Columna Sociedad | La bomba que cayó en Sinaloa

La acusación que nos sorprendió ayer desde los Estados Unidos sacude el escenario político mexicano, y ha colocado bajo una presión inédita al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su administración y, por extensión, al gobierno federal.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Es una historia que se fue construyendo desde el periodo electoral de 2021, entre versiones periodísticas, filtraciones y señalamientos que hoy encontraron forma en una acusación formal del gobierno de los Estados Unidos.

Lo que se puso sobre la mesa es un presunto acuerdo entre actores de Morena en Sinaloa —incluido el gobernador— y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, particularmente Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán, con el objetivo de incidir en el resultado electoral de aquel 2021. A cambio, según la acusación estadounidense, se habría permitido el acceso y control de áreas estratégicas como la Secretaría de Seguridad, corporaciones policiales y la Fiscalía estatal.

El caso cruzó una línea decisiva al ser validado por un “gran jurado” en los Estados Unidos, lo que implica que el Departamento de Justicia haya presentado “elementos suficientes” para sustentar la persecución penal. A partir de ello, se giró una orden de aprehensión y se activó una solicitud de detención provisional, ya confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Este punto es clave, porque bajo ese mecanismo no se requiere la presentación inmediata de pruebas, sino que se actúa bajo un criterio de urgencia ante posibles riesgos de fuga o peligrosidad.

En este sentido, el procedimiento judicial se rige por el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos. En ese marco, las autoridades estadounidenses cuentan con un plazo de 60 días para enviar las pruebas formales que sustenten la solicitud, mientras que México deberá evaluar si concede o no la extradición. Sin embargo, la dimensión política y legal se entrelaza desde ahora, porque las detenciones podrían ejecutarse de forma inmediata en el caso de quienes no cuentan con fuero constitucional.

Ahí aparece uno de los nudos más complejos del caso; el gobernador Rubén Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, están protegidos por fuero, lo que obliga a iniciar procesos para retirarlos. Estos procedimientos no son automáticos; responden a dinámicas políticas internas que pueden alargar, o incluso frenar, el curso judicial, a menos que los implicados decidan renunciar voluntariamente a su cargo para enfrentar las acusaciones.

En contraste, los otros ocho actores señalados —como autoridades municipales— no cuentan con esa protección, lo que abre la posibilidad de detenciones inmediatas, si el gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), así lo determina.

El caso, además, se desarrolla en medio de una fuerte carga política en ambos lados de la frontera; mientras en México se habla de prudencia y de esperar pruebas, en los Estados Unidos el proceso ya superó un filtro judicial relevante. La acusación incluye presuntos encuentros entre el gobernador y los hijos de “El Chapo” antes y después de la elección, así como evidencia documental como fotografías y registros que han sido descritos como “narconóminas”, según se desprende del expediente judicial.

De esta manera, tenemos el antecedente de procesos como el de Genaro García Luna, donde testimonios y pruebas circunstanciales fueron suficientes para sostener una condena; bajo esa lógica, es un expediente que ya fue validado en términos judiciales.

Por si fuera poco, episodios como el “Culiacanazo”, la liberación de Ovidio Guzmán ordenada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y las reiteradas sospechas sobre vínculos entre autoridades y el crimen organizado, forman parte de una narrativa que hoy encuentra un nuevo capítulo. A ello se suma la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, quien incluso señaló al gobernador en una carta pública, lo que incrementó la presión mediática y política.

Estas acusaciones acumuladas, que durante años parecían dispersas o insuficientes, hoy convergen en el expediente judicial que obliga a replantear el alcance de la relación entre poder político y crimen organizado. En ese trayecto, también se han señalado irregularidades en investigaciones locales, incluyendo versiones oficiales que posteriormente fueron desmentidas por instancias federales, por ejemplo, el entorno donde murió Héctor Melesio Cuén Ojeda, evento donde también se registró el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada.

Así, la postura que adopte el gobierno federal este jueves desde el atril presidencial, impactará la relación bilateral con los Estados Unidos y la percepción interna sobre el combate a la corrupción y la impunidad. El respaldo previo al gobernador, tanto en el pasado como en el presente, se convierte ahora en un factor que condiciona la respuesta institucional.

En el fondo, más allá de nombres y cargos; este caso no solo define el futuro de un gobernador o de un grupo político, sino la capacidad del Estado mexicano para responder ante acusaciones de esta magnitud, bajo la mirada de un sistema judicial internacional que ya ha dado un primer paso. Sin duda, aún no tenemos claridad de los alcances de la bomba que cayó en Sinaloa.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en SDP Noticias

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Edomex urge regularizar títulos de agua municipales

Asesora Gobierno del EdoMéx a municipios para regularizar títulos de asignación de agua; tienen hasta el 28 de abril

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El gobierno del estado de México llamó a los municipios a regularizar sus títulos de asignación de agua antes del 28 de abril, con el objetivo de asegurar el acceso a recursos federales para obras hidráulicas en beneficio de la población.

A través de la Secretaría del Agua (Sagua), la administración estatal brinda asesoría y acompañamiento a los ayuntamientos para facilitar este proceso, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La dependencia estatal informó que la regularización de estos títulos permite a los municipios acceder a financiamiento para acciones como perforación de pozos, rehabilitación de redes de distribución y mejora en el suministro de agua potable.

Precisó que, si bien el derecho humano al agua está garantizado, no contar con estos documentos actualizados puede limitar la gestión de recursos para fortalecer la infraestructura hídrica. –sn–

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Proponen programa hídrico para garantizar agua en zonas metropolitanas de alta densidad

La legisladora presentó una iniciativa para crear un Programa Especial de Infraestructura Hídrica en Zonas Metropolitanas de Alta Densidad Poblacional.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La diputada federal Ivonne Ruiz Moreno presentó una iniciativa para crear un Programa Especial de Infraestructura Hídrica en Zonas Metropolitanas de Alta Densidad Poblacional. Este programa establecería criterios de priorización basados en la densidad demográfica, el nivel de estrés hídrico, el déficit en el suministro continuo y la vulnerabilidad social, con especial atención al Estado de México y los municipios metropolitanos colindantes con la Ciudad de México.

Explicó que el programa permitirá planear, coordinar, financiar y evaluar acciones de modernización, ampliación y eficiencia de la infraestructura hidráulica. El objetivo es mejorar la continuidad del servicio, reducir pérdidas físicas en las redes, optimizar la distribución del agua y fortalecer la sostenibilidad del recurso a mediano y largo plazo.

Subrayó que su propuesta busca armonizar la política hídrica nacional con las necesidades específicas del Estado de México, promoviendo la equidad en el acceso al agua, la eficiencia en la gestión de los recursos y la coordinación interinstitucional. Todo ello para enfrentar de manera integral los retos derivados de la alta densidad poblacional, la sobreexplotación de acuíferos y la insuficiencia de infraestructura, respetando la competencia constitucional de los municipios y garantizando el ejercicio efectivo del derecho humano al agua. –sn–

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💧 ¡Buscan garantizar el agua como derecho!
Diputados y colectivos presentan la Iniciativa de Ley de Aguas en Querétaro para asegurar acceso justo y evitar privatización.

⚠️ Incluye tarifas accesibles, vigilancia ciudadana y protección ambiental.

#Querétaro #Agua #DerechoAlAgua #MedioAmbiente #LeyDeAguas
Más información aqui 👇

https://amanecerqro.com/impulsan-iniciativa-de-ley-de-aguas-en-queretaro-sin-privatizacion/

Columna Sociedad | Soberanía y solidaridad

El mundo atraviesa una reconfiguración en su dinámica de convivencia. La tensión entre potencias, los conflictos regionales y las decisiones unilaterales han colocado a varias naciones en una encrucijada. México no es ajeno a ese proceso; forma parte activa de un tablero que cambia con rapidez.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Los recientes episodios bélicos entre los Estados Unidos e Irán, así como la persistente confrontación entre Ucrania y Rusia, evidencian un entorno internacional volátil.

La historia en América Latina también se reescribe. La presión sobre Venezuela y el endurecimiento de medidas hacia Cuba reflejan una estrategia que combina interés económico y control político. Por si fuera poco, la amenaza de sanciones genera efectos directos en la población civil.

El caso de la isla resulta muy emblemático. La falta de combustible y los cortes eléctricos trastocan la vida cotidiana. La escasez de estas energías incide en la salud, educación, estabilidad social y desconexión digital.

Paradójicamente, Cuba ha sido referente internacional en materia médica. La formación de especialistas y la exportación de servicios de salud constituyen una de sus principales aportaciones al mundo. Esa vocación se remonta a figuras como Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro Ruz, quienes impulsaron un modelo con fuerte énfasis social.

De esta forma, el llamado del impulsor del humanismo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a la solidaridad internacional, responde a una tradición diplomática que privilegia la cooperación y el respeto entre las naciones. La invitación a realizar donaciones apela a la dimensión humana.

Por su parte, el gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, ha reconocido estos gestos. Sin embargo, la magnitud del problema rebasa los apoyos puntuales. La economía de la isla depende en gran medida del turismo, sector que también resiente los efectos de la crisis.

Para México, este tipo de decisiones implica costos y beneficios. La cercanía con Cuba puede generar tensiones con los Estados Unidos, pero también reafirma una postura soberana en política exterior. En este sentido, la administración de la mandataria Claudia Sheinbaum ha manifestado precisión política al mantener el equilibrio entre cooperación regional y relación estratégica con Washington.

En el ámbito interno, la postura también envía señales. Refuerza la idea de un gobierno que prioriza la justicia social y la solidaridad internacional como ejes de acción. Vale recordar a Compay Segundo: “en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones”.

Punto Cero

Jorge Armando Rocha suena con mucha energía para convertirse en el candidato natural para recuperar Coyoacán por el movimiento de la Cuarta Transformación. El nombre del periodista y director del Canal del Congreso de la Ciudad de México sale a la luz entre varios políticos de izquierda, por ser un personaje joven, con experiencia en el acontecer político, que podría dejar atrás a figuras como Carlos Castillo, Gerardo Villanueva, Hannah de la Madrid, quienes han contenido por esta alcaldía capitalina.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: Terrorismo y soberanía nacional

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | Terrorismo y soberanía nacional

Los hechos recientes de violencia que se presentaron alrededor de la detención –y posterior muerte– de Nemesio Oseguera Cervantes, sobre si fueron, o no, hechos de terrorismo, coloca al Estado mexicano ante un dilema jurídico y político de alto calibre.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Los hechos recientes de violencia que se presentaron alrededor de la detención –y posterior muerte– de Nemesio Oseguera Cervantes, sobre si fueron, o no, hechos de terrorismo, coloca al Estado mexicano ante un dilema jurídico y político de alto calibre.

Tras la captura y muerte del que fuera líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron incendios de establecimientos, ataques a bancos y bloqueos carreteros en varias entidades federativas. Reportes de investigación preliminar dieron cuenta de más de 200 tiendas de conveniencia afectadas y decenas de vehículos incendiados.

En este contexto, el artículo 139 del Código Penal Federal establece penas de 15 a 40 años de prisión a quien, mediante explosivos, armas de fuego o actos violentos, genere alarma o terror en la población con el fin de presionar a la autoridad; este tipo penal descarta la exigencia de motivación ideológica; por otro lado, los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron en 2003 que, el terrorismo no constituye delito político por su naturaleza jurídica.

Desde esa óptica técnica, los hechos encajan en la descripción del marco legal vigente en nuestro país. Hubo uso de armas, ataques a bienes públicos y privados, y un propósito evidente de intimidación social. Además, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada prevé que cuando tres o más personas se asocian para cometer delitos como terrorismo, la competencia es federal.

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la actual administración de Donald Trump, ha impulsado la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Esa etiqueta activa mecanismos financieros y de seguridad internacional que rebasan la jurisdicción mexicana.

Si el gobierno federal asumiera, hipotéticamente, que existe terrorismo, podría abrir la puerta a revisiones financieras bajo convenios internacionales contra el financiamiento al terrorismo, entre ellas, las actividades “comerciales” ilícitas de éstas empresas criminales. También se podrían realizar análisis de inteligencia dentro de foros multilaterales y eventos de alto perfil, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México será sede junto con los Estados Unidos y Canadá.

Reconocer jurídicamente el terrorismo podría fortalecer procesos penales, pero también expondría al país a presiones externas. Pero la realidad es que la mandataria mexicana ha optado por un trato firme y diplomático con Washington. Ha defendido la soberanía sin romper la cooperación. Esta prudencia busca evitar que la narrativa externa condicione la política interna.

De esta forma, el Ministerio Público, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, tiene la facultad de tipificar conductas, sin embargo, las palabras que emanan del poder Ejecutivo pesan en la orientación institucional, es una fina línea entre la técnica jurídica y la conveniencia social, a pesar de la autonomía de la FGR.

De este evento de gran magnitud, incluso de carácter internacional, se desprende que México enfrenta una disyuntiva muy compleja, aplicar el derecho penal con rigor pleno o contener una categoría que podría alterar su posición internacional.

No cabe duda que, la fortaleza institucional del gobierno mexicano, hoy se mide en la capacidad de nombrar la realidad, sin perder el control de sus consecuencias. Quién lo diría, la figura de “El Mencho” es hoy una estampa de calibre internacional sobre la efectiva estrategia mexicana de combate al narcotráfico, que pasó del terror a la soberanía nacional.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: Un mundo arrodillado al ego

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | Un mundo arrodillado al ego

Un mundo arrodillado al ego: el primer año del regreso de Donald J. Trump a la Casa Blanca.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Ha transcurrido un año desde que Donald J. Trump regresó a la Casa Blanca y el balance ya pesa como una losa histórica. Doce meses bastaron para reinstalar una lógica de poder que confunde gobierno con venganza, diplomacia con chantaje y liderazgo con exhibicionismo. Lo inquietante no es lo vivido, sino la certeza de que restan tres años más.

Trump no volvió para administrar el Estado. Volvió para cobrar. Cobrar agravios, lealtades forzadas y silencios cómplices. Enfrentó procesos judiciales, pero halló refugio en las urnas. La democracia, una vez más, operó como escudo de impunidad. Desde entonces, el mensaje global se volvió nítido, con Trump no se dialoga, se le halaga; no se confronta, se le concede.

El mundo entendió rápido la fórmula. En América Latina, la sumisión tomó formas explícitas. María Corina Machado llegó a ofrecerle una medalla simbólica asociada al Nobel de la Paz, gesto que buscó absolverlo en el altar del ego. En México, el pragmatismo adoptó forma de tributo, 37 criminales de alto impacto enviados a cortes estadounidenses, justo en el aniversario de su retorno. La coincidencia resulta demasiado precisa.

En el tablero internacional, Trump reinstaló la política del garrote. Tensó la relación con Europa al reactivar su obsesión por Groenlandia y tratar a Dinamarca y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte como piezas prescindibles. Filtraciones de mensajes con líderes europeos confirmaron el método: presión, desprecio y transacción. La alianza atlántica, pilar del orden occidental por décadas, hoy opera bajo desgaste permanente.

En materia económica, los aranceles volvieron como arma política. No hay distinción entre aliados y adversarios. El comercio exterior quedó reducido a una lógica binaria: alineación o castigo. Las cadenas productivas se reacomodan y la certidumbre global se erosiona.

En América Latina, el precedente es aún más delicado. La extracción de Nicolás Maduro, celebrada por algunos sectores, abrió la puerta a una intervención sin disimulo. El mensaje trasciende a Venezuela, Washington actúa cuando quiere y donde quiere. No busca estabilidad, busca obediencia.

En territorio estadounidense, la dureza tampoco se oculta. Redadas masivas, detenciones arbitrarias y migrantes convertidos en trofeo político. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas funge como instrumento narrativo del enemigo interno.

Todo esto ocurre bajo la cercanía abierta con figuras autoritarias como Vladimir Putin o Benjamín Netanyahu. Comparten idioma político: poder sin ética, fuerza sin límites y consecuencias diluidas.
Un año después, el mundo no es más seguro ni más justo. Está más cansado. Este primer tramo se siente como una era completa. Y la amenaza real no reside en lo que Trump ya hizo, sino en la normalización de un orden donde la política global se arrodilla ante el ego.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La dignidad humana

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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GAZA SE AHOGA: CRISIS HÍDRICA AGRAVA EMERGENCIA HUMANITARIA TRAS ATAQUES ISRAELÍES

▫️ La franja sufre la paralización del suministro de agua en múltiples barrios mientras continúan las demoliciones y la violencia en Cisjordania.

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https://humanidadymedio.wordpress.com/2026/01/20/gaza-se-ahoga-crisis-hidrica-agrava-emergencia-humanitaria-tras-ataques-israelies/

Columna Sociedad | La dignidad humana

El mundo recuerda este miércoles la confección histórica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, hace 77 años, en la ciudad de París, en Francia, signada por un total de 58 naciones.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Aunque el documento se formalizó aquel viernes 10 de diciembre, sin llegar a tratado internacional, sus 30 artículos son un marco de referencia para el desarrollo internacional de los derechos humanos y de numerosas constituciones, entre ellas, la mexicana.

La Declaración surgió como norma moral para los pueblos, estableció libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales. Su influencia moldeó tratados y sistemas internacionales que hoy funcionan como salvaguarda frente al poder desmedido, en su mayor parte, de los mandatarios.

A casi ocho décadas de distancia, ese legado enfrenta un escenario diametralmente nuevo; los derechos y la dignidad a partir del impacto de las tecnologías emergentes. La inteligencia artificial, la vigilancia digital y la extracción masiva de datos abren un campo donde la vulneración puede ocurrir sin violencia física, ni contacto humano.

Los países más avanzados en este tipo de regulación han sido la Unión Europea, Corea del Sur, Canadá y, en algunos rubros, Nueva Zelanda. Estados que han creado marcos jurídicos sobre privacidad, uso ético de algoritmos y protección frente a sistemas de vigilancia estatal o corporativa.

En nuestro país, el Congreso de la Unión mantiene pendiente una discusión integral sobre el derecho digital; de tal suerte que, daremos inicio el 2026 con la urgencia de tener un marco que regule tecnologías como el reconocimiento facial, inteligencia artificial autónoma, espionaje digital o uso de datos biométricos.

En este crítico contexto, México se encuentra entre los países más peligrosos para las personas defensoras, entre ellas, juristas y periodistas. El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil registró más de doscientas cincuenta agresiones en América Latina durante 2024, y una parte significativa ocurrió en territorio nacional. La criminalización, la impunidad y la estigmatización muestran una estructura que, lamentablemente, no ha logrado proteger vidas.

En este sentido, el gobierno federal, encabezado por la mandataria Claudia Sheinbaum, anunció una agenda que intenta corregir estos rezagos germinados desde décadas atrás. La apertura hacia colectivos de búsqueda, la revisión de protocolos y el reconocimiento de la crisis, podría abonar a confeccionar este marco legal para defender la dignidad humana, particularmente de aquellos que integran grupos vulnerables.

Sin duda alguna, durante la próxima discusión legislativa, encabezada por el partido Morena, –que coordina el diputado Ricardo Monreal, y el senador Adán Augusto López Hernández— debe tener entre sus prioridades, delimitar reglas claras sobre la inteligencia artificial, protección de datos, transparencia algorítmica y límites al uso de tecnología de vigilancia.

De esta forma, llegamos con la necesidad de crear una protección jurídica real, frente a la violencia clásica, y de los mecanismos de control digital. El mundo avanza –de manera vertiginosa– hacia una frontera donde la autonomía personal depende de un urgente apartado legal, en un mundo completamente digital.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La frontera del agua

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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💧🇲🇽 Garantizar el derecho al agua es una prioridad.
La diputada Sully Mauricio Sixtos destacó en ANEAS 2025 la importancia de ordenar las concesiones, actualizar la ley y asegurar un manejo justo y transparente del recurso.
En Querétaro se impulsa una transformación que protege cuencas y fortalece a los organismos operadores. 🌱🤝
Más información en: www.amanecerqro.com

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