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Columna Sociedad | La bomba que cayó en Sinaloa

La acusación que nos sorprendió ayer desde los Estados Unidos sacude el escenario político mexicano, y ha colocado bajo una presión inédita al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su administración y, por extensión, al gobierno federal.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Es una historia que se fue construyendo desde el periodo electoral de 2021, entre versiones periodísticas, filtraciones y señalamientos que hoy encontraron forma en una acusación formal del gobierno de los Estados Unidos.

Lo que se puso sobre la mesa es un presunto acuerdo entre actores de Morena en Sinaloa —incluido el gobernador— y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, particularmente Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán, con el objetivo de incidir en el resultado electoral de aquel 2021. A cambio, según la acusación estadounidense, se habría permitido el acceso y control de áreas estratégicas como la Secretaría de Seguridad, corporaciones policiales y la Fiscalía estatal.

El caso cruzó una línea decisiva al ser validado por un “gran jurado” en los Estados Unidos, lo que implica que el Departamento de Justicia haya presentado “elementos suficientes” para sustentar la persecución penal. A partir de ello, se giró una orden de aprehensión y se activó una solicitud de detención provisional, ya confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Este punto es clave, porque bajo ese mecanismo no se requiere la presentación inmediata de pruebas, sino que se actúa bajo un criterio de urgencia ante posibles riesgos de fuga o peligrosidad.

En este sentido, el procedimiento judicial se rige por el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos. En ese marco, las autoridades estadounidenses cuentan con un plazo de 60 días para enviar las pruebas formales que sustenten la solicitud, mientras que México deberá evaluar si concede o no la extradición. Sin embargo, la dimensión política y legal se entrelaza desde ahora, porque las detenciones podrían ejecutarse de forma inmediata en el caso de quienes no cuentan con fuero constitucional.

Ahí aparece uno de los nudos más complejos del caso; el gobernador Rubén Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, están protegidos por fuero, lo que obliga a iniciar procesos para retirarlos. Estos procedimientos no son automáticos; responden a dinámicas políticas internas que pueden alargar, o incluso frenar, el curso judicial, a menos que los implicados decidan renunciar voluntariamente a su cargo para enfrentar las acusaciones.

En contraste, los otros ocho actores señalados —como autoridades municipales— no cuentan con esa protección, lo que abre la posibilidad de detenciones inmediatas, si el gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), así lo determina.

El caso, además, se desarrolla en medio de una fuerte carga política en ambos lados de la frontera; mientras en México se habla de prudencia y de esperar pruebas, en los Estados Unidos el proceso ya superó un filtro judicial relevante. La acusación incluye presuntos encuentros entre el gobernador y los hijos de “El Chapo” antes y después de la elección, así como evidencia documental como fotografías y registros que han sido descritos como “narconóminas”, según se desprende del expediente judicial.

Genaro García Luna

De esta manera, tenemos el antecedente de procesos como el de Genaro García Luna, donde testimonios y pruebas circunstanciales fueron suficientes para sostener una condena; bajo esa lógica, es un expediente que ya fue validado en términos judiciales.

Por si fuera poco, episodios como el “Culiacanazo”, la liberación de Ovidio Guzmán ordenada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y las reiteradas sospechas sobre vínculos entre autoridades y el crimen organizado, forman parte de una narrativa que hoy encuentra un nuevo capítulo. A ello se suma la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, quien incluso señaló al gobernador en una carta pública, lo que incrementó la presión mediática y política.

Estas acusaciones acumuladas, que durante años parecían dispersas o insuficientes, hoy convergen en el expediente judicial que obliga a replantear el alcance de la relación entre poder político y crimen organizado. En ese trayecto, también se han señalado irregularidades en investigaciones locales, incluyendo versiones oficiales que posteriormente fueron desmentidas por instancias federales, por ejemplo, el entorno donde murió Héctor Melesio Cuén Ojeda, evento donde también se registró el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada.

Así, la postura que adopte el gobierno federal este jueves desde el atril presidencial, impactará la relación bilateral con los Estados Unidos y la percepción interna sobre el combate a la corrupción y la impunidad. El respaldo previo al gobernador, tanto en el pasado como en el presente, se convierte ahora en un factor que condiciona la respuesta institucional.

En el fondo, más allá de nombres y cargos; este caso no solo define el futuro de un gobernador o de un grupo político, sino la capacidad del Estado mexicano para responder ante acusaciones de esta magnitud, bajo la mirada de un sistema judicial internacional que ya ha dado un primer paso. Sin duda, aún no tenemos claridad de los alcances de la bomba que cayó en Sinaloa.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en SDP Noticias

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Sociedad Noticias Mar 18

Columna Sociedad | Soberanía y solidaridad

El mundo atraviesa una reconfiguración en su dinámica de convivencia. La tensión entre potencias, los conflictos regionales y las decisiones unilaterales han colocado a varias naciones en una encrucijada. México no es ajeno a ese proceso; forma parte activa de un tablero que cambia con rapidez.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Los recientes episodios bélicos entre los Estados Unidos e Irán, así como la persistente confrontación entre Ucrania y Rusia, evidencian un entorno internacional volátil.

La historia en América Latina también se reescribe. La presión sobre Venezuela y el endurecimiento de medidas hacia Cuba reflejan una estrategia que combina interés económico y control político. Por si fuera poco, la amenaza de sanciones genera efectos directos en la población civil.

El caso de la isla resulta muy emblemático. La falta de combustible y los cortes eléctricos trastocan la vida cotidiana. La escasez de estas energías incide en la salud, educación, estabilidad social y desconexión digital.

Paradójicamente, Cuba ha sido referente internacional en materia médica. La formación de especialistas y la exportación de servicios de salud constituyen una de sus principales aportaciones al mundo. Esa vocación se remonta a figuras como Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro Ruz, quienes impulsaron un modelo con fuerte énfasis social.

De esta forma, el llamado del impulsor del humanismo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a la solidaridad internacional, responde a una tradición diplomática que privilegia la cooperación y el respeto entre las naciones. La invitación a realizar donaciones apela a la dimensión humana.

Andrés Manuel López Obrador

Por su parte, el gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, ha reconocido estos gestos. Sin embargo, la magnitud del problema rebasa los apoyos puntuales. La economía de la isla depende en gran medida del turismo, sector que también resiente los efectos de la crisis.

Para México, este tipo de decisiones implica costos y beneficios. La cercanía con Cuba puede generar tensiones con los Estados Unidos, pero también reafirma una postura soberana en política exterior. En este sentido, la administración de la mandataria Claudia Sheinbaum ha manifestado precisión política al mantener el equilibrio entre cooperación regional y relación estratégica con Washington.

En el ámbito interno, la postura también envía señales. Refuerza la idea de un gobierno que prioriza la justicia social y la solidaridad internacional como ejes de acción. Vale recordar a Compay Segundo: “en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones”.

Punto Cero

Jorge Armando Rocha suena con mucha energía para convertirse en el candidato natural para recuperar Coyoacán por el movimiento de la Cuarta Transformación. El nombre del periodista y director del Canal del Congreso de la Ciudad de México sale a la luz entre varios políticos de izquierda, por ser un personaje joven, con experiencia en el acontecer político, que podría dejar atrás a figuras como Carlos Castillo, Gerardo Villanueva, Hannah de la Madrid, quienes han contenido por esta alcaldía capitalina.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Sociedad Noticias Mar 4

Columna Sociedad | Terrorismo y soberanía nacional

Los hechos recientes de violencia que se presentaron alrededor de la detención –y posterior muerte– de Nemesio Oseguera Cervantes, sobre si fueron, o no, hechos de terrorismo, coloca al Estado mexicano ante un dilema jurídico y político de alto calibre.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Los hechos recientes de violencia que se presentaron alrededor de la detención –y posterior muerte– de Nemesio Oseguera Cervantes, sobre si fueron, o no, hechos de terrorismo, coloca al Estado mexicano ante un dilema jurídico y político de alto calibre.

Tras la captura y muerte del que fuera líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron incendios de establecimientos, ataques a bancos y bloqueos carreteros en varias entidades federativas. Reportes de investigación preliminar dieron cuenta de más de 200 tiendas de conveniencia afectadas y decenas de vehículos incendiados.

En este contexto, el artículo 139 del Código Penal Federal establece penas de 15 a 40 años de prisión a quien, mediante explosivos, armas de fuego o actos violentos, genere alarma o terror en la población con el fin de presionar a la autoridad; este tipo penal descarta la exigencia de motivación ideológica; por otro lado, los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron en 2003 que, el terrorismo no constituye delito político por su naturaleza jurídica.

Desde esa óptica técnica, los hechos encajan en la descripción del marco legal vigente en nuestro país. Hubo uso de armas, ataques a bienes públicos y privados, y un propósito evidente de intimidación social. Además, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada prevé que cuando tres o más personas se asocian para cometer delitos como terrorismo, la competencia es federal.

Incendios

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la actual administración de Donald Trump, ha impulsado la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Esa etiqueta activa mecanismos financieros y de seguridad internacional que rebasan la jurisdicción mexicana.

Si el gobierno federal asumiera, hipotéticamente, que existe terrorismo, podría abrir la puerta a revisiones financieras bajo convenios internacionales contra el financiamiento al terrorismo, entre ellas, las actividades “comerciales” ilícitas de éstas empresas criminales. También se podrían realizar análisis de inteligencia dentro de foros multilaterales y eventos de alto perfil, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México será sede junto con los Estados Unidos y Canadá.

Reconocer jurídicamente el terrorismo podría fortalecer procesos penales, pero también expondría al país a presiones externas. Pero la realidad es que la mandataria mexicana ha optado por un trato firme y diplomático con Washington. Ha defendido la soberanía sin romper la cooperación. Esta prudencia busca evitar que la narrativa externa condicione la política interna.

De esta forma, el Ministerio Público, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, tiene la facultad de tipificar conductas, sin embargo, las palabras que emanan del poder Ejecutivo pesan en la orientación institucional, es una fina línea entre la técnica jurídica y la conveniencia social, a pesar de la autonomía de la FGR.

Fiscalia General de la Republica (FGR)

De este evento de gran magnitud, incluso de carácter internacional, se desprende que México enfrenta una disyuntiva muy compleja, aplicar el derecho penal con rigor pleno o contener una categoría que podría alterar su posición internacional.

No cabe duda que, la fortaleza institucional del gobierno mexicano, hoy se mide en la capacidad de nombrar la realidad, sin perder el control de sus consecuencias. Quién lo diría, la figura de “El Mencho” es hoy una estampa de calibre internacional sobre la efectiva estrategia mexicana de combate al narcotráfico, que pasó del terror a la soberanía nacional.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Columna anterior: Un mundo arrodillado al ego

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Sociedad Noticias Jan 21

Columna Sociedad | Un mundo arrodillado al ego

Un mundo arrodillado al ego: el primer año del regreso de Donald J. Trump a la Casa Blanca.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Ha transcurrido un año desde que Donald J. Trump regresó a la Casa Blanca y el balance ya pesa como una losa histórica. Doce meses bastaron para reinstalar una lógica de poder que confunde gobierno con venganza, diplomacia con chantaje y liderazgo con exhibicionismo. Lo inquietante no es lo vivido, sino la certeza de que restan tres años más.

Trump no volvió para administrar el Estado. Volvió para cobrar. Cobrar agravios, lealtades forzadas y silencios cómplices. Enfrentó procesos judiciales, pero halló refugio en las urnas. La democracia, una vez más, operó como escudo de impunidad. Desde entonces, el mensaje global se volvió nítido, con Trump no se dialoga, se le halaga; no se confronta, se le concede.

El mundo entendió rápido la fórmula. En América Latina, la sumisión tomó formas explícitas. María Corina Machado llegó a ofrecerle una medalla simbólica asociada al Nobel de la Paz, gesto que buscó absolverlo en el altar del ego. En México, el pragmatismo adoptó forma de tributo, 37 criminales de alto impacto enviados a cortes estadounidenses, justo en el aniversario de su retorno. La coincidencia resulta demasiado precisa.

Donald Trump, ante la Asamblea General de la ONU | EFE/Sarah Yenesel

En el tablero internacional, Trump reinstaló la política del garrote. Tensó la relación con Europa al reactivar su obsesión por Groenlandia y tratar a Dinamarca y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte como piezas prescindibles. Filtraciones de mensajes con líderes europeos confirmaron el método: presión, desprecio y transacción. La alianza atlántica, pilar del orden occidental por décadas, hoy opera bajo desgaste permanente.

En materia económica, los aranceles volvieron como arma política. No hay distinción entre aliados y adversarios. El comercio exterior quedó reducido a una lógica binaria: alineación o castigo. Las cadenas productivas se reacomodan y la certidumbre global se erosiona.

En América Latina, el precedente es aún más delicado. La extracción de Nicolás Maduro, celebrada por algunos sectores, abrió la puerta a una intervención sin disimulo. El mensaje trasciende a Venezuela, Washington actúa cuando quiere y donde quiere. No busca estabilidad, busca obediencia.

Nicolás Maduro (d), y Cilia Flores (i) | EFE/Stringer

En territorio estadounidense, la dureza tampoco se oculta. Redadas masivas, detenciones arbitrarias y migrantes convertidos en trofeo político. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas funge como instrumento narrativo del enemigo interno.

Todo esto ocurre bajo la cercanía abierta con figuras autoritarias como Vladimir Putin o Benjamín Netanyahu. Comparten idioma político: poder sin ética, fuerza sin límites y consecuencias diluidas.
Un año después, el mundo no es más seguro ni más justo. Está más cansado. Este primer tramo se siente como una era completa. Y la amenaza real no reside en lo que Trump ya hizo, sino en la normalización de un orden donde la política global se arrodilla ante el ego.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Columna anterior: La dignidad humana

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Sociedad Noticias Dec 10

Columna Sociedad | La dignidad humana

El mundo recuerda este miércoles la confección histórica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, hace 77 años, en la ciudad de París, en Francia, signada por un total de 58 naciones.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Aunque el documento se formalizó aquel viernes 10 de diciembre, sin llegar a tratado internacional, sus 30 artículos son un marco de referencia para el desarrollo internacional de los derechos humanos y de numerosas constituciones, entre ellas, la mexicana.

La Declaración surgió como norma moral para los pueblos, estableció libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales. Su influencia moldeó tratados y sistemas internacionales que hoy funcionan como salvaguarda frente al poder desmedido, en su mayor parte, de los mandatarios.

A casi ocho décadas de distancia, ese legado enfrenta un escenario diametralmente nuevo; los derechos y la dignidad a partir del impacto de las tecnologías emergentes. La inteligencia artificial, la vigilancia digital y la extracción masiva de datos abren un campo donde la vulneración puede ocurrir sin violencia física, ni contacto humano.

Los países más avanzados en este tipo de regulación han sido la Unión Europea, Corea del Sur, Canadá y, en algunos rubros, Nueva Zelanda. Estados que han creado marcos jurídicos sobre privacidad, uso ético de algoritmos y protección frente a sistemas de vigilancia estatal o corporativa.

Bandera de la ONU

En nuestro país, el Congreso de la Unión mantiene pendiente una discusión integral sobre el derecho digital; de tal suerte que, daremos inicio el 2026 con la urgencia de tener un marco que regule tecnologías como el reconocimiento facial, inteligencia artificial autónoma, espionaje digital o uso de datos biométricos.

En este crítico contexto, México se encuentra entre los países más peligrosos para las personas defensoras, entre ellas, juristas y periodistas. El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil registró más de doscientas cincuenta agresiones en América Latina durante 2024, y una parte significativa ocurrió en territorio nacional. La criminalización, la impunidad y la estigmatización muestran una estructura que, lamentablemente, no ha logrado proteger vidas.

En este sentido, el gobierno federal, encabezado por la mandataria Claudia Sheinbaum, anunció una agenda que intenta corregir estos rezagos germinados desde décadas atrás. La apertura hacia colectivos de búsqueda, la revisión de protocolos y el reconocimiento de la crisis, podría abonar a confeccionar este marco legal para defender la dignidad humana, particularmente de aquellos que integran grupos vulnerables.

Camara de diputados

Sin duda alguna, durante la próxima discusión legislativa, encabezada por el partido Morena, –que coordina el diputado Ricardo Monreal, y el senador Adán Augusto López Hernández— debe tener entre sus prioridades, delimitar reglas claras sobre la inteligencia artificial, protección de datos, transparencia algorítmica y límites al uso de tecnología de vigilancia.

De esta forma, llegamos con la necesidad de crear una protección jurídica real, frente a la violencia clásica, y de los mecanismos de control digital. El mundo avanza –de manera vertiginosa– hacia una frontera donde la autonomía personal depende de un urgente apartado legal, en un mundo completamente digital.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Columna anterior: La frontera del agua

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Sociedad Noticias Nov 26

Columna Sociedad | La frontera del agua

La disputa por el agua ha deteriorado la calidad de vida de miles de mexicanos, mientras algunos han acumulado fortunas al administrarla, procesarla y distribuirla.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Durante décadas, políticos y empresas han tratado este recurso como mercancía, multiplicando ganancias en bebidas, productos y servicios.

Resulta contradictorio que en algunas escuelas primarias existan bebederos higiénicos y gratuitos, mientras que en universidades y centros deportivos el acceso dependa del pago. En gimnasios, oficinas, restaurantes e incluso hospitales, beber agua implica comprarla. Con la cercanía del Mundial de fútbol, vuelve la duda: ¿cuánto costará el agua, en un evento donde se anticipa que no habrá acceso gratuito?

Ante este panorama, cobra relevancia el informe del Relator Especial de la ONU, Pedro Arrojo Agudo, quien confronta la visión mercantil del líquido. El modelo neoliberal convirtió el agua en un bien que solo fluye para quien puede pagarlo, y entregó servicios públicos al interés privado, más atento a las utilidades, que al bienestar colectivo.

Balón de futbol en cancha

Más aún, las consecuencias son visibles en zonas urbanas donde los cortes se han normalizado y las tarifas han aumentado sin justificación técnica. El mercado, por sí mismo, no ha resuelto las desigualdades, por el contrario, las profundizó. En comunidades marginadas se paga más por agua de menor calidad, mientras industrias reciben concesiones amplias con escasa supervisión, por ejemplo, las que se dedican a procesar bebidas carbonatadas o cervezas.

El relator de la ONU propone un orden claro, primero la vida humana, luego las funciones sociales y finalmente las actividades productivas. En México ocurrió lo contrario durante décadas, desplazando el interés público a favor del económico. Reconocer el agua como bien común implica replantear el dominio sobre los ecosistemas, las concesiones y la gestión de cuencas, y justamente esta es la esencia de la reforma al marco legal que hoy se analiza en el Congreso de la Unión.

Bandera de la ONU

Las comunidades indígenas y rurales, afectadas por diversos megaproyectos, de manera particular de minería y agroindustria, están en el centro del debate parlamentario; el despojo hídrico y la falta de consulta previa han vulnerado el derecho colectivo, ocasionando, incluso, el desplazo de miles de familias de sus territorios originales, por ejemplo, en Chiapas.

La reforma al marco legal, impulsada por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, propone fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua potable y el saneamiento. Este modelo, ya exitoso en varias regiones del mundo, combina eficiencia con equidad.

Claudia Sheinbaum

Los principios de “quien deteriora restaura” y “no deterioro” deben guiar la política hídrica. Las inversiones públicas tienen que evaluar impactos sociales y ambientales. Asimismo, las tarifas crecientes por nivel de consumo permitirían que el uso básico sea accesible mientras los grandes consumidores asumen costos proporcionales a sus productos, y, a la atención de las comunidades donde se benefician.

La planificación del líquido exige transparencia y participación ciudadana; de esta forma las decisiones de hoy determinarán quién tendrá acceso en los próximos años. Nuestro país enfrenta ya ríos contaminados, cuencas agotadas y pozos clandestinos, prueba del fracaso de la visión neoliberal. Incluso, hemos escuchado la reciente “acuñación” del vocablo “huachicol del agua”.

Sin duda alguna, este líquido es un patrimonio común, elegir entre mercado o vida parece, ahora, un dilema impostergable. Si el agua es el origen de toda existencia, ¿por qué permitir que su control siga en manos de modelos ajenos a la responsabilidad social?

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Columna anterior: La elección intermedia capitalina

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Sociedad Noticias Nov 4

Columna Sociedad | La elección intermedia capitalina

El asesinato de Carlos Manzo expone la crudeza y el abandono institucional que Michoacán sufre desde hace décadas.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

En la víspera de llegar al 2026, la estructura político-partidista en la capital del país ya alista sus procesos internos para seleccionar a sus aspirantes a puestos de elección popular, entre ellos, las 16 alcaldías y 66 curules en el Congreso de la Ciudad de México.

Pero, ¿cómo llegaron las organizaciones partidistas a la elección de 2024 en la capital del país? De inicio, se registró un aumento en la participación ciudadana, de 52.18% en 2021 a 69.83% en 2024, hecho que no benefició por igual a todas las fuerzas políticas. Más votantes acudieron a las urnas, pero la distribución de esos votos consolidó a unos y hundió a otros.

Los resultados confirmaron el ascenso de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena–PT–PVEM), que obtuvo 2,882,138 votos, equivalentes a 51.92 por ciento. En contraste, la alianza opositora Fuerza y Corazón por México (PAN–PRI–PRD) sumó 2,155,967 sufragios, el 39.84 por ciento. Esta diferencia refleja una pérdida en la influencia de un viejo régimen y el agotamiento de un modelo opositor.

En este sentido, Morena creció de 1.57 a 2.34 millones de votos; su narrativa de continuidad y cambio logró conectar con una parte del electorado capitalino que percibe estabilidad en el poder. El PAN también avanzó, con un incremento de 1.03 a 1.56 millones de votos, lo que lo coloca como la fuerza opositora con mayor margen de maniobra.

Banderas de Morena

El PRI, en cambio, confirmó su crisis estructural; su votación cayó de 564,297 sufragios (13.93 %) a 423,017 (7.62 %). El partido político que alguna vez representó al Estado mexicano entero, apenas sobrevive como apéndice de coaliciones que lo mantienen apenas visible.

La dirigencia priista insiste en que la alianza opositora le permitió resistir, pero los datos demuestran lo contrario: sin el respaldo de Acción Nacional, sus resultados habrían sido aún más adversos. La caída del tricolor es, más que un tropiezo electoral, la evidencia de una extinción política que se prolonga.

El reciente anuncio del albiazul de competir sin coaliciones en el próximo proceso electoral, sin duda modificará el equilibrio de las fuerzas capitalinas. De consolidarse, el tricolor enfrentará su verdadero tamaño, un partido sin territorio, sin cuadros y sin narrativa; quizá, concluya su proceso de extinción, por lo menos en la capital del país.

Basta tomar como ejemplo la Magdalena Contreras, la participación ciudadana pasó de 55.73 % en 2021 a 71.12 % en 2024. Esta movilizaciónse explica por el interés que generaron la elección presidencial y la renovación de cargos a nivel local y federal.

En aquel 2021, la alianza PAN–PRI–PRD triunfó con 56,667 votos, frente a los 44,889 que obtuvo Morena–PT–PVEM. En aquel proceso, la oposición dominó 91 de las 149 secciones electorales. Tres años después, la historia cambió.

Logo PRI | @SociedadN_

En 2024, Sigamos Haciendo Historia sumó 69,080 votos (46.77%), superando a la alianza opositora, que obtuvo 64,989 (43.99%). El mapa electoral se revirtió. Las colonias que antes votaban por la oposición migraron hacia Morena o hacia la abstención estratégica.

El PAN mostró un crecimiento leve: de 18.44% a 20.06 por ciento. Su avance no fue suficiente para compensar la caída del PRI, que pasó de 28.93% a 20.68 por ciento. En diversas casillas, el voto tricolor se desplazó hacia sus antiguos aliados o hacia el oficialismo. El PRI perdió incluso su voto duro, ese que durante décadas garantizaba presencia mínima.

Pan Cdmx

El declive priista tiene raíces profundas. Sin estructura territorial, sin operadores de base y sin discurso convincente, el partido parece un cascarón que solo sirve para completar siglas en una boleta.

El PAN, aunque mantiene una base electoral estable, carece de liderazgos locales con la fuerza necesaria para construir identidad entre los contrerenses. En contraste, Morena capitalizó la identidad barrial, el discurso social y la cercanía con el gobierno federal. Su estrategia de territorializacióny sus comités locales le permitieron recuperar terreno y convertir una derrota en victoria.

Si el PAN decide caminar solo, y el PRI continúa en su descomposición interna, la oposición podría fragmentarse aún más. El PRD, reducido a su mínima expresión, apenas subsiste en la capital política que alguna vez gobernó con hegemonía.

PRD bandera

El futuro político en la ciudad de México en las próximas elecciones intermedias de 2027, dependerá de si las fuerzas opositoras logran reinventarse o, si Morena logra mantener su hegemonía sin caer en la soberbia del poder absoluto. Pero una cosa es muy clara, las coaliciones sin identidad, destruyen alternativas y prolongan las agonías.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Sociedad Noticias Nov 3

Columna Sociedad | ¿Remediar los males?

El asesinato de Carlos Manzo expone la crudeza y el abandono institucional que Michoacán sufre desde hace décadas.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Mientras el pueblo encendía velas para honrar a sus muertos, la violencia apagó su luz en las inmediaciones de la Plaza Morelos de la ciudad de Uruapan del Progreso en la entidad michoacana. Manzo Rodríguez caminaba junto a su familia durante el Festival de las Velas anoche cuando fue abatido sin que nadie pudiera evitarlo.

Semanas antes, el exdiputado federal por Morena había denunciado amenazas y había implorado protección al gobierno estatal y federal. Nadie respondió con la urgencia que su caso requería, sus advertencias se extraviaron entre oficios, protocolo y silencio cómplice.

La historia del político distanciado del morenismo, movimiento político que lo llevó a la legislatura pasada hasta el Congreso de la Unión, no difiere de la de muchos otros funcionarios y ciudadanos que viven sitiados por el crimen organizado. En Michoacán, el miedo gobierna los espacios donde los grupos armados dictan sus propias normas.

En la víspera, un enfrentamiento en La Ruana, Buenavista, privó de la vida al campesino Alejandro Torres Mora, quien defendía a los productores limoneros de la extorsión sistemática de estos grupos criminales que se distribuyen por la región y que llegan hasta la frontera con Guatemala, pasando por la capital del país.

Dos años atrás, en ese mismo municipio, el tío de Alejandro, Hipólito Mora –histórico fundador de los grupos de autodefensa de Michoacán– fue asesinado en un ataque armado, el cuerpo de Hipólito quedó horas consumiéndose entre las llamas en el vehículo en el que viajaba, antes de que alguna autoridad llegara hasta ese lugar.

En 2008, en plena celebración del Grito de Independencia, dos granadas de fragmentación estallaron en el centro de la capital de Michoacán, Morelia; este atentado privó de la vida a ocho personas y dejó lesionadas a más de 130 personas que se encontraban en aquella plaza pública.

En este contexto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla responde con evasivas. Su administración repite el discurso de “coordinación interinstitucional”, pero la realidad en las calles contradice cualquier intento de autoelogio.

Por su parte, la mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo guarda un silencio que inquieta. Su promesa de mantener la línea ética del movimiento que encabeza se diluye cuando la impunidad asesina alcaldes sin que la Federación asuma la gravedad del fenómeno.

En Michoacán, como en Guerrero o Zacatecas, en la zona metropolitana del Valle de México, y en varias regiones del país, la población vive atrapada entre la violencia criminal y la desatención gubernamental. Las carreteras son zonas de riesgo, los comercios pagan cuotas y los alcaldes gobiernan bajo amenaza. No existe una política de seguridad coherente, sino parches improvisados que fracasan una y otra vez.

Durante los sexenios anteriores, los informes de derechos humanos documentaron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura. Hoy, las cifras cambian de nombre, pero no de tragedia. La continuidad del horror es la constante más clara de nuestra historia reciente.

Es claro que la violencia en Michoacán no es nueva. Desde los años de “Los Caballeros Templarios” hasta la expansión de los cárteles locales, el Estado nunca logró recuperar el control territorial. Cada gobierno prometió hacerlo. Ninguno cumplió.

Frente a esta realidad, las palabras de Carlos Manzo resuenan con más fuerza: pedía auxilio y recibió silencio. Pedía Estado y obtuvo burocracia. Pedía vida y encontró la muerte.

Las instituciones mexicanas parecen incapaces de garantizar derechos básicos. En lugar de reconstruir las policías, se recurre al despliegue militar como sustituto de una estrategia integral. Pero la militarización no construye paz; la posterga.

La ciudadanía michoacana merece algo más que condolencias. Merece justicia, memoria y reparación. Merece un gobierno que la mire de frente y no la abandone en manos de los criminales. ¿Cuántos alcaldes más deberán morir para que el Estado ejerza la seguridad y garantice la vida de las personas?

Quizá el ejemplo de Cherán, con su autogobierno y sistema comunitario, sea la advertencia más clara: cuando el Estado no protege, la sociedad se organiza. Y cuando la sociedad se organiza, el Estado pierde legitimidad.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en SDP Noticias

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Sociedad Noticias Oct 26, 2025

Columna Sociedad | El combustible del silencio

En México, la corrupción nunca ha sido un accidente, es un sistema perpretado por décadas en casi todos los rincones del país.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las historias que se detallan en el denominado “huachicol fiscal” exponen la magnitud de una maquinaria criminal que ha financiado riqueza, poder e impunidad a ambos lados de la frontera.

Informes policiales y periodísticos detallan que esta red criminal transnacional no sólo ha drenado recursos públicos. También alimenta estructuras políticas que se han consolidado con dinero ilícito. Este tema ha dejado de ser un asunto sólo de combustible; se ha convertido en una estructura de poder que hoy, por decirlo suave, ha dejado moribundo a Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la investigación periodística de la agencia londinense Reuters, firmada por Stephanie Schenbacher, Shari Khan y Stephen Eisenhammer, el empresario Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, habría financiado campañas de Morena, incluida la de Andrés Manuel López Obrador en 2018, según se citan en informes reservados por las fuerzas de seguridad militar mexicanas.

Carmona fue asesinado a tiros en 2021, –como oportunamente detalló el periodista Ramón Alberto Garza en “Codigo Magenta”; y, quién bautizó esta acción ilícita como “huachicol fiscal”—sin embargo, hasta el momento nadie ha sido detenido. Su nombre se sumó a la lista de figuras clave en una red donde los negocios, la política y la violencia se mezclan con naturalidad alarmante.

En paralelo, la colega Peniley Ramírez ha documentado vínculos de más de 500 empresas relacionadas con el huachicol fiscal. Entre ellas, presuntas compañías ligadas a Audomaro Martínez, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y uno de los hombres más cercanos al ex presidente López Obrador.

En este sentido, Peniley Ramírez plantea una pregunta que erosiona cualquier defensa institucional con sentido lógico, ¿cómo pudo operar una red de tal magnitud sin que nadie en el poder se percatara? La respuesta es incómoda. O se sabía y se permitió, o se ignoró de manera conveniente.

Así, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha heredado un sistema de inteligencia contaminado por las omisiones del pasado. Y enfrenta el dilema –político y ético– de romper con esa inercia o convertirse en su continuidad.

El caso Carmona exhibe cómo la corrupción deja rastros no sólo en los contratos y las transferencias bancarias, sino también en las lealtades políticas que se compran con dinero del crimen transnacional. Recordemos nombres como los de Adán Augusto López Hernández; Hernán Bermúdez Requena; Julio Menchaca Salazar; Américo Villarreal Anaya; Rubén Rocha Moya; y muchos más.

Por si fuera poco, este “huachicol fiscal” no es un fenómeno de bodegas clandestinas o pipas adulteradas; como a principios de 2018 se dejó entrever, es una operación transnacional con vínculos entre servidores públicos castrenses de la Secretaría de Marina-Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y funcionarios de alto nivel, según la documentación citada por la agencia Reuters.

En esta basta red de complicidad gubernamentales, los muertos aparecen como piezas incómodas de un rompecabezas que nadie quiere armar. Cada ejecución o accidente misterioso borra un testimonio, un rastro, una evidencia.

Pero la estructura permanece. No se trata sólo de robo de energéticos, sino de la maquinaria de poder que ese combustible lubrica y que hoy mantiene los hilos del interés criminal en la columna vertebral de diversos gobiernos en el territorio nacional.

El partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha sostenido su discurso de ética y transformación sobre la promesa de no repetir los errores del pasado. Sin embargo, estos vínculos financieros y las sombras que rodean sus campañas dan evidencia de un desafío directo a esta narrativa.

De esta forma, hay que recordar que López Obrador prometió combatir la corrupción “de arriba hacia abajo”. Hoy, los informes sugieren que el flujo del dinero ilícito se ha movido justo en sentido inverso. Ejemplos hay muchos, recuerdo los hallazgos de LatinUs con evidencias exhibidas a través de la serie “El Clan”.

A riesgo de ser ingénuo, descarto que este “huachicol fiscal” muera en este sexenio, es parte de una cultura política que confunde poder con impunidad y control con silencio. El problema es de quién lo mantiene activo desde el Estado, por el jugoso rendimiento económico que se dispersa entre sus jugadores; tenemos registro de estas acciones criminales desde finales del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Las 500 empresas señaladas, las muertes sin responsables y los informes clasificados revelan un país que aún teme mirar el fondo del pozo. Porque allí no sólo está el crimen, sino los reflejos de quienes debieron combatirlo. El verdadero combustible del sistema podrído no es la gasolina o los combustibles: es el silencio.

Punto Cero

En México, siete de cada diez personas considera que el medio ambiente influye en sus decisiones diarias, no obstante, sólo un tercio mantiene esa preocupación en una práctica constante. Así lo reveló la Tercera Encuesta de Hábitos de Reciclaje de Plástico entre los Mexicanos 2025, realizada por Vida Circular en colaboración con ALPLA y P&G México. Lo importante que es voltear la mirada hacía el medio ambiente.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Sociedad Noticias Oct 12, 2025

Columna Sociedad | La congruencia a prueba en la «cuarta transformación»

En la historia política reciente, pocos personajes han logrado construir una imagen tan combativa y frontal como Gerardo Fernández Noroña.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Su discurso, siempre áspero y vehemente, encarnó durante años la voz del México inconforme, el que cuestiona, el que no teme señalar los abusos del poder. En esa autenticidad se fundó su legitimidad: la del hombre que hablaba sin filtros y que se asumía como contrapeso moral frente a la clase política tradicional.

Esa congruencia, sin embargo, se encuentra hoy en entredicho. El episodio relacionado con la adquisición de una propiedad en Tepoztlán, Morelos, y el uso de un avión privado para realizar actos políticos en Coahuila han abierto un debate incómodo al interior del movimiento que lo vio crecer. Más allá de si hubo o no irregularidades, el problema reside en la percepción pública y en la distancia que se genera entre el discurso de austeridad y los actos que parecen contradecirlo.

Morena, desde su origen, hizo de la ética pública un eje de legitimación. Su narrativa de honestidad valiente, impulsada por Andrés Manuel López Obrador y hoy sostenida por Claudia Sheinbaum Pardo, no solo implica un mandato moral, sino también una estrategia política: mantener viva la diferencia con los gobiernos que precedieron a la «cuarta transformación». En esa línea, cualquier sombra de incongruencia dentro del movimiento se amplifica, porque pone a prueba la esencia que le da identidad.

Sheinbaum, con un estilo distinto al de su antecesor, ha insistido en la transparencia y la rendición de cuentas como principios que no admiten excepciones. Si el movimiento que gobierna se define por su distancia respecto a la corrupción y el abuso de poder, esa distancia debe reflejarse en cada uno de sus cuadros, sin importar su trayectoria o popularidad.

Gerardo Fernandez Noroña | MCCI

En ese contexto, la figura de Fernández Noroña se enfrenta a un dilema. Su carácter indómito, que en otro tiempo le permitió denunciar los excesos del viejo régimen, hoy lo coloca bajo la lupa de las mismas exigencias que él promovió. Su defensa, basada en que la austeridad aplica solo a las políticas públicas, resulta insuficiente ante una ciudadanía que demanda transparencia no solo del Estado, sino también de sus representantes.

La política mexicana ha padecido por décadas la normalización del enriquecimiento súbito y el tráfico de influencias. El propio López Obrador insistió en que el poder solo tiene sentido si se ejerce con honestidad. En esa máxima radica la diferencia entre gobernar con autoridad moral o reproducir los vicios de siempre.

Sheinbaum ha mantenido hasta ahora un perfil de sobriedad personal que refuerza ese mensaje. No se le conoce afán de riqueza ni un estilo de vida ostentoso. Esa congruencia, más que un atributo personal, es un símbolo del compromiso que Morena intenta preservar frente al desgaste natural del poder. Por eso, los casos que involucran a figuras visibles del movimiento —como Fernández Noroña— exigen claridad inmediata, sin evasivas ni sarcasmos.

El silencio o la ironía ante los cuestionamientos solo agravan la percepción pública. En una sociedad marcada por la desconfianza, cualquier omisión alimenta la sospecha. La transparencia, en cambio, se vuelve un acto político de supervivencia. Explicar con precisión el origen de los recursos utilizados en un vuelo privado o los términos de un crédito inmobiliario no debería ser una concesión, sino una obligación ética para todos los servicores públicos.

El problema de fondo no es el dinero, sino la coherencia. La legitimidad de la «cuarta transformación» descansa en la idea de que es posible hacer política sin servirse del poder. Si sus protagonistas traicionan ese principio, aunque sea en apariencia, arriesgan el patrimonio moral del proyecto entero.

Fernández Noroña tiene aún margen para reivindicarse. Su trayectoria, su oratoria y su vínculo con las bases lo convierten en una voz relevante del movimiento. Pero la congruencia no se predica: se demuestra. Si aspira a conservar la autoridad que alguna vez tuvo, debe asumir que la transparencia no es un gesto de debilidad, sino una muestra de respeto hacia quienes lo acompañaron en su camino político.

El movimiento que prometió regenerar la vida pública no debe construir el futuro sobre los mismos silencios que criticó en el pasado. La honestidad, en la «4t», no es una consigna: es la línea que separa la historia de la repetición.

Punto Cero

El Tecnológico de Monterrey y el Distrito de Innovación Tlalpan (DiT) realizaron el Foro de Urbanismo Regenerativo + ClimaLAB en el campus ciudad de México, consolidando, así, a la capital como referente nacional e internacional en innovación urbana y acción climática.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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