Justicia plena para María Luisa Villanueva en Morelos: GIDH

GIDH exige justicia plena para María Luisa Villanueva en Morelos.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex Magister” reconoció la disculpa pública ofrecida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos a María Luisa Villanueva Márquez, víctima de tortura y privación ilegal de la libertad durante más de dos décadas; sin embargo, advirtió que este acto no representa justicia plena mientras no se repare integralmente el daño y se sancione a los responsables.

Su presidente, el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, calificó el caso como “una de las más graves violaciones a derechos humanos en la historia reciente del país”, al recordar que María Luisa fue detenida arbitrariamente, torturada y sentenciada por un delito que no cometió. “No basta una disculpa institucional; el Estado mexicano debe garantizar justicia efectiva y reparación integral del daño, conforme a los estándares internacionales”, enfatizó.

Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, recordó que los hechos ocurrieron entre el 6 y el 10 de enero de 1998, cuando elementos del extinto Grupo Antisecuestros de la antigua Policía Judicial de Morelos vulneraron la integridad física y psicológica de la víctima, lo que derivó en una sentencia injusta y una condena de 25 años de prisión.

Procuración de justicia

Para Fierro Hernández, este reconocimiento público es “un acto necesario, pero tardío”, ya que durante más de dos décadas el sistema de procuración de justicia negó el acceso a la verdad. “La disculpa debe ir acompañada de la judicialización de los responsables de los actos de tortura, así como de medidas de reparación integral, entre ellas indemnización, atención psicológica y garantías de no repetición”, subrayó.

El jurista explicó que el derecho internacional obliga al Estado mexicano a investigar, sancionar y reparar las violaciones graves a los derechos humanos. “La tortura no prescribe, y ningún acto administrativo puede sustituir la responsabilidad penal de quienes ejecutaron o encubrieron estos crímenes”, sostuvo.

María Luisa Villanueva

De esta forma, el GIDH “Lex Magister” urgió a la Fiscalía de Morelos a solicitar al Congreso local los recursos necesarios para fortalecer la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, con el fin de garantizar investigaciones autónomas y efectivas. “Sin un órgano especializado, los casos seguirán en la impunidad”, advirtió Fierro Hernández.

Profesionalización y sensibilización

Asimismo, el presidente del GIDH consideró que este caso debe sentar un precedente para la depuración institucional en las fiscalías estatales. “La profesionalización y sensibilización de los servidores públicos es fundamental, pero debe acompañarse de sanciones ejemplares contra quienes atentan contra la dignidad humana”, afirmó.

María Luisa Villanueva fue liberada en febrero de 2023 por remisión de pena, tras haber pasado 25 años en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya. Durante su reclusión, denunció reiteradamente haber sido torturada para firmar una confesión falsa. “Ella no busca venganza, busca justicia”, enfatizó Fierro Hernández.

El GIDH recordó que la disculpa pública no exime la obligación de las autoridades judiciales de reconocer la inocencia de Villanueva Márquez. “La reparación del daño requiere restituir el honor y limpiar su nombre ante la sociedad”, agregó el especialista.

Derecho a la verdad

Por este motivo, Fierro Hernández hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para que acompañen el seguimiento de este caso emblemático. “La impunidad no puede prevalecer sobre el derecho a la verdad”, concluyó.

Finalmente, el presidente del GIDH reiteró que el organismo continuará brindando acompañamiento jurídico y visibilidad al caso hasta que se cumpla plenamente con las obligaciones del Estado mexicano en materia de justicia y reparación integral.

De acuerdo con el expediente CDMH/SE/VRSP/061/044/2019, la disculpa institucional fue publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad, en cumplimiento de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitida en julio de 2023. El documento fue suscrito por Jorge Antonio Hernández Narez, titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien reconoció la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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ONU emite nuevos nombramientos en México

La ONU-DH en México nombró a nuevos representantes; Henderson y Campbell liderarán oficina. El organismo reiteró su compromiso de seguir asistiendo a las autoridades del país.


Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó sobre cambios recientes en su representación local. El uruguayo Humberto Henderson fue nombrado Representante Interino y Oficial a Cargo.

Asimismo, la estadounidense Maia Campbell fue designada como nueva Representante Adjunta de la ONU-DH en el país. Ambos funcionarios cuentan con amplia trayectoria en la defensa y promoción de derechos humanos.

Trayectoria internacional

Humberto Henderson acumuló más de 25 años de experiencia dentro del sistema de las Naciones Unidas. Su labor ha abarcado oficinas centrales en Ginebra, Suiza, y países de América Latina y el Caribe.

Desde 2023 encabezó la Sección de las Américas, donde supervisó operaciones en 35 países. En su cargo previo, participó en la Sección del Examen Periódico Universal.

Experiencia regional

Fue Representante Regional Adjunto en la Oficina para América del Sur con sede en Chile. También trabajó en Guatemala y en otras naciones de la región latinoamericana.

https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1948127251855515757

Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, en Uruguay. Posee además una maestría en Derecho Internacional, con énfasis en rendición de cuentas.

Campbell llega desde Perú

Maia Campbell trabajó en el sistema de la ONU durante los últimos 15 años. Coordinó recientemente la apertura de una oficina en Lima, Perú, y fungió como Jefa Adjunta en ese país. Antes de integrarse a Naciones Unidas, ejerció como abogada en defensa de comunidades indígenas en Belice y Nicaragua.

Obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad de Arizona. Realizó estudios de licenciatura en Filosofía en Pomona College, en Estados Unidos. Ha impulsado investigaciones relacionadas con violaciones graves a derechos humanos y litigios comunitarios.

Compromiso con México

La ONU-DH en México afirmó que seguirá cooperando con autoridades de los tres órdenes de gobierno. El propósito será fortalecer las capacidades nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos.

La oficina señaló que continuará monitoreando la situación en el país de forma objetiva, imparcial e independiente. Su trabajo incluirá el acompañamiento a políticas públicas, el fomento del diálogo social y la implementación de recomendaciones internacionales.

La ONU-DH reiteró su disposición de trabajar con víctimas, organizaciones civiles y autoridades. La oficina ha impulsado proyectos de asistencia técnica en diversas entidades federativas. Sus áreas de trabajo incluyen justicia transicional, memoria histórica y acceso a la justicia.

La trayectoria de ambos representantes fue calificada como clave para impulsar los estándares internacionales en territorio mexicano.

Ambos funcionarios sumarán esfuerzos para consolidar la presencia del organismo internacional en México. La ONU-DH reafirmó que mantendrá su apoyo a políticas de derechos humanos. También contribuirá a la creación de mecanismos nacionales con enfoque de derechos, transparencia y legalidad. –sn–

Bandera de la ONU

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La nueva Ley de la Guardia Nacional pone en riesgo derechos fundamentales: GIDH

La reforma a la Ley de la Guardia Nacional pone en riesgo derechos fundamentales: GIDH

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-Magister” expresó una profunda preocupación ante las reformas legislativas en materia de seguridad pública que se discuten en el Congreso de la Unión, especialmente la nueva Ley de la Guardia Nacional y los cambios al Sistema Nacional de Inteligencia.

El doctor Jesús Rey Fierro Hernández, presidente del GIDH advirtió que “estas reformas consolidan una militarización indebida de las tareas de seguridad pública, lo cual representa un retroceso en la garantía de los derechos humanos y pone en riesgo principios fundamentales como la privacidad, la legalidad y la rendición de cuentas”.

Efectivos de la Guardia Nacional | @SociedadN_

El GIDH también alertó que la propuesta, considera otorgar facultades excesivas a cuerpos militares, particularmente en materia de inteligencia e investigación, sin mecanismos democráticos de control.

Acceso discrecional a datos personales

“Otorgar a la Guardia Nacional y al Ejército acceso discrecional a datos personales y facultades de vigilancia sin controles judiciales, viola directamente el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual México es parte”, afirmó.

Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que de aprobarse las reformas tal como están planteadas, México estaría institucionalizando prácticas de vigilancia sin autorización judicial previa, lo cual puede abrir la puerta a abusos, espionaje político y afectaciones a la vida privada de millones de ciudadanos.

Carácter civil

El defensor del pueblo recordó que, desde su creación en 2019, la Guardia Nacional debía mantener un carácter civil, a pesar de que su mando operativo haya recaído en la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, las reformas actuales apuntan a reforzar el control militar, eliminando en la práctica la supervisión ciudadana y civil de las labores de seguridad.

Guardia Nacional | @SociedadN_

“La Constitución Mexicana es clara: la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles, con controles parlamentarios, auditorías externas y mecanismos de responsabilidad pública. Lo que hoy se discute atenta contra ese mandato”, enfatizó.

Por ello, el abogado litigante Jesús Rey exhortó a los legisladores federales a detener el avance de estas reformas hasta que se realice una revisión integral con participación de organismos de derechos humanos, expertos académicos y representantes de la sociedad civil.

Principios democráticos

“No se puede legislar en materia de seguridad con prisas ni sin escuchar a las voces ciudadanas. Lo que está en juego no es un modelo policial, sino el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de la población”, indicó Fierro Hernández.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse, organizarse y manifestarse por vías pacíficas para exigir que cualquier cambio legal respete los principios democráticos, el marco constitucional y los tratados internacionales de los que México es parte.

“La militarización no ha resuelto la violencia en el país. Por el contrario, ha normalizado violaciones a los derechos humanos. Necesitamos un modelo de seguridad eficaz, pero fundado en la legalidad y el respeto a las libertades”, concluyó el presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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