Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Reacomodos en Seguridad Nacional

El inicio del año marca el primer gran movimiento interno del Gobierno Federal en uno de sus frentes más sensibles: la seguridad pública.

Por Raúl García Araujo                                            

El aparato del Estado comienza a reacomodarse para enfrentar una agenda cargada de presiones internas, compromisos internacionales y una exigencia social que no admite margen de error.

En este proceso, dos áreas concentran el rediseño estratégico: la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, y la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Esthela Damián.

Desde estas oficinas se están definiendo los equipos que operarán las decisiones clave del sexenio y que marcarán la dinámica de coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional.

En la FGR, los cambios han sido amplios y estructurales. La fiscal general anunció una serie de nombramientos que redibujan el mapa interno de la institución.

Raúl Armando Jiménez Vázquez asumió la Fiscalía Especializada de Control Competencial; David Boone de la Garza, la Fiscalía Especializada de Control Regional; y Mariana Díaz Figueroa, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

A estas designaciones se suman Laura Ángeles Gómez como Oficial Mayor; Maribel Bojorges Beltrán en la Fiscalía de Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas; Richard Urbina Vega en la Fiscalía de Asuntos Internos; Ulises Lara López en la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes; y Julio César Bonilla Gutiérrez en la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental.

El nuevo esquema se completa con Claudia Luengas Escudero como Consejera General; Oliver Ariel Pilares Viloria en la Fiscalía Especial de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero; Omar Cruz Juárez en la Unidad de Comunicación Social; Héctor Elizalde Mora al frente de la Agencia de Investigación Criminal; y César Oliveros Aparicio en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.

Dentro de este reacomodo destacan de manera particular Ulises Lara y Omar Cruz, integrantes del círculo de mayor confianza de Ernestina Godoy.

Ambos acompañaron a la hoy fiscal durante su gestión en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y estuvieron directamente involucrados en la atención y resolución de los casos de mayor impacto social y mediático, experiencia que ahora se traslada al ámbito federal.

En paralelo, en la Consejería Jurídica, Esthela Damián ha mantenido una agenda de trabajo permanente, incluso durante el periodo vacacional, sosteniendo reuniones con dependencias clave para integrar el equipo que la acompañará durante toda la administración.

Su oficina desempeña un papel central en la construcción del andamiaje legal que respalda las decisiones en materia de seguridad, justicia y cooperación internacional.

Este proceso se articula de forma directa con la agenda del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como con los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, en un contexto donde la coordinación interinstitucional resulta indispensable, particularmente en el ámbito de la cooperación bilateral con los Estados Unidos.

El año apenas comienza, pero las decisiones ya están en marcha. Las estructuras están siendo definidas, los equipos ya operan y las líneas de mando empiezan a marcar territorio.

Lo que ocurra en los próximos meses no dependerá de anuncios públicos, sino de la capacidad real de estos nuevos cuadros para ejecutar, coordinar y responder en el momento más delicado de la agenda nacional.

Hoy, ante los actuales escenarios internacionales, la seguridad pública no solo es una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, sino uno de los principales pilares de entendimiento político con el Gobierno de los Estados Unidos.

En Cortito

Nos cuentan que 2026 comenzó en Yautepec con señales claras de trabajo y dirección política, marcando desde los primeros días del año un ritmo distinto en la administración municipal.

Nos dicen que el presidente municipal, Eder Alonso Gutiérrez, abrió el calendario con acciones concretas: infraestructura, servicios y atención directa a las necesidades de la gente, dejando claro que el gobierno local arrancó con resultados.

En ese contexto, la inauguración de la rehabilitación de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Lucio Moreno de Cocoyoc, no es una obra menor ni aislada. Se trata de una de las vialidades más importantes de la zona, al conectar de manera directa con la escuela primaria, la Unidad Deportiva, un centro comercial y el panteón de la localidad, convirtiéndose en una arteria esencial para la vida cotidiana de cientos de familias.

La obra impacta de manera positiva a diversas comunidades de Cocoyoc que utilizan esta vía como acceso cotidiano a servicios educativos, deportivos y comerciales.

Es infraestructura que ordena, facilita y dignifica la vida comunitaria, y que además envía un mensaje político claro: en Yautepec, la gestión se mide por obras que se ven y se sienten.

Este tipo de proyectos también tiene un impacto directo en el turismo, uno de los principales motores económicos del municipio.

Yautepec es, cada fin de semana, uno de los destinos más visitados de la región gracias a sus atractivos, su oferta recreativa y su excelente clima.

Fortalecer la infraestructura urbana no solo beneficia a quienes viven aquí, sino también a quienes eligen este municipio para descansar, invertir y convivir, consolidando así una estrategia de desarrollo que combina bienestar social y crecimiento económico.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Esthela, confianza de Sheinbaum

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Opinión | Raúl García Araujo – Criminalizar para callar periodistas

Ejercer el periodismo en México nunca ha sido una labor segura, pero en 2025 el riesgo ha escalado a un nuevo y peligroso nivel: informar puede llevarte al banquillo de los acusados.

Por Raúl García Araujo                                            

Mientras siete periodistas han sido asesinados en el país este año, según Artículo 19, hoy además enfrentamos una forma moderna de censura: la criminalización del ejercicio periodístico desde las propias instituciones del Estado, una práctica que no sólo intimida al comunicador, sino que erosiona directamente el derecho de la sociedad a estar informada.

El caso del colega veracruzano Rafael “Lafita” León Segovia no es un episodio aislado, es una advertencia nacional.

Un juez de control, José Guadalupe Nucamendi Albores, desestimó finalmente el delito de terrorismo —una acusación tan grave como absurda—, pero aun así decidió vincular a proceso al periodista por otros cargos, imponiéndole prisión domiciliaria durante un año, no por haber cometido un crimen, sino por hacer su trabajo.

La audiencia, documentada por Artículo 19, exhibió a una Fiscalía de Justicia de Veracruz sin pruebas sólidas, con inconsistencias, argumentos endebles y una narrativa preocupante: si el periodista llega primero a cubrir una nota, entonces “sabía” del delito.

Bajo esa lógica perversa, informar se convierte en sospecha y la eficacia profesional pasa a ser “prueba criminal”.

La Fiscalía llegó al extremo de acusarlo de no denunciar hechos delictivos que supuestamente conocía por mensajes de texto, como si el periodista tuviera funciones de Ministerio Público y como si la recepción de información de una fuente fuera participación delictiva, una distorsión jurídica que pone en jaque a todo el gremio.

Peor aún, la acusación se sustenta principalmente en un “testigo protegido” cuyas declaraciones son contradictorias y plagadas de irregularidades.

Aun así, en apenas veinte días la Fiscalía integró y judicializó una carpeta por terrorismo, encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad, mientras solicita cuatro meses para la investigación complementaria, una diligencia que contrasta dolorosamente con la impunidad absoluta en los asesinatos de periodistas en Veracruz, una de las entidades más letales para la prensa.

El mensaje es claro y estremecedor: se persigue con rapidez al que informa, pero no al que mata al periodista.

La medida cautelar impuesta —arraigo domiciliario— resulta desproporcionada y devastadora, pues impide a Rafael salir a las calles, cubrir hechos, trabajar, vivir de su oficio y cumplir con el derecho social a la información; no sólo se castiga al periodista, se castiga a la sociedad.

Por eso este caso encendió todas las alarmas. La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo con claridad: no existe precedente de acusaciones por terrorismo en México y exigió a la Fiscalía de Veracruz que explique si existe un delito real y probado, subrayando que ninguna investigación debe estar relacionada con la labor profesional del comunicador.

Entonces, ¿qué estamos viendo? Una peligrosa deriva: la utilización del aparato judicial como instrumento de intimidación política.

Ni en los peores tiempos del viejo régimen —cuando el poder lo controlaba todo— se normalizaba con tanta facilidad que un periodista fuera procesado por publicar información incómoda.

Hoy le tocó a Rafael, mañana puede tocarle a cualquier reportero, columnista o medio que se atreva a incomodar al poder, y por eso este no es un pleito personal ni un asunto local, es una causa del periodismo mexicano.

Cuando informar se vuelve delito, la democracia deja de existir. Hoy más que nunca el gremio está llamado a la solidaridad, a la defensa común de la libertad de expresión y a no permitir que el miedo sustituya al periodismo, porque si callan a uno, nos ponen en riesgo a todos.

En Cortito

Nos cuentan que el cierre de año en Ecatepec dejó una señal política clara: cuando hay coordinación real entre los tres niveles de gobierno, los resultados en seguridad sí llegan.

Desde el C5 de la policía estatal, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Mesa de Paz junto a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, y el mensaje fue contundente: Ecatepec es prioridad para el gobierno estatal y federal, y ese respaldo se traduce en acciones concretas, no en discursos.

Delfina Gómez no sólo reconoció el trabajo en equipo, sino que subrayó que los resultados positivos de las Mesas de Paz ya se reflejan en todo el Estado de México, destacando particularmente el caso de Ecatepec como ejemplo de cómo la coordinación institucional, el Mando Unificado y la voluntad política pueden revertir una de las problemáticas más complejas del país: la inseguridad en zonas metropolitanas densamente pobladas.

En esa misma línea, Azucena Cisneros agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la propia gobernadora, señalando que la implementación del Mando Unificado, junto con el despliegue de Marina, Sedena, Guardia Nacional, policía estatal y Fiscalía, ha sido clave para inhibir la comisión de delitos y recuperar la tranquilidad de las comunidades.

La seguridad, en Ecatepec, dejó de ser un tema de buenas intenciones para convertirse en una estrategia operativa con resultados medibles.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Esthela, confianza de Sheinbaum

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Esthela, confianza de Sheinbaum

En política, la confianza no se decreta: se construye con años de trabajo, resultados y lealtad probada.

Por Raúl García Araujo                                            

El reciente nombramiento de Esthela Damián Peralta como Consejera Jurídica de la Presidencia de la República confirma que para la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo los cargos estratégicos no se asignan por coyuntura, sino por trayectoria, oficio y absoluta confianza política.

Esthela Damián no es una funcionaria improvisada ni una recién llegada al círculo presidencial. Es, por el contrario, una de las mujeres que ha acompañado a Sheinbaum desde su etapa como jefe de gobierno de la Ciudad de México, donde se consolidó como una operadora institucional de primer nivel.

Desde la Secretaría Particular de la entonces mandataria capitalina, Damián participó en la coordinación fina del gobierno local, en la toma de decisiones estratégicas y en el seguimiento puntual de la agenda política y administrativa de la ciudad más compleja del país.

Su paso por el DIF de la Ciudad de México no fue meramente administrativo: ahí construyó una política pública con enfoque de derechos, fortaleció instituciones y demostró una capacidad singular para traducir los principios progresistas en acciones concretas.

Más recientemente, como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la SSPC, encabezó una de las tareas más delicadas del Estado mexicano: atender las causas profundas de la violencia, integrando lo jurídico, lo social y lo comunitario.

Pero hay un elemento que explica mejor que ningún otro su llegada a la Consejería Jurídica: su oficio político.

Dentro de Morena y en el ámbito legislativo, Esthela Damián es reconocida como una de las negociadoras más eficaces, una operadora capaz de construir acuerdos complejos, procesar conflictos y sostener la estabilidad política aun en escenarios de alta presión.

No es casual que, por su perfil, su experiencia y su peso político, durante meses fuera considerada la virtual candidata de Morena al gobierno de Guerrero en 2027.

Sin embargo, el mensaje de la mandataria es claro: Sheinbaum la necesita a su lado. En el corazón del gobierno federal. En una posición clave para la consolidación del proyecto de transformación.

La Consejería Jurídica no es un espacio técnico; es un puesto profundamente político, donde se definen estrategias, se blindan decisiones y se construye gobernabilidad.

Colocar ahí a Esthela Damián es apostar por una mujer de absoluta lealtad, probada capacidad y profunda comprensión del Estado.

Más que un relevo administrativo tras la salida de Ernestina Godoy, este nombramiento refleja la arquitectura política del nuevo gobierno: un equipo compacto, experimentado, cohesionado y con liderazgo femenino en las áreas más sensibles del poder.

En esa lógica, Esthela Damián no sólo asume un cargo; se consolida como una de las figuras estratégicas del sexenio de Claudia Sheinbaum.

En Cortito

Nos cuentan que en apenas un año de gobierno, Azucena Cisneros Coss ha pasado de ser una apuesta municipal a convertirse en uno de los nuevos liderazgos más sólidos y visibles de Morena en el Estado de México.

Esto cobra especial relevancia en un municipio históricamente golpeado por el abandono institucional, donde Cisneros ha logrado algo políticamente valioso: devolverle a la ciudadanía la sensación de que el gobierno vuelve a estar de su lado.

Esa percepción no es casual. La alcaldesa entendió que gobernar Ecatepec implica atacar primero las carencias más profundas y convertir compromisos de campaña en políticas públicas tangibles.

En ese mismo sentido, se suma una estrategia de seguridad que ha reducido hasta en 50 por ciento los delitos de alto impacto, combinando proximidad social, patrullaje reforzado y el respaldo permanente de la Marina.

Con estos resultados sobre la mesa, más allá del ámbito municipal, su figura comienza a proyectarse como uno de los cuadros emergentes más fuertes de Morena en el Estado de México, y eso que apenas terminamos 2025.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Morelos, azotado por el crimen

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morelos, azotado por el crimen

Apenas ha terminado la primera quincena de diciembre y Morelos ya ofrece una imagen devastadora: un estado rebasado por el crimen organizado y un gobierno que no logra —o no quiere— asumir la gravedad de la crisis.

Por Raúl García Araujo                                            

No es un discurso alarmista ni una exageración; son hechos encadenados que revelan una realidad que desmiente cualquier narrativa oficial de control o mejora en la seguridad.

Cuautla se ha convertido en el símbolo más claro del fracaso institucional. Comerciantes obligados a pagar doble derecho de piso porque dos grupos criminales operan al mismo tiempo, extorsionando con absoluta impunidad.

La denuncia no proviene de la oposición ni de actores políticos interesados, sino del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien ha advertido que las estadísticas oficiales no reflejan lo que realmente vive la población. Cuando la Iglesia levanta la voz en estos términos, es porque la crisis ya desbordó todos los límites.

Pero Cuautla no es un caso aislado. La violencia se extiende y escala. El ataque a balazos contra la vivienda del presidente municipal de Yecapixtla; las agresiones armadas contra las casas de una regidora y una síndica en el municipio indígena de Xoxocotla; y el hallazgo de cinco cuerpos calcinados —entre ellos una menor de edad— en la carretera Axochiapan–Amayuca, dibujan un mapa de terror que atraviesa regiones, cargos públicos y comunidades enteras. En Morelos, hoy nadie está a salvo.

Estos hechos no solo evidencian inseguridad: exhiben pérdida de control del Estado. Cuando los criminales atacan viviendas de funcionarios públicos y extorsionan abiertamente a comerciantes, el mensaje es inequívoco: el poder real no está en el gobierno, sino en las organizaciones criminales.

Y lo más grave es que no hay una respuesta clara, contundente ni sostenida que indique que el gobierno estatal entiende la magnitud del problema.

Frente a este escenario, resulta preocupante la postura de la gobernadora Margarita González Saravia. Mientras Morelos arde, ella insiste en que su administración “no simula”, que es transparente y que los comentarios ciudadanos en redes sociales son mayoritariamente positivos.

Pero la seguridad pública no se mide con percepciones digitales ni con discursos autocomplacientes. Se mide con resultados, y esos resultados hoy simplemente no existen.

Lo verdaderamente alarmante es la normalización de la incapacidad. No hay una estrategia de seguridad visible, no hay golpes estructurales al crimen organizado, no hay coordinación efectiva que se traduzca en paz para la población.

La violencia avanza todos los días, mientras el gobierno parece más concentrado en defender su imagen que en recuperar el control del territorio.

Gobernar no es repetir que no se simula; es demostrarlo con hechos. Y los hechos, hoy por hoy, son extorsión generalizada, violencia política, homicidios múltiples y miedo instalado en la vida cotidiana de los morelenses.

La omisión también es una forma de responsabilidad, y cada día sin acciones firmes profundiza una crisis que ya se salió de control.

Morelos no necesita discursos optimistas ni autoelogios. Necesita liderazgo, decisiones incómodas y una estrategia real que enfrente al crimen organizado sin excusas. Porque mientras el gobierno se felicita a sí mismo, el crimen ya gobierna el estado.

A estas alturas, la pregunta ya no es si la estrategia de seguridad funciona, sino si realmente existe. Porque cuando el crimen cobra doble, dispara contra alcaldes, intimida a regidoras y calcina cuerpos en las carreteras, cualquier discurso oficial se vuelve irrelevante.

Negar la realidad no la corrige; solo la agrava. Y en Morelos, la distancia entre el poder y la calle es hoy tan amplia que raya en la irresponsabilidad política.

La historia es implacable con los gobiernos que prefieren el autoengaño a la acción. Si la gobernadora Margarita González Saravia insiste en administrar percepciones mientras el estado se desangra, quedará claro que no fue rebasada por la violencia: decidió convivir con ella. Y cuando un gobierno se acostumbra a la barbarie, deja de gobernar.

En Cortito

Nos cuentan que Cuernavaca avanza por una ruta distinta a la de muchos municipios que enfrentan crisis financieras, endeudamiento y parálisis administrativa.

Durante el primer año de gestión de José Luis Urióstegui Salgado en su segundo periodo como alcalde, la capital de Morelos ha consolidado un modelo de gobierno basado en disciplina financiera, planeación responsable y una clara prioridad: que los recursos públicos se traduzcan en obras y servicios para la gente.

Los números respaldan el discurso. En 2022, al inicio de la primera administración de Urióstegui Salgado, el Ayuntamiento de Cuernavaca registraba ingresos globales por mil 553 millones de pesos. Hoy, la recaudación municipal asciende a dos mil 494 millones de pesos, un incremento cercano al 61 por ciento.

Este crecimiento le ha otorgado al municipio mayor autonomía financiera y capacidad de respuesta, reduciendo la dependencia de recursos federales y fortaleciendo la toma de decisiones locales.

Gracias a esta disciplina financiera, Cuernavaca ha podido ampliar y fortalecer servicios prioritarios como el bacheo, la modernización del alumbrado público, la ejecución de obras en colonias y el reforzamiento de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano.

Hoy, el gobierno municipal encabezado por José Luis Urióstegui Salgado deja claro que la austeridad bien aplicada y la eficiencia en el gasto no significan menos obras, sino más y mejores acciones para la ciudadanía.

En Cuernavaca, las finanzas sanas se han convertido en la base de un gobierno que responde y construye futuro.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Urióstegui consolida liderazgo en Morelos

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Urióstegui consolida liderazgo en Morelos

En política, el poder no se declara: se construye. Y hoy, en Morelos, ese poder se está edificando desde Cuernavaca. José Luis Urióstegui Salgado no gobierna la capital por inercia ni por discurso…

Por Raúl García Araujo                                            

… la gobierna con resultados. En un contexto estatal fragmentado y con liderazgos debilitados, ese dato no es menor: lo coloca en una posición política claramente dominante.

Urióstegui entendió algo que muchos subestiman: administrar bien es ejercer poder. Mientras otros apuestan a la confrontación permanente o a la narrativa sin sustento, su gobierno ha apostado a la eficacia.

Seguridad con estrategia, finanzas con disciplina y gobernanza con participación ciudadana no son conceptos aislados, sino una misma lógica de control institucional. Esa coherencia explica por qué hoy es uno de los alcaldes con mayor peso político y mediático en Morelos, aun gobernando desde la oposición.

En materia de seguridad, Cuernavaca dejó atrás la simulación. Profesionalización policial, capacitación constante, uso de tecnología, coordinación interinstitucional y ciudadanía organizada han dejado de ser promesas para convertirse en políticas operando. Este enfoque ha devuelto algo clave al gobierno municipal: autoridad legítima, un activo político que no se improvisa y que se construye en el territorio.

Ese orden institucional se reflejó también en el terreno financiero. Recibir una ciudad quebrada y reducir de manera histórica una deuda millonaria, liquidar pasivos bancarios y enfrentar adeudos ocultos sin frenar la obra pública constituye una jugada política de alto nivel. En Morelos, pocos pueden presumirlo. La estabilidad financiera no solo ordena las cuentas públicas; ordena el tablero político y amplía el margen de maniobra.

Con estos antecedentes, este miércoles 10 de diciembre, Urióstegui rendirá su primer informe sobre el estado que guarda la administración pública de Cuernavaca. No será un acto protocolario, sino un corte de caja político. En este caso, el informe no se sostiene en promesas, sino en resultados verificables, y eso cambia por completo la lectura.

Pero el poder político moderno no se limita a la seguridad ni a las finanzas; también se ejerce desde la proyección internacional y la diplomacia cultural. La reciente visita del embajador de Japón en México, Kozo Honsei, al Museo de la ciudad de Cuernavaca no fue un gesto social ni una fotografía casual. Fue una señal clara de que la capital morelense vuelve a colocarse en el radar internacional como una ciudad con identidad, estabilidad institucional y capacidad de interlocución global.

Cuernavaca hoy no solo se gobierna: se proyecta. Recupera presencia, reconstruye confianza y vuelve a ser referente. Eso explica por qué el liderazgo de Urióstegui ya no es únicamente municipal. En política, quien controla la capital controla la conversación, y hoy esa conversación se articula desde Cuernavaca.

Todo esto confirma un hecho central, José Luis Urióstegui Salgado se ha consolidado como uno de los liderazgos políticos más sólidos de Morelos, no por confrontar, sino por gobernar. Su liderazgo nace y crece en la oposición, pero con una ventaja decisiva frente a sus pares: tiene resultados que lo respaldan.

En tiempos donde la política suele confundirse con ruido, Cuernavaca ofrece una lección incómoda para muchos: gobernar bien sigue siendo la forma más efectiva de construir poder. Y cuando el poder se construye con resultados, deja de ser coyuntural para convertirse en proyecto. Por eso, hoy, el nombre de José Luis Urióstegui Salgado ya no solo pesa en la capital; empieza a marcar el ritmo político de todo Morelos.

En Cortito

Nos cuentan que en el estado de México comienza a configurarse un nuevo liderazgo político desde uno de los territorios más complejos y estratégicos del país: Ecatepec.

Gobernar este municipio no es un reto menor; es una prueba de capacidad, carácter y visión. En ese contexto, el Primer Informe de Gobierno de Azucena Cisneros Coss no fue solo un acto de rendición de cuentas, sino una señal clara de que algo distinto se está construyendo en una de las capitales sociales y electorales más importantes de México.

Mil obras realizadas con una inversión de 721 millones de pesos en apenas un año no son un dato administrativo: son una definición política. Cisneros Coss entendió que en Ecatepec gobernar es intervenir el territorio con hechos visibles.

La reducción de hasta 50 por ciento en delitos de alto impacto, la pavimentación de más de 444 kilómetros de vialidades y, por primera vez en la historia del municipio, la inversión en infraestructura hidráulica para llevar agua por red a más de 300 mil personas, marcan un punto de quiebre frente a décadas de abandono.

El respaldo político que arropó el informe confirma que Ecatepec ha recuperado centralidad. La presencia de liderazgos estatales y federales, así como de alcaldes de municipios clave del Valle de México, revela que lo que ocurre en Ecatepec ya no es un asunto local, sino parte de la reconfiguración política del estado de México.

El acompañamiento de la gobernadora Delfina Gómez y de la presidente Claudia Sheinbaum refuerza esa lectura: Ecatepec volvió a ser prioridad.

Más allá de las obras, el mensaje de fondo es político y social: el poder se construye con el pueblo. Unidad, organización comunitaria y dignidad como ejes de gobierno no son consignas, son método.

En un municipio que fue tratado durante años como fábrica de votos y de pobreza, hoy se perfila un nuevo liderazgo de la mano de Azucena Cisneros Coss que gobierna desde el territorio, con resultados y con respaldo social.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: «El Geras» actúa impune en Zacatecas

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | «El Geras» actúa impune en Zacatecas

Mientras el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, defendía —con números y con ironías— que los siete cadáveres abandonados en la frontera con Zacatecas…

Por Raúl García Araujo                                            

… no pertenecían a su estado, lo que quedó exhibido no fue una disputa limítrofe, sino la profunda incapacidad del gobierno de Zacatecas para contener la violencia.

Gallardo acusó a las corporaciones zacatecanas de intentar “mover” cadáveres para no sumarlos a su estadística. Y aunque sus declaraciones pueden parecer provocadoras, apuntan a una verdad incómoda: en Zacatecas, la violencia no sólo no cede, sino que se ha vuelto imposible de maquillar.

El gobernador David Monreal lleva años sin poder presentar un solo resultado de alto impacto. Todavía más grave: continúa sin lograr la captura de El Geras, el principal generador de violencia en Apulco y Nochistlán, el hombre que mantiene aterrada a la región y cuya presencia ha fracturado la seguridad en la frontera con otros estados. La omisión dejó de ser una preocupación pública para convertirse en el símbolo más claro de la parálisis estatal.

Mientras tanto, Gallardo presume que San Luis Potosí cerró noviembre con nueve homicidios —una cifra históricamente baja para la entidad— y cuestiona públicamente la lógica de que cuerpos identificados como zacatecanos hayan sido asesinados fuera del territorio donde nacieron, vivieron y fueron reportados. Del otro lado, Zacatecas no ofrece claridad, ni datos, ni avances, ni responsables. Sólo silencio.

Pero quizá el golpe más duro para el gobierno estatal llegó cuando quedó claro que el único operativo de alto impacto en Zacatecas en lo que va de 2025 no vino del gobernador Monreal, sino del gobierno federal. Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien encabezó desde la Mesa Nacional de Seguridad el desmantelamiento de una red criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El líder de esa estructura no era un delincuente menor: se trataba del exalcalde de Apulco, Mauro Yuriel “N”, prófugo durante meses y pieza clave del CJNG en la región. Un político que usó el poder público para operar a favor de la organización criminal y que terminó detenido sólo cuando intervino la Marina, no cuando actuó la autoridad estatal. Hoy la FGR lo procesa por delincuencia organizada, portación de armas exclusivas del Ejército y otros delitos federales.

La captura de Mauro “N” no sólo exhibe la profundidad con la que el crimen organizado ha penetrado las estructuras políticas municipales; también evidencia la ausencia total del gobierno de Zacatecas. Porque el golpe más importante, el único que realmente movió las estructuras criminales del centro del país, no lo dio David Monreal… lo dio Harfuch.

Y mientras El Geras continúa libre y la violencia sigue desbordada en Nochistlán y Apulco, el gobernador insiste en que todo va “bien”, que la coordinación “es buena” y que su relación política con Gallardo “es muy buena”. Para intentar corregir el desorden, su secretario de gobierno tuvo que pedir el lunes que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República, como si eso bastara para resolver una crisis que ha dejado crecer por años.

En medio de la polémica, los dimes y diretes, los números, los territorios controlados por el CJNG y las detenciones que tuvo que ejecutar la Federación cuentan otra historia: una donde Zacatecas está solo, rebasado y atrapado en una crisis que ya no sabe —o no quiere— enfrentar.

En Cortito

Nos cuentan que durante el informe del alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez dejó claro que el Gobierno del Estado de México mantendrá una relación estrecha y de cooperación con el Ayuntamiento y con el gobierno federal, retomando el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la deuda histórica con la zona oriente.

Cerqueda agradeció este respaldo y destacó que gracias a esta coordinación se puso en marcha el Plan Integral de la Zona Oriente, con el que por primera vez municipio, estado y Federación coinciden en prioridades y recursos para atender el rezago de la región.

El alcalde también abordó uno de los problemas más urgentes: las inundaciones. Adelantó que los colectores Kennedy y Sor Juana serán intervenidos en 2026 para evitar afectaciones como las registradas este año, obras que serán posibles gracias al acompañamiento del Gobierno del Estado de México.

La gobernadora, además, respondió con disposición a la solicitud de Cerqueda para incrementar el presupuesto destinado a la rehabilitación del Parque del Pueblo, un espacio emblemático que cumple 50 años y que requiere una renovación integral.

La sintonía política entre Delfina Gómez y Adolfo Cerqueda envía un mensaje claro: cuando existe voluntad, respeto institucional y objetivos compartidos, la transformación deja de ser discurso para convertirse en hechos concretos.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Morelos, violencia sin freno

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⚠️Zacatecas: Colectivos pro-defensa territorial llaman a movilización contra imposición de presa Milpillas y en defensa del río Atenco.
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Ganaderos de la UNTA exigen cierre de frontera sur

La UNTA pidió cierre fronterizo y denunció importaciones de ganado infectado en México.

Por Martín García | Reportero                                      

El secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, exigió a la presidente Claudia Sheinbaum cerrar totalmente la frontera sur para frenar el ingreso ilegal de 800 mil cabezas de ganado provenientes de Centroamérica. Señaló que estos animales estaban infectados con gusano barrenador, lo que ocasionó pérdidas millonarias al sector pecuario.

El dirigente explicó que el contagio limitó la exportación de bovinos mexicanos hacia Estados Unidos, un mercado estratégico para los productores nacionales. Agregó que los países con mayor riesgo eran Nicaragua, Honduras y Guatemala, donde se reportaron brotes activos de la plaga.

En un llamado público, López Ríos pidió a Sheinbaum Pardo detallar si el tema del cierre fronterizo fue discutido en la reunión bilateral con el presidente guatemalteco César Bernardo Arévalo de León. Explicó que la transparencia en los acuerdos era fundamental para los ganaderos.

Planta contra el gusano barrenador

El líder campesino lamentó que el gobierno federal aún dependiera de la firma de un convenio con Estados Unidos para financiar la planta en Metapa de Domínguez, Chiapas, diseñada para producir 100 millones de moscas estériles semanales. Precisó que la instalación estaba destinada a erradicar el gusano barrenador.

Añadió que dicha planta entraría en operaciones hasta el primer semestre de 2026, un plazo considerado tardío frente a la expansión de la plaga. Recordó que miles de productores ya habían resentido pérdidas significativas.

Por esa razón, reiteró que se requerían medidas inmediatas, principalmente el cierre de la frontera sur y la suspensión de importaciones de ganado bovino de Nicaragua. Subrayó que la entrada de animales infectados elevaba el riesgo sanitario.

Un caso reciente ejemplificó la problemática: el empresario Jesús Vizcarra Calderón, dueño de SuKarne, introdujo más de cinco mil bovinos desde Nicaragua por el puerto de Mazatlán hacia Durango. La operación fue señalada como un riesgo para la producción nacional.

Riesgo económico para productores

La UNTA precisó que la importación de bovinos extranjeros no solo amenazaba la sanidad animal, sino que también redujo el valor del ganado mexicano hasta en 40 por ciento. Este escenario coincidió con el cierre de la frontera estadounidense al ganado en pie de origen nacional.

De acuerdo con un informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), fechado el 15 de julio de 2025, se contabilizaron dos mil 738 casos de gusano barrenador en bovinos. Estos datos confirmaron la presencia extendida de la plaga.

Los estados con mayores casos fueron Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Yucatán, donde la enfermedad se expandió entre hatos ganaderos. La situación generó preocupación en las organizaciones agrícolas del país.

López Ríos señaló que el incremento de casos demandaba vigilancia permanente en los puntos fronterizos. Explicó que, de no actuar, el sector ganadero mexicano enfrentaría restricciones prolongadas en mercados internacionales.

Propuestas de la UNTA

El dirigente planteó a la presidente Sheinbaum implementar un programa de repoblamiento ganadero para fortalecer la producción de carne, cortes y exportación de bovinos. Detalló que la medida beneficiaría directamente a pequeños y medianos productores.

Señaló que este esquema permitiría sustituir la importación irregular con producción nacional certificada, lo cual resultaba indispensable ante la demanda del mercado estadounidense.

También advirtió sobre prácticas irregulares de algunos funcionarios y uniones ganaderas que permitieron el tráfico de aretes falsos. Sostuvo que esta simulación facilitó el ingreso de bovinos contaminados al territorio mexicano.

El dirigente llamó a sancionar estas prácticas, al considerar que los actos ilegales favorecieron la propagación del gusano barrenador. Reiteró que la bioseguridad pecuaria estaba en juego en distintas regiones del país.

Antecedentes de omisiones

López Ríos recordó que en años anteriores se autorizaron importaciones que terminaron contaminando hatos nacionales. Mencionó al actual gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, quien, en su paso por la coordinación de programas de ganadería, permitió el ingreso de bovinos para repoblamiento.

Explicó que ese ganado llegó a municipios como Tecuala, Nayarit, donde fue denunciado ante el entonces secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula. Sin embargo, indicó que las autoridades no tomaron acciones para frenar la amenaza.

El líder campesino insistió en que la omisión oficial agravó la dispersión del gusano barrenador en territorio mexicano. Aseguró que las denuncias presentadas quedaron sin respuesta efectiva.

Finalmente, reiteró la exigencia central de la UNTA: cerrar la frontera sur, suspender importaciones de bovinos contaminados y proteger a los productores nacionales. Subrayó que la sanidad animal y la competitividad internacional dependían de acciones inmediatas. –sn–

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