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Fin de Punta Peuco: entre la “justicia largamente esperada” y el “legado tardío” de Gabriel Boric | vía #UChileRadio
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Ministro Jaime Gajardo: “El Plan Nacional de Búsqueda es una obligación del Estado, no un acto de venganza” | vía #UChileRadio
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Justicia plena para María Luisa Villanueva en Morelos: GIDH
GIDH exige justicia plena para María Luisa Villanueva en Morelos.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex Magister” reconoció la disculpa pública ofrecida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos a María Luisa Villanueva Márquez, víctima de tortura y privación ilegal de la libertad durante más de dos décadas; sin embargo, advirtió que este acto no representa justicia plena mientras no se repare integralmente el daño y se sancione a los responsables.
Su presidente, el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, calificó el caso como “una de las más graves violaciones a derechos humanos en la historia reciente del país”, al recordar que María Luisa fue detenida arbitrariamente, torturada y sentenciada por un delito que no cometió. “No basta una disculpa institucional; el Estado mexicano debe garantizar justicia efectiva y reparación integral del daño, conforme a los estándares internacionales”, enfatizó.
Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, recordó que los hechos ocurrieron entre el 6 y el 10 de enero de 1998, cuando elementos del extinto Grupo Antisecuestros de la antigua Policía Judicial de Morelos vulneraron la integridad física y psicológica de la víctima, lo que derivó en una sentencia injusta y una condena de 25 años de prisión.
Procuración de justicia
Para Fierro Hernández, este reconocimiento público es “un acto necesario, pero tardío”, ya que durante más de dos décadas el sistema de procuración de justicia negó el acceso a la verdad. “La disculpa debe ir acompañada de la judicialización de los responsables de los actos de tortura, así como de medidas de reparación integral, entre ellas indemnización, atención psicológica y garantías de no repetición”, subrayó.
El jurista explicó que el derecho internacional obliga al Estado mexicano a investigar, sancionar y reparar las violaciones graves a los derechos humanos. “La tortura no prescribe, y ningún acto administrativo puede sustituir la responsabilidad penal de quienes ejecutaron o encubrieron estos crímenes”, sostuvo.
María Luisa VillanuevaDe esta forma, el GIDH “Lex Magister” urgió a la Fiscalía de Morelos a solicitar al Congreso local los recursos necesarios para fortalecer la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, con el fin de garantizar investigaciones autónomas y efectivas. “Sin un órgano especializado, los casos seguirán en la impunidad”, advirtió Fierro Hernández.
Profesionalización y sensibilización
Asimismo, el presidente del GIDH consideró que este caso debe sentar un precedente para la depuración institucional en las fiscalías estatales. “La profesionalización y sensibilización de los servidores públicos es fundamental, pero debe acompañarse de sanciones ejemplares contra quienes atentan contra la dignidad humana”, afirmó.
María Luisa Villanueva fue liberada en febrero de 2023 por remisión de pena, tras haber pasado 25 años en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya. Durante su reclusión, denunció reiteradamente haber sido torturada para firmar una confesión falsa. “Ella no busca venganza, busca justicia”, enfatizó Fierro Hernández.
El GIDH recordó que la disculpa pública no exime la obligación de las autoridades judiciales de reconocer la inocencia de Villanueva Márquez. “La reparación del daño requiere restituir el honor y limpiar su nombre ante la sociedad”, agregó el especialista.
Derecho a la verdad
Por este motivo, Fierro Hernández hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para que acompañen el seguimiento de este caso emblemático. “La impunidad no puede prevalecer sobre el derecho a la verdad”, concluyó.
Finalmente, el presidente del GIDH reiteró que el organismo continuará brindando acompañamiento jurídico y visibilidad al caso hasta que se cumpla plenamente con las obligaciones del Estado mexicano en materia de justicia y reparación integral.
De acuerdo con el expediente CDMH/SE/VRSP/061/044/2019, la disculpa institucional fue publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad, en cumplimiento de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitida en julio de 2023. El documento fue suscrito por Jorge Antonio Hernández Narez, titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien reconoció la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría. –sn–
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Celebran en Nuevo León reunión con autoridades penitenciarias
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario impulsa coordinación federal y estatal
Dario Garza | Corresponsal
Con el objetivo de fortalecer la reinserción social y la seguridad penitenciaria, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario (CNSP) celebró su XXXI Asamblea Plenaria en el estado de Nuevo León. En el encuentro participaron autoridades federales, estatales y expertos en derechos humanos y prevención del delito.
Impulsan cooperación institucional
La ceremonia de apertura estuvo encabezada por Omar Reyes Colmenares, titular de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Ambos funcionarios coincidieron en la urgencia de reforzar la coordinación entre instituciones penitenciarias.
Durante su intervención, Omar Reyes enfatizó que este tipo de foros resultaban esenciales para compartir avances, identificar retos y consolidar buenas prácticas entre los distintos niveles de gobierno. Además, recalcó la importancia de fortalecer los vínculos interinstitucionales.
Subrayó que el encuentro brindó un espacio para trazar una ruta común hacia un sistema penitenciario más humano, eficiente y seguro, con apego a los derechos fundamentales y enfocado en la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Nuevo León presenta avances
A su vez, Samuel García presentó el modelo estatal de reinserción que su administración implementó, sustentado en seis ejes: normatividad, reinserción efectiva, seguridad e inteligencia, infraestructura y tecnología, atención a las adicciones, y derechos humanos.
El mandatario estatal indicó que se fortalecieron las capacidades operativas en los centros penitenciarios de la entidad, con la incorporación de nuevas tecnologías de seguridad y programas de atención integral a los internos.
También agradeció el respaldo del sistema penitenciario federal en el traslado de personas privadas de la libertad hacia penales federales, lo cual permitió descongestionar instalaciones locales y mejorar la gobernabilidad.
Abordan temas estratégicos
Durante la asamblea se revisaron aspectos prioritarios en materia de seguridad carcelaria, tales como la actualización de protocolos, la profesionalización del personal, y la homologación de criterios en los sistemas estatales.
Asimismo, se discutió la necesidad de consolidar redes de cooperación interestatales para garantizar condiciones dignas y seguras en los centros de reclusión, sin importar el nivel de gobierno que los administre.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) participó con la presentación de avances del Comité Técnico Especializado de Información del Sistema Penitenciario, y de la próxima edición de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).
Impulsan acuerdos regionales
El comisionado estatal del sistema penitenciario de Querétaro presentó un proyecto para permitir el traslado voluntario de mujeres internas entre entidades de la Zona III Occidente de la Conferencia.
La iniciativa buscó facilitar el acceso de las mujeres privadas de la libertad a condiciones más favorables de internamiento, con enfoque en proximidad familiar, salud, y programas de reinserción efectivos.
Por su parte, la consultora en derechos humanos Ruth Villanueva propuso reforzar las políticas de prevención de la violencia a través de servicios de reintegración social integrales y con perspectiva de género y derechos humanos. –sn–
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