Columna Sociedad | Soberanía y solidaridad

El mundo atraviesa una reconfiguración en su dinámica de convivencia. La tensión entre potencias, los conflictos regionales y las decisiones unilaterales han colocado a varias naciones en una encrucijada. México no es ajeno a ese proceso; forma parte activa de un tablero que cambia con rapidez.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Los recientes episodios bélicos entre los Estados Unidos e Irán, así como la persistente confrontación entre Ucrania y Rusia, evidencian un entorno internacional volátil.

La historia en América Latina también se reescribe. La presión sobre Venezuela y el endurecimiento de medidas hacia Cuba reflejan una estrategia que combina interés económico y control político. Por si fuera poco, la amenaza de sanciones genera efectos directos en la población civil.

El caso de la isla resulta muy emblemático. La falta de combustible y los cortes eléctricos trastocan la vida cotidiana. La escasez de estas energías incide en la salud, educación, estabilidad social y desconexión digital.

Paradójicamente, Cuba ha sido referente internacional en materia médica. La formación de especialistas y la exportación de servicios de salud constituyen una de sus principales aportaciones al mundo. Esa vocación se remonta a figuras como Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro Ruz, quienes impulsaron un modelo con fuerte énfasis social.

De esta forma, el llamado del impulsor del humanismo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a la solidaridad internacional, responde a una tradición diplomática que privilegia la cooperación y el respeto entre las naciones. La invitación a realizar donaciones apela a la dimensión humana.

Andrés Manuel López Obrador

Por su parte, el gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, ha reconocido estos gestos. Sin embargo, la magnitud del problema rebasa los apoyos puntuales. La economía de la isla depende en gran medida del turismo, sector que también resiente los efectos de la crisis.

Para México, este tipo de decisiones implica costos y beneficios. La cercanía con Cuba puede generar tensiones con los Estados Unidos, pero también reafirma una postura soberana en política exterior. En este sentido, la administración de la mandataria Claudia Sheinbaum ha manifestado precisión política al mantener el equilibrio entre cooperación regional y relación estratégica con Washington.

En el ámbito interno, la postura también envía señales. Refuerza la idea de un gobierno que prioriza la justicia social y la solidaridad internacional como ejes de acción. Vale recordar a Compay Segundo: “en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones”.

Punto Cero

Jorge Armando Rocha suena con mucha energía para convertirse en el candidato natural para recuperar Coyoacán por el movimiento de la Cuarta Transformación. El nombre del periodista y director del Canal del Congreso de la Ciudad de México sale a la luz entre varios políticos de izquierda, por ser un personaje joven, con experiencia en el acontecer político, que podría dejar atrás a figuras como Carlos Castillo, Gerardo Villanueva, Hannah de la Madrid, quienes han contenido por esta alcaldía capitalina.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | Terrorismo y soberanía nacional

Los hechos recientes de violencia que se presentaron alrededor de la detención –y posterior muerte– de Nemesio Oseguera Cervantes, sobre si fueron, o no, hechos de terrorismo, coloca al Estado mexicano ante un dilema jurídico y político de alto calibre.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Los hechos recientes de violencia que se presentaron alrededor de la detención –y posterior muerte– de Nemesio Oseguera Cervantes, sobre si fueron, o no, hechos de terrorismo, coloca al Estado mexicano ante un dilema jurídico y político de alto calibre.

Tras la captura y muerte del que fuera líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron incendios de establecimientos, ataques a bancos y bloqueos carreteros en varias entidades federativas. Reportes de investigación preliminar dieron cuenta de más de 200 tiendas de conveniencia afectadas y decenas de vehículos incendiados.

En este contexto, el artículo 139 del Código Penal Federal establece penas de 15 a 40 años de prisión a quien, mediante explosivos, armas de fuego o actos violentos, genere alarma o terror en la población con el fin de presionar a la autoridad; este tipo penal descarta la exigencia de motivación ideológica; por otro lado, los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron en 2003 que, el terrorismo no constituye delito político por su naturaleza jurídica.

Desde esa óptica técnica, los hechos encajan en la descripción del marco legal vigente en nuestro país. Hubo uso de armas, ataques a bienes públicos y privados, y un propósito evidente de intimidación social. Además, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada prevé que cuando tres o más personas se asocian para cometer delitos como terrorismo, la competencia es federal.

Incendios

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la actual administración de Donald Trump, ha impulsado la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Esa etiqueta activa mecanismos financieros y de seguridad internacional que rebasan la jurisdicción mexicana.

Si el gobierno federal asumiera, hipotéticamente, que existe terrorismo, podría abrir la puerta a revisiones financieras bajo convenios internacionales contra el financiamiento al terrorismo, entre ellas, las actividades “comerciales” ilícitas de éstas empresas criminales. También se podrían realizar análisis de inteligencia dentro de foros multilaterales y eventos de alto perfil, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México será sede junto con los Estados Unidos y Canadá.

Reconocer jurídicamente el terrorismo podría fortalecer procesos penales, pero también expondría al país a presiones externas. Pero la realidad es que la mandataria mexicana ha optado por un trato firme y diplomático con Washington. Ha defendido la soberanía sin romper la cooperación. Esta prudencia busca evitar que la narrativa externa condicione la política interna.

De esta forma, el Ministerio Público, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, tiene la facultad de tipificar conductas, sin embargo, las palabras que emanan del poder Ejecutivo pesan en la orientación institucional, es una fina línea entre la técnica jurídica y la conveniencia social, a pesar de la autonomía de la FGR.

Fiscalia General de la Republica (FGR)

De este evento de gran magnitud, incluso de carácter internacional, se desprende que México enfrenta una disyuntiva muy compleja, aplicar el derecho penal con rigor pleno o contener una categoría que podría alterar su posición internacional.

No cabe duda que, la fortaleza institucional del gobierno mexicano, hoy se mide en la capacidad de nombrar la realidad, sin perder el control de sus consecuencias. Quién lo diría, la figura de “El Mencho” es hoy una estampa de calibre internacional sobre la efectiva estrategia mexicana de combate al narcotráfico, que pasó del terror a la soberanía nacional.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Jalisco y Teocaltiche: bombas de tiempo

El mensaje es directo y tiene destinatarios claros: el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Pablo Hernández; y el fiscal jalisciense, Salvador González de los Santos.

Por Raúl García Araujo                                            

También tiene territorio marcado: Teocaltiche y Villa Hidalgo. La detención de Diego “N”, presidente municipal de Tequila, no fue un accidente ni un hecho aislado. Fue una advertencia.

Desde el centro del poder federal se tomó una decisión que no pasó por Casa Jalisco. La captura de Diego “N” evidenció la desconfianza de la Federación hacia las instituciones estatales para enfrentar la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales. Cuando no hay coordinación, la Federación actúa sola. Y actúa sin avisar.

La Operación Enjambre, encabezada por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dejó de ser un operativo regional para convertirse en una intervención quirúrgica contra ayuntamientos capturados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. El caso de Diego Rivera confirmó lo que durante años se denunció sin consecuencias: el poder municipal convertido en una extensión del CJNG.

Diego “N” fue detenido tras cateos ejecutados por el Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la SSPC.

Omar García Harfuch

Las acusaciones son graves: extorsión sistemática a empresas cerveceras y tequileras, desvío de recursos públicos y vínculos directos con una célula criminal.

No operaba solo. Gobernaba con una red de funcionarios hoy bajo arresto: Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas. Un ayuntamiento funcionando como empresa criminal.

Y aquí está el punto que incomoda al gobierno de Jalisco: el mismo modelo ya fue plenamente documentado en Teocaltiche y Villa Hidalgo.

Lo que sigue ya no es especulación, es método. La Operación Enjambre ha demostrado que cuando existe coordinación real entre la Secretaría de Seguridad federal y las fiscalías, los resultados llegan.

En el estado de México, el trabajo conjunto entre Omar García Harfuch y el fiscal mexiquense José Luis Cervantes, iniciado en noviembre de 2024, ha derivado en la detención de 60 personas, entre servidores públicos y exfuncionarios, en 18 municipios, así como en 19 sentencias condenatorias contra 17 objetivos prioritarios.

Ese contraste es el que hoy pesa sobre Jalisco. Mientras en el estado de México la Federación encontró interlocutores confiables para desmontar redes criminales incrustadas en gobiernos locales, en Jalisco optó por avanzar sola.

La detención de Diego “N” sin previo aviso al gobernador, al secretario de Seguridad estatal y al fiscal jalisciense es una señal inequívoca: no hubo condiciones para una coordinación institucional.

Por eso Teocaltiche y Villa Hidalgo no aparecen como advertencia retórica, sino como los siguientes movimientos en un tablero ya definido.

El gobierno federal no está midiendo costos políticos ni cuidando equilibrios locales; está ejecutando una estrategia que va directo al poder municipal coludido con el crimen. El mensaje es tan claro como incómodo: cuando el Estado no actúa, alguien más lo hará. Y esta vez, el enjambre ya está en movimiento.

En Cortito

Nos cuentan que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, bajo la conducción de Bertha Alcalde Luján, volvió a demostrar que la coordinación institucional puede transformar la indignación ciudadana en resultados concretos.

La detención de Gaby “N”, la mujer que atropelló a un motociclista en Iztapalapa y arrastró su cuerpo bajo su automóvil durante más de un kilómetro, generó indignación inmediata en redes sociales y medios de comunicación en todo el Valle de México.

Lo que podría haber sido solo un caso mediático se convirtió en un ejemplo de eficacia judicial.

La FGJCDMX ejecutó la orden de aprehensión por homicidio calificado tras avanzar rápidamente en la investigación del hecho vial ocurrido el 3 de enero de 2026, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Pero lo que destaca no es solo la rapidez, sino la coordinación interinstitucional. Agentes de la Policía de Investigación localizaron a Gaby “N” en la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue detenida en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca.

Este trabajo conjunto demuestra que los casos de alto impacto social no se resuelven sólo con titulares o indignación en redes, sino con inteligencia, planificación y cooperación entre estados.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Ecatepec rompe inercias políticas

Raúl García Araujo

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Ecatepec rompe inercias políticas

Ecatepec comienza a consolidar una nueva etapa política y administrativa basada en la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.

Por Raúl García Araujo                                            

En un municipio históricamente marcado por rezagos estructurales, la articulación institucional se perfila hoy como un factor clave para generar resultados tangibles.

En ese contexto, la reciente aprobación del dictamen de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México, que reconoce a la Laguna de Chiconautla como parte del municipio, representa un paso decisivo para otorgar certeza jurídica a más de 29 mil habitantes y acelerar el acceso a servicios básicos en la zona.

Se trata de una resolución largamente esperada que sienta bases claras para la planeación y la inversión pública.

Este avance es reflejo del trabajo conjunto entre la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la presidente municipal Azucena Cisneros Coss, quienes han construido una relación institucional orientada a resolver problemáticas estructurales en el municipio más grande y poblado del país.

Delfina Gómez

La resolución territorial no solo corrige un diferendo histórico con Acolman, sino que devuelve derechos y dignidad a miles de familias que durante años carecieron de claridad administrativa para exigir servicios públicos.

La propia alcaldesa ha reconocido que el respaldo político y social de la gobernadora fue determinante para concretar esta resolución.

El impulso del gobierno estatal permitió destrabar un conflicto prolongado y abrir la puerta a una nueva etapa de regularización, obra pública, acceso al agua potable y fortalecimiento de la seguridad en Chiconautla.

Este modelo de colaboración institucional también encuentra respaldo en el Gobierno Federal.

La reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Ecatepec, acompañada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el municipio se ha convertido en una prioridad dentro de la estrategia nacional de seguridad y atención social.

Los primeros resultados comienzan a reflejarse en las cifras. De acuerdo con información oficial, los delitos de alto impacto en el estado de México disminuyeron 22 por ciento. En el caso particular de Ecatepec, la implementación del Mando Unificado ha permitido reducciones significativas: 33 por ciento en homicidios dolosos, 36 por ciento en robo de vehículos, 32 por ciento en extorsión y 43 por ciento en robo a casa habitación.

Estos avances son resultado del trabajo coordinado entre fuerzas federales, estatales y municipales, lo que ha permitido la detención de generadores de violencia, entre ellos integrantes de la organización delictiva conocida como La Chokiza, así como el aseguramiento de armas, inmuebles vinculados a actividades ilícitas y tomas clandestinas de agua.

Paralelamente, el desarrollo social comienza a fortalecerse. El incremento de 700 por ciento en obras de agua, alumbrado y pavimentación, junto con más de 150 mil atenciones sociales dirigidas principalmente a mujeres, jóvenes y niñas, refleja una estrategia que busca atender las causas de la violencia y mejorar las condiciones de vida de la población.

La incorporación formal de la Laguna de Chiconautla al territorio de Ecatepec simboliza así un nuevo esquema de gobernanza, donde la suma de esfuerzos entre la gobernadora Delfina Gómez y la alcaldesa Azucena Cisneros permite avanzar en soluciones concretas, con el respaldo del gobierno federal para consolidar proyectos de seguridad y desarrollo social.

Esta alianza de trabajo no solo fortalece la gobernabilidad en el municipio más grande del país; también confirma que el proyecto de transformación mantiene fuerza territorial y respaldo ciudadano cuando la coordinación sustituye al conflicto y los resultados comienzan a llegar.

En Cortito

Nos cuentan que la estrategia de combate a los delitos de alto impacto en el estado de México comienza a mostrar resultados a partir del fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación encabezadas por la Fiscalía General de Justicia de la entidad, bajo la conducción del fiscal José Luis Cervantes Martínez, y en coordinación con instancias federales y estatales.

En los últimos meses, este enfoque ha permitido avanzar en la desarticulación de grupos generadores de violencia, mediante investigaciones sólidas que derivan en detenciones relevantes y judicializaciones con sustento jurídico. Un ejemplo reciente es la captura de 10 hombres y una mujer vinculados con al menos 16 homicidios.

Más allá de este caso específico, la Fiscalía mexiquense ha reforzado el uso de inteligencia criminal, el cruce de información interinstitucional y el seguimiento de redes delictivas que operan en distintas regiones del estado, lo que ha permitido identificar zonas de movilidad, patrones delictivos y vínculos entre organizaciones criminales.

Bajo el liderazgo del fiscal José Luis Cervantes Martínez, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene una estrategia de actuación firme, técnica y con resultados, enfocada en reducir la violencia, combatir la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Cuernavaca apuesta por la inteligencia en seguridad

Raúl García Araujo

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Se requieren resultados efectivos contra la tortura en México: GIDH

ONU evalúa compromiso de México contra la tortura: GIDH


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” señaló que la conclusión de la tercera visita oficial a México del Subcomité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Prevención de la Tortura representa un momento clave para evaluar el compromiso real del Estado mexicano frente a este grave delito.

Su presidente, el doctor Jesús Rey Fierro Hernández explicó que dicha visita tuvo como objetivo examinar las medidas adoptadas por México para enfrentar la tortura y evaluar su impacto institucional, en un proceso que se desarrolló bajo estricta confidencialidad, sin embargo se sabe que, la delegación sostuvo reuniones con al menos 20 dependencias federales.

Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, indicó que la apertura mostrada por el Estado mexicano ante los mecanismos internacionales de derechos humanos es un paso necesario, pero subrayó que la cooperación debe traducirse en resultados verificables. Añadió que la erradicación de la tortura exige acciones sostenidas, sanciones efectivas y garantías de no repetición.

Promoción de libertades

El defensor del pueblo recordó que el Estado mexicano, de esta manera, reafirmó su compromiso con la protección y promoción de las libertades fundamentales, sin embargo, dijo que este compromiso debe reflejarse en la reducción de denuncias, investigaciones diligentes y sentencias firmes contra responsables.

tortura

El también abogado litigante explicó que, tras la visita iniciada el 25 de enero, se espera que la delegación del Subcomité emita un comunicado de cierre en los próximos días. El informe final será confidencial, por lo que corresponderá al gobierno federal decidir si lo hace público, un punto que el GIDH consideró crucial para la transparencia.

El Subcomité visitó también centros de detención en diversas entidades federativas para monitorear las condiciones de las personas privadas de la libertad. Estas visitas fueron facilitadas por el gobierno federal en coordinación con autoridades estatales, lo que permitió un acceso directo a espacios de reclusión.

Esfuerzos del Estado

El abogado Fierro Hernández recordó que los esfuerzos del Estado mexicano se sustentan en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 2011, así como en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura de 2017 y la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016. También mencionó la publicación, el 18 de febrero de 2025, del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

De acuerdo con la información oficial, relató Jesús Rey, los encuentros estuvieron encabezados por Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería; Reyna Celeste Ascencio, quien preside la comisión de Derechos Humanos del Senado; y Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Cuernavaca apuesta por la inteligencia en seguridad

En seguridad pública no hay margen para titubeos. Los resultados se construyen con decisiones de fondo y ajustes oportunos.

Por Raúl García Araujo                                            

Bajo esa lógica, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, decidió fortalecer su estrategia con un movimiento quirúrgico y políticamente calculado: colocar al frente de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) a un perfil de inteligencia, no de ocurrencia; de coordinación, no de aislamiento, con el objetivo de elevar la eficacia en materia de seguridad.

El nombramiento de Pablo Nivardo Aguilera Casados no es un simple relevo administrativo. Representa un golpe de timón en la estrategia de seguridad municipal y una señal inequívoca de que Cuernavaca se alinea al modelo que hoy marca la pauta a nivel nacional: inteligencia, análisis criminal y cooperación interinstitucional.

Urióstegui entiende que la seguridad ya no se gana con patrullajes reactivos ni discursos voluntaristas, sino con información, tecnología y mando claro.

José Luis Urióstegui Salgado

El trasfondo político es aún más contundente. Este ajuste coloca a Cuernavaca en sintonía directa con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y eje operativo del Gabinete de Seguridad de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo.

En términos reales, el alcalde decidió que la capital de Morelos no juegue en solitario, sino dentro del esquema nacional de seguridad, donde la inteligencia y la coordinación con fuerzas federales son la regla, no la excepción.

Aguilera Casados llega con credenciales que pesan: formación en criminología y política criminal, experiencia en análisis de información y vínculos con instancias estratégicas de la Sedena, la Marina y agencias estadounidenses como el FBI y la DEA.

No es un perfil político; es un operador técnico para una etapa que exige resultados, no excusas. Su mensaje es claro: prevenir antes que reaccionar, fortalecer la presencia territorial y recuperar la confianza ciudadana.

El movimiento fue leído de inmediato por el sector empresarial, que no suele regalar avales. El Consejo Coordinador Empresarial Morelos y la Canacope-Servytur Cuernavaca otorgaron su voto de confianza al alcalde. El respaldo no es gratuito: es una exigencia directa de resultados inmediatos.

En política, la seguridad define gobiernos. Urióstegui lo sabe y por eso decidió mover la pieza clave del tablero. Con este nombramiento, Cuernavaca consolida una visión donde la seguridad se asume como estrategia de Estado, no como trámite municipal.

A este movimiento se suma otro factor que explica la ruta del alcalde: la coordinación entre municipios. José Luis Urióstegui Salgado se ha convertido en uno de los principales promotores de la articulación institucional entre alcaldes de Morelos, convencido de que la inseguridad no reconoce fronteras administrativas y exige respuestas regionales, no aisladas.

Desde esa lógica, Cuernavaca ha impulsado esquemas de intercambio de información, operativos conjuntos y comunicación permanente entre municipios, con el respaldo de instancias estatales y federales.

La apuesta es clara: construir un frente común que permita anticipar riesgos, compartir inteligencia y cerrar espacios a la delincuencia en la zona metropolitana y en los corredores estratégicos del estado.

A partir de ahora, el margen de tolerancia se reduce. El movimiento está hecho, la estrategia definida y los respaldos políticos alineados. En seguridad no hay pretextos ni tiempos largos: hay resultados o hay costos.

José Luis Urióstegui Salgado decidió asumir esa responsabilidad y colocar a Cuernavaca en el tablero nacional de la seguridad. El siguiente capítulo ya no será de discursos, sino de cifras, percepción ciudadana y control territorial. Ahí es donde se medirá el alcance real de esta decisión.

En Cortito

Nos cuentan empresarios de Morelos que han comenzado a plantear una exigencia que ya circula con fuerza en los círculos de decisión del estado: la gobernadora Margarita González Saravia debería tomar en cuenta el movimiento realizado en Cuernavaca y actuar con la misma determinación.

La solicitud es clara: remover a la brevedad al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, ante la percepción generalizada de que los resultados en materia de seguridad no han sido los esperados.

La comparación es inevitable y políticamente incómoda. Mientras en Cuernavaca el alcalde decidió ajustar y asumir el costo de mover una pieza clave, a nivel estatal la inseguridad continúa acumulando reclamos sin que se observe un golpe de timón similar.

Para el sector empresarial de Morelos, el mensaje es contundente: cuando la inseguridad persiste y los resultados no llegan, la permanencia de los responsables deja de ser una decisión técnica y se convierte en un problema político.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Harfuch va por el narco en Zacatecas

Raúl García Araujo

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Harfuch va por el narco en Zacatecas

La frontera que conecta a Zacatecas y Jalisco dejó de ser una estadística regional para convertirse en un tema político de primer orden en la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.

Por Raúl García Araujo                                            

No se trata solo de violencia local, sino de un corredor estratégico donde el control territorial define rutas, poder criminal y capacidad del Estado para imponer autoridad. Por eso, este punto específico del país ha sido colocado sobre la mesa en las reuniones bilaterales de seguridad entre ambos gobiernos.

En el centro de esa discusión aparecen nombres que concentran su atención y presión: El Geras, El Doble R y Mario González, quienes encabezan una disputa criminal por el control y trasiego de droga en los límites de ambas entidades.

No son actores marginales; son liderazgos que han convertido esa franja territorial en un campo de batalla, afectando directamente la estabilidad regional y la seguridad de comunidades enteras.

Desde el ámbito político, lo relevante es que estos personajes no operan en la sombra ni fuera del radar institucional. El Gobierno de México ha dejado claro que están plenamente identificados y bajo seguimiento permanente.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó al gobierno de Donald Trump que el año pasado se logró un golpe clave contra la estructura de El Geras con la captura de uno de sus operadores más relevantes: el exalcalde de Apulco, Zacatecas, Mauro «N».

Un caso que evidenció la colusión entre poder local y crimen organizado, y que rompió un esquema de protección política que durante años permitió operar a estas redes.

Ese golpe no fue aislado. Forma parte de una estrategia de inteligencia sostenida, enfocada ahora en ubicar y capturar tanto a El Geras como a El Doble R, así como a otros liderazgos criminales que buscan consolidar su presencia en la frontera Zacatecas–Jalisco.

El objetivo es claro: desmantelar estructuras, no solo detener individuos, y recuperar el control territorial que el crimen intenta imponer.

Este esfuerzo se da en un contexto político contundente: el traslado a Estados Unidos de 37 presos de alta peligrosidad, varios de ellos líderes y operadores de cárteles criminales. La decisión envía un mensaje inequívoco dentro y fuera del país: la cooperación bilateral en materia de seguridad es real, operativa y con consecuencias directas para las organizaciones criminales.

En este escenario, el papel de Omar García Harfuch adquiere una dimensión estratégica. No solo como jefe de la política de seguridad, sino como el funcionario que ha logrado convertir la relación con el gobierno de Donald Trump en una coordinación efectiva de inteligencia y acción, sin discursos vacíos ni simulaciones diplomáticas. Los resultados —detenciones, traslados y presión sostenida— respaldan esa línea de trabajo.

El mensaje político es contundente. El Estado mexicano actúa desde la fortaleza institucional, define prioridades y asume el costo de enfrentar a liderazgos criminales que durante años se movieron con margen de impunidad. Para El Geras, El Doble R y Mario González, quienes operan en esa franja territorial, la señal es clara: el cerco se cierra y el tiempo se agota.

Hoy, la frontera entre Zacatecas y Jalisco ya no es tierra de nadie. Es un frente abierto del Estado mexicano, respaldado por cooperación internacional y una estrategia de seguridad que no negocia con el crimen. Y en esa ruta, la conducción de García Harfuch marca una línea firme: no hay tregua, no hay retrocesos y no habrá escondite posible.

En Cortito

Nos cuentan que la reunión entre la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, con los líderes de Morena, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán fue presentada como un encuentro para dialogar y escuchar puntos de vista.

La propia mandataria explicó que ella los invitó luego de que la buscaran para informarle cómo están trabajando y conocer su opinión, negando que existieran acuerdos adicionales o definiciones políticas formales.

Sin embargo, nos dicen que en el fondo el encuentro tuvo un peso político mayor. En un momento clave para el país, uno de los temas que genera mayor disuasión es la Reforma Electoral impulsada por Sheinbaum, particularmente la necesidad de construir consensos para sacarla adelante sin confrontaciones innecesarias.

Aunque públicamente se descartó el tema, el contexto obliga a leer la reunión como parte de una estrategia de diálogo previo y medición de fuerzas.

La presencia, según trascendió, de Ricardo Monreal y Adán Augusto López refuerza esa lectura. Ambos son piezas clave en el tablero legislativo y su participación apunta a que la presidenta privilegia el acuerdo político antes que la imposición.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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Raúl García Araujo

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Columna Sociedad | Un mundo arrodillado al ego

Un mundo arrodillado al ego: el primer año del regreso de Donald J. Trump a la Casa Blanca.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Ha transcurrido un año desde que Donald J. Trump regresó a la Casa Blanca y el balance ya pesa como una losa histórica. Doce meses bastaron para reinstalar una lógica de poder que confunde gobierno con venganza, diplomacia con chantaje y liderazgo con exhibicionismo. Lo inquietante no es lo vivido, sino la certeza de que restan tres años más.

Trump no volvió para administrar el Estado. Volvió para cobrar. Cobrar agravios, lealtades forzadas y silencios cómplices. Enfrentó procesos judiciales, pero halló refugio en las urnas. La democracia, una vez más, operó como escudo de impunidad. Desde entonces, el mensaje global se volvió nítido, con Trump no se dialoga, se le halaga; no se confronta, se le concede.

El mundo entendió rápido la fórmula. En América Latina, la sumisión tomó formas explícitas. María Corina Machado llegó a ofrecerle una medalla simbólica asociada al Nobel de la Paz, gesto que buscó absolverlo en el altar del ego. En México, el pragmatismo adoptó forma de tributo, 37 criminales de alto impacto enviados a cortes estadounidenses, justo en el aniversario de su retorno. La coincidencia resulta demasiado precisa.

Donald Trump, ante la Asamblea General de la ONU | EFE/Sarah Yenesel

En el tablero internacional, Trump reinstaló la política del garrote. Tensó la relación con Europa al reactivar su obsesión por Groenlandia y tratar a Dinamarca y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte como piezas prescindibles. Filtraciones de mensajes con líderes europeos confirmaron el método: presión, desprecio y transacción. La alianza atlántica, pilar del orden occidental por décadas, hoy opera bajo desgaste permanente.

En materia económica, los aranceles volvieron como arma política. No hay distinción entre aliados y adversarios. El comercio exterior quedó reducido a una lógica binaria: alineación o castigo. Las cadenas productivas se reacomodan y la certidumbre global se erosiona.

En América Latina, el precedente es aún más delicado. La extracción de Nicolás Maduro, celebrada por algunos sectores, abrió la puerta a una intervención sin disimulo. El mensaje trasciende a Venezuela, Washington actúa cuando quiere y donde quiere. No busca estabilidad, busca obediencia.

Nicolás Maduro (d), y Cilia Flores (i) | EFE/Stringer

En territorio estadounidense, la dureza tampoco se oculta. Redadas masivas, detenciones arbitrarias y migrantes convertidos en trofeo político. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas funge como instrumento narrativo del enemigo interno.

Todo esto ocurre bajo la cercanía abierta con figuras autoritarias como Vladimir Putin o Benjamín Netanyahu. Comparten idioma político: poder sin ética, fuerza sin límites y consecuencias diluidas.
Un año después, el mundo no es más seguro ni más justo. Está más cansado. Este primer tramo se siente como una era completa. Y la amenaza real no reside en lo que Trump ya hizo, sino en la normalización de un orden donde la política global se arrodilla ante el ego.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | La dignidad humana

El mundo recuerda este miércoles la confección histórica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, hace 77 años, en la ciudad de París, en Francia, signada por un total de 58 naciones.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Aunque el documento se formalizó aquel viernes 10 de diciembre, sin llegar a tratado internacional, sus 30 artículos son un marco de referencia para el desarrollo internacional de los derechos humanos y de numerosas constituciones, entre ellas, la mexicana.

La Declaración surgió como norma moral para los pueblos, estableció libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales. Su influencia moldeó tratados y sistemas internacionales que hoy funcionan como salvaguarda frente al poder desmedido, en su mayor parte, de los mandatarios.

A casi ocho décadas de distancia, ese legado enfrenta un escenario diametralmente nuevo; los derechos y la dignidad a partir del impacto de las tecnologías emergentes. La inteligencia artificial, la vigilancia digital y la extracción masiva de datos abren un campo donde la vulneración puede ocurrir sin violencia física, ni contacto humano.

Los países más avanzados en este tipo de regulación han sido la Unión Europea, Corea del Sur, Canadá y, en algunos rubros, Nueva Zelanda. Estados que han creado marcos jurídicos sobre privacidad, uso ético de algoritmos y protección frente a sistemas de vigilancia estatal o corporativa.

Bandera de la ONU

En nuestro país, el Congreso de la Unión mantiene pendiente una discusión integral sobre el derecho digital; de tal suerte que, daremos inicio el 2026 con la urgencia de tener un marco que regule tecnologías como el reconocimiento facial, inteligencia artificial autónoma, espionaje digital o uso de datos biométricos.

En este crítico contexto, México se encuentra entre los países más peligrosos para las personas defensoras, entre ellas, juristas y periodistas. El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil registró más de doscientas cincuenta agresiones en América Latina durante 2024, y una parte significativa ocurrió en territorio nacional. La criminalización, la impunidad y la estigmatización muestran una estructura que, lamentablemente, no ha logrado proteger vidas.

En este sentido, el gobierno federal, encabezado por la mandataria Claudia Sheinbaum, anunció una agenda que intenta corregir estos rezagos germinados desde décadas atrás. La apertura hacia colectivos de búsqueda, la revisión de protocolos y el reconocimiento de la crisis, podría abonar a confeccionar este marco legal para defender la dignidad humana, particularmente de aquellos que integran grupos vulnerables.

Camara de diputados

Sin duda alguna, durante la próxima discusión legislativa, encabezada por el partido Morena, –que coordina el diputado Ricardo Monreal, y el senador Adán Augusto López Hernández— debe tener entre sus prioridades, delimitar reglas claras sobre la inteligencia artificial, protección de datos, transparencia algorítmica y límites al uso de tecnología de vigilancia.

De esta forma, llegamos con la necesidad de crear una protección jurídica real, frente a la violencia clásica, y de los mecanismos de control digital. El mundo avanza –de manera vertiginosa– hacia una frontera donde la autonomía personal depende de un urgente apartado legal, en un mundo completamente digital.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | La frontera del agua

La disputa por el agua ha deteriorado la calidad de vida de miles de mexicanos, mientras algunos han acumulado fortunas al administrarla, procesarla y distribuirla.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Durante décadas, políticos y empresas han tratado este recurso como mercancía, multiplicando ganancias en bebidas, productos y servicios.

Resulta contradictorio que en algunas escuelas primarias existan bebederos higiénicos y gratuitos, mientras que en universidades y centros deportivos el acceso dependa del pago. En gimnasios, oficinas, restaurantes e incluso hospitales, beber agua implica comprarla. Con la cercanía del Mundial de fútbol, vuelve la duda: ¿cuánto costará el agua, en un evento donde se anticipa que no habrá acceso gratuito?

Ante este panorama, cobra relevancia el informe del Relator Especial de la ONU, Pedro Arrojo Agudo, quien confronta la visión mercantil del líquido. El modelo neoliberal convirtió el agua en un bien que solo fluye para quien puede pagarlo, y entregó servicios públicos al interés privado, más atento a las utilidades, que al bienestar colectivo.

Balón de futbol en cancha

Más aún, las consecuencias son visibles en zonas urbanas donde los cortes se han normalizado y las tarifas han aumentado sin justificación técnica. El mercado, por sí mismo, no ha resuelto las desigualdades, por el contrario, las profundizó. En comunidades marginadas se paga más por agua de menor calidad, mientras industrias reciben concesiones amplias con escasa supervisión, por ejemplo, las que se dedican a procesar bebidas carbonatadas o cervezas.

El relator de la ONU propone un orden claro, primero la vida humana, luego las funciones sociales y finalmente las actividades productivas. En México ocurrió lo contrario durante décadas, desplazando el interés público a favor del económico. Reconocer el agua como bien común implica replantear el dominio sobre los ecosistemas, las concesiones y la gestión de cuencas, y justamente esta es la esencia de la reforma al marco legal que hoy se analiza en el Congreso de la Unión.

Bandera de la ONU

Las comunidades indígenas y rurales, afectadas por diversos megaproyectos, de manera particular de minería y agroindustria, están en el centro del debate parlamentario; el despojo hídrico y la falta de consulta previa han vulnerado el derecho colectivo, ocasionando, incluso, el desplazo de miles de familias de sus territorios originales, por ejemplo, en Chiapas.

La reforma al marco legal, impulsada por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, propone fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua potable y el saneamiento. Este modelo, ya exitoso en varias regiones del mundo, combina eficiencia con equidad.

Claudia Sheinbaum

Los principios de “quien deteriora restaura” y “no deterioro” deben guiar la política hídrica. Las inversiones públicas tienen que evaluar impactos sociales y ambientales. Asimismo, las tarifas crecientes por nivel de consumo permitirían que el uso básico sea accesible mientras los grandes consumidores asumen costos proporcionales a sus productos, y, a la atención de las comunidades donde se benefician.

La planificación del líquido exige transparencia y participación ciudadana; de esta forma las decisiones de hoy determinarán quién tendrá acceso en los próximos años. Nuestro país enfrenta ya ríos contaminados, cuencas agotadas y pozos clandestinos, prueba del fracaso de la visión neoliberal. Incluso, hemos escuchado la reciente “acuñación” del vocablo “huachicol del agua”.

Sin duda alguna, este líquido es un patrimonio común, elegir entre mercado o vida parece, ahora, un dilema impostergable. Si el agua es el origen de toda existencia, ¿por qué permitir que su control siga en manos de modelos ajenos a la responsabilidad social?

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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