El Mundo: Agentes chavistas profundizan la operación nazi del "Sippenhaft" en Venezuela
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Exigen justicia para Jorge Raúl Tirado Ambriz preso de manera injusta
La familia de Jorge Raúl Tirado Ambriz pide su liberación tras casi cinco años preso injustamente.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
Desde 2021, Jorge Raúl Tirado Ambriz, comerciante desde los 17 años y padre de tres hijos, permaneció recluido en el Penal Neza–Bordo, Estado de México, acusado por un delito fabricado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), que dirige Alejandro Gertz Manero. Fue detenido el 12 de enero de 2021.
La aprehensión ocurrió de forma violenta mientras realizaba la entrega de termómetros digitales que vendía por internet. Policías armados, a bordo de dos camionetas sin distintivos, lo interceptaron y mostraron retratos de personas que él aseguró desconocer. Durante el traslado, recibió burlas y comentarios que evidenciaron la arbitrariedad del operativo.
Uno de los agentes le confesó que lo habían vigilado durante cuatro años sin encontrarle nada ilegal. “Te tocó la de malas”, le dijo el policía, frase que marcó el inicio de una historia de presunta fabricación de pruebas y abuso de autoridad.
Evidencias cuestionadas
De acuerdo con el expediente FED/SEIDO/IUDMS-MEX/0000891/2016, la detención se sustentó únicamente en un registro de llamadas. Su número telefónico apareció en la lista de contactos de un policía municipal de Nezahualcóyotl investigado por secuestro en 2016, a quien Jorge Raúl había llamado para pedir apoyo en un accidente automovilístico.
Ese contacto fue utilizado como vínculo directo para imputarlo como “negociador” del secuestro, solo porque el policía se refirió a él como “jefe”. No existió evidencia material, testigos presenciales, ni pruebas periciales que acreditaran su participación en el delito.
En la misma carpeta, las víctimas y sus familiares rechazaron haberlo visto o escuchado. Tras observar fotografías de Tirado Ambriz, afirmaron desconocerlo por completo y no reconocer su voz en los audios presentados por la autoridad.
Pruebas periciales dudosas
La entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR utilizó grabaciones de enero de 1994 como base para comparar la voz del presunto negociador con la de Jorge Raúl. En ese año, él tenía apenas 16 años, mientras que las conversaciones del expediente correspondían a un adulto.
https://youtu.be/0m5iwZirO_Q?t=8780
A pesar de esa inconsistencia cronológica, la FGR utilizó dichos audios como argumento pericial para sostener la acusación. La defensa presentó recursos para invalidar esa prueba, pero el proceso judicial continuó sin resolución definitiva.
Desde entonces, Jorge Raúl Tirado ha permanecido en prisión preventiva, sin sentencia y sin pruebas directas que lo relacionen con el delito. Su familia denunció irregularidades en el manejo del expediente y omisiones en la valoración de las pruebas de descargo.
Familia exige revisión del caso
Los familiares solicitaron a la FGR y al Poder Judicial de la Federación revisar de inmediato el expediente y valorar las pruebas que evidencian su inocencia. Han enviado escritos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Consejo de la Judicatura Federal para pedir la intervención institucional.
La defensa sostuvo que se trata de un caso de detención arbitraria y fabricación de culpables, práctica que ha afectado a múltiples personas inocentes en procesos relacionados con delincuencia organizada.
El abogado del caso aseguró que los elementos presentados por la fiscalía carecieron de sustento técnico y jurídico, y que el procedimiento violó los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las pruebas.
Cinco años sin justicia
Durante su reclusión, Jorge Raúl Tirado Ambriz ha enfrentado deterioro en su salud y en la economía de su familia. Su esposa y sus tres hijos continúan con campañas en redes sociales y frente a las sedes judiciales para exigir su liberación.
https://www.instagram.com/p/DP-izkyDZ6z/?utm_source=ig_web_copy_link
En cartas enviadas a medios de comunicación y autoridades, la familia insistió en que el proceso judicial ha sido prolongado sin avances sustanciales, lo que agrava la vulneración de sus derechos humanos.
Hasta ahora, ninguna autoridad federal ha emitido una respuesta formal a las peticiones de revisión. La defensa solicitó una audiencia extraordinaria para evaluar las pruebas y obtener su liberación inmediata. –sn–
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Exigen liberar a cinco indígenas tseltales en Chiapas
Organizaciones denuncian detención arbitraria y violaciones a derechos humanos en Cancuc. ONU pide su liberación inmediata
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (Clifodh), Otros Mundos, la vicaría de la diócesis de San Cristóbal y el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello solicitaron al gobierno federal liberar a cinco indígenas tseltales, presos desde 2022 en el municipio de Cancuc, Chiapas.
Mediante un comunicado, informaron que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió su liberación el pasado 15 de mayo, y que el gobierno tiene plazo hasta octubre para informar sobre el cumplimiento de esta resolución.
Sentenciados por 25 años
Los detenidos fueron identificados como Manuel Santiz Cruz, defensor de derechos humanos vinculado a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas; Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, todos de filiación evangélica.
Las agrupaciones denunciaron que los cinco fueron arrestados sin orden de aprehensión, incomunicados durante 24 horas y víctimas de desaparición forzada temporal. Señalaron también la ausencia de traductores, abogados defensores y el uso excesivo de la fuerza durante su detención.
Originalmente, los tseltales recibieron una sentencia de 25 años de prisión. Posteriormente, tras la presentación de recursos legales por parte de sus representantes, se logró reducir la condena a 18 años y seis meses.
ONU exige reparación integral
El Grupo de Trabajo de la ONU determinó que el proceso judicial incluyó múltiples violaciones al debido proceso. Por ello, recomendó al gobierno mexicano liberar de inmediato a los cinco hombres y ofrecerles compensación e indemnización, conforme al marco del derecho internacional.
El mismo organismo exhortó también a realizar una investigación independiente sobre las condiciones de la detención arbitraria y a sancionar a los responsables por las violaciones cometidas.
Las organizaciones defensoras afirmaron que la detención de los tseltales representa un patrón de criminalización contra defensores indígenas y constituye una falta grave en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
Solicitan actuar antes de octubre
En su pronunciamiento, las agrupaciones precisaron que el plazo otorgado por la ONU vence en octubre de 2025, por lo que instaron a las autoridades a acatar las recomendaciones y liberar a los cinco hombres.
Insistieron en que el gobierno debe resolver el caso conforme al dictamen emitido por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, que ya ha reconocido oficialmente la privación de la libertad como ilegal.
También señalaron que este caso refleja la urgencia de fortalecer mecanismos de justicia intercultural en México, garantizar traductores en lenguas originarias y prevenir actos de tortura o tratos crueles durante procesos penales.
Violaciones reiteradas al debido proceso
La Clifodh sostuvo que existen al menos diez irregularidades en el caso, desde la detención sin orden judicial hasta la falta de asistencia jurídica. Agregó que los testimonios fueron obtenidos bajo presión y sin presencia de defensores.
En tanto, el Centro Minerva Bello aseguró que, de no liberarse a los detenidos, se configuraría un incumplimiento a la resolución internacional que puede derivar en acciones contra el Estado mexicano en foros multilaterales.
Por su parte, la vicaría de San Cristóbal reafirmó su respaldo a los defensores indígenas, subrayando que la lucha por la justicia no debe implicar criminalización ni persecución legal.
Caso en observación internacional
El asunto de los cinco tseltales fue incorporado ya en informes de derechos humanos a nivel internacional. Diversas organizaciones han notificado que continuarán el seguimiento ante instancias de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos de justicia social en Europa.
Asimismo, solicitaron medidas de protección para las familias de los detenidos, que han sufrido actos de intimidación y desplazamientos por violencia estructural en sus comunidades. –sn–
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La Conapro llama a respetar los derechos humanos y ofrece acompañamiento al maestro Guzmán Michel
Conapro ofrece respaldo a maestro detenido. Llama a garantizar derechos y debido proceso.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México (Conapro), por voz de su presidente, el ingeniero Silvio Octavio García Rodríguez, hizo un llamado al respeto irrestricto de los derechos humanos, luego de la detención del catedrático Miguel Ángel Guzmán Michel, ocurrida en San Luis Potosí por órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Expresamos nuestra profunda preocupación ante la detención del maestro Guzmán Michel, y exhortamos a las autoridades correspondientes a garantizar su integridad física, el debido proceso legal y sus derechos fundamentales como ciudadano, académico y defensor comunitario”, señaló García Rodríguez.
El líder de la Conapro recordó que México ha construido un marco constitucional que reconoce el valor de los derechos humanos y la libertad de expresión como pilares de su vida democrática. “Toda actuación del Estado debe apegarse estrictamente a la legalidad y a los principios de justicia. No puede haber espacio para detenciones arbitrarias ni represalias políticas”.
Garantizar derechos
Silvio García Rodríguez reiteró que la organización nacional a su cargo colaborará en lo posible para que se asegure el respeto al Estado de Derecho y se garanticen los derechos del hoy detenido. “Desde la Conapro ofrecemos respaldo institucional y profesional para acompañar a la defensa legal del maestro Miguel Ángel Guzmán Michel”.
El líder social subrayó que el fortalecimiento de un país justo y libre se construye mediante el diálogo democrático, la inclusión y el respeto a las voces críticas. “El trabajo del maestro Guzmán Michel, en representación de comunidades originarias y en la vida académica y sindical, debe ser valorado desde la pluralidad, no criminalizado”.
A nombre de la comunidad de profesionistas y jóvenes del país, García Rodríguez solicitó a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, al fiscal Alejandro Gertz Manero y al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Carmona, actuar con transparencia y responsabilidad institucional.
Derechos territoriales y ambientales
“La legitimidad del gobierno se fortalece cuando defiende la legalidad, no cuando calla ante hechos que pueden implicar violaciones graves a los derechos fundamentales. La presidenta Sheinbaum ha reiterado su compromiso con la justicia y el respeto a las libertades, y confiamos en que ese compromiso se reflejará en este caso”, dijo.
El dirigente nacional de la Conapro también alertó sobre las denuncias de hostigamiento a líderes comunitarios en la región de La Palma, en San Luis Potosí, particularmente contra quienes han defendido derechos territoriales y ambientales. “Los pueblos originarios deben ser escuchados y protegidos. Su organización y liderazgo no pueden ser criminalizados”.
García Rodríguez añadió que los profesionistas del país no permanecerán indiferentes ante posibles actos de represión. “Nuestro compromiso es con la verdad, con la justicia y con la paz. Rechazamos cualquier forma de intimidación contra quienes ejercen sus derechos civiles y sociales”.
Trabajo interdisciplinario
Silvio Octavio informó que la confederación que preside convocará a un grupo de trabajo interdisciplinario para dar seguimiento al caso y promover espacios de diálogo que permitan visibilizar el papel de las comunidades originarias, académicos y defensores en la construcción democrática del país.
Finalmente, hizo un llamado a los sectores sociales y académicos a observar con atención este proceso y promover mecanismos de defensa institucional y legal. “Hoy más que nunca, México necesita la participación activa de sus profesionistas para que ningún derecho sea vulnerado sin consecuencia”. –sn–
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El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria urgió al Gobierno mexicano a liberar de forma inmediata a cinco activistas indígenas, condenados en juicios con graves irregularidades. La petición forma parte de una alerta internacional sobre el uso indebido del sistema penal para criminalizar la defensa de los derechos territoriales.
🇻🇪 Otro caso de "desaparición forzada" en Venezuela. Un ciudadano graba a un empleado público y lo desaparecen. La "desaparición forzada" es un crimen de lesa humanidad.
🔗 https://www.youtube.com/watch?v=SR0A9E05gOc
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🇻🇪 Declaración de ONGs venezolanas sobre las acciones del Estado Venezolano sobre la activista Rocío San Miguel ⤵️
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