Procesan a militares por homicidio de niñas en Sinaloa

Vinculan a proceso a militares por homicidio de niñas en Sinaloa. Vinculación judicial y uso de la fuerza marcaron el caso. Proceso judicial en marcha

Por Martín García | Reportero                                      

Un total de 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron vinculados a proceso penal por el homicidio de dos niñas en Sinaloa y la tentativa de homicidio contra cuatro integrantes de una familia. La resolución se dictó a 11 meses de los hechos ocurridos en la comunidad de La Cieneguilla.

El pasado 6 de mayo de 2025, la familia se desplazó en una camioneta rumbo a la escuela cuando encontró una vialidad bloqueada. La unidad retornó hacia su domicilio, momento en que un convoy militar abrió fuego sin aviso previo. La versión inicial oficial refirió un enfrentamiento, sin corrección pública posterior.

Los hechos involucraron a dos menores de 11 y 7 años que perdieron la vida, así como a una adolescente de 14 años, un menor de 12 y dos adultos que resultaron afectados. La familia denunció uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza desde el primer momento. El caso avanzó mediante acciones legales impulsadas por las víctimas y organizaciones de derechos humanos.

Investigación y pruebas

El 31 de marzo de 2026, las víctimas recibieron notificación sobre la ejecución de órdenes de aprehensión contra los militares implicados. Durante la audiencia, agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron datos de prueba. Estos elementos acreditaron el uso letal de la fuerza sin justificación.

La autoridad ministerial estableció que los hechos no se ajustaron a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Se determinó que la actuación de los elementos castrenses correspondió a una conducta dolosa. La imputación incluyó homicidio calificado y tentativa bajo la figura de dolo eventual.

Las defensas de los militares argumentaron que actuaron en un contexto de violencia y bajo condiciones de alerta. También señalaron que existía tensión operativa en la región al momento de los hechos. Estas consideraciones fueron expuestas durante la audiencia judicial.

Resolución del juez

El juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, dictó la vinculación a proceso. La resolución se emitió dentro del plazo constitucional ampliado. El juzgador consideró que existía previsibilidad del resultado letal derivado del uso de armas de fuego.

El juez señaló que los elementos militares contaban con adiestramiento en el uso de la fuerza. Indicó que no se acreditó ninguna causa de exclusión de responsabilidad. La decisión permitió el avance del proceso penal hacia la etapa de investigación complementaria. –sn–

Efectivos de la Sedena

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Corte Suprema ratifica absolución de excomandante Fuente-Alba y su esposa por lavado de activos

El máximo tribunal descartó errores de derecho y confirmó que la Fiscalía no logró probar el origen ilícito de los fondos. El fallo destaca que el patrimonio de la pareja provenía de inversiones previas y herencias anteriores a la comandancia.

Diario y Radio Universidad Chile

Aclaran alcance de procesos penales contra mandos de la Semar

Medidas cautelares no equivalen a sanciones ni a pérdida de derechos. La presunción de inocencia sigue vigente mientras no exista sentencia firme.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Los integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, son «militares de carrera pertenecientes a la milicia permanente, formados durante décadas para el servicio profesional y continuo del Estado mexicano», así lo afirmó el Despacho Epigmenio Mendieta & Asociados.

«Por la naturaleza de dicha condición, su situación jurídica no puede equipararse a la de un empleo ordinario ni resolverse mediante decisiones anticipadas», dijo ante el proceso penales que ambos enffrentan acusados de encabezar una red de «huachicol» (robo de combustible) fiscal desde la Semar.

«La presunción de inocencia, consagrada en el artículo 20 constitucional, establece que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme. Este principio tiene efectos no sólo en el ámbito penal, sino también en el administrativo y laboral», recordó el despacho.

«La separación definitiva del servicio, la baja o la suspensión de haberes únicamente deben derivarse de una sentencia ejecutoriada o de un procedimiento administrativo debidamente instaurado y resuelto, con pleno respeto al debido proceso», expresó.

«Reiteramos que el respeto al Estado de Derecho exige no anticipar sanciones ni emitir juicios de culpabilidad fuera de los cauces institucionales, y garantizar que cualquier determinación se adopte conforme a la ley». –sn–

Sociedad Noticias

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CNDH emite recomendación a la Sedena tras asesinato de menores en Badiraguato

CNDH documentó uso letal militar y ordenó reparación integral a víctimas.


Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la la recomendación 201VG/2025 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El organismo acreditó violaciones graves a derechos humanos por uso ilegítimo de la fuerza con armas de fuego al asesinar a dos menores. Los hechos ocurrieron en el poblado de La Cieneguilla, municipio de Badiraguato, Sinaloa.

La recomendación estableció la pérdida de la vida de dos personas menores de edad. También se registraron lesiones a dos personas menores de edad y dos adultas. Las afectaciones se atribuyeron a personal militar en funciones de seguridad.

El expediente indicó que la actuación militar vulneró derechos a la vida e integridad personal. Además, se acreditaron afectaciones a la seguridad jurídica. El caso incluyó transgresiones al interés superior de la niñez y al derecho a la familia.

Hechos documentados

El 13 de mayo de 2025, la CNDH recibió una queja por competencia. La denuncia fue iniciada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH). El escrito refirió hechos ocurridos el 6 de mayo de 2025.

La queja señaló que una camioneta familiar fue agredida por elementos de la DEFENSA. El personal militar estaba asignado a la seguridad de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. La intervención ocurrió durante un operativo en la zona serrana.

Los militares pertenecían al 42 Batallón de Infantería, con sede en Guamúchil. El personal rodeó el vehículo y apuntó armas de fuego hacia sus ocupantes. Dos personas informaron que no portaban armas y que transportaban niñas y adolescentes.

Uso de la fuerza

La investigación acreditó que el uso de la fuerza resultó desproporcionado. El accionar derivó en la muerte de dos personas menores de edad. Cuatro personas más sufrieron afectaciones a su integridad.

La CNDH estableció que no se privilegiaron medidas para salvaguardar la vida. Los militares argumentaron haber escuchado detonaciones previas. Sin embargo, no verificaron que provinieran del vehículo interceptado.

El expediente no registró intentos de maniobras menos letales. Tampoco se acreditó que el uso de armas de fuego resultara estrictamente inevitable. La actuación contravino la legislación aplicable sobre el uso de la fuerza.

Responsabilidades acreditadas

La recomendación indicó que no se determinó intencionalidad directa. No obstante, se integró un conjunto de indicios suficientes. Estos elementos ubicaron responsabilidad directa del personal involucrado.

La CNDH señaló la obligación reforzada de agentes del Estado. Esa obligación consistía en proteger la vida e integridad de las personas. El incumplimiento derivó en violaciones graves a derechos humanos.

El organismo nacional concluyó que la actuación militar resultó incompatible con estándares legales. Los hechos se analizaron bajo parámetros nacionales e internacionales. La recomendación se sustentó en pruebas documentales y testimoniales.

Medidas de reparación

La CNDH solicitó a la persona titular de la DEFENSA iniciar trámites ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). La gestión buscó la reparación integral del daño. La medida incluyó compensación y compensación complementaria.

La recomendación ordenó brindar atención médica y psicológica. También contempló atención tanatológica a quienes lo requirieran. Las acciones debieron ejecutarse de manera inmediata.

Asimismo, se solicitó restituir el vehículo automotor. La unidad pertenecía a una de las víctimas. El bien fue utilizado por la familia al momento de los hechos. –sn–

Exposición fotográfica. Soldado y banderas / @SociedadNoticias_

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Celebran en Nuevo León reunión con autoridades penitenciarias

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario impulsa coordinación federal y estatal


Dario Garza | Corresponsal                                         

Con el objetivo de fortalecer la reinserción social y la seguridad penitenciaria, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario (CNSP) celebró su XXXI Asamblea Plenaria en el estado de Nuevo León. En el encuentro participaron autoridades federales, estatales y expertos en derechos humanos y prevención del delito.

Impulsan cooperación institucional

La ceremonia de apertura estuvo encabezada por Omar Reyes Colmenares, titular de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Ambos funcionarios coincidieron en la urgencia de reforzar la coordinación entre instituciones penitenciarias.

Durante su intervención, Omar Reyes enfatizó que este tipo de foros resultaban esenciales para compartir avances, identificar retos y consolidar buenas prácticas entre los distintos niveles de gobierno. Además, recalcó la importancia de fortalecer los vínculos interinstitucionales.

Subrayó que el encuentro brindó un espacio para trazar una ruta común hacia un sistema penitenciario más humano, eficiente y seguro, con apego a los derechos fundamentales y enfocado en la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Nuevo León presenta avances

A su vez, Samuel García presentó el modelo estatal de reinserción que su administración implementó, sustentado en seis ejes: normatividad, reinserción efectiva, seguridad e inteligencia, infraestructura y tecnología, atención a las adicciones, y derechos humanos.

El mandatario estatal indicó que se fortalecieron las capacidades operativas en los centros penitenciarios de la entidad, con la incorporación de nuevas tecnologías de seguridad y programas de atención integral a los internos.

También agradeció el respaldo del sistema penitenciario federal en el traslado de personas privadas de la libertad hacia penales federales, lo cual permitió descongestionar instalaciones locales y mejorar la gobernabilidad.

Abordan temas estratégicos

Durante la asamblea se revisaron aspectos prioritarios en materia de seguridad carcelaria, tales como la actualización de protocolos, la profesionalización del personal, y la homologación de criterios en los sistemas estatales.

Asimismo, se discutió la necesidad de consolidar redes de cooperación interestatales para garantizar condiciones dignas y seguras en los centros de reclusión, sin importar el nivel de gobierno que los administre.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) participó con la presentación de avances del Comité Técnico Especializado de Información del Sistema Penitenciario, y de la próxima edición de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).

Impulsan acuerdos regionales
El comisionado estatal del sistema penitenciario de Querétaro presentó un proyecto para permitir el traslado voluntario de mujeres internas entre entidades de la Zona III Occidente de la Conferencia.

La iniciativa buscó facilitar el acceso de las mujeres privadas de la libertad a condiciones más favorables de internamiento, con enfoque en proximidad familiar, salud, y programas de reinserción efectivos.

Por su parte, la consultora en derechos humanos Ruth Villanueva propuso reforzar las políticas de prevención de la violencia a través de servicios de reintegración social integrales y con perspectiva de género y derechos humanos. –sn–

Seguridad

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Detienen al general Víctor Chávez, viculado con el grupo «La Barredora»

Lo arrestaron por orden militar; no lo relacionaron con caso “La Barredora”.


Por Martín García | Reportero                                      

Este miércoles trascendió el arresto del general Víctor Hugo Chávez Martínez, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Según reportes preliminares, lo aprehendieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Fuentes locales aseguraron que su arresto ocurrió en cumplimiento de una orden interna del fuero militar.

El militar formó parte del equipo de seguridad en los primeros meses del gobierno de Javier May Rodríguez. Sin embargo, renunció al cargo el 15 de febrero luego de múltiples episodios violentos en la entidad. Su salida coincidió con una serie de ajustes en la estructura de seguridad estatal.

Relevo tras crisis de violencia

Antes de su renuncia, Víctor Chávez asumió el cargo en sustitución de Hernán Bermúdez Requena, quien presuntamente tenía vínculos con el grupo delictivo “La Barredora”. Bermúdez Requena dejó el cargo en medio de investigaciones federales por supuesta corrupción. También fue cesado José del Carmen Castillo Ramírez, quien fungió como encargado de despacho.

Posteriormente, el general brigadier tomó funciones dentro de la Guardia Nacional, en el estado de Colima. Su presentación oficial ocurrió el 4 de abril, durante un evento encabezado por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Días después, medios documentaron su traslado a esa entidad.

Relevo en Guardia Nacional

El 4 de junio fue relevado de la coordinación estatal de la Guardia Nacional por el general José de Jesús de Lara Cevallos. La mandataria de Colima reconoció públicamente la labor de Chávez Martínez y expresó gratitud por sus servicios. También le deseó éxito en sus futuras encomiendas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Colima no emitió postura oficial sobre la detención. Mientras tanto, fuentes militares afirmaron que el procedimiento continúa bajo jurisdicción del fuero castrense. El general será procesado por faltas presuntamente graves dentro del Ejército.

Legislación castrense aplicable

Hasta el cierre de esta edición, la Sedena no emitió un comunicado público sobre el arresto. Versiones extraoficiales sostienen que su situación jurídica no está vinculada con el caso de “La Barredora”. La Fiscalía General de la República tampoco ha informado sobre una carpeta en su contra.

El militar originario de Oaxaca posee más de 35 años de trayectoria en las fuerzas armadas. Se graduó en la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército y Fuerza Aérea. También cuenta con experiencia en Fuerzas Especiales, la Escuela Superior de Guerra y la Policía Militar.

Amplia trayectoria castrense

Entre los cargos que ocupó figuran mandos en zonas militares de alto riesgo en el sureste del país. Participó en operativos conjuntos con la Guardia Nacional y en misiones de seguridad en instalaciones estratégicas. Asimismo, tuvo responsabilidad en labores de inteligencia militar.

Su nombramiento en Tabasco respondió a la necesidad de reestructurar el área de Seguridad Pública. La administración de Javier May lo incorporó como parte de una estrategia de pacificación regional. Sin embargo, su gestión duró menos de cuatro meses.

Sin antecedentes penales públicos

Hasta su arresto, Víctor Chávez no tenía señalamientos judiciales en el ámbito civil. Las causas de su detención permanecen bajo reserva debido a su condición como militar en activo. Se prevé que su audiencia inicial ocurra en instalaciones castrenses.

La versión sobre su posible vinculación con hechos de corrupción en Tabasco no ha sido confirmada. Tampoco hay evidencia pública de nexos con el crimen organizado. A diferencia de otros exfuncionarios, no se le relacionó directamente con bandas como “La Barredora”.

Desvinculado de caso La Barredora

El grupo delictivo “La Barredora” mantiene operaciones en el sur del país y ha sido señalado en múltiples homicidios. En Tabasco, autoridades federales han vinculado a funcionarios locales con esta célula criminal. Sin embargo, el general Chávez no figura entre los implicados.

El arresto ocurrió pocos días después de su separación del último cargo público. Algunos especialistas en seguridad consideran que podría tratarse de una acción disciplinaria interna. Otras fuentes sostienen que enfrentará proceso en el sistema de justicia militar ordinario.

Proceso interno en Sedena

El general Chávez Martínez será sujeto a un juicio militar, como lo establece el Código de Justicia Militar. De acuerdo con el artículo 13 constitucional, las fuerzas armadas tienen jurisdicción para juzgar a sus integrantes en funciones.

Hasta ahora, no ha trascendido si se encuentra recluido en alguna prisión castrense. Tampoco se ha informado si cuenta con defensa legal designada. El Ejército mantiene bajo reserva los detalles del operativo que culminó en su captura.

Sin pronunciamiento del gobierno federal

El Ejecutivo federal no ha emitido declaraciones respecto al caso. Funcionarios del área de seguridad evitaron responder a medios sobre el motivo de la aprehensión. Solo se confirmó que el arresto se realizó sin incidentes.

Durante su paso por la administración pública, Víctor Chávez fue considerado un militar con disciplina férrea. Participó en reuniones del gabinete de seguridad estatal y fue clave en operativos rurales. Sin embargo, su gestión no logró reducir la violencia. –sn–

Víctor Chávez

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Contienda de competencia entre la justicia militar y civil: una historia en tres tiempos con cambios urgentes - CIPER Chile

Medio de investigación periodística independiente en Chile, enfocado en reportajes de actualidad y brindar información de calidad a la ciudadanía.

CIPER Chile
El comandante Ishkhan Vahanyan es juzgado en Armenia por abandonar su posición durante la guerra de 2020, lo que habría causado la muerte de 16 soldados. La Fiscalía pide 18 años de prisión. #armenia #azerbaiyán #CrímenesDeGuerra #hadrut #IshkhanVahanyan #JuicioMilitar #JusticiaMilitar #NagornoKarabaj https://soyarmenio.com/noticias-de-armenia/comandante-abandonar-puesto-guerra-2020/
El excomandante del ejército de Karabaj, Jalal Harutyunyan, ha sido condenado a 5,5 años de prisión por negligencia en la guerra de 2020 contra Azerbaiyán. Lee los detalles aquí. #armenia #azerbaiyán #ConflictoNagornoKarabaj #JalalHarutyunyan #JusticiaMilitar #NagornoKarabaj https://soyarmenio.com/noticias-de-armenia/excomandante-nagorno-karabaj-prision/