propone un orden claro, primero la vida humana, luego las funciones sociales y finalmente las actividades productivas. En México ocurrió lo contrario durante décadas, desplazando el interés público a favor del económico. Reconocer el agua como bien común implica replantear el dominio sobre los ecosistemas, las concesiones y la gestión de cuencas, y justamente esta es la esencia de la reforma al marco legal que hoy se analiza en el Congreso de la Unión.

Las comunidades indígenas y rurales, afectadas por diversos megaproyectos, de manera particular de minería y agroindustria, están en el centro del debate parlamentario; el despojo hídrico y la falta de consulta previa han vulnerado el derecho colectivo, ocasionando, incluso, el desplazo de miles de familias de sus territorios originales, por ejemplo, en Chiapas.

La reforma al marco legal, impulsada por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, propone fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua potable y el saneamiento. Este modelo, ya exitoso en varias regiones del mundo, combina eficiencia con equidad.

Los principios de “quien deteriora restaura” y “no deterioro” deben guiar la política hídrica. Las inversiones públicas tienen que evaluar impactos sociales y ambientales. Asimismo, las tarifas crecientes por nivel de consumo permitirían que el uso básico sea accesible mientras los grandes consumidores asumen costos proporcionales a sus productos, y, a la atención de las comunidades donde se benefician.

La planificación del líquido exige transparencia y participación ciudadana; de esta forma las decisiones de hoy determinarán quién tendrá acceso en los próximos años. Nuestro país enfrenta ya ríos contaminados, cuencas agotadas y pozos clandestinos, prueba del fracaso de la visión neoliberal. Incluso, hemos escuchado la reciente “acuñación” del vocablo “huachicol del agua”.

Sin duda alguna, este líquido es un patrimonio común, elegir entre mercado o vida parece, ahora, un dilema impostergable. Si el agua es el origen de toda existencia, ¿por qué permitir que su control siga en manos de modelos ajenos a la responsabilidad social?

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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