SEP enfrenta denuncias por abuso administrativo
Universidades acusan a la SEP de abuso y extralimitación de funciones en la Dirección General de Profesiones.
Por Martín García | Reportero
En los últimos meses, decenas de Instituciones de Educación Superior (IES) denunciaron acoso administrativo y abuso de autoridad dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por el secretario Mario Delgado. Según los directivos, la Dirección General de Profesiones (DGP) rebasó sus facultades legales y sometió a las universidades a un proceso burocrático sin sustento normativo.
De acuerdo con las denuncias, detrás de este esquema operó Israel Jerónimo López, funcionario de la DGP, quien firmó oficios y aplicó medidas que excedieron sus atribuciones. Las instituciones señalaron omisiones y permisividad desde los niveles superiores de la SEP, afectando la estabilidad del sistema educativo superior.
El proceso inició con la llamada “Jornada Nacional de Actualización”, presentada como revisión de títulos universitarios, pero transformada en una campaña de presión masiva. Las solicitudes exigieron la entrega digital del cien por ciento de expedientes de egresados, incluso de décadas pasadas, en plazos de cinco a diez días hábiles.
Amenazas y sanciones discrecionales
Las instituciones que lograron responder a tiempo enfrentaron nuevos requerimientos o amenazas de cierre del Módulo Electrónico de Títulos (MET). La DGP argumentó que “no respondieron” o que la información estaba “incompleta”, lo que generó incertidumbre, sobrecarga operativa y afectaciones a estudiantes que no pudieron titularse ni obtener cédulas profesionales.
Desde marzo de 2025, la DGP aplicó cambios unilaterales en sus procesos administrativos sin publicarlos ni incluirlos en su manual de procedimientos. Los nuevos formatos, denominados “layouts”, fueron comunicados por mensajes de WhatsApp, sin circular oficial ni capacitación, mientras el trámite presencial fue eliminado sin aviso.
La Dirección General de Profesiones negó registros de programas académicos aprobados previamente por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), autoridad facultada para evaluar y sancionar planes de estudio. En contraste, la DGP careció de atribuciones para realizar esas acciones.
Irregularidades en oficios y exhortos
Otro punto de conflicto fue la emisión de exhortos. Cuando las instituciones no cumplieron los plazos imposibles, recibieron oficios que advertían sobre la posible suspensión de sus cuentas en el MET, afectando el registro de títulos y la titulación de egresados.
Estos documentos citaron el Artículo 5° Constitucional y su ley reglamentaria como fundamento. No obstante, en ninguna disposición legal se faculta a la DGP para imponer sanciones o suspensiones de plataformas institucionales.
Al final de cada exhorto apareció una frase que ofreció una supuesta oportunidad de diálogo: “se procederá a la suspensión del Módulo Electrónico de Titulación (MET) y se les informa que conforme a derecho resulte procedente, se les otorgará la audiencia correspondiente”. Los documentos fueron firmados por Israel Jerónimo López, director de Autorización y Registro Profesional.
Para las universidades, esta frase evidenció un doble discurso institucional: primero se paralizaron trámites y después se ofreció un diálogo tardío, condicionado y sin efectos reales. La ambigüedad del mensaje aumentó la tensión entre la SEP y las instituciones afectadas. –sn–
Secretaría de Educación Pública (SEP)
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