Kilómetro Cero | Lo que tienes que saber antes dea salir de casa | Jueves 20 de noviembre de 2025
SN Redacción
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó ayer de la detención de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias El Licenciado, perteneciente a una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Las investigaciones refieren que Gómez Sánchez, también conocido como El Contador, manifestó que su jefe es Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, del CJNG. En conferencia de prensa, García Harfuch señaló que El Licenciado fue ubicado en la colonia Centro de Morelia y arrestado durante un operativo coordinado por las autoridades del gabinete de seguridad, la fiscalía del estado y la Secretaría de Seguridad estatal.
En una acción coordinada sin precedentes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, asestaron un fuerte golpe a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero. La operación conjunta resultó en la designación y bloqueo de 19 objetivos, incluyendo personas y empresas clave en la estructura financiera delictiva, de las cuales no se dieron a conocer nombres.
Luego de que la SCJN confirmó la eliminación del fondo para atención a víctimas de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV), organizaciones urgieron a restituirlo, entre ellas, Amnistía Internacional. «Amnistía Internacional se suma a la preocupación por la decisión de la SCJN de eliminar la garantía de contar con un presupuesto mínimo y exclusivo para las medidas de ayuda, asistencia y reparación para las víctimas».
Por primera vez, las víctimas de extorsión tendrán derecho a la protección de su nombre y sus datos personales cuando denuncien a un delincuente, a fin de que no se sientan amenazadas, pues anoche el Pleno del Senado avaló la nueva ley contra extorsión que incluye un mecanismo expreso para proteger el anonimato de las víctimas… La nueva ley dispone que se castigará hasta con 20 años de cárcel a los policías, ministerios públicos, fiscales, custodios y jueces que no denuncien los actos de extorsión que conozcan.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró que se haya dictado orden de aprehensión y auto de formal prisión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen, por su presunta participación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en marzo de 1994. La resolución fue emitida por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, como resultado de las investigaciones derivadas de la recomendación 48VG/2021, después de que hace cuatro años se documentaron violaciones graves a los derechos humanos, actos de tortura y diversas irregularidades cometidas en contra de Mario Aburto Martínez y su familia desde su detención en Tijuana.
Tras poco más de 16 horas, Christian Nodal salió bien librado ayer de los cargos de presunta falsificación en 14 contratos ante el PJF, en el Centro de Justicia Penal Federal, a un costado del Reclusorio Oriente. cuando la juez determinó que no había elementos para vincularlos a proceso, Nodal, algo nervioso, tomó la mano de sus padres, dando por finalizada la audiencia a las 7:20 horas de ayer. “Siempre he creído en la justicia”, dijo.
Pese a tener 17 años en prisión preventiva, un juez federal negó a Zhenli Ye Gon, empresario mexicano de origen chino, un amparo para poder llevar su proceso en libertad, por lo que el magnate sigue recluido en el penal del «Altiplano».
Un ciudadano chino, considerado ficha clave del tráfico internacional de fentanilo, fue acusado formalmente ayer en EU por cargos de narcotráfico, tras huir de México y ser detenido en Cuba, desde donde fue extraditado a finales de octubre, informó el Departamento de Justicia estadunidense. Zhi Dong Zhang, Brother Wang, fue detenido inicialmente en la Cdmx en octubre de 2024, pero el 11 de julio escapó de su arresto domiciliario; luego huyó del país, pero fue recapturado en Cuba 20 días después.
Un juez federal en Quintana Roo condenó a 11 años y 10 meses de prisión a Carlos Guillermo Retes Quiñones, también identificado como Rubén Fernando Payán Adame o Rubén Fernando Roacho Adame, presunto sobrino de José Caro Quintero, uno de los líderes del cártel de Caborca, fundado por su tío, el capo Rafael Caro Quintero. La FGR informó ayer que obtuvo la sentencia condenatoria para Carlos R por ser penalmente responsable de delitos de contra la salud en la modalidad de posesión simple de cocaína y MDA (éxtasis), portación de arma de fuego sin licencia, de arma de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
En su carta más reciente, Kiril Todorov –aun presentándose como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN)– aseguró que un juez federal le dio la razón «en todos los aspectos jurídicos» que la jurisdicción nacional respalda su permanencia. Sin embargo, el dirigente omite que la determinación de World Aquatics, máxima autoridad de los deportes acuáticos, es definitiva: ni él ni su consejo directivo pueden retomar el control de la disciplina en México.
Será hasta mañana, durante una cuarta audiencia en el Reclusorio Norte, cuando la juez de Control Ángela Zamorano Herrera decida si concede la libertad anticipada a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, quien purga condena por asociación delictuosa y lavado de dinero. La defensa del reo argumenta que su cliente ya cumplió el 95% de la condena de nueve años de prisión que le fue impuesta. Tras 12 horas de interrogatorios, receso incluido, la juez fijó la audiencia definitiva para mañana a las cinco de la tarde.
De al menos veinte funcionarios vinculados documentalmente al desvío de 62 mil millones de pesos durante la administración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, la inmensa mayoría permanecen prófugos, amparados o en libertad. Los operadores del mayor desfalco estatal documentado en México han logrado evadir la justicia a través de un entramado de amparos, reclasificaciones penales, sentencias revocadas, así como órdenes de aprehensión anuladas, extradiciones congeladas y una reparación del daño inexistente.
La SCJN pidió abrir una investigación sobre un Tribunal Federal de Toluca que, el jueves pasado, votó un amparo que se le había ordenado no resolver. El Pleno de la Corte acordó hoy denunciar el caso ante el TDJ, para que investigue los hechos que tuvieron lugar en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver un amparo que impugnaba la concesión de uso de agua para la empresa embotelladora Niágara de México.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, y el ministro Irving Espinosa habían planteado ejercer facultad de atracción sobre el caso, y la notificación respectiva al Tribunal Colegiado para no votar el asunto fue recibida a las 10:30 horas del pasado 13 de noviembre por medio del módulo respectivo. Sin embargo, la secretaria de tesis del Tribunal Colegiado, Judith Guadalupe Chávez González, encargada de la recepción de los oficios remitidos a través del módulo electrónico, ingresó la orden de la Corte a la Oficialía de Partes hasta las 14:03 horas, lo que permitió a los magistrados votar el amparo en sesión, a las 12:19 horas.
Un tribunal federal en Quintana Roo levantó la suspensión que impedía a la Defensa Nacional continuar la construcción de una casa de descanso en la zona de Laguna Bacalar. El fallo fue porque no se demostró interés legítimo para solicitar la suspensión.
Ramón Álvarez Ayala, El R1, es uno de los hombres de mayor jerarquía dentro del CJNG que opera en Michoacán. Fue detenido por vez primera en 2012… fue liberado en 2022 por falta de elementos en las investigaciones en su contra por secuestro y delincuencia organizada.
En 2016, un Juzgado de Distrito de Procesos Penales sentenció a Ramón Álvarez a 20 años de prisión por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, quedando recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, tras una serie de impugnaciones por sus abogados, logró salir el 19 de noviembre de 2022.
«Un accidente te puede tocar en cualquier lado, es un riesgo que estamos dispuestos a aceptar quienes usamos el servicio, ya sabiendo el tipo de cosas a las que te puedes arriesgar», señala Lorena, una empleada en el área de San Ángel, en la Alcaldía Álvaro Obregón, quien diariamente tiene que desplazarse desde la alcaldía Cuauhtémoc y ha decidido subirse, cuando tiene prisa, a las motos de servicio de transporte por aplicación de Uber o Didi, que operan sin consentimiento de la Secretaría de la Movilidad de la Cdmx.
El juez federal que falló a favor de Uber y que otorgó un amparo para protegerse de las acciones del gobierno en contra de este servicio, no ha explicado cuál es el derecho constitucional protegido ni cuál fue su lógica, aunque ya se comenzó a buscarlo para que exponga los argumentos de su fallo. El gobierno de la Cdmx impugnó la decisión ante un tribunal superior.
La SCJN dio ayer un nuevo revés a Grupo Salinas, al validar facultades del SAT con las que impuso una multa de más de 67 millones de pesos a Nueva Elektra del Milenio por declarar pérdidas mayores a las reales en el ejercicio fiscal 2012. El fallo se da una semana después de que la Corte ratificó de manera definitiva otros siete créditos fiscales que suman más de 48 mil millones a cargo del conglomerado de Ricardo Salinas Pliego.
No obstante, dejó pendiente el noveno litigio fiscal, de 621.9 millones de pesos, que debía resolverse con los proyectos de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel Mossa, cuyos criterios son contradictorios. Por seis votos contra tres, el Pleno aprobó el proyecto de Lenia Batres que revocó el amparo concedido por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa a Nueva Elektra del Milenio –filial de Grupo Elektra– contra la multa de 67 millones 165 mil 827 pesos. Además, ordenó devolver el caso al mismo Tribunal para que emita una nueva sentencia, con base en los criterios de la Corte.
Además, la SCJN despejó ayer el camino para resolver un amparo de Ricardo Salinas Pliego contra la solicitud que la UIF hizo a bancos y casas de bolsa para obtener su información patrimonial, un juicio pendiente en el Alto Tribunal desde junio de 2023. Por unanimidad de ocho votos, el Pleno de la Corte desechó un recurso de impedimento presentado por el empresario contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa, al considerar que las acusaciones de falta de imparcialidad se basaban en opiniones no vinculantes y no en pruebas objetivas.
Con ello, quedó listo para resolverse el amparo en revisión 492/2023 –en espera de ser retornado a un ministro–, mediante el cual el empresario busca anular la solicitud que la UIF hizo en diciembre de 2021 a entidades financieras y casas de bolsa para obtener su información patrimonial y la de otras 78 personas, datos que salieron a la luz en las filtraciones conocidas como Pandora Papers.
El grupo empresarial, dirigido por Ricardo Salinas Pliego, desestimó el fallo del Alto Tribunal: «Ante este atropello sistemático de nuestros derechos humanos, hoy reiteramos que estas decisiones de una Corte ilegítima no son definitivas. Convencidos de que nos asiste la razón ética y jurídica, seguiremos defendiendo nuestras causas y derechos ante otras instancias nacionales e internacionales».
Integrantes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional acusaron al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz de contradecir su discurso de austeridad al admitir la permanencia del uso de togas. Legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Unión hicieron un llamado a los ministros de la SCJN a conducirse bajo la promesa de austeridad que asumieron al iniciar su gestión. «El discurso de la austeridad no es real», sostuvo Claudia Anaya, senadora del PRI, en entrevista, al señalar que a este gasto se han sumado otros «derroches», como la nómina de asesores del ministro presidente de la SCJN.
Los nuevos ministros de la SCJN iniciaron esta nueva etapa con el PJF con discursos de cambios profundos, aunque se han mantenido fieles a una tradición que generó polémica: el uso de togas. Previo a tomar funciones como nuevos impartidores en el Máximo Tribunal de justicia del país, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, declaró que no usaría esta prenda debido a que «esto no marcaba la diferencia», lo que generó un debate sobre la indumentaria que históricamente han usado los miembros de la Corte.
La Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2025 alcanzó 41 mil millones de dólares al cierre del tercer trimestre, un monto mucho mayor de lo esperado al inicio de la actual administración, resaltó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. «Si lo comparamos con 2024, creció 15 por ciento. Todas las expectativas eran que no tuviéramos un crecimiento de ese tamaño», indicó en la conferencia en Palacio Nacional. «México rompe récord en inversión extranjera directa«, agregó la presidente Claudia Sheinbaum. Ebrard señaló que los sectores que más han crecido se refieren sobre todo a las nuevas tecnologías y obras de infraestructura.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de enero a octubre de 2025 los ingresos del gobierno federal alcanzaron los 5 billones 70 mil 877 millones de pesos, un monto superior, en términos reales, de 7.9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Estos resultados se deben en gran medida a la estrategia implementada por el SAT de mayor fiscalización, resaltó el órgano recaudador. «Uno de los principales retos desde octubre de 2022 fue incrementar la recaudación en un contexto donde no hay nuevos impuestos y con la ausencia de una reforma fiscal», subrayó.
La justicia argentina ordenó confiscar propiedades y activos por cerca de 480 millones de dólares a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y a otros condenados en la causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz. El fallo del Tribunal Oral Federal 2 dispone el decomiso de 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner-Fernández —una a nombre de la exmandataria y 19 heredadas por sus hijos, Máximo y Florencia— además de bienes e inmuebles pertenecientes a otros implicados, entre ellos el ex ministro Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, a quien también se le ejecutarán 84 bienes. Los jueces sostuvieron que los bienes decomisados “constituyen el provecho del delito” y que su recuperación es necesaria para reparar el daño al Estado.
Rusia lanzó un brutal ataque contra Ucrania con 476 drones y 48 misiles de diversos tipos. El bombardeo dañó instalaciones energéticas e infraestructuras civiles en al menos 10 regiones y mató a 20 civiles. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que las víctimas se registraron en la ciudad de Ternopil, en el oeste. Las defensas aéreas ucranianas interceptaron 442 drones y misiles, pero un impacto destruyó un edificio residencial en Ternopil, donde decenas de personas resultaron heridas. Zelenski destacó graves daños en Járkov, en el noreste, con afectaciones a las redes energéticas y al transporte. También sufrieron ataques Ivano-Frankivsk —donde hubo tres heridos— y Leópolis, ambas en el oeste. «Este ataque demuestra que la presión sobre Rusia no es suficiente», denunció Zelenski en un mensaje en redes sociales. Exigió más sanciones contra el Kremlin y mayor ayuda militar para contrarrestar estos bombardeos sistemáticos.
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