Sociedad NoticiasFeb 12

Condenan a 40 años de prisión a Ulises Alfredo Arriaga Torres por extorsión en Nezahualcóyotl

En este mismo hecho participó un sujeto más, junto con Ulises Alfredo Arriaga Torres, el cual también ya fue sentenciado con la misma cantidad de años en prisión. 


Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo de una Autoridad Judicial una sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de Ulises Alfredo Arriaga Torres, tras acreditar su participación en el delito de extorsión en agravio de una víctima en este municipio.

La investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público permitió precisar que, en el mes de marzo de 2020, la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas en las cuales le exigían la entrega de una determinada cantidad de dinero en efectivo, o de lo contrario le harían daño a su persona o a sus familiares.

Dicha situación se repitió durante algunos días de ese mismo mes, por lo que, por temor a las amenazas, la víctima accedió a entregar el numerario por lo que acordó realizar dicho pago en la avenida Pantitlán, del municipio de Nezahualcóyotl.

El día de la entrega, elementos de esta Institución realizaron una acción operativa que permitió la detención de Ulises Alfredo Arriaga Torres y de otro individuo más, cuando pretendía hacer el cobro de la extorsión, por lo que fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

El avance de las investigaciones permitió recabar las pruebas necesarias, para que, tras proceso legal, un Juez determinará la culpabilidad de Ulises Alfredo Arriaga Torres en el delito de extorsión, sentenciándolo a 40 años de prisión.

En cuanto a su cómplice, Ignacio Robles Escobar, éste fue declarado culpable del mismo delito en octubre de 2021 y sentenciado a la misma cantidad de años. –sn–

Ulises Alfredo Arriaga Torres

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Sociedad NoticiasFeb 10

Diputado pide investigar uso ineficiente de recursos en el TEEM

Martínez pide investigar gastos del pasado en el Tribunal Electoral


Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Tras reconocer medidas de austeridad y contención del gasto al interior del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), el diputado local Octavio Martínez Vargas pidió investigar y sancionar a ex magistrados y ex funcionarios que autorizaron decisiones administrativas que, afirmó, representaron un uso ineficiente de recursos públicos.

El legislador, integrante de la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, señaló que el Tribunal ha comenzado a eliminar excesos, reducir salarios y suprimir gastos suntuarios, acciones que —dijo— responden a la exigencia ciudadana de contar con instituciones más austeras, transparentes y eficientes.

En ese contexto, reconoció la conducción de la magistrada presidenta Arlen Siu Jaime Merlos y consideró que este tipo de ajustes deberían replicarse en otros órganos autónomos y en el Poder Judicial mexiquense.

No obstante, sostuvo que también es necesario revisar decisiones tomadas por administraciones anteriores. –sn–

TEEM

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Sociedad NoticiasJan 28

Sentencian a Gerardo Esquivel Mercado a 70 años de prisión por triple homicidio en Toluca

Las víctimas fueron sometidas y ultimadas dentro de su propia vivienda, en Toluca.  


Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo de una Autoridad Judicial una sentencia de 70 años de prisión en contra de un individuo, identificado como Gerardo Esquivel Mercado, luego de acreditar su participación en el delito de homicidio en agravio de tres personas.

De acuerdo a la investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron el pasado 27 de abril de 2019, cuando las víctimas, dos adultos y un menor de edad, se encontraban en su domicilio ubicado en la comunidad de San Diego de los Padres Cuexcontitlán ubicado en el municipio de Toluca, cuando arribaron cuatro individuos, entre ellos el ahora sentenciado, e ingresaron a dicho lugar.

Estando dentro del domicilio, agredieron y sometieron a las víctimas privándolos de la vida para después trasladar sus cuerpos en una camioneta hacia un domicilio ubicado en la comunidad de Capultitlán, perteneciente al mismo municipio, en donde los enterraron.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició la investigación de campo y gabinete que permitió recabar información, con la cual pudo conocer la probable identidad de los participantes de este hecho, por lo que solicitó al Juez una orden de aprehensión en su contra.

Al ser cumplimentado dicho mandamiento judicial, permitió poner a disposición a Gerardo Esquivel Mercado e ingresarlo al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona a disposición de la Autoridad Judicial.

Con los elementos de prueba ofrecidos por la Fiscalía de Justicia mexiquense, los cuales demostraban la participación del detenido en los hechos, el Juez determinó la culpabilidad de éste en el delito de homicidio, por lo cual lo sentenció a 70 años de prisión, de igual manera le impuso una multa por 422 mil 450 pesos y el pago de una cantidad similar por concepto de reparación de daño material. –sn–

Gerardo Esquivel Mercado

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Sociedad NoticiasJun 26, 2025

Jueza ordena prisión a alcaldesa de Capulhuac, Selene Hernández

Investigan agresión a servidora pública. Investigan a Selenne “N” por abuso de autoridad y violencia contra funcionaria del DIF.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

En audiencia celebrada en Almoloya de Juárez, un juez impuso prisión preventiva justificada y separación del cargo a Selene Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac, tras ser señalada por abuso de autoridad con violencia.

La audiencia se realizó en los juzgados de control, donde el Ministerio Público presentó pruebas sobre la agresión física a una servidora pública del DIF municipal, identificada con las iniciales MRG.

La víctima denunció que la edil la golpeó en presencia de testigos durante una reunión laboral, usando su cargo para presionar a la funcionaria y ejecutar una represalia personal.

El juez consideró el riesgo de manipulación del proceso penal por parte de la imputada, por lo que dictó medidas para impedir posibles represalias a víctimas y testigos.

Acusan uso del poder público

Durante la exposición de pruebas, el agente del Ministerio Público señaló que Hernández Herrera instrumentalizó el aparato gubernamental para fines personales, vulnerando principios legales e institucionales.

El órgano acusador afirmó que la imputada representa un riesgo procesal, pues aún conserva influencia sobre el cuerpo policiaco del municipio y podría intimidar a los participantes del proceso.

De acuerdo con el expediente judicial, varios testigos manifestaron temor a declarar por miedo a represalias, dado el control que la alcaldesa ejercía sobre personal y mandos medios.

La agresión ocurrió el pasado 2 de mayo, cuando MRG, psicóloga del sistema DIF local, fue golpeada y desalojada por la alcaldesa y dos colaboradoras, según la denuncia.

Detención y traslado a penal

La Fiscalía General del Estado de México ejecutó la detención de Hernández Herrera el 24 de junio, luego de que incurriera en delitos flagrantes de cohecho y resistencia.

Tras ser presentada ante el Ministerio Público, el 25 de junio fue reaprehendida por elementos de la Policía de Investigación mediante una orden judicial por el delito de abuso de autoridad.

La imputada fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El juez programó una nueva audiencia para el próximo 29 de junio, en la cual se definirá la situación jurídica de la imputada con base en los elementos de prueba disponibles.

Imputan violencia institucional

La Fiscalía sostuvo que el caso revela una asimetría de poder ejercida mediante violencia, incompatible con la ética y responsabilidad del servicio público.

Además, señaló que el delito no puede considerarse aislado, sino parte de un patrón de conducta donde la figura pública utiliza su posición para intimidar y ejercer presión personal.

La víctima, MRG, continuó bajo atención médica y psicológica tras las lesiones sufridas durante el incidente denunciado, en el cual también participaron presuntas servidoras públicas.

Las pruebas documentales y testimoniales recabadas por el Ministerio Público fueron consideradas suficientes por la autoridad judicial para imponer medidas cautelares.

Proceso penal continúa

La defensa de Hernández Herrera pidió ampliar el plazo para aportar pruebas de descargo, recurso que será evaluado durante la próxima audiencia del sábado 29 de junio.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de México confirmó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con presuntas irregularidades en el ayuntamiento de Capulhuac.

La imputada permanecerá en prisión preventiva hasta que el juez determine si existen elementos suficientes para vincularla a proceso penal por los delitos investigados.

El caso ha generado reacciones entre los habitantes del municipio, donde diversas organizaciones civiles han solicitado a las autoridades garantizar el acceso a la justicia para la víctima. –sn–

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Sociedad NoticiasJun 6, 2025

Asesinan a técnica judicial en Toluca, la violencia conmociona al poder Judicial mexiquense

Janeth Marisol murió apuñalada; su esposo es el principal sospechoso.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

La técnica judicial Janeth Marisol, de 39 años, fue hallada sin vida en su vehículo. Su cuerpo presentaba múltiples heridas por arma blanca en el fraccionamiento Santa Elena, en San Mateo Atenco, Estado de México. El presunto responsable del crimen es su esposo, identificado como Jesús “N”, quien habría intentado suicidarse tras el ataque.

La escena permaneció resguardada por agentes de la Policía de Género y peritos de la Fiscalía estatal. El crimen ocurrió en plena calle Hacienda Altamirano, donde el automóvil Pontiac blanco de la víctima quedó estacionado. El asesinato generó indignación en la comunidad judicial y entre habitantes de la zona.

Vecinos señalaron que las discusiones entre la pareja eran constantes, aunque jamás imaginaron un desenlace fatal. Algunos testigos declararon que Janeth Marisol solía llegar tarde del trabajo, y la describieron como una mujer reservada y trabajadora. La comunidad exigió justicia inmediata.

Un residente afirmó que “esto no puede quedar sin castigo”, mientras otros ofrecieron veladoras frente al vehículo. El caso se ha difundido en redes sociales con llamados a la justicia por parte de organizaciones civiles.

Investigan como feminicidio

El presidente del Poder Judicial del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, lamentó el asesinato. Reclamó que el crimen fuera investigado con rigor y aseguró que no habría impunidad. Añadió que ya se activaron mecanismos de apoyo a la familia y colegas de la víctima.

El juzgado donde laboraba Janeth suspendió actividades de manera parcial, mientras personal fue canalizado a atención psicológica. La comunidad judicial expresó consternación y exigió que el caso se esclarezca a fondo.

La Fiscalía General de Justicia estatal mantiene el caso bajo el protocolo de feminicidio. Jesús “N” permanece bajo vigilancia médica en el hospital IMSS 251 de Metepec, donde fue ingresado tras provocarse heridas en un presunto intento de suicidio.

Fuentes médicas revelaron que su estado de salud evolucionó favorablemente. La Fiscalía ya prepara su traslado ante el Ministerio Público para que rinda declaración.

Clamor por justicia

Colectivos feministas urgieron a las autoridades a no minimizar el crimen como un caso pasional. Argumentaron que esta narrativa reproduce estigmas que perpetúan la violencia estructural contra las mujeres.

Integrantes del colectivo Mujeres en Voz Alta se pronunciaron frente al Palacio de Justicia estatal. Solicitaron la aplicación estricta del marco legal vigente en materia de feminicidios.

A través de comunicados, pidieron que el agresor no reciba beneficios procesales debido a su condición médica. Aseguraron que su intento de suicidio no debe convertirse en una excusa para demorar la justicia.

Organizaciones como Red Violeta y Colectiva Mexiquense se sumaron al reclamo. Convocaron a una movilización en Toluca para exigir castigo y visibilizar la violencia institucional contra trabajadoras del sistema judicial.

Crisis de violencia feminicida

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio alertó sobre el aumento de ataques contra mujeres en sus propios hogares. Señaló que el caso de Janeth Marisol revela la urgencia de fortalecer medidas de protección en contextos familiares.

Desde enero, el Estado de México ha acumulado decenas de carpetas de investigación por feminicidio. En muchos casos, los agresores pertenecen al círculo más cercano de las víctimas.

El caso de Janeth refuerza los llamados para crear un registro estatal de agresores y medidas más firmes de prevención. Colectivos presionan para que el Congreso local impulse reformas urgentes.

La Comisión de Derechos Humanos estatal solicitó acompañamiento integral para los hijos de la víctima, cuya identidad se resguarda. Trascendió que dos menores de edad quedaron en situación de orfandad materna.

Indignación en el Poder Judicial

Dentro del juzgado familiar donde laboraba Janeth, compañeras colocaron un altar con flores, veladoras y su fotografía. Durante la mañana, decenas de empleados guardaron un minuto de silencio en su memoria.

El Consejo de la Judicatura del Estado de México emitió una circular de duelo institucional. Reiteró su compromiso con la erradicación de la violencia de género en todos los ámbitos.

Las autoridades reiteraron que el caso no permanecerá impune. La carpeta de investigación sigue abierta y podría judicializarse en las próximas horas.

El cuerpo de Janeth Marisol fue entregado a sus familiares la tarde del lunes. Sus restos serán velados en una funeraria local en Toluca, y posteriormente trasladados a su lugar de origen para ser sepultados.

La comunidad exige verdad y justicia, y que ningún agresor evada su responsabilidad penal. –sn–

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