Justicia plena para María Luisa Villanueva en Morelos: GIDH

GIDH exige justicia plena para María Luisa Villanueva en Morelos.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex Magister” reconoció la disculpa pública ofrecida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos a María Luisa Villanueva Márquez, víctima de tortura y privación ilegal de la libertad durante más de dos décadas; sin embargo, advirtió que este acto no representa justicia plena mientras no se repare integralmente el daño y se sancione a los responsables.

Su presidente, el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, calificó el caso como “una de las más graves violaciones a derechos humanos en la historia reciente del país”, al recordar que María Luisa fue detenida arbitrariamente, torturada y sentenciada por un delito que no cometió. “No basta una disculpa institucional; el Estado mexicano debe garantizar justicia efectiva y reparación integral del daño, conforme a los estándares internacionales”, enfatizó.

Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, recordó que los hechos ocurrieron entre el 6 y el 10 de enero de 1998, cuando elementos del extinto Grupo Antisecuestros de la antigua Policía Judicial de Morelos vulneraron la integridad física y psicológica de la víctima, lo que derivó en una sentencia injusta y una condena de 25 años de prisión.

Procuración de justicia

Para Fierro Hernández, este reconocimiento público es “un acto necesario, pero tardío”, ya que durante más de dos décadas el sistema de procuración de justicia negó el acceso a la verdad. “La disculpa debe ir acompañada de la judicialización de los responsables de los actos de tortura, así como de medidas de reparación integral, entre ellas indemnización, atención psicológica y garantías de no repetición”, subrayó.

El jurista explicó que el derecho internacional obliga al Estado mexicano a investigar, sancionar y reparar las violaciones graves a los derechos humanos. “La tortura no prescribe, y ningún acto administrativo puede sustituir la responsabilidad penal de quienes ejecutaron o encubrieron estos crímenes”, sostuvo.

María Luisa Villanueva

De esta forma, el GIDH “Lex Magister” urgió a la Fiscalía de Morelos a solicitar al Congreso local los recursos necesarios para fortalecer la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, con el fin de garantizar investigaciones autónomas y efectivas. “Sin un órgano especializado, los casos seguirán en la impunidad”, advirtió Fierro Hernández.

Profesionalización y sensibilización

Asimismo, el presidente del GIDH consideró que este caso debe sentar un precedente para la depuración institucional en las fiscalías estatales. “La profesionalización y sensibilización de los servidores públicos es fundamental, pero debe acompañarse de sanciones ejemplares contra quienes atentan contra la dignidad humana”, afirmó.

María Luisa Villanueva fue liberada en febrero de 2023 por remisión de pena, tras haber pasado 25 años en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya. Durante su reclusión, denunció reiteradamente haber sido torturada para firmar una confesión falsa. “Ella no busca venganza, busca justicia”, enfatizó Fierro Hernández.

El GIDH recordó que la disculpa pública no exime la obligación de las autoridades judiciales de reconocer la inocencia de Villanueva Márquez. “La reparación del daño requiere restituir el honor y limpiar su nombre ante la sociedad”, agregó el especialista.

Derecho a la verdad

Por este motivo, Fierro Hernández hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para que acompañen el seguimiento de este caso emblemático. “La impunidad no puede prevalecer sobre el derecho a la verdad”, concluyó.

Finalmente, el presidente del GIDH reiteró que el organismo continuará brindando acompañamiento jurídico y visibilidad al caso hasta que se cumpla plenamente con las obligaciones del Estado mexicano en materia de justicia y reparación integral.

De acuerdo con el expediente CDMH/SE/VRSP/061/044/2019, la disculpa institucional fue publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad, en cumplimiento de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitida en julio de 2023. El documento fue suscrito por Jorge Antonio Hernández Narez, titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien reconoció la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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Jueza ordena prisión a alcaldesa de Capulhuac, Selene Hernández

Investigan agresión a servidora pública. Investigan a Selenne “N” por abuso de autoridad y violencia contra funcionaria del DIF.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

En audiencia celebrada en Almoloya de Juárez, un juez impuso prisión preventiva justificada y separación del cargo a Selene Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac, tras ser señalada por abuso de autoridad con violencia.

La audiencia se realizó en los juzgados de control, donde el Ministerio Público presentó pruebas sobre la agresión física a una servidora pública del DIF municipal, identificada con las iniciales MRG.

La víctima denunció que la edil la golpeó en presencia de testigos durante una reunión laboral, usando su cargo para presionar a la funcionaria y ejecutar una represalia personal.

El juez consideró el riesgo de manipulación del proceso penal por parte de la imputada, por lo que dictó medidas para impedir posibles represalias a víctimas y testigos.

Acusan uso del poder público

Durante la exposición de pruebas, el agente del Ministerio Público señaló que Hernández Herrera instrumentalizó el aparato gubernamental para fines personales, vulnerando principios legales e institucionales.

El órgano acusador afirmó que la imputada representa un riesgo procesal, pues aún conserva influencia sobre el cuerpo policiaco del municipio y podría intimidar a los participantes del proceso.

De acuerdo con el expediente judicial, varios testigos manifestaron temor a declarar por miedo a represalias, dado el control que la alcaldesa ejercía sobre personal y mandos medios.

La agresión ocurrió el pasado 2 de mayo, cuando MRG, psicóloga del sistema DIF local, fue golpeada y desalojada por la alcaldesa y dos colaboradoras, según la denuncia.

Detención y traslado a penal

La Fiscalía General del Estado de México ejecutó la detención de Hernández Herrera el 24 de junio, luego de que incurriera en delitos flagrantes de cohecho y resistencia.

Tras ser presentada ante el Ministerio Público, el 25 de junio fue reaprehendida por elementos de la Policía de Investigación mediante una orden judicial por el delito de abuso de autoridad.

La imputada fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El juez programó una nueva audiencia para el próximo 29 de junio, en la cual se definirá la situación jurídica de la imputada con base en los elementos de prueba disponibles.

Imputan violencia institucional

La Fiscalía sostuvo que el caso revela una asimetría de poder ejercida mediante violencia, incompatible con la ética y responsabilidad del servicio público.

Además, señaló que el delito no puede considerarse aislado, sino parte de un patrón de conducta donde la figura pública utiliza su posición para intimidar y ejercer presión personal.

La víctima, MRG, continuó bajo atención médica y psicológica tras las lesiones sufridas durante el incidente denunciado, en el cual también participaron presuntas servidoras públicas.

Las pruebas documentales y testimoniales recabadas por el Ministerio Público fueron consideradas suficientes por la autoridad judicial para imponer medidas cautelares.

Proceso penal continúa

La defensa de Hernández Herrera pidió ampliar el plazo para aportar pruebas de descargo, recurso que será evaluado durante la próxima audiencia del sábado 29 de junio.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de México confirmó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con presuntas irregularidades en el ayuntamiento de Capulhuac.

La imputada permanecerá en prisión preventiva hasta que el juez determine si existen elementos suficientes para vincularla a proceso penal por los delitos investigados.

El caso ha generado reacciones entre los habitantes del municipio, donde diversas organizaciones civiles han solicitado a las autoridades garantizar el acceso a la justicia para la víctima. –sn–

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