Balcón Social | El blindaje de la impunidad en la Secretaría de Marina desde Quintana Roo
En el complejo tablero de la seguridad nacional, la Secretaría de Marina (Semar) enfrenta un dilema que expone fisuras profundas en su estructura de mando.
En el complejo tablero de la seguridad nacional, la Secretaría de Marina- Armada de México (Semar) enfrenta un dilema que expone fisuras profundas en su estructura de mando. Lejos de fortalecer la disciplina interna, ciertas decisiones parecen favorecer la opacidad y el encubrimiento.
La iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a reestructurar las responsabilidades de mando, encontró un terreno minado por prácticas enquistadas. La propuesta, que buscaba reforzar el control civil y la rendición de cuentas, choca con una cultura institucional resistente a la supervisión.
Entre los casos que más inquietan, sobresale el papel del Capitán Marco Antonio Zamora, señalado por omisiones graves en operativos estratégicos dentro de la operación del C5 en Chetumal, Quintana Roo. Su permanencia en funciones revela una protección difícil de explicar en un contexto que exige transparencia.
En paralelo, la trayectoria de Julio César Gómez, alto mando con historial de decisiones controvertidas, ilustra el patrón de rotaciones que privilegia lealtades sobre resultados, que relata el propio integrante de la Semar desde la silla que usa Mara Lezama, quiein gobierna aquella entidad federativa. La movilidad interna, lejos de sancionar errores, parece premiarlos con nuevos destinos.
La figura de César Antonio Morales Hidalgo, operador clave en la cadena de mando, suma otro capítulo a la narrativa de tolerancia. Sus vínculos internos blindan cualquier intento de revisión crítica sobre sus acciones recientes en actividades ilícitas.
La propuesta de Sheinbaum no es una simple reorganización burocrática. Se trata de una reforma que podría reorientar el papel de la Semar en la seguridad pública y la cooperación interinstitucional, una necesidad evidente ante el aumento de operativos conjuntos.
Sin embargo, la resistencia interna ha activado un sutil mecanismo de sabotaje. Filtraciones selectivas, retrasos en la entrega de información y maniobras administrativas entorpecen la aplicación de la reforma.
En las cúpulas castrenses, este tipo de estrategias no son nuevas. La historia reciente de la Semar muestra cómo las órdenes civiles se diluyen en protocolos militares que, en la práctica, neutralizan la supervisión externa.
La iniciativa de Claudia Sheinbaum, al enfrentarse con esta dinámica, se convierte en un termómetro político. El resultado marcará la capacidad real del gobierno federal para imponer controles a corporaciones armadas.
Las consecuencias de no actuar con firmeza podrían ser graves. La impunidad en el ámbito militar no solo erosiona la confianza pública, sino que también socava la coordinación con otras instituciones de seguridad.
El discurso oficial insiste en que la reforma busca eficiencia y disciplina, pero en los pasillos se percibe como una amenaza directa al sistema de protección interna. Ese choque de narrativas anticipa una confrontación soterrada.
En este contexto, el papel de la opinión pública y del periodismo se vuelve crucial. Los casos de Zamora, Gómez y Morales Hidalgo no son incidentes aislados, sino síntomas de una estructura que se protege a sí misma.
Las reformas a cuerpos armados requieren voluntad política, respaldo social y un compromiso férreo con la transparencia. Cualquier fisura en esos pilares será aprovechada por quienes se benefician del statu quo.
El reto para Sheinbaum no es menor. Enfrentar a mandos con redes internas de poder implica romper equilibrios que, por décadas, han condicionado las relaciones entre civiles y militares.
Cada día que la reforma se retrasa, las viejas prácticas ganan terreno. En ese tiempo, las promesas de control y rendición de cuentas pierden fuerza frente a la inercia institucional.
La ciudadanía, testigo de operativos y comunicados, rara vez accede a la realidad interna de la Marina. Por eso, el periodismo debe iluminar las áreas donde la administración prefiere mantener sombras.
Es un error pensar que este debate solo compete a la esfera militar. La seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos dependen de un marco de supervisión sólido, capaz de imponerse a cualquier resistencia corporativa.
El mensaje de fondo es claro: sin cambios reales en la Semar, cualquier reforma quedará reducida a un enunciado político. Y en ese vacío, la impunidad seguirá navegando con bandera oficial.
El tiempo dirá si la iniciativa de Sheinbaum logra atravesar las aguas turbias de la resistencia interna o si, como tantas otras, naufraga antes de llegar a puerto.
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El Balcón de la Sociedad reúne información previamente verificada de periodistas y colaboradores editoriales de SOCIEDAD NOTICIAS.
Mara Lezama
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